Por José Luis Farías

Su legado será la fecha o el vacío. El tiempo, en Venezuela, ha dejado de ser una flecha para volverse un bucle. No se trata del eterno retorno de los mitos, sino de la asfixia geométrica de un reloj al que le han amputado el segundero. La palabra «Constitución» resuena ahora como un eco en una catedral vacía: un código descifrado por herejes, donde el término «ausencia» no significa carencia, sino la plenitud ominosa de un poder que se nutre de su propia sombra. La mesa de negociación, ese rectángulo de madera donde se sientan los representantes de la ficción y los herederos del destierro, es el único escenario donde el verbo aún debe conservar su antigua dignidad. El teatro es precario, y el público —el pueblo— observa desde la penumbra, sabiendo que el desenlace no se escribirá con discursos, sino con la materia gris de unos votos que aún no han sido depositados en ninguna urna.

La ilegitimidad no es un accidente jurídico; es una gangrena que asciende desde el subsuelo del poder. Quien ocupa el trono vacío no fue ungida por la mano del ciudadano, sino por una artimaña lingüística —esa «falta absoluta» que, en el diccionario de los poderosos, significa todo lo contrario. Porque si la fuente del poder se ha secado, ¿acaso puede el agua del río ser pura? La comunidad internacional, ese coro de espejos que refleja nuestras propias contradicciones, ha señalado la herida, pero sus dedos son tan frágiles como la promesa de un tratado. Sin embargo, más allá de las notas diplomáticas, el verdadero árbitro —el Consejo Nacional Electoral que debería velar por la transparencia— se ha transmutado en un oráculo mudo, que dicta sentencias sin mostrar las runas de su adivinación. Las actas del 2024 son el fantasma que recorre la casa, un dato que no existe en la realidad pero que pesa más que cualquier evidencia empírica. Aquí radica la tragedia moderna: la contienda no es por los hechos, sino por la naturaleza misma de lo real. La oposición exige un nuevo oráculo, un árbitro que no haya vendido su vista al mejor postor; porque sin fe en el contador de votos, la democracia no es sino un simulacro, un juego de máscaras donde nadie reconoce ya el rostro del otro.

Pero el argumento definitivo, el que hace añicos cualquier sofisma, no se encuentra en las cláusulas de un texto legal ni en los comunicados de las cancillerías. Se encuentra en el cuerpo del venezolano: en la piel reseca por la falta de agua, en la retina dañada por la luz intermitente de los apagones, en el estómago que ha aprendido a digerir la inflación. Esta crisis no es la consecuencia de un error técnico; es la materialización más brutal de una mentira fundacional. Un poder que nace del fraude carece de la gravedad moral para exigir sacrificios. ¿Cómo pedirle a una madre que espere, cuando su hijo no tiene leche? ¿Cómo convocar a la reconstrucción, cuando los cimientos mismos están podridos? Aquí el texto roza la esencia del Leviatán hobbesiano, pero invertido: la guerra de todos contra todos no es el estado natural, sino el estado de la ilegitimidad. Y en esa guerra, el voto no es un privilegio, sino el único armisticio posible.

La designación del nuevo árbitro es apenas la llave de una puerta que aún no sabemos si conduce a un jardín o a un precipicio. Pero es, acaso, la única llave que nos queda. El tiempo se agota no por un capricho del calendario, sino porque la paciencia humana es un músculo que, como el corazón, también se fatiga. En la mano levantada del votante, en el silencio sagrado del cuarto oscuro, reside la única reconciliación posible. No la de los pactos de élite, sino la del pueblo consigo mismo, con su historia interrumpida. Todo lo demás —la retórica de los palacios, las argucias de los tribunales, el murmullo sordo de las embajadas— es apenas el ruido de fondo de una historia que, para no repetirse como farsa, debe reclamar su derecho a la épica. Y la épica, en este tiempo baldío, se escribe con lápiz, en una papeleta, o con el dedo en una pantalla donde la X trazada no es una tacha, sino un ancla en medio del naufragio. Porque Venezuela, en el fondo, no pide otra cosa que ser dueña de su propio tiempo, SOBERANA; y eso, como lo saben los que han vivido la dictadura y la democracia, solo es posible cuando el pueblo puede alzar la mano y decidir. En esa mano, en ese gesto mínimo y total, está la única soberanía que el mundo, expectante, todavía reconoce como verdadera.

Basta de profecías y de autopsias; el tiempo de la hermenéutica ha expirado. Lo único que puede hendir este bucle de asfixia es un número grabado en el calendario: la fecha de los comicios presidenciales, inaplazable e innegociable. Que la Comisión deje de ser caja de resonancia y se convierta en cronómetro; que el árbitro, una vez ungido, jure por su oficio que cada acta será aire público antes de que caiga la noche, y que fije el día de la votación en el margen de un puñado de semanas, no de años. Para los inquilinos del Palacio, el ultimátum es tan simple como implacable: sin una convocatoria efectiva en el próximo suspiro, la ficción que los sostiene se derrumbará bajo su propio peso, y el vacío que administran se volverá vorágine que los devorará también a ellos. Para el ciudadano, la consigna no es la resignación, sino la vigilia activa: no otorgar tregua a lo ilegítimo, ni un solo gramo de fe a quien ha hecho de la opacidad su oficio. El mundo observa, pero el milagro no vendrá de fuera; se forja en la paciencia de la cola, en el susurro de las esquinas, en el pulso firme de quien decide cruzar la X pese al estruendo de la metralla propagandística. No se trata de esperar la anhelada normalidad; se trata de imponerle a la historia una fecha de vencimiento. Porque Venezuela no pide que le devuelvan la ilusión; pide, en voz baja pero arteria, una oportunidad tangible —un día, una hora, una urna— para fabricarse su propio porvenir. Que suene, pues, la hora del árbitro. Que no sea el estertor de una agonía, ni el eco de un réquiem; que sea, de una vez, el pistoletazo que inaugure la única soberanía posible: la del instante en que el pueblo, al fin, deja de ser rehén de su propia historia para convertirse en su única autoridad.

Por José Luis Farías

No sorprende, pero duele. Duele porque Venezuela ya no resiste otro ciclo de ilusionismo político. La publicación, el 13 de agosto, del informe R49186 del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos —“La transición política de Venezuela tras Maduro y la política de EE. UU.”, redactado por Clare Ribando Seelke— viene a poner números y fechas sobre lo que muchos veníamos oliendo desde enero: que la “transición” venezolana no es más que una operación de normalización sin transición.

El documento que hoy reposa en los escritorios de los legisladores y asesores del Capitolio —y que ningún medio grande ha recogido todavía— es la primera evaluación completa que el brazo investigador no partidista del Congreso estadounidense produce sobre lo que ocurre en Venezuela ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro. Y lo que dice, aunque redactado en el lenguaje aséptico de los informes técnicos, es un parte de defunción de las esperanzas democráticas.

El precio del petróleo y el precio de la dignidad

El informe consigna lo que Washington ha comprado con su presión sobre el gobierno encargado. La lista es elocuente: el control estadounidense sobre las ventas de petróleo venezolano y sus ingresos; la promulgación de una ley de amnistía y la liberación de algunos presos políticos; un repliegue de los vínculos de Venezuela con Cuba e Irán; y cooperación en seguridad que culminó con la muerte de un líder del Tren de Aragua.

El presidente Trump ha dicho que EE. UU. ha recaudado más de 13.000 millones de dólares por ventas de petróleo venezolano. Un funcionario del Departamento de Estado precisó que 3.000 millones han pasado por cuentas bajo control estadounidense, con KPMG contratada para auditorías trimestrales. Para julio, KPMG ya no auditaba: “monitoreaba”. La diferencia semántica es la misma que separa la soberanía de la tutela.

“Normalización sin transición”: el concepto que define la era

El CRS recoge una expresión que el analista Benigno Alarcón Deza ha acuñado para describir el proceso: “normalización sin transición”. Rodríguez y su hermano, anota el informe, “han utilizado el respaldo estadounidense para consolidar poder” mediante ese mecanismo. El gobierno de Rodríguez excedió el límite constitucional de 180 días a comienzos de julio. Washington ha levantado sanciones sobre Rodríguez, alcanzado acuerdos económicos con su gobierno y respaldado la inmovilización de activos venezolanos “sin exigir que los funcionarios encargados se comprometan públicamente con una hoja de ruta electoral”.

Es el cuento de nunca acabar: la presión para que haya transición se convierte en la coartada para que no la haya. Y el Departamento de Estado, según consigna el informe, no ha dicho públicamente qué papel, si alguno, respaldaría para María Corina Machado.

Las cifras del desencanto

Más de 800 presos políticos excarcelados entre enero y mayo bajo una ley de amnistía que excluyó a muchos oficiales militares y a figuras opositoras en el exilio. 382 aún detenidos al 3 de agosto, según el conteo del Foro Penal. Y la constatación, por la oficina de derechos humanos de la ONU en marzo, de que “las estructuras que han sostenido la persecución durante años no han sido desmanteladas”.

No es una transición: es una pausa.

Lo que el Congreso puede hacer, y lo que no hace

El informe expone las herramientas legislativas sin avalar ninguna. La H.R. 8595 destinaría 50 millones de dólares a programas de democracia y prohibiría usar fondos para negociar o facilitar el alivio de sanciones salvo que el Secretario de Estado certifique elecciones libres y justas. La H.R. 7674 exigiría una estrategia de transición. La S. 4809 exigiría reportes mensuales de cumplimiento.

Pero el dato clave es otro: el Ejecutivo no solicitó fondos para democracia en Venezuela ni en el año fiscal 2026 ni en el 2027. El Congreso asignó de todos modos 50 millones de dólares. Es decir: mientras la administración Trump negocia petróleo, el Congreso pone dinero para la democracia que nadie le pidió. Una metáfora perfecta de este tiempo: los brazos del gobierno estadounidense no caminan en la misma dirección.

El epílogo que no cierra

Hay momentos en la historia donde una decisión política deja de ser solamente una decisión política y se convierte en un símbolo. La decisión de Washington de convertir la “transición” venezolana en una operación de control petrolero, con la aquiescencia de quienes debían ser los garantes del cambio, es uno de esos momentos.

El informe del CRS no hace recomendaciones. No es su función. Pero su lectura, fría y meticulosa, es la más caliente de las acusaciones: ocho meses después de la captura de Maduro, Venezuela sigue sin transición, la represión no ha sido desmantelada y el petróleo fluye hacia cuentas controladas por Washington mientras los presos políticos siguen en las mazmorras.

La normalización sin transición termina creando nuevos beneficiarios del statu quo. Los autoritarismos también aprenden, se adaptan y buscan perpetuarse. Y nosotros, los que hemos visto demasiados ensayos fallidos, no podemos evitar pensar que este es uno más.

El alumbramiento de la nueva mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno que encabeza Delcy Rodríguez —quien, sin explicación que valga, ha ocupado el sitial que la Asamblea oficial preside Jorge Rodríguez con la complacencia gringa— no fue un hecho fortuito. Lo precedió, más bien, una coincidencia cuyo peso específico no puede, de ninguna manera, deslizarse bajo el mantel de la negociación. Porque esa coincidencia, lejos de ser un mero azar, revela con elocuencia muda el verdadero tablero de fondo: dice mucho, acaso todo, acerca de desde qué despacho se mueven realmente los hilos y hacia dónde se dirigen las miradas de quienes, desde el principio, han tejido esta trama.

Cuando leí la resolución del Senado y, al mismo tiempo, las declaraciones de Rubio a Newsweek, supe que aquello no era casualidad. En política, como en el ajedrez, las piezas no se mueven solas. Alguien las empuja. Alguien ha calculado los tiempos, los espacios, las distancias. Y lo que vi fue una coreografía perfecta: el martillo y el cirujano, el ruido y el bisturí, el Congreso que exige y el Ejecutivo que administra. La misma mañana, el mismo objetivo, el mismo eco.

Me vino a la memoria aquel viejo diplomático cubano, el de la sonrisa cansada y los ojos de pez, que en una entrevista en La Habana, dijo: «Los norteamericanos no improvisan, hijo. Improvisan los débiles. Los fuertes ensayan». Y yo, que he visto demasiados ensayos fallidos, no pude evitar pensar que aquel día, en Washington, el ensayo había sido perfecto.

La resolución de Ted Cruz y Jeanne Shaheen no era un simple papel. Era una declaración de guerra política. Decía que Delcy Rodríguez «no cuenta con un mandato electoral», que era «incapaz de ganar una elección libre y justa», y exigía elecciones «de forma expedita». No había matices en esas palabras. No había esa hipocresía fina que suele adornar los comunicados del Congreso. Había, más bien, la contundencia del que golpea la mesa y dice: esto no puede seguir así.

Pero el martillo, por sí solo, no construye. Solo golpea. Y el ruido del martillo, si no va acompañado de una mano que lo guíe, puede romper lo que pretende arreglar. Por eso, al mismo tiempo, Rubio salía a hablar con la prensa. Y lo que decía era distinto, aunque pareciera lo mismo. Hablaba de «meses, no años». Hablaba de condiciones: libertad de prensa, participación de múltiples partidos, reconciliación, un consejo electoral creíble. No fijaba fechas. No se comprometía con el tiempo. Solo ponía reglas.

¿No es esa la esencia del poder? Poner reglas. Decir cómo, cuándo, de qué manera. El Senado grita ¡ya!, y Rubio susurra despacio. El Senado exige urgencia, y Rubio administra la demora. El Senado es el padre que se enfada, y Rubio es el hijo que calma, que explica que las cosas no son tan simples, que hay que sentar bases sólidas, que la prisa es enemiga de la perfección. Dos voces, un solo mensaje: nosotros mandamos aquí.

Recuerdo una conversación con un viejo periodista venezolano, ya muerto, que había cubierto demasiadas crisis como para creer en coincidencias. «Cuando Washington habla con dos voces», me dijo, «no es que esté dividido. Es que está ensayando. Una voz dice lo que piensa, la otra dice lo que conviene. Y las dos, juntas, dicen lo que quieren». Aquella tarde, en un café de Caracas que ya no existe, entendí que la política es, ante todo, un arte de la sincronía. Y lo que vi aquel día en Washington era la prueba más reciente de esa verdad.

Porque la resolución del Senado y las declaraciones de Rubio no se contradicen. Se complementan. El Senado marca la urgencia, el ritmo, la presión. Rubio marca los límites, los plazos, las condiciones. El Senado es el martillo que golpea la mesa, y Rubio es el cirujano que detalla la operación. Uno dice esto es inaceptable, y el otro dice esto es lo que hay que hacer para que sea aceptable. Uno amenaza, el otro administra la amenaza. Uno pone la cara dura, el otro pone la cara amable. Pero los dos, en el fondo, están haciendo lo mismo: imponer su voluntad.

Uno se pregunta entonces: ¿quién coordina esta coreografía? ¿Quién decide que el Senado hable hoy y Rubio hable mañana, o el mismo día, o a la misma hora? ¿Hay un hombre detrás de todo esto, o es el sistema, la maquinaria, el engranaje, el que funciona solo? Yo, que he visto demasiadas maquinarias, creo que no hay un hombre. Hay una lógica. Una lógica que se repite, que se reinventa, que se adapta, pero que en el fondo siempre es la misma: la del que impone las reglas y espera que los demás las cumplan.

El Senado no fija fecha. Rubio no fija fecha. Pero ambos dicen que la fecha está cerca. El Senado dice de forma expedita, y Rubio acerca el mingo: «meses, no años», para calmar las aguas. Y Caracas escucha y sabe que el tiempo corre, pero no sabe cuánto, ni cómo, ni de qué manera. Porque el tiempo, en la política, no es tiempo. Es un arma. Y quien lo maneja, maneja también la esperanza y el miedo de los que esperan.

¿Y Delcy Rodríguez? ¿Y los venezolanos que miran estas noticias desde sus casas, desde sus colas, desde sus silencios? Ellos son el tablero. Ellos son el campo de batalla. Ellos no pueden ser reducidos, como como en el dominó, a la condición de «mirones de palo». Ellos son los que esperan mientras los que deciden se reparten los papeles. Ellos son la gente, los que verdaderamente importan. Y yo, que he escrito demasiadas crónicas sobre esperas, sé que la espera es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Porque la espera no es paciencia. La espera es desgaste. Y el desgaste, en política, es el primer paso para la rendición.

Rubio habla de reconciliación, de partidos, de libertad de prensa. Y yo pienso en el viejo diplomático cubano, en el café que se enfría, en la calle que se vacía. Y pienso que quizá la reconciliación no sea más que otra palabra para decir aceptación. Aceptación de las reglas del juego. Aceptación de los tiempos del otro. Aceptación de que la historia, al final, la escriben los fuertes.

Camino por las calles de mi ciudad mientras escribo. No es Washington, no es Caracas, pero el pensamiento no entiende de fronteras. Me detengo en un café y pido un cortado, como aquel viejo periodista que ya no está, y pienso que la política es, ante todo, un teatro. Y en este teatro, el Senado y Rubio son dos actores que interpretan el mismo papel: el del poder que se muestra unido, que habla con una sola voz aunque parezcan dos, que exige y administra, que golpea y cura, que todo lo puede porque todo lo ha calculado.

¿Y los venezolanos? Ellos son el público. Y el público, en el teatro, solo puede mirar y esperar. Mirar la coreografía. Esperar el desenlace. Pero el desenlace, como el café, se enfría. Y los que esperan, a veces, esperan para siempre.

O casi siempre. Porque el público, cuando reconoce su propio peso, tiene la facultad de levantarse del asiento y recordar que el teatro no es la vida, sino apenas su reflejo. Y que la vida, a diferencia de la función, admite intervenciones. Los venezolanos no están condenados a ser meros espectadores de su propia historia. Pueden, si así lo deciden, interrumpir la obra y reclamar el derecho a escribir el siguiente acto. Pueden, si la memoria no les falla, recordar que la espera, cuando se vuelve eterna, deja de ser virtud para convertirse en condena. Y entonces, quizá, revienten la espera.

Miro la taza vacía. Miro la calle que se llena de sombras. Y pienso que quizá el poder no sea más que eso: la capacidad de sincronizar las voces para que todas digan lo mismo, aunque parezca que dicen cosas distintas. La capacidad de hacer creer que hay debate cuando solo hay ensayo. La capacidad de imponer la espera como si fuera una virtud, cuando en realidad es una condena.

El Senado golpea. Rubio administra. Y Venezuela espera, por ahora. Como siempre.

El Santuario no era un santuario. Era una trampa de concreto. Una jaula con nombre de fe, encaramada en lo alto de un cerro de La Guaira, donde el viento salado llega con olor a mar y a olvido. Allí, el Estado venezolano, ese que promete protección y entrega muerte, decidió encerrar a los que el imperio devolvía como paquetes rotos.

El 24 de junio, día de batallas y patrias, el vuelo 164 de la aerolínea Laser aterrizó en Maiquetía con 147 venezolanos. No eran números. Eran personas. Hombres y mujeres que habían cruzado el Darién a pie, que habían visto la muerte de cerca en las patrullas de los traficantes, que habían dormido en las calles de Tijuana soñando con la tierra prometida del norte. Eran los que se fueron, los nueve millones que el hambre y la represión expulsaron de su propio país, los que cruzaron fronteras con la esperanza de que al otro lado hubiera algo más que el vacío que dejaban atrás.

Pero el sueño americano, ese espejismo que ha guiado a generaciones de desesperados, se había vuelto pesadilla. La política migratoria del presidente Trump, esa maquinaria fría que no distingue entre el que huye y el que llega, había decidido que estos 147 ya no eran bienvenidos. Los persiguieron en la tierra de la libertad, los arrancaron de los trabajos que hacían, de las casas que alquilaban, de las vidas que empezaban a construir. Los metieron en aviones y los devolvieron al país que los había expulsado. Como si el regreso fuera un castigo, como si Venezuela, la misma que los había obligado a irse, debiera recibirlos con los brazos abiertos.

Pero los brazos que los recibieron no eran de bienvenida. Eran de acero. Fríos, duros, como las esposas que les habían quitado al bajar del avión, pero que seguían apretándoles las muñecas en la memoria. Los metieron en el Hotel Santuario La Llanada, una vieja casona de tres pisos más sótano. «El sismo convirtió su techo en piso», me dice Emilio, un poblador de La Llanada que ha visto pasar las décadas desde su ventana. No es una metáfora. Es la verdad geológica de un edificio que, como tantos en Venezuela, había estado esperando su sentencia.

Emilio recuerda la historia de ese lugar como quien recuerda las capas de una cebolla, cada una con su propio olor, su propio nombre, su propio olvido. Fue seminario, o convento, en los años en que la fe tenía forma de sotana y los niños aprendían el temor de Dios en el mismo patio donde ahora se pudrirían los sueños de los deportados. Desde la década de los sesenta, fue el colegio San Benito, donde los niños aprendían las tablas de multiplicar y el Padre Nuestro, y recibían el vaso de leche escolar en el recreo, como si la vida fuera una promesa que se cumple todos los días. Más tarde, el colegio Benposta, otra capa, otro nombre, la misma estructura de concreto que seguía en pie mientras los años pasaban como el agua sobre las piedras.

Y entonces llegó el deslave de 1999. El agua, esa vieja enemiga de los pobres, se llevó todo lo que encontró a su paso y dejó el edificio inhabitable. Pero el gobierno, ese que siempre encuentra un uso para lo que otros han abandonado, lo convirtió en un centro para la recuperación de indigentes y drogadictos, bajo el nombre de la Misión Negra Hipólita. Una caridad de Estado, pensaron algunos. Una forma de encerrar a los que sobran, dijeron otros. Y luego, más recientemente, fue rebautizado como Hotel Hospitalario Negra Hipólita, un nombre que sonaba a curación y olía a reclusión.

Allí, con la promesa de exámenes médicos que nunca llegaron, los encerraron. A una buena parte de los 147. A los que el imperio había devuelto como paquetes rotos. Como suele suceder en los Estados que han hecho de la mentira su oficio, les quitaron los celulares, los documentos, el último hilo que los ataba al mundo. Les arrancaron las voces, las fotos de los hijos, los números de teléfono de las madres que esperaban en sus casas, sin saber que los suyos ya estaban en una ratonera de concreto. Les quitaron el derecho a decir «estoy aquí» o «no estoy bien» o «por favor, no me dejen solo». Los dejaron mudos, huérfanos de identidad, flotando en el limbo de los que ya no son de aquí pero tampoco de allá.

Policías en las puertas. Custodia, dijeron. Jaula, fue la verdad.

Y el gobierno, ese mismo que los había abandonado cuando se fueron empujados por el hambre y la represión, ese mismo que les cerró las puertas del país cuando intentaban sobrevivir en el extranjero, ahora los custodiaba como si fueran presos. Como si la deportación no fuera suficiente humillación; hacía falta también el encierro. Una cuarentena, según decían. Hacía falta también el olvido. Hacía falta que, cuando la tierra temblara, nadie supiera que estaban allí, que sus nombres no figuraran en ninguna lista, que sus cuerpos se pudrieran bajo el concreto sin que nadie reclamara. Porque el Estado, ese leviatán que todo lo prevé, había previsto también su desaparición. No la de los cuerpos, que esos sí aparecerían, sino la de los nombres. La de las voces. La de la verdad.

Emilio lo vio desde su ventana. Vio llegar los autobuses, vio bajar a los hombres y mujeres con las maletas en la mano y la mirada perdida, vio cerrarse las puertas detrás de ellos. Y cuando la tierra rugió, vio cómo la vieja casona de tres pisos más sótano se plegaba sobre sí misma, el techo convertido en piso, el concreto hecho polvo, los sueños hechos silencio.

El doble temblor no fue un acto de Dios. Fue un acto de justicia geológica contra la desidia. El edificio, carcomido por el salitre y los años, se vino abajo como un castillo de naipes mojado. 147 expatriados atrapados, según las cifras que circularon en las redes sociales. 147 vidas que el imperio había devuelto y que el Estado, en su negligencia infinita, había decidido enterrar bajo el silencio de los informes oficiales.

Un informante interno, de esos que se guarda en el anonimato porque sabe lo que le espera si su nombre se pronuncia en voz alta, habla de otra cifra: 53 expatriados. Y no estaban solos. En el derrumbe también quedaron atrapados tres trabajadores del centro: la directora, vecina de El Teleférico, y dos miembros del personal de mantenimiento que cuidaban de aquellos a quienes el gobierno llamaba «indigentes» y «drogadictos». Y catorce funcionarios del SEBIN que servían de custodios del centro que, más que un hotel, hacía las veces de centro de reclusión. Pero nada oficial.

Catorce custodios. Catorce hombres y mujeres que, como los deportados, quedaron sepultados bajo el mismo concreto, bajo el mismo polvo, bajo el mismo silencio. La ironía, amigos míos, no tiene límites. Los que custodiaban se convirtieron en los custodiados. Los que vigilaban las puertas quedaron atrapados dentro de la jaula. Y todos, deportados y custodios, se convirtieron en polvo.

Roberto, otro vecino, lo vio desde su ventana. Vio cómo el techo se convertía en piso, cómo el concreto se hacía polvo, cómo los gritos se hacían silencio. Vio a los vecinos de La Llanada correr hacia los escombros con las manos desnudas, con la desesperación de los que saben que el tiempo se agota, mientras el eco que rebotaba entre los dos cerros multiplicaba las voces de quienes imploraban por un hijo, por un hermano, antes de perderse en el polvo. Consternado, se sumó a ayudar. Y vio también cómo los cuerpos de seguridad le cerraban el paso. Horas después, los funcionarios del SEBIN pusieron sus propios cuerpos en la entrada, bloqueando el acceso a las madres que buscaban a sus hijos, a las esposas que buscaban a sus maridos, a los hijos que buscaban a sus padres. Habían llegado desde distintas partes del país, y se encontraron con una muralla de uniformes y silencio.

En la noche, el cerco se hizo más denso. Numerosos agentes del SEBIN y del CICPC, acompañados por altos funcionarios de esos cuerpos policiales, tomaron el sitio. Impusieron un cordón que ni siquiera la prensa española y de otros países pudo traspasar. Vistieron de silencio todo lo sucedido. ¿Qué escondían? ¿Por qué tanta opacidad? Todavía se especula sobre qué fue lo que ocultaron bajo el polvo y la noche.

Porque el Estado, ese leviatán que todo lo prevé, había previsto también el bloqueo. No al rescate. Bloqueo a la verdad.

El Estado, con su cinismo de siempre, soltó la cifra oficial: solo 12 sobrevivientes. Doce. Como los apóstoles. Un número redondo, bíblico, mentiroso. Porque los sobrevivientes que lograron hablar, los que vieron el rostro de la muerte y escupieron el polvo, dicen que eran 30. Treinta almas arrastrándose entre el acero retorcido. «Vi a otros en el hospital», dicen. «Vi a otros en la zona», dicen. La cifra oficial es una tapa de ataúd que no quiere abrirse.

Pero la pesadilla no es el derrumbe, hermano. La pesadilla empieza después, cuando las familias salen a la calle. Veinticinco hospitales. Veinticinco morgues. Veinticinco puertas que se cierran con el mismo ruido sordo. Un nombre aparece vivo en una lista, muerto en la morgue y desaparecido en la de enfrente. La misma identidad flotando en tres estados de la pena, y los funcionarios del SEBIN, con sus caras de hielo, poniendo el cuerpo en la entrada para que la madre no pase, para que el hijo no entre. Bloqueo. No al rescate. Bloqueo a la verdad.

Ahora miremos de cerca las grietas, porque ahí está la crónica. Johana Pineda protegió a su muchacho de 7 años con el propio cuerpo mientras el techo los buscaba. Lo sacó con vida, pero al esposo lo rescataron tarde. Murió en la camilla, con el eco de la tierra aún sonando. El niño, en medio de la oscuridad, escuchó el «Te amo» de su mamá y respondió con una frase que pesa más que todos los escombros: «Mamá, yo no me quiero morir». Eso no es política. Eso es el grito de un niño al que le negaron hasta la última palabra.

Anderson Salcedo, 21 años, estuvo 40 horas bajo el concreto. Cuarenta horas contando los latidos de su propio corazón para no enloquecer. Lo rescataron vivo, pero la vida le cobró el precio. Le amputaron ambas piernas. Adiós al futuro, adiós a la carrera que empezaba. Ahora es un torso que respira y pregunta por los otros 146.

Y está Luis Daniel Castillo, el más terco de todos. El que, al ver que ninguna autoridad organizaba el rescate, que ningún funcionario bajaba del jeep blindado a mover una piedra, decidió caminar. Caminó solo, sin teléfono, sin papeles, sin zapatos quizás, desde La Guaira hasta Caracas. 40 kilómetros de asfalto caliente. Un muerto viviente buscando auxilio entre los vivos indiferentes.

Una semana después, no hay cronología. No hay lista. No hay informe. El Estado venezolano, ese que custodia con policías y abandona con terremotos, no ha sido capaz de decir quiénes son los 147 nombres que metió en aquella ratonera. La tragedia no es el sismo. La tragedia es la falla en el deber de custodia. Esa palabra fría, legal, que aquí se traduce en madres que siguen tocando puertas, en hijos que escuchan «te amo» y responden que no quieren morir, en un muchacho que camina solo por la autopista porque en esta patria de mentiras, el único héroe es el que se levanta y busca la verdad a pata pelada.

Los desaparecidos no están bajo el cemento. Están en la letra pequeña de un informe que nadie se atreve a escribir. Porque escribirlo, hermano, sería reconocer que el Santuario fue una tumba, y el Estado, el sepulturero.

Martín bajó al jardín y sobrevivió. Alberto bajó a la panadería y murió de preguntas. Isabel bajó al estacionamiento y vive con la pregunta de por qué. Damely perdió a su hija y enfrentó al poder. Los niños de Los Criollitos nunca llegarán al home. Pero los 147 del Santuario no bajaron a ningún lado. Estaban encerrados en un hotel que el Estado les había asignado como «custodia». No tuvieron la oportunidad de bajar, de salir, de escapar. Su condena fue la reclusión. Y su muerte, la negligencia.

Porque el Santuario, amigos míos, no era un santuario. Era una trampa de concreto. Y el Estado, el mismo que prometió cuidarlos, fue el que los enterró.

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Para Johana Pineda, que protegió a su hijo con el cuerpo.

Para Anderson Salcedo, que perdió las piernas.

Para Luis Daniel Castillo, que caminó 40 kilómetros.

Para los 147 que el imperio devolvió y el Estado enterró.

Para Emilio y Roberto, que lo vieron desde su ventana.

Para los que saben que la verdad, como el polvo, siempre termina moviéndose.

Para todos los que, como el polvo, se niegan a desaparecer.

El ensayo de Figuera en Caracas: una lectura de los seis meses

A seis meses de los sucesos del 3 de enero, la economía no muestra mejoría. El olfato popular, termómetro que rara vez miente, registra el fracaso con la certeza con que el campesino presiente la sequía. La apertura petrolera ha rendido frutos exiguos: las inversiones no llegaron con la prisa prometida, la estabilización macroeconómica no asoma en el horizonte y la gobernabilidad interna carece de esos destellos de recuperación que los voceros oficiales anuncian desde sus tribunas. La realidad se impone sobre el relato.

Para evitar un choque político prematuro que exponga este balance desfavorable antes de las legislativas de noviembre de 2026, la administración Trump necesita estabilizar la narrativa exterior. El ensayo técnico —reconstruir primero el Estado para luego convocar elecciones— funciona como válvula de escape burocrática que reduce temporalmente la urgencia de activar la Fase III, la de ejecución de la transición. Pero la demanda por esa fase no cesa. Crece en la política doméstica estadounidense, donde el representante Gregory Meeks y la senadora Jeanne Shaheen, líderes demócratas de Asuntos Exteriores, asedian al secretario Rubio con preguntas que no admiten evasivas. Crece también entre los factores de presión locales encabezados por María Corina Machado, que exige elecciones presidenciales con la firmeza con que el río exige su cauce.

El 28 de julio no fue un día cualquiera. Fue el día en que el pueblo venezolano habló con una voz que no admite traducción. En cada voto, en cada cola bajo el sol, en cada acta resguardada como relicario, se inscribió un mandato que ningún acuerdo de despacho puede anular. Ese mandato tiene nombre y rostro: María Corina Machado, portadora de una voluntad que no se negocia porque no se delega. El Acuerdo de Panamá, suscrito el 22 de mayo, fue la traducción política de esa verdad irredimible: la coordinación de cualquier negociación con el régimen recae en quien el pueblo eligió. Panamá fue el dique, pero el agua que contiene es la del 28 de julio.

El ensayo de Figuera en Caracas, que hipotéticamente podría interpretarse como presión de Washington por forzar una salida electoral institucional, encuentra una respuesta escurridiza en la facción gobernante de facto y sus aliados. No ofrecen el desenlace —calendario firme, habilitación definitiva—, sino el andamiaje: venden el método, no el fruto. Una arquitectura técnica que conocemos bien porque la hemos visto otras veces: una mesa de trabajo instalada ahora en el Palacio Legislativo —no en República Dominicana, Barbados o Noruega— para discutir la conformación del CNE y las auditorías del sistema. Una estructura concebida bajo la lógica de la dilación controlada, el recurso favorito de Jorge Rodríguez, que convierte el tiempo en aliado y la discusión en laberinto. Lo que hace de este ensayo una amenaza directa al Acuerdo de Panamá no es su existencia, sino su pretensión de operar al margen de él. Al desconocer el mandato de coordinación depositado en Machado, la mesa de Figuera se convierte en un canal paralelo que socava el único pilar que mantenía cohesionada a la oposición. Es un intento de vaciar de contenido el voto del 28 de julio, de tratarlo como un dato menor frente a la arquitectura de los despachos.

La incorporación de Dinorah Figuera —dama reconocida como honesta y comprometida con la democracia— a este diseño no es fortuita. Responde a las cualidades específicas de su perfil personal y a su debilidad territorial, dos atributos que, en la lógica del poder, la vuelven funcional. Su presencia dota de formalidad política e institucional al ensayo y aísla al régimen de la acusación de unilateralidad. Vestida de legitimidad parlamentaria, la operación adquiere una pátina transitable para los ojos distraídos de la comunidad internacional. Pero esa pátina, vista desde dentro, es exactamente lo que la hace peligrosa: erosiona el principio de que la negociación es una y no múltiple, que la representación es una y no divisible, que el mandato del 28 de julio es uno y no admite copias.

El mecanismo es más sutil y profundo. La meta no es otra que entrampar a los equipos técnicos del Departamento de Estado en el propio diseño del método. Una trampa de costos hundidos: a medida que se extienden los plazos de discusión, el costo político y operativo para la Casa Blanca de abandonar el proceso se eleva hasta volverse prohibitivo. Así se consolida un escenario de cohabitación técnica difícil de revertir. La Casa Blanca valida el ensayo e ingresa en él, no por convicción, sino empujada por la necesidad de control de daños ante el fracaso de la fase de recuperación. Paradoja: Washington acepta la dilación para evitar el colapso, pero al hacerlo legitima el mecanismo que perpetúa la crisis y desactiva el Acuerdo de Panamá como brújula de la transición. Y al desactivar Panamá, desactiva también la única traducción política del 28 de julio.

He aquí la clave: la aceptación por parte de la Casa Blanca de la petición de los Rodríguez de excluir del ensayo técnico inmediato a María Corina Machado es provisional, no constituye un veto definitivo, sino una reserva estratégica de valor. Durante los últimos cinco meses, el liderazgo fundamental ha demostrado control territorial, cohesión de base y conducta alineada con estándares de predictibilidad ética. Y lo ha hecho, además, resolviéndole a Trump el dilema de su retorno al territorio. Ese retorno, que antes era un problema, hoy es una posibilidad administrada. Esa administración del retorno es el verdadero premio que Washington ha obtenido del ensayo: la certeza de que la figura que encarna el mandato popular —ratificada por Panamá como la única voz autorizada— puede ser activada o contenida según convenga al tablero. Pero esa contención, aunque temporal, contradice el espíritu del acuerdo panameño, que no previó exclusiones ni reservas estratégicas, sino la plena vigencia del liderazgo elegido. Y contradice, sobre todo, la letra y el alma del 28 de julio.

Trump, fiel a su estilo, cultiva una ambigüedad estratégica: mantiene a Machado fuera del laboratorio parlamentario de las dos Asambleas (2015/2020), pero viva dentro del tablero general. La usa como amenaza. Si la facción de Jorge Rodríguez incumple las promesas del ensayo, la Casa Blanca retiene la capacidad de activar el respaldo directo al mandato popular. Es un mecanismo de presión de doble filo, y en eso radica su eficacia: no necesita elegir entre régimen y oposición porque ha colocado a ambos en una dependencia mutua de su arbitraje. Pero al hacerlo, convierte el Acuerdo de Panamá en variable secundaria, un documento que puede ser invocado o ignorado según la conveniencia del momento. Y el mandato del 28 de julio, que debería ser el centro de gravedad de cualquier transición, queda reducido a una pieza más en el tablero.

La hipótesis se cierra con la imagen de un dilema del prisionero asimétrico, como dirían los expertos en teoría de juegos. Washington se propone desgastar el capital político de ambos actores locales, sometiéndolos a incentivos cruzados. Para el régimen, el incentivo es mantener el flujo de caja y la gobernabilidad a cualquier precio; para la oposición legítima, preservar la validación internacional sin renunciar a su soberanía. En ese juego, la Casa Blanca asume los costos reputacionales en ambos bandos como variable secundaria frente a la obtención del arbitraje del sistema. La asimetría no es neutral: el régimen tiene más que perder en el corto plazo —sanciones, acceso a divisas, estabilidad de su cúpula—, y eso otorga a Washington una palanca que no opera con igual intensidad sobre la oposición. Pero la oposición tiene en el Acuerdo de Panamá y en el mandato del 28 de julio su propia palanca unitaria, y al ignorarla o subutilizarla, cede el terreno que le corresponde. Es como si, teniendo la llave de la puerta, la entregara al cerrajero para que decida si abre o no.

El costo para Jorge Rodríguez es la humillación interna: su facción deberá enfrentar la mirada inquisidora del ala doctrinaria y militar del PSUV, que interpreta la presencia física de Figuera en Caracas y el reconocimiento de su representación como un arrodillamiento ante Washington. El costo para el liderazgo opositor son las tensiones operativas con los sectores más alineados del Acuerdo de Panamá, debido a la tolerancia temporal de Trump hacia un ensayo que dilata el mandato soberano de las bases. Pero hay un costo adicional, quizás el más decisivo: la erosión de la confianza en la palabra empeñada, en la cohesión de un bloque que ha construido su legitimidad sobre la promesa de no fragmentarse. El Acuerdo de Panamá era la materialización de esa promesa; el 28 de julio, su fundamento último. Su desplazamiento, aunque sea táctico, convierte la promesa en palabra vacía y el mandato en eco sin dirección.

Trump opera bajo la premisa de haber configurado un escenario en el que todos pierden, pero él decide quién pierde más. Al desgastar a ambos, al someterlos a un dilema en el que ninguno confía en el otro, Washington se erige como el único juez y beneficiario del tablero político hacia el cierre de 2026. No es un cálculo maquiavélico, sino una lógica fría: la de quien, al arbitrar entre dos fuerzas que no pueden destruirse mutuamente sin autodestruirse, cobra su comisión en forma de control sobre el proceso. El Acuerdo de Panamá, que debía ser el cimiento de una transición ordenada, se convierte en testigo mudo de su propia erosión, y el voto del 28 de julio, en una reliquia que se exhibe pero no se honra.

Mientras los actores locales se desangran en la incomunicación de sus celdas, el árbitro se prepara para cobrar el arbitraje. Venezuela aguarda el veredicto desde la intemperie. La pregunta que ningún comunicado oficial responde es si ese veredicto será dictado por la ley o por la conveniencia. La historia, esa juez que no firma treguas, ya ha visto demasiadas veces este mismo guion. La diferencia, quizás, es que esta vez el pueblo ha aprendido a leer entre líneas, y sabe que el Acuerdo de Panamá no es un papel sino el último dique contra la dispersión, y que el 28 de julio no es una fecha sino la brújula que señala el norte de la soberanía. Romperlo, aunque sea por omisión, es entregarle al régimen lo que no pudo ganar en las urnas: la fractura de la esperanza. Pero la esperanza, en Venezuela, ha demostrado ser más resistente que cualquier arquitectura técnica.

Los venezolanos tienen en la sangre la rebeldía de Bolívar y la obstinación de los próceres. No es una lucha por el poder, es una resistencia por la dignidad. La libertad no se negocia, se respira; es el aire que les ha faltado y el que vuelven a buscar con la tenacidad de quien sabe que el alma no se rinde.

Y esa, quizás, sea la única certeza que el poder no puede administrar.

No sorprende, pero duele. Duele porque Venezuela ya no resiste otro ciclo de ilusionismo financiero. La información que ha trascendido vía Bloomberg sobre el contrato  anunciado el 13 de Mayo con Centerview Partners —una firma de inversión neoyorquina que ha contratado expertos en deuda pública para simular ser avezada en el arte de las reestructuraciones soberanas— no es una simple nota de mercado. Es un síntoma. Todo indica que estamos ante una contratación a dedo, blindada por la discreción de pliegos nunca vistos, impuesta por la mano visible de Mauricio Claver Carone, el lobista cercano a la órbita de Donald Trump que ahora aparece, sin sonrojo alguno, como el padrino de este desaguisado, tal cual lo reveló el Washington Post. Un “virrey” suerte de zapatero de Trump.

Las cifras suenan obscenas incluso para el voraz estándar de Wall Street. Un mínimo de 150 millones de dólares, más una comisión del 0,1% del total de una deuda que muchos economistas insisten en que ronda entre 150 y 200 mil millones, más honorarios mensuales de 750 mil dólares. Y todo ello sin que mediara una auditoría pública, independiente y exhaustiva del resto de la deuda externa —esa madeja de bonos en mora, préstamos bilaterales opacos y laudos arbitrales que duelen como cuchillos—, y sin el más mínimo análisis de sostenibilidad de la deuda, apoyado en un programa económico confiable, para saber si el país puede pagar lo que debe sin morir en el intento. No hubo un solo número que llorara sobre el papel, ni una tabla que resistiera el viento de los factores de riesgo. Es un pacto de ciegos firmado al borde del abismo, sin aquella palabra mágica que los banqueros llaman sostenibilidad y que, en el largo y mediano plazo —esos plazos que ya nadie ve venir—, resulta tan invisible como el alma desde el punto de vista fiscal y de balanza de pagos. Todo ello elaborado sin un estudio serio del Fondo Monetario Internacional, que lleva más dedos décadas sin poner la lupa sobre las cuentas venezolanas. Porque en Venezuela, desde aquel entonces remoto donde el oro aún era oro y el bolívar pesaba en los bolsillos, nadie volvió a mirar si lo que se gastaba tenía algún pariente pobre llamado ingreso. Y así, entre documentos sin firmar y promesas sin respaldo, la deuda creció como una enredadera tóxica, mientras el Fondo, ni nadie, podía mirar.

Esta no es una reestructuración. Es una factura pagada por adelantado a los bonistas, los mismos que compraron deuda podrida a precio de ganga y ahora, con la complicidad de un gobierno necesitado de oxígeno político y divisas, pretenden cobrar como si hubieran asumido un riesgo heroico. La pregunta incómoda es otra: ¿quién vigila al vigilante? Sin un estudio del FMI que certifique cuánto puede pagar realmente el país sin condenar a varias generaciones al ajuste perpetuo, este proceso no es más que un brindis al sol. Grecia, Argentina y Ecuador ya escribieron esa tragedia: reestructuraron, cantaron victoria y, al poco tiempo, volvieron a caer en el precipicio de la cesación de pagos, porque el acuerdo inicial fue un maquillaje financiero, no una cirugía de fondo.

El régimen venezolano, que en otro tiempo vociferaba contra el FMI y los fondos buitre, ahora se sienta a la mesa con los mismos depredadores, pero sin las mínimas reglas de transparencia. Y el lobista Claver Carone, que antes sancionaba, ahora bendice. Así, mientras los bonos soberanos cotizan por encima de los 50 centavos —señal de que el mercado ya descuenta un rescate a la carta, sugiriendo una expectativa de recuperación cercana al 30% del total de las reclamaciones—, el país firma un contrato que hipoteca el futuro inmediato en nombre de una recuperación que nadie ha demostrado que sea posible.

O se para esta farsa, se audita la deuda completa y se somete cualquier negociación a un análisis vinculante del FMI, o estaremos asistiendo al montaje de una nueva reestructuración fallida. La historia es testigo: los mismos errores, los mismos intermediarios, los mismos abogados de siempre. Y al final, el mismo resultado: el pueblo, siempre el pueblo, pagando la cuenta de los banqueros.

La entrevista concede una lucidez incómoda, de esas que se agradecen a quien se atreve a nombrar lo evidente. Carrie Filipetti, la prestigiosa directora de la Vandenberg Coalition, con la frialdad de quien ha mirado de cerca las entrañas del poder, desnuda una verdad que en Washington parecen querer adormecer con licencias petroleras y cálculos de corto plazo: la transición democrática en Venezuela no avanza porque no se la ha empujado de verdad.

No es una queja ingenua. Es una advertencia. Filipetti enumera pasos concretos —fecha de elecciones, liberación de todos los presos políticos, rectores electorales independientes, amnistía real— que siguen sin cumplirse mientras la administración Trump se distrae con otros fuegos en el mapa del mundo. Y en esa demora, Delcy Rodríguez —a quien describe con precisión implacable como otra cabeza de la misma hidra— afianza su control, prueba límites y espera que la oferta de algunos barriles de petróleo baste para comprar la complacencia del Norte.

Pero el editorial más duro de esta conversación no lo escribe Filipetti: lo escribe el pueblo venezolano. Ella lo recuerda con una frase que debería grabarse en cada escritorio de la Casa Blanca: si el presidente Trump no exige un impulso hacia la democracia, el pueblo lo hará. No es una amenaza, es una constatación histórica. Los que han soportado la dictadura, los que han visto a sus presos políticos en celdas sin nombre, los que siguen sin bailar en las calles porque la gasolina y el salario no alcanzan, no esperarán eternamente.

Lo grave es que el argumento del realismo —el miedo a la inestabilidad, la supuesta falta de apoyo castrense a María Corina Machado— se ha convertido en coartada para la inacción. Y mientras tanto, Chevron, el oro, las FARC, el Tren de Aragua y los cárteles tejen su propia gobernanza criminal en los territorios que el régimen abandona.

Filipetti es escéptica, pero no cínica. Cree en la posibilidad del cambio, y por eso mismo denuncia la lentitud. Sabe que cada día sin presión es un día que Delcy Rodríguez gana y el pueblo pierde. Porque al final, como ella lo entiende, la democracia no es un lujo que se exporta en paquetes de ayuda: es un derecho que se ejerce o se posterga. Y la historia no perdona a quienes, pudiendo empujar, prefirieron esperar.

El pueblo venezolano ya no espera. Solo falta saber si Washington está dispuesto a caminar a su lado o a quedar, una vez más, del lado equivocado de la historia.

Por José Luis Farías

La presidenta encargada actúa, se dice, en cumplimiento de la orden explícita del señor Trump, quien desde hace días le conminó a cerrar El Helicoide y le concedió de plazo hasta fin de mes para liberar a todos los presos políticos. Pero la política es un tablero de múltiples jugadores, y en este caso los rusos también mueven ficha; quizá por eso el gobierno ha soltado el tubazo a Rodríguez Zapatero —amo y señor de El País—, un gesto calculado, un cubo de agua fría en la cara de la opinión pública, una distracción necesaria en este ajedrez sucio que opaca el entreguismo de la Licencia 46.    

Un documento que no perdona, ni libera, ni abre compuertas. Es, más bien, la arquitectura precisa de una celda un poco más amplia.

Que grita en cada una de sus cláusula que no hay ningún perdón general. Las sanciones contra el Gobierno, contra PDVSA, permanecen intactas, congeladas en el tiempo y en el Reglamento. Lo que se concede es un permiso, una licencia temporal y temática, un respiro estrictamente delimitado para el petróleo y sólo para el petróleo. Y un respiro que, además, no es para todos. Está pensado, cuidadosamente pensado, para «entidades estadounidenses establecidas». Es decir, un canal que reconduce el flujo del crudo venezolano hacia los muelles y los balances de empresas de ese país. Una reclamación, sutil pero firme, de la propiedad del juego.

Y el juego tiene reglas, por supuesto. Reglas que no se negocian, que se imponen. La primera es la de la ley del más fuerte, elevada a principio jurídico: los contratos deberán regirse por leyes estadounidenses y las disputas resolverse en sus tribunales. No es una cláusula técnica; es la institucionalización de una ventaja abrumadora, la extensión fría de la jurisdicción de Washington a cada barril de petróleo que se mueva bajo este paraguas. La segunda regla es la del control absoluto sobre el dinero. Los pagos no irán a cuentas venezolanas, sino a unos fondos de depósito bajo la mirada del Tesoro de EE.UU. Es el dinero secuestrado, vigilado, siempre a un paso de ser congelado de nuevo. No es un pago; es un depósito en custodia.

Pero la cláusula más reveladora, la que desnuda el corazón geopolítico del asunto, es la de las exclusiones. Quedan expresamente, terminantemente, prohibidos los rusos, los iraníes, los norcoreanos, los cubanos. Y, con una precisión que no deja lugar a dudas, cualquier entidad controlada por chinos o que sea un empresa conjunta con ellos. Esto ya no es economía, ni sanciones al uso. Esto es cirugía mayor en el mapa de alianzas de Caracas. Es un intento de extirpar de la ecuación petrolera, del único negocio vital que le queda al país, a los principales rivales estratégicos de Estados Unidos. Es convertir una licencia en un arma para desplazar a Rusia y China, para debilitar sus vínculos con Venezuela, para reescribir desde una oficina en Washington la lista de amigos y enemigos de un país soberano.

Luego vienen los candados, los pequeños y grandes mecanismos de control que cierran cualquier posible ruta de escape. No se puede pagar en oro, ni en criptomonedas, ni hacer trueques. Se cierran así las vías de evasión que Caracas había buscado con desesperación, y se reafirma el monopolio del dólar, del sistema financiero occidental, como el único altar donde se puede ofrecer el tributo. Y luego está la transparencia, una transparencia forzada y asfixiante: informes detallados cada 90 días al Departamento de Estado y de Energía. Estados Unidos tendrá así una fotografía en tiempo real de volúmenes, valores, destinos e incluso los impuestos que paga Venezuela. Es la información convertida en instrumento de vigilancia y poder. Y por si alguien albergaba alguna esperanza, el texto recuerda, sobrio, que nada de esto desbloquea un solo activo venezolano previamente congelado.

¿Qué queda entonces? ¿Qué implica todo esto? Lo primero es entender que las sanciones no son un castigo estático, un muro que se levanta o se derriba. Son una herramienta dinámica, un instrumento de política exterior maleable. Esta licencia lo demuestra: es la presión convertida en grifo que se abre un cuarto de vuelta, para obtener concesiones, para reorientar alianzas, para extraer información. Venezuela puede, es cierto, aumentar sus exportaciones y obtener algunos ingresos. Pero lo hará desde una soberanía limitada, bajo reglas escritas en Washington, con su dinero retenido y sus socios históricos proscritos. Es un alivio económico que se compra con dependencia y con cesión de autonomía. El beneficio es asimétrico: el sector energético y logístico estadounidese se erige en intermediario necesario, en guardián del flujo. Venezuela respira, pero con un arnés que la sujeta a los intereses de otro.

Por eso hablar de «levantamiento» es un engaño, o como mínimo una simplificación burda. La realidad es más compleja y más dura. La Licencia General 46 es una recalibración calculada. Un movimiento de ajedrez geopolítico que busca, al mismo tiempo, meter más petróleo venezolano en el mercado global (para aliviar la presión sobre los precios), desplazar a Rusia y China de su patio trasero, recuperar el control sobre la principal arteria económica de Venezuela y, sobre todo, mantener una palanca de presión enorme, lista para accionarse si el gobierno en Caracas no se comporta. Es una jaula de oro. Una astuta oferta de un respiro a cambio de concesiones estratégicas, de información vital y de la renuncia a elegir con quién comerciar. En el fondo, es la demostración de que el poder hoy no se ejerce sólo con tanques, sino con regulaciones, con cláusulas jurídicas y con el control absoluto del dinero. Es el imperio de la ley, sí, pero de una ley hecha a medida para servir a un único y claro imperio. 

Pero, sea como fuere, con independencia de los hilos que se agitan en la sombra, hay que anotar el hecho: esa liberación masiva de presos se produce, y en sí misma, más allá de la voluntad que la impulsa, constituye una confesión. Una confirmación. La prueba involuntaria pero irrebatible de que el régimen, efectivamente, tenía presos políticos. Y que, por tanto, es lo que sus detractores decían que era. La libertad, así concedida, no redime al que la otorga; lo señala. Lo desnuda. Escribe, con letras demasiado grandes, su naturaleza última en el único lugar que importa: la memoria futura.

Por José Luis Farías

Hace días, en una tertulia donde el habla se pulía hasta alcanzar la exquisitez, un viejo amigo se refería a la inequidad que impera en la actual campaña electoral de Venezuela. Con cierta eufemística, propia de su acendrado academicismo, señalaba el descarado actuar del candidato-presidente Nicolás Maduro. Este no se ha contenido en el empleo de recursos públicos para saturar los espacios mediáticos con su imagen hasta la náusea, cuya muestra más asqueante acaso sea su imagen del gallo pinto en la pantalla del Times Square de Nueva York, dejando a los demás contendientes a la sombra de su omnipresencia propagandística.

Desfalco y Derroche

El ejercicio democrático demanda virtudes que el gobierno de Maduro y su entorno están lejos de poseer.

La decencia mínima que debe caracterizar a todo funcionario público en el manejo de los recursos del Estado es una virtud ausente en su gestión. Más bien, su sino es el abuso y el atropello. Las calles y avenidas de Venezuela han sido invadidas por murales gigantescos (el uso del superlativo aquí es meritorio) que exaltan su figura como si de un mesías se tratase. La radio y la televisión se ven asaltadas por propagandas cínicas que buscan manipular la percepción ciudadana, mientras que en las redes sociales se despliegan campañas millonarias destinadas a asegurar que ningún internauta escape al funesto encanto de su presencia digital. Todo esto conforma un espejo fiel de cuán lejos están dispuestos a llegar con tal de perpetuar su dominio.

El desfalco en el uso de los recursos públicos es evidente. Grúas pertenecientes a Corpoelec, destinadas originalmente a reparaciones de infraestructura eléctrica, se emplean ahora para alzar pendones y pancartas del candidato-presidente. Vallas monumentales financiadas con dineros del pueblo interrumpen el paisaje urbano, mientras que miles de motocicletas son regaladas a jóvenes bajo la coacción del apoyo incondicional, acompañadas de repartos de dinero en efectivo con la clara intención de comprar voluntades.

El Silencio Cómplice

En la ardiente efervescencia de las campañas electorales, donde el ansia de perpetuidad en el poder y el deseo de dominio se entrelazan en una danza febril, el abuso de la autoridad emerge como un veneno corrosivo que, lejos de fortalecer la sagrada alianza entre gobernantes y gobernados, la corrompe desde sus cimientos más íntimos. Este mal no sólo desgasta la confianza del pueblo en sus líderes, sino que también horada los principios vitales sobre los cuales se erige la democracia misma, convirtiendo el noble ejercicio del sufragio en una trágica farsa, donde el destino de naciones enteras pende de hilos invisibles tejidos por la codicia y el oportunismo desbocado.

Sin embargo, nada de esto parece resonar en las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes prefieren mirar a otro lado. El Contralor guarda silencio cómplice mientras que el Fiscal actúa con celo únicamente para perseguir y encarcelar a los adversarios políticos del régimen. Todo parece estar orquestado para proyectar una sensación de invencibilidad que desaliente al elector y lo induzca a la abstención. Diría Borges: «En el tumulto de ambiciones y engaños, el oscuro designio se oculta tras máscaras de poder.»

Autoritarismo Desbocado

En estos días aciagos, donde la política venezolana se tiñe de sombras y opresión, la figura del candidato-presidente Nicolás Maduro emerge como el epitome del autoritarismo desbocado. La persecución, la agresión y el encarcelamiento se han erigido como pilares fundamentales de su gobierno, desgarrando el tejido democrático y sembrando el terror entre quienes osan alzar la voz en disidencia. Siendo María Corina Machado y el candidato Edmundo González y su entorno las víctimas principales del terrorismo de Estado aplicado por el régimen.

Ian Kershaw, reconocido historiador británico, advierte que «los regímenes totalitarios del siglo XX nos enseñan que la represión y el control absoluto no son medios para sostenerse indefinidamente en el poder, sino caminos hacia la desestabilización y el colapso». Estas palabras resuenan con inquietante pertinencia en el contexto actual de Venezuela.

La violencia se ha ejercido contra decenas de comerciantes y ciudadanos honestos han sido víctimas de una maquinaria represiva implacable. Desde vendedoras de empanadas hasta dueños de hoteles y posadas, moto taxistas, todos han sufrido la brutalidad del Seniat y de los cuerpos policiales, quienes actúan como arietes del régimen, destruyendo medios de vida por el simple delito de apoyar a un candidato opositor. El silencio pétreo de las autoridades electorales y la diligencia represiva de la Fiscalía y los cuerpos de seguridad han sumido al país en un clima de temor y desesperanza.

Los Costos del Abuso de Poder

Las detenciones políticas arbitrarias han alcanzado cifras alarmantes, con 102 dirigentes encarcelados a ocho días del final de campaña. Periodistas y refugiados en sedes diplomáticas son blanco de acusaciones infundadas, mientras el gobierno se dedica a obstruir el libre tránsito y sabotear concentraciones políticas con barricadas y amenazas físicas. Esta política represiva, propia de regímenes totalitarios, pretende imponer el poderío del Estado como un muro infranqueable frente al clamor popular por un cambio democrático.

La coacción y el abuso del poder son como venenos que el régimen administra creyendo en su capacidad para contener sus efectos. Pero pueden desatar fuerzas que el régimen no puede prever ni controlar. De hecho, nunca imaginaron que sus errores continuos serían la piqueta que, desde las entrañas mismas del poder, erosionaría sus bases.

El desdén por la decencia y la justicia, la manipulación descarada de los recursos públicos para perpetuar una imagen de omnipotencia y la represión constante contra aquellos que osan cuestionar el status quo, han tejido una tela de araña que atrapa tanto al ciudadano común como al opositor más ferviente. Las calles pintadas con murales que glorifican al líder, los medios saturados con propaganda sin tregua y las instituciones del Estado cooptadas para servir como herramientas de intimidación, todo ello conforma el caleidoscopio de la tiranía moderna.

La Ilusión de Invulnerabilidad

En este juego perverso de apariencias y dominio, el régimen se aferra a una ilusión de invulnerabilidad, como si la voluntad popular y el deseo innato de libertad pudieran ser doblegados por la fuerza bruta y la coerción despiadada. Pero el tiempo, implacable y sabio, suele desvelar las falacias de los déspotas. La erosión de las bases desde sus entrañas es un proceso que avanza silencioso pero inexorable, gestado por la indignación de un pueblo que no olvida ni perdona.

En cada protesta silenciada y en cada voz que se alza contra la injusticia, late el latido firme de una democracia que espera ser restaurada. El régimen puede controlar los medios, puede encarcelar a sus detractores y puede manipular las elecciones, pero nunca podrá sofocar el anhelo de libertad que se arraiga profundamente en el espíritu humano.

Así, mientras las sombras del autoritarismo se alargan sobre la tierra, la resistencia persiste como un faro de esperanza en la noche oscura. La historia nos enseña que ningún régimen, por más opresivo que sea, puede negar eternamente el derecho natural de todo pueblo a ser libre.

Este reflexión adquiere una vigencia palpable al observar la situación desesperada de un país atrapado en las garras de un liderazgo que se aferra al poder a cualquier costo.

Equivocaciones del Poder

Sin embargo, Maduro y sus secuaces parecen ignorar la realidad que les rodea. Creyendo en la invulnerabilidad que otorga el abuso del poder y la manipulación propagandística, esperan sembrar la desilusión y la apatía entre los electores. Pero están equivocados. El próximo 28 de julio, la voluntad popular se alzará como un torrente indetenible, clamando por un horizonte nuevo donde la democracia sea el faro que guíe a Venezuela hacia la libertad y la justicia.

En medio de la oscuridad, la esperanza persiste. La lucha por la democracia en Venezuela es un llamado a la resistencia, una proclama contra la opresión y la tiranía. La historia nos enseña que ningún régimen puede suprimir indefinidamente el deseo innato de libertad que arde en el corazón de un pueblo.

La persecución, la agresión y el encarcelamiento son la práctica habitual del gobierno del candidato-presidente Nicolás Maduro.

Son decenas los comerciantes atropellados: vendedoras de empanadas o de sándwich, dueños de restaurantes o de hoteles, moto taxistas, dueños de transportes públicos o de carga e incluso caballos que han sufrido la actuación represiva del Seniat o de los cuerpos policiales dejados sin sus medios de vida por simplemente ofrecer sus servicios a un determinado candidato adversario o a dirigentes políticos.

La ola de detenciones políticas arbitrarias alcanzaron a 71 los dirigentes detenidos en apenas los primeros diez días de campaña, incluidos periodistas, y además de numerosos asilados en sedes diplomáticas todos bajo acusaciones sin fundamento co el silencio pétreo de las autoridades del CNE y con la diligencia represiva de la Fiscalía y los cuerpos de seguridad.

Las interrupciones del gobierno de Maduro al libre tránsito por el territorio nacional son cotidianas, a diario se registran informaciones de obstáculos de todo orden como barricadas, incluido el uso de vehículos oficiales, en la vía pública para impedir el acceso de los líderes políticos a los sitios de concentración; así como agresiones físicas, amenazas e intimidaciones.

Prueba de Fuego

Con ésta abominable política represiva en medio de la campaña electoral presidencial, propia de regímenes totalitarios, se pretende igualmente que con el abuso propagandístico, crear un clima de intimidación, de amasamiento y de provocación imponiendo el poder de la fuerza para presentarse como inamovible, indestructible e inderogable. Pero cuán lejos están de la realidad Maduro y sus acólitos, nada podrá tener el curso de la voluntad popular a favor del cambio democrático el,próximo 28 de julio

El candidato-presidente se encuentra muy lejos de la realidad si cree que tales artimañas le asegurarán la victoria. Ignora por completo que hay un pueblo decidido a instaurar un cambio político a través de los cauces democráticos. La esperanza de una Venezuela libre y justa persiste en el corazón de sus ciudadanos, quienes no se dejarán intimidar por las artes oscuras del poder.

En este escenario, la democracia venezolana enfrenta una prueba de fuego. La batalla por la integridad electoral y la transparencia está en marcha, y el mundo observa con atención cómo se desenvuelven los acontecimientos en esta tierra tan golpeada por la discordia y el desencanto. Ésta desmedida campaña de amedrentamiento, estos actos de barbarie fascistoide, apuntan a un clima de caos para inducir a la violencia y justificar un zarpazo, pero no caeremos en ello, no nos desviaremos de la ruta electoral. Ésta desmedida campaña de amedrentamiento, estos actos de barbarie fascistoide, apuntan a un clima de caos para inducir a la violencia y justificar un zarpazo, pero no caeremos en ello, no nos desviaremos de la ruta electoral. En los corazones valientes de Venezuela, la llama de la esperanza arde con fuerza, desafiando las sombras del poder.

En la agitada trama de la política venezolana, se despliega una escena cargada de tensiones y desafíos, donde el presidente-candidato, Nicolás Maduro, lanza sus palabras con la furia de quien sabe que su destino se juega en cada sílaba. “Sé todo, quieren un hecatombe, una tragedia para gritar suspensión de las elecciones y saldrían los gringos, el malparido de Milei, saldría el Noboa, la derecha: suspendan las elecciones. Yo les digo: estamos preparados, nervios de acero, calma y cordura. Y llueva, truene o relampagueé, el 28 de julio habrá elecciones presidenciales en Venezuela”.

Es un ritornello de retórica, provocaciones y amenazas, una estrategia cuyo objetivo es claro como el cielo de Caracas en una tarde de lluvia torrencial: sembrar el caos para cosechar la abstención. Repito por enésima vez: Maduro sabe que sólo la abstención lo salva de una derrota histórica, de una barrida electoral sin precedentes. Y el pueblo sabe que en la abstención no hay solución.

Desafíos a la Democracia

Maduro, con su verbo pendenciero y vulgar, lanza desafíos a la democracia, no deja duda alguna sobre su juego: provocar el miedo, instigar la violencia y desdibujar la esperanza en la posibilidad de un cambio democrático. En sus palabras, la sombra de la suspicacia se alarga sobre el panorama electoral, pintando con trazos gruesos la amenaza de un desenlace incierto y perturbador.

Pero la respuesta no puede ser menos firme ni menos clara. La oposición, consciente de los peligros que acechan en cada esquina del discurso madurista, alza su voz en un coro de resistencia y advertencia. En la escena teatral de la política venezolana, donde las máscaras de la ironía y el poder se entrelazan, la respuesta de la oposición debe resonar como un eco de solemnidad impostada: ¡seguiremos en la ruta electoral!Conscientes de los peligros que se ocultan tras cada pliegue del discurso madurista, sus voces deben elevarse en un coro de resistencia y advertencia, como si las palabras solas fueran suficientes para desentrañar la madeja del poder.

Mientras tanto, Jorge Rodríguez, habilidoso manipulador de los hilos retóricos, se erige como el eco y amplificador supremo de la estridencia presidencial. Con una maestría que raya en lo grotesco, pretende enturbiar las aguas cristalinas de la democracia con sus propias palabras de desafío y confrontación, como si la política fuera un juego de espejos donde la verdad se desvanece entre reflejos distorsionados.

En este burlesco escenario, donde las palabras se convierten en armas y las promesas en ilusiones fugaces, los actores políticos danzan en un equilibrio precario entre la farsa y la tragedia, mientras el telón se alza y cae sobre un público cautivo de su propia esperanza y desilusión.

El Poder del Voto

En medio de este conflicto retórico, María Corina Machado y ta gran mayoría de los venezolanos esgrimen la única arma que puede traer consigo el cambio pacífico y la renovación democrática: el voto. Con la memoria aún viva de los errores del pasado, saben que repetirlos sería condenar al país a más años de estancamiento y sufrimiento. Por eso ha repetido una y otra vez: «mano segura no se tranca». Que nada nos desvíe de la ruta electoral, cualquiera sea la provocación.

Es así como, entre la bruma de la incertidumbre y el fragor de las palabras incendiarias, se dibuja el camino hacia unas elecciones cruciales. Un camino marcado por la necesidad de resistir las provocaciones, denunciar los abusos y, sobre todo, mantener viva la llama de la esperanza en un futuro mejor, de un cambio en paz a través del voto.

En este drama político, donde cada acto y cada palabra son piezas de un rompecabezas cuyo diseño determinará el destino de millones, el pueblo de Venezuela se encuentra ante una encrucijada histórica. La apuesta por la democracia y la libertad debe ser más firme que nunca, rechazando las trampas del régimen y abrazando el poder transformador del voto como el único camino hacia la renovación.

Así, mientras las nubes de la incertidumbre amenazan con desatar la tormenta, los venezolanos se preparan para hacer historia el 28 de julio. Con la determinación de quien sabe que el futuro se construye paso a paso, votarán no solo por un cambio de liderazgo, sino por la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de su amada Venezuela.

En la convulsa geografía política de Venezuela, las voces de indignación y hartazgo resuenan como un eco atronador en los callejones del descontento nacional. En cada esquina del país, el clamor unánime se eleva: ¡Basta ya de este gobierno nefasto que ha llevado a nuestra tierra al borde del abismo!

Ruina y Desgobierno

Son tiempos de unidad y acción conjunta, tiempos e reconstruir sobre escombros de promesas rotas y oportunidades perdidas. Venezuela, una nación rica en recursos naturales y talento humano, yace postrada ante el despojo y la ruina provocados por un régimen que ha hecho de la corrupción su marca registrada y del desgobierno su modus operandi.

La devastación es palpable en todos los ámbitos de la vida nacional. La economía, antaño pujante, languidece bajo el peso de políticas erráticas y la voracidad de intereses transnacionales que se sirven del desgobierno para su propio beneficio. La estabilidad institucional, una quimera lejana, es sustituida por la arbitrariedad y la opresión, donde la Constitución yace como letra muerta, un mero vestigio de lo que fue el pacto social entre ciudadanos y gobierno.

Resistencia y Esperanza por la Paz

Pero en medio de la desolación, resurge la esperanza. En cada venezolano late el deseo profundo de un futuro distinto, de un país donde la libertad y la dignidad sean más que meras aspiraciones. La tarea es monumental, pero la voluntad es inquebrantable. Es hora de dejar atrás las diferencias que nos dividen y unirnos en una sola voz, en un esfuerzo colectivo por rescatar nuestra patria del naufragio en el que ha sido arrojada.

Cada uno de nosotros tiene un papel crucial que desempeñar en esta gesta por la reconquista de nuestra democracia y nuestra soberanía. Es momento de alzar la voz, de alzar la mirada hacia un horizonte donde el estado de derecho prevalezca sobre el caos y la desesperanza. Unidos, con determinación y valentía, podemos tejer el futuro que anhelamos para las generaciones venideras.

PD: Presidente Maduro, deje de oír malos consejos, no hay forma de rebanar una diferencia de más de tres millones y medio de votos. Y tampoco nadie le va acompañar en un arrebatón.