Un pueblo movilizado ante las elecciones, largas colas en los lugares de votación, y encuestas que le daban un amplísimo margen de victoria al candidato opositor fomentaron las expectativas de una transición electoral en Venezuela. Pero la realidad le tiró un baldazo de agua fría a esa idea, también sobre su variante de que, ante un aparente fraude electoral masivo por parte del Gobierno, las masas ciudadanas de a pie se levantarían en protestas que derrumbarían a Nicolás Maduro.

“Estos escenarios eran posibles, pero nunca fueron los más probables”, le contó a Cenital el politólogo de Harvard Steven Levitsky, coautor del renombrado libro sobre autoritarismos del siglo XXI titulado Cómo mueren las democracias. “Hay algunos casos en los que suceden las llamadas revoluciones electorales, donde un fraude o unas elecciones robadas provocan protestas masivas. Son espectaculares, pero nunca son la forma predominante en que los países se democratizan”. Cita casos como Ucrania, Georgia, Egipto y Túnez. “Se trata de una minoría de las transiciones”, agrega.

“La mayoría de las dictaduras caen a manos de algún tipo de golpe. A veces, esos golpes dan lugar a la democracia. Venezuela tuvo un caso así en 1958, cuando Marcos Pérez Jiménez fue derrocado por sus propios militares y eso abrió la puerta a la democratización”, recuerda Levitsky.

Pasó solo una semana, pero el escenario actual es todavía menos claro. El Gobierno de Maduro se atrincheró detrás de la narrativa de que ganó las elecciones el domingo pasado. No da señales de dar a conocer las actas de escrutinio que demandan la oposición y la mayoría de la comunidad internacional, y amenaza con detener a los líderes opositores (uno está desaparecido desde el martes). Una veintena de personas murieron en represión de protestas y más de mil se encuentran detenidas sin derechos procesales.

No hay casuística de transición democrática de dictadura en América Latina reciente, cuenta Levitsky: “Las que tenemos, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, no han caído. Así que no tenemos ningún caso en el siglo XXI de transición de dictaduras absolutas”. Sí hubo transiciones de regímenes autoritarios electorales, que el autor llama “regímenes autoritarios competitivos” y cita los casos de Ecuador, Bolivia y Honduras, que “han hecho transiciones bastante pacíficas”. Solo transiciones electorales, lo que significa que el titular inclina el campo de juego por un tiempo, pero luego pierde y abandona el poder.

Para el especialista, “no es fácil derrocar una dictadura arraigada”.

“Una cosa que sabemos de las dictaduras”, dice, “es que hay que acabar con ellas pronto. Los regímenes autoritarios embrionarios son mucho más fáciles de derrocar que los que se han establecido en el poder”.

Durante mucho tiempo, en América Latina, una plaza llena podía tirar abajo un gobierno. Levitsky cita los casos de Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia (2004) y Fernando de la Rúa en Argentina (2001). El escenario se tornó más difícil ante el desarrollo de una tendencia en la región inaugurada por Maduro mismo en el 2014 en un proceso de protestas masivas: “Los autócratas comenzaron a aprender que se puede simplemente aguantar. Si estás dispuesto a estar aislado internacionalmente, si estás dispuesto a tirar a tu país debajo del autobús, puedes quedarte”. El costo de la represión para Maduro es menor cuando se contempla que ya está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y que pudo reprimir y aguantar que pasen protestas masivas tanto en 2014 como en 2017. 

Esto se sostiene en la respuesta del gobierno a las manifestaciones de la última semana: el oficialismo desplegó represión, detenciones masivas e intimidaciones desproporcionadas para asegurarse evitar el desborde. Todas las muertes fueron causadas por armas de fuego, en la mayoría de los casos apuntadas hacia la parte superior del cuerpo.  “Disparan para matar”, explica el medio venezolano Runrun.es. La ONG Foro Penal Venezolano dice que 835 personas han sido detenidas en contextos de protestas, y que no se les respetan las garantías procesales. A esto se suman detenciones e intimidaciones a líderes opositores y prensa.

De aquí hay, a grandes rasgos, dos caminos: una dictadura del modelo orteguista en Nicaragua, aislada diplomáticamente y económicamente, que despliega represión y la válvula de escape de aún más migración; o un proceso de negociación que necesariamente sería mucho más complicado que la protesta que decapita un dictador como si fuese una estatua en la plaza.

Los expertos tienen visiones diversas, pero señalan varios factores claves: la posibilidad de que las Fuerzas de Seguridad, o facciones de ellas, abandonen el régimen; las divisiones dentro del liderazgo del Gobierno; y las posibles negociaciones que le brinden una salida sin temor a procesos judiciales a los funcionarios. 

Las Fuerzas Armadas

Levitsky sugiere mirar los estudios de transiciones a la democracia en los años ochenta hechos por Guillermo O’Donnell. Si bien son dictaduras diferentes, la transición puede catalizarse con divisiones dentro de las Fuerzas Armadas. “Si se mantienen unidas es muy difícil iniciar una transición democrática. Así que lo que es crucial y lo que he estado esperando durante una década es que se produzca un cisma serio en la cúpula, que los militares digan basta, no queremos reprimir, ya sabes, no queremos disparar más a los niños en Petare. Aunque eso parece difícil en el caso de Venezuela, se trata de un Estado bastante débil en este momento”, asegura.

“La ilegitimidad hace que el gobierno de Maduro dependa más de la represión interna, de mantener el poder por la fuerza”, le explicó al diario Cocuyo el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón. “Y eso sin lugar a dudas lo coloca en una situación de una enorme precariedad, porque básicamente todo depende de la lealtad incondicional y -yo diría- injustificada, no institucional, de los cuerpos de seguridad del Estado, que tienen que plegarse básicamente a sus órdenes estén de acuerdo o no y aunque sepan que el gobierno no tiene la razón”, analizó.

Los mandos de las Fuerzas Armadas se mantuvieron totalmente leales a Maduro en estos días. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, tildó de golpistas y fascistas a los manifestantes y reiteró su inequívoco respaldo al Gobierno. Pero las fuerzas de seguridad no son un monolito, y podría haber un proceso de desgaste ante mandos medios e inferiores que eventualmente dejen de cumplir órdenes -aunque el costo de una sublevación fallida es tan alta que complica esto-.

A esto se suma el hecho de que son muchos los grupos armados a disposición del gobierno -oficiales y extraoficiales-, lo cual reduce la exposición de cualquier grupo en particular. Además de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Agencia de Inteligencia, se suman los grupos paramilitares (denominados “colectivos”), grupos criminales, y grupos de inteligencia cubana. Así lo explicó el politólogo latinomericanista Javier Corrales en X. “El Estado venezolano tiene muchas formas de dañar a los manifestantes. Tiene represores oficiales y también contrata a represores externos. Tiene múltiples instituciones, cada una de las cuales ataca a distintos grupos, aunque a menudo comparten objetivos. Todas se benefician de su represión”, escribió.

El gobierno de Maduro funciona como un “estado híbrido criminal”, según el medio especializado InSight Crime. El Gobierno permite que ciertos grupos criminales operen en el territorio nacional y a cambio obtiene rentas ilegales para políticos y militares leales, lo que les permite dominar en sus áreas de influencia. “El control de estas bandas sobre recursos y rentas sólo crecerá ante la actual crisis”, le cuenta a InSight Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia.

Negociaciones

La comunidad internacional tiene pocas herramientas para presionar al madurismo. “En un mundo en el que las potencias occidentales, la Union Europea y Estados Unidos, son la potencia militar, económica e ideológica dominante en el mundo, las sanciones y la presión pueden ser bastante eficaces. Y lo fueron en la década de 1990”, cuenta Levitsky y agrega: “pero ahora estamos en un mundo diferente, como estamos aprendiendo”. Además, cita la multipolaridad y la fuerza de Rusia y China, dos aliados de Maduro que inmediatamente lo felicitaron por su reelección. “No hay mucho que los actores democráticos del mundo puedan hacer”, expresa.

Hasta ahora el gobierno de Maduro ha sido particularmente cohesionado, sin mucha apertura a negociaciones. El politólogo estadounidense David Smilde, que vivió mucho tiempo en Venezuela, considera que la firme creencia ideológica en los principios de la revolución chavista puede estar detrás de esa negación. Plantea, en un análisis de Responsible Statecraft, que la absoluta deslegitimación del gobierno ante la magnitud de fraude de la que se lo acusa podría cambiar esa ecuación.

“A favor de una transición política está la realidad de que, motivado por preocupaciones económicas, Maduro intentaba reinsertarse en el sistema internacional”, le explica la directora del programa sobre el Estado de Derecho en el Diálogo Interamericano, Tamara Taraciuk Broner, a Cenital. El atrincheramiento del gobierno podría ser una estrategia de negociación de Maduro para mantenerse en el poder, mientras que la oposición sigue apuntando a una transición. “El resultado va a depender de que la oposición siga unida en la vía electoral y democrática, y de cómo juegue la comunidad internacional para articular una salida política viable para individuos clave en el poder. Y de que el pueblo venezolano permanezca defendiendo su voto a pesar de la creciente represión”, asegura la venezolana-argentina.

“Históricamente, el chavismo no ha hecho concesiones voluntarias. La pregunta es cómo brindar incentivos a las facciones que pueden impulsar un cambio”, escribió Taraciuk en un análisis para el Wilson Center. Además, marcó que, si bien no puede haber amnistía para personas que cometieron crímenes de lesa humanidad -como serían muchas de las personas de máxima autoridad en el gobierno-, sí es posible contemplar indultos o alternativas a la prisión para quienes cometieron violaciones a los derechos humanos que no constituyen crímenes internacionales a cambio de que colaboren en un proceso de transición democrática y registro histórico de abusos.

De avanzar hacia una transición, todos los factores tendrían relevancia. Los analistas señalan, por ejemplo, que las protestas aumentan el costo de la represión, lo que, en turno, podría fomentar divisiones dentro de las Fuerzas de Seguridad. La presión internacional puede generar más costos que debiliten al gobierno, así como también garantías para una salida democrática. De hecho, fueron claves en generar las condiciones para la misma elección que ahora pone en jaque a la actual administración.

Fraguar elecciones de forma tan evidente es riesgoso para un gobierno, marca Levitsky. En realidad, el manual del autócrata exitoso manda a robar las elecciones antes de tiempo, al estilo de Daniel Ortega en Nicaragua en el 2021, cuando detuvo a todos los candidatos opositores con posibilidad de disputar el poder. Tiene un costo, pero menor al fraude electoral tan masivo como el de Maduro. “Esta es, de lejos, la elección robada más atroz en la historia moderna de América Latina. No puedo pensar en un caso comparable de elecciones robadas”, sentencia.

Jordana Timerman es periodista especializada en América Latina. Editora del Latin America Daily Briefing.

Este artículo fue publicado originalmente en Cenital el 4 de agosto de 2024