Por Juan Ramón Rallo
La reacción de buena parte de la izquierda a la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk resulta cuando menos llamativa.
Tradicionalmente, la izquierda se exaltaba cuando un millonario compraba un medio de comunicación por cuanto sospechaba que, como propietario, limitaría la autonomía de los periodistas y, en consecuencia, su capacidad de informar a los ciudadanos sobre asuntos de crucial importancia para la sociedad (entre ellos, aquéllos que pudieran afectar al rico dueño del medio de comunicación).
Sin embargo, las quejas y protestas contra Musk han tenido en esta ocasión otra motivación bien distinta: el propietario de Tesla se ha declarado un “absolutista de la libertad de expresión” y dice que quiere (veremos si finalmente es cierto) relajar los criterios de moderación dentro de Twitter para que los usuarios puedan hablar con mayor libertad sin miedo a que sus cuentas sean suspendidas por la red social.
Es decir, lo que promete hacer Musk es ampliar la libertad de expresión dentro de Twitter, no ahogarla.
Y las críticas han sido precisamente en contra de ese objetivo: en contra de la posibilidad de que Musk reduzca la moderación actual.
El ex vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, sostenía en una reciente entrevista que cabía el riesgo de que Musk no garantizara el derecho a la información veraz de los ciudadanos: es decir, que cabe el riesgo de que Musk censure demasiado poco dentro de Twitter.
Lo que alarma a parte de la izquierda no es el déficit de libertad de expresión, sino su exceso. A la postre, si aspiras a controlar la opinión pública, has de controlar los flujos de información: y la política de manos libres que plantea Musk para Twitter dificulta que pueda centralizarse el control de la información.
Por eso, por cierto, los gobiernos de la Unión Europea y de EE.UU. también se han apresurado a advertir a Musk que no cualquier política de moderación vale para Twitter.
En realidad, Musk siempre ha dicho que los únicos comentarios que serán moderados en Twitter serán los que incumplan la ley. Siendo así, ¿qué temen los burócratas de ambos lados del Atlántico?
Lo que temen, huelga decirlo, es que la moderación no vaya mucho más allá de la ley: es decir, que pierdan la capacidad de controlar informalmente el contenido de las redes sociales.
Juan Ramón Rallo es Director del Instituto Juan de Mariana (España)
Este artículo fue publicado originalmente en La Razón (España) el 28 de abril de 2022.