Por Leonardo Coutinho

Todavía hay quienes tratan la geopolítica como si fuera un mapa de curiosidades: un lugar común para discursos, poco útil para la toma de decisiones. La edición más reciente del VRIC Monitor, producida por el Center for a Secure Free Society, hace lo contrario. En esta edición, llamada “Avoiding War”, el informe une tres puntos que parecían dispersos en el debate público (Groenlandia/Ártico, el Canal de Panamá y el Golfo de América) y muestra que forman un arco estratégico continuo. Quien controla, protege e integra ese arco garantiza no solo la seguridad de Estados Unidos, sino también la estabilidad de todo el Hemisferio Occidental y la estabilidad de la economía y la paz mundial.

Comencemos por el Canal de Panamá. Se trata de una obviedad olvidada. Alrededor del 6% del comercio mundial pasa por allí; para Estados Unidos, casi el 40% del tráfico de contenedores, o 270 mil millones de dólares al año, dependen de esa vía. Cuando el canal se traba, el mundo se queda sin aire. El VRIC Monitor documenta la creciente penetración china en el ecosistema del canal, como puertos en ambos extremos, presencia en la zona franca de Colón e influencia en instancias consultivas. En lenguaje simple: una infraestructura crítica, vital para las cadenas de suministro no solo de Estados Unidos, sino también latinoamericanas, está expuesta a presiones que van más allá de lo comercial.

Desde Panamá hacia el norte se encuentra el Golfo de América, corazón energético y logístico de Estados Unidos. Allí se produce cerca del 14% del petróleo crudo estadounidense y se concentra aproximadamente la mitad de la capacidad de refinación del país. Huracanes recientes mostraron cómo los choques en la región rápidamente se convierten en alzas de combustibles, cuellos de botella en las exportaciones e inflación. Ahora súmese a esto la actuación de rivales estatales y paraestatales que ponen a prueba el perímetro marítimo con inteligencia, guerra jurídica y sabotaje logístico. El VRIC Monitor llama a este riesgo el “dilema del Golfo”: bastaría un bloqueo o una interrupción combinada para exportar inestabilidad a todo el continente, desde el diésel del agronegocio brasileño hasta las corrientes de granos que cruzan el Caribe.

En el extremo norte del arco está Groenlandia y las rutas del Ártico. La “Ruta del Mar del Norte”, impulsada por el deshielo y la coordinación chino-rusa, dejó de ser una hipótesis académica: crece en volumen y en valor estratégico. Para Pekín, es parte del antídoto al “dilema de Malaca”, su talón de Aquiles logístico estratégico, que en parte ha retrasado una acción militar sobre Taiwán. Para Moscú, es un atajo logístico y un teatro de demostración militar. Para las Américas, es un nuevo flanco por donde adversarios pueden evadir las vigilancias tradicionales y proyectar poder en el Atlántico Norte, con reflejos directos sobre comunicaciones, cables, energía y comercio. Ignorar la disputa en el Ártico es dejar abierta la puerta principal del hemisferio.

El mérito del informe no es solo conectar puntos; es mostrar la lógica de la conexión. El arco de seguridad funciona como un sistema: si el Canal de Panamá falla, el costo-país se dispara; si el Golfo es presionado, los combustibles y los alimentos se encarecen; si el Ártico se abre sin contrapesos, los rivales ganan rutas, sensores y posiciones que “aprietan” el resto del arco. Por eso, “America First”, leído correctamente, no significa “América sola”. Cuando Estados Unidos blinda ese arco, estabiliza comercio, energía y flujos que sostienen la vida económica del continente y la paz global.

El debate terminológico en Washington ilustra el trasfondo. La decisión reciente de restablecer “Department of War” como título secundario del Pentágono, al enfatizar disuasión y preparación, no es semántica vacía. Es un mensaje estratégico: la paz se preserva con una postura creíble. Se esté de acuerdo o no con el gesto, lo que importa para las Américas es la consecuencia práctica: recursos, atención y alianzas dirigidas a impedir que el arco sea puesto a prueba por globos de vigilancia, puertos de “uso dual”, proxies y crimen transnacional.

¿Qué significa esto para América Latina? Tres tareas urgentes. Primero, gobernanza: revisar concesiones portuarias e infraestructura sensible, exigir transparencia societaria e incluir cláusulas de seguridad que impidan usos militares o de inteligencia camuflados en operaciones civiles. Segundo, resiliencia: diversificar rutas y capas (marítima, aérea y digital), invertir en redundancia energética y proteger cuellos logísticos con protocolos regionales de respuesta a desastres, ciberataques y sabotaje. Tercero, interoperabilidad: ampliar ejercicios y compartir información con socios democráticos.

La lección del VRIC Monitor es simple y dura: la disputa no es abstracta ni lejana. Ya cruza nuestras rutas, puertos y estanterías. El arco de seguridad no pertenece a un solo país; pertenece a la realidad que sostiene la prosperidad hemisférica. Quien lo desestima como “bravuconada imperial” confunde acción estratégica con propaganda y puede pagar el precio en inflación, desabastecimiento y vulnerabilidad política. Quien lo entiende como un sistema integrado de disuasión y cooperación, ese sí evita la guerra y garantiza la paz y la estabilidad que nos conviene a todos.

Leonardo Coutinho es autor y director ejecutivo del Center for a Secure Free Society (SFS), con sede en Washington, D.C.

Por Leonardo Coutinho

El atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, en Bogotá, representa mucho más que un intento de asesinato. Forma parte de un conjunto de actos violentos que no se aplican solo a Colombia.

Se trata de una señal clara y alarmante de que el crimen organizado no se conforma con solo corromper instituciones. Estas organizaciones no renuncian a ejercer su poder de voto a través del plomo.

La violencia contra los políticos no es aleatoria: es selectiva, estratégica y tiene como objetivo condicionar el sistema político según los intereses de las redes criminales. Utilizan la corrupción, la infiltración, el terrorismo y los asesinatos selectivos. Quien no puede ser cooptado tiene su destino marcado.

El caso de Uribe, que es un precandidato de derecha a la presidencia de Colombia, nos remite inevitablemente al atentado a Jair Bolsonaro en 2018.

Aunque envuelto en controversias sobre la motivación del intento de asesinato, el episodio evidenció la fragilidad de las instituciones ante actos violentos con repercusiones políticas inmediatas. Como mínimo, reveló cuánto la inestabilidad y el miedo pueden ser explotados electoralmente.

Aunque oficialmente el agresor haya actuado solo, hay señales que sugieren una red de protección al criminal, como una defensa pagada por anónimos y una capacidad logística utilizada por el criminal que no coincidía con sus condiciones financieras.

En Brasil, el ejemplo paradigmático de esta articulación entre crimen y política fue protagonizado por el PCC. En 2002 y, sobre todo, en 2006, en plena carrera electoral, la facción organizó olas de ataques que paralizaron São Paulo.

La primera vez, planearon volar la Bolsa de Valores de São Paulo con un coche bomba. Las interceptaciones telefónicas permitieron a los policías no solo frustrar el atentado, sino también comprender los objetivos. El PCC tenía candidatos favoritos y quería interferir sobre todo en las elecciones estatales de ese año.

En 2006, el PCC paralizó São Paulo. A través de cientos de actos de terrorismo, la organización se enfrentó al Estado con el objetivo de minar la confianza en los candidatos del PSDB, José Serra, que disputaba el gobierno de São Paulo, y Geraldo Alckmin, que se presentaba a la presidencia de la República.

Lejos de ser acciones caóticas, se trataba de movimientos racionales, con objetivos políticos: presionar por beneficios carcelarios, probar la capacidad de reacción del Estado y, principalmente, interferir en la percepción del elector sobre la seguridad pública. El voto, en este contexto, se convierte en una respuesta condicionada al miedo.

América Latina: entre crimen y poder político

En Ecuador, la ejecución del candidato Fernando Villavicencio en 2023 fue un acto ejemplar, en su peor sentido. Él se atrevió a denunciar el narcotráfico y su infiltración en el Estado y pagó con su vida. El asesinato no solo silenció su voz crítica, sino que intimidó a otros posibles liderazgos. El poder del voto del crimen es multiplicador.

América Latina vive una convergencia perversa entre crimen, terrorismo y política. El expresidente Álvaro Uribe (que a pesar del apellido común, no tiene relación de parentesco) sobrevivió a casi cuatro decenas de intentos de asesinato perpetrados por narcotraficantes o guerrilleros.

En México, donde los cárteles controlan porciones enteras del país, las elecciones se han convertido en una temporada de caza de candidatos. Solo en 2021, al menos 34 fueron asesinados. El Salvador, Guatemala y Honduras están marcados por la infiltración de pandillas en las estructuras políticas locales, ya sea por cooptación o por eliminación física de adversarios.

Geopolíticamente, la situación es aún más delicada. El fortalecimiento de grupos criminales transnacionales –como el propio PCC y los cárteles mexicanos– los ha conectado con organizaciones terroristas, como Hezbolá, y mafias de Europa, África y Asia. Estas organizaciones se complementan ofreciéndose mutuamente las piezas que faltan para el funcionamiento más eficiente de sus empresas criminales.

Cuanto más frágil es la gobernanza, más fácilmente el crimen llena el vacío institucional, ofreciendo «protección» y servicios básicos, y luego exigiendo fidelidad política.

La frontera entre criminalidad, insurgencia y control de las instituciones del Estado desaparece.

El punto central es que el crimen organizado ya no actúa solo en los márgenes del sistema político. Lo habita, lo influencia y, a veces, lo determina. Cuando elige silenciar candidatos con disparos o cooptar partidos con dinero sucio, está votando y, muchas veces, decidiendo con más eficacia que el ciudadano común. El «voto del crimen» es más pesado que el de cualquier ciudadano.

Ignorar este fenómeno es abrir espacio para que se normalice. Es urgente que las democracias, sobre todo las más jóvenes y vulnerables, construyan mecanismos eficaces de protección a candidatos, blindaje institucional contra la corrupción y, sobre todo, garanticen que el proceso electoral sea expresión de la voluntad popular, no del terror o del soborno.

El atentado contra Miguel Uribe no es un punto fuera de la curva. Es parte de un patrón ascendente que desafía los límites de la democracia e impone una pregunta incómoda: ¿quién, al final, está eligiendo a nuestros líderes en América Latina? ¿La voluntad del elector o, cada vez más, la de los criminales?

Leonardo Coutinho escribe semanalmente, desde Washington, D.C

Por Leonardo Coutinho

¿Quién no ha oído alguna vez que Estados Unidos es el sheriff del mundo? Hoy, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva recurrió a la idea de criticar a su homólogo estadounidense. Desde Japón, donde realizó un viaje con su esposa y comitiva, Lula dice que Donald Trump no es el sheriff del mundo.

Lo que Lula no entendió fue que Trump no quería ser sheriff de nada. De hecho, al reducir su administración, Estados Unidos está abdicando de ese papel.

Durante décadas, Estados Unidos ha luchado por intervenir en conflictos internacionales, promover la democracia y mantener una presencia militar significativa en varias regiones.

Esta postura, basada en la creencia de que la seguridad y los valores estadounidenses se fortalecerían con un orden mundial estable alineado con sus intereses, caracterizó la política exterior estadounidense en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, bajo la administración de Donald Trump, ha habido un cambio en este enfoque. La política exterior estadounidense comienza a reflejar los principios del realismo en las relaciones internacionales, una teoría que enfatiza la anarquía del sistema internacional y busca incesantemente el poder como medio para garantizar la supervivencia de los Estados a través de la búsqueda de intereses nacionales primarios.

Tal vez nada resuma mejor esta perspectiva realista que una publicación en la Plataforma X hecha por el Embajador Christopher Landau, el mismo día en que asumió el cargo de Secretario de Estado Adjunto. En las últimas décadas, la comunidad de política exterior estadounidense parece haber olvidado estas cinco simples palabras. No todo lo que sucede en cualquier parte del mundo es asunto nuestro, y una diplomacia eficaz implica definir claramente qué es asunto nuestro y qué no. La ausencia de restricciones es el enemigo de la diplomacia.

Esta declaración fue acompañada de una imagen con la frase “No es asunto nuestro”, para resaltar un cambio significativo en la postura estadounidense, indicando una preferencia por no intervenir en asuntos que no afecten directamente sus intereses nacionales.

Landau no es el primero en decir esto. En febero, Richard Grenell –quien fue enviado por Donald Trump a negociaciones espinosas a raíz de la liberación de rehenes estadounidenses en Venezuela– dijo que el presidente estadounidense no busca cambiar regímenes en ninguna parte del mundo, citando a Nicolás Maduro como ejemplo. Una ducha fría para muchos que esperaban que Trump usara la fuerza para derrocar a Maduro y su pandilla.

En Washington, el sentimiento general es que, según Trump, la política exterior estadounidense buscará orientarse hacia el mundo que tememos en lugar del que idealizamos.

Por lo tanto, lo que se puede esperar es que, a pesar del hiperrealismo de Trump, Estados Unidos deba priorizar su propia seguridad e intereses, de modo que la moral y las ideas universales pasen a ser secundarias frente a las necesidades pragmáticas de supervivencia y fortalecimiento del Estado. En resumen, ese es el significado de “American First”.

Lo más inusual es que las mismas personas que siempre se han quejado de que Estados Unidos actúa como el sheriff del mundo ahora se quejan de que el país abdica de ese papel.

La administración Trump renunciará a los compromisos multilaterales y al intervencionismo, centrándose exclusivamente en acciones que brinden beneficios tangibles e inmediatos a Estados Unidos.

Ejemplos de ello son la retirada de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la renegociación de tratados comerciales considerados desfavorables, el fin de USAID, el cierre de la Voz de América y la retirada de la Organización Mundial de la Salud.

En su más reciente declaración, el secretario de Estado de Estados Unidos destacó que el país no va a verter miles de millones de dólares en el mundo. “Estados Unidos brindará asistencia exterior de una manera que esté estratégicamente alineada con nuestras prioridades de política exterior y las prioridades de nuestros países anfitriones”.

Este cambio de postura plantea preguntas sobre sus implicaciones para el orden mundial. Al renunciar al papel de “sheriff mundial” y a algunos de los importantes instrumentos de poder blando de Estados Unidos, deja un vacío de poder que será llenado por otras potencias, alterando los equilibrios geopolíticos y potencialmente aumentando la inestabilidad en regiones anteriormente afectadas por la influencia estadounidense.

China no perderá esta oportunidad.

Este articulo se publicó originalmente en Gazeta do Povo el 27 de marzo de 2025. Traducción del portugués por Google Translate

Por Leonardo Coutinho

El dictador venezolano Nicolás Maduro ha organizado otra ceremonia de investidura para hacer parecer que Venezuela vive bajo una normalidad democrática. La ceremonia, que marcará el inicio de su tercer mandato ilegítimo, es un acto complementario al circo que realizó el pasado mes de junio, cuando llamó al pueblo a votar en un simulacro de elección.

Casi todo el mundo ya ha entendido que Maduro fingió una victoria electoral para mantenerse en el poder. Pero, mirando hacia atrás, no hizo nada diferente de lo que él y su pandilla venían haciendo.

En 2012, ya moribundo, Hugo Chávez fue elegido en unas elecciones con resultados sospechosos, con Maduro como su vicepresidente. Después de eso, Chávez desapareció. Estuvo hospitalizado en Cuba, donde falleció a consecuencia de un cáncer, sin haber asumido jamás efectivamente el cargo.

Aunque los chavistas aparecieron con un mandato firmado, nadie ha visto siquiera una fotografía del acto que habría confirmado a Chávez como presidente. Hay serios indicios de que todo estaba preparado para evitar nuevas elecciones.

Con la muerte de Chávez, Maduro asumió el poder de manera interina y organizó unas “elecciones” para justificar su presencia en el poder. Llena de denuncias de fraude y abuso, comenzó a ser cuestionada por la gente que salió a las calles.

Maduro y sus milicias aplastaron a los manifestantes en una ola de violencia sin precedentes en ese país.

En 2019, Maduro fue reinstalado en el poder luego de otra elección aún más polémica, en la que incluso la empresa que suministró las máquinas de votación electrónica denunció inconsistencias entre los resultados y los presentados por el régimen.

Maduro siempre ha utilizado elecciones simuladas para darle una apariencia democrática a su régimen, al tiempo que no sólo manipula los resultados, sino que también persigue, detiene e incluso asesina a sus opositores.

Ahora está de vuelta, haciendo lo que siempre ha hecho, y aún así mucha gente parece sorprendida.

El pueblo venezolano se prepara para salir nuevamente a las calles para exigir el regreso de la democracia.

A Maduro le importa un carajo. Llama a todos estafadores y promete enviar a la cárcel a cualquiera que insista en la “estafa”

En 2017, por ejemplo, cuando la crisis estaba en su apogeo, cientos de personas fueron arrestadas y asesinadas. Maduro no sólo reprimió sino que utilizó el argumento del golpe para endurecer el régimen.

Durante meses, se registraron protestas diarias en cientos de localidades de todo el país. ¿Pero qué pasó? Los descontentos fueron masacrados por los grupos armados del chavismo. Ya sea a través de las fuerzas oficiales o a través de los paramilitares y grupos del crimen organizado que reciben y apoyan al régimen.

Hay mucha expectativa por el fin del régimen. Muchos lo comparan con la caída repentina de Bashar al-Assad en Siria. Otros apuestan a que el estadounidense Donald Trump expulsará al dictador venezolano.

He escrito antes en este espacio que no hay una solución fácil para Venezuela. No basta con derrocar a Maduro. Con él tendrá que irse todo un régimen que tiene pilares en el crimen transnacional organizado y el apoyo de países que no están dispuestos a renunciar a sus poderes locales.

China, Rusia e Irán han construido en Venezuela una base avanzada para sus intereses en Occidente. Algo que, por ejemplo, Cuba nunca fue.

El régimen socialista de Castro sirvió de inspiración y propaganda. Pero nunca tuvo la magnitud de la Venezuela de Chávez y Maduro. El régimen incrementó el desorden regional a niveles nunca antes alcanzados, ni siquiera por guerrillas financiadas por la ex Unión Soviética y alentadas por los cubanos.

Desde Pekín y Moscú, los autócratas en jefe mueven los hilos del régimen venezolano, que ha impulsado a los cárteles de la droga en México, convertido a Centroamérica en un infierno de violencia y ampliado la capacidad de traficar cocaína a Europa y África. Además, socavaron la confianza en la democracia y desafiaron con éxito el liderazgo regional de Estados Unidos.

Nicolás Maduro no ganó ninguna elección. Me atrevo a decir que en realidad nunca ha ganado ninguna. Pero no le importó. Maduro siempre ha ganado y sigue ganando porque su juego es diferente. Sigue reglas que otros están obligados a seguir y siempre puede ignorarlas o cambiarlas.

Espero que un día Venezuela vuelva a manos de los venezolanos. Algún día.

Leonardo Coutinho es experto en amenazas transnacionales e investigaciones sobre corrupción, narcotráfico y la convergencia de la delincuencia transnacional y el terror. Coutinho es autor del libro Hugo Chávez, o colapso da Venezuela

Este artículo fue publicado originalmente en Gazeta do Povo el 9 de enero de 2025

Por Leonardo Coutinho

Esta semana, Brasil (léase gobierno de Lula) se abstuvo en una votación sobre los crímenes de guerra cometidos por Rusia desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Entre los puntos estaba la obligación del régimen de Vladimir Putin de devolver a cientos de niños ucranianos secuestrados y enviados a Rusia será reeducada.

La diplomacia lulista se abstuvo en una votación que incluía entre sus miembros la exigencia de que los niños fueran devueltos a sus padres o familiares cercanos. Una posición de falsa neutralidad que colocó al país en el lado de las peores cosas del mundo.
Según la moral de la diplomacia lulopetista, la devolución de niños que fueron separados por la fuerza de sus padres y expatriados no parece ser algo digno de reparación.

Las abstenciones generalmente se justifican como una posición de neutralidad. En algunos casos son útiles para proteger las condiciones de un mediador sobre ese tema en discusión. Pero este no es el caso en Brasil.

El gobierno de Lula se ha alistado en las filas de Putin . Por lo tanto, al abstenerse, su diplomacia se esconde detrás de la “neutralidad” para ayudar a los rusos –y a cualquier otro régimen en camaradería con el lulopetismo.

A finales de noviembre, Brasil también se abstuvo en una votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas que condenó al régimen iraní por su represión sistemática contra mujeres, minorías y manifestantes.

Parece que según la moral de la diplomacia lulopetista, devolver a niños que fueron arrebatados por la fuerza a sus padres y expatriados no parece ser algo digno de reparación.

En octubre, Brasil repitió la estrategia en una votación sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se trataba de una solicitud para renovar el mandato de una misión para investigar violaciones de derechos humanos en ese país. A través del silencio, Brasil se posicionó junto a Maduro , tal vez tratando de ahorrar el mínimo diálogo con el régimen que, al menos en público, le dio un pedazo de pastel a Lula y su canciller de facto, Celso Amorim.

Meses antes, en julio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sometió a votación una resolución para exigir transparencia al gobierno venezolano respecto de los resultados del simulacro electoral que celebró Nicolás Maduro para permanecer en el poder. Acostumbrado a cambiar los resultados, el dictador venezolano se vio atrapado por la estrategia de la oposición, que tuvo la astucia de recopilar las actas electorales y realizar una investigación paralela. Estrategia que resultó en pruebas indiscutibles de fraude por parte del régimen de Maduro.

Pero Brasil también se abstuvo junto con otros diez países. ¿Sabes lo que pasó? Rechazado documento que presionaría a Nicolás Maduro. Por sólo un voto, Maduro se salvó del bochorno. Un voto.

El pozo no tiene fondo. En abril, el gobierno brasileño se abstuvo de votar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y dejó de apoyar una solicitud para extender el período de trabajo de la comisión de investigación sobre crímenes de guerra en Ucrania. Cuando se creó esta misma comisión en marzo de 2022, Brasil votó a favor de su creación. Era otro gobierno.

Dos años más tarde, cuando Lula ya tomaba las decisiones, Brasil recurrió a la abstención. Después de todo, ¿por qué ofender al camarada Putin?

Ese mismo mes, la delegación brasileña tomó otra decisión deshonrosa. Prefirió abstenerse en una votación sobre la creación de una misión internacional para investigar las violaciones de derechos humanos en la represión de Irán contra las manifestaciones por los derechos de las mujeres.

Considerando el carácter que encarnan en el escenario interno el PT, el gobierno y el propio presidente, las posiciones de Brasil bajo la diplomacia lulopetista parecen contradictorias. Pero una mirada más cercana revela que este no es el caso. Todo está en su sitio, según la forma de ser del partido.

La combinación de ideología, aversión a las democracias occidentales (especialmente el antiamericanismo), idolatría a las dictaduras de izquierda, orfandad de la Unión Soviética y amoralidad ayudan a comprender que quienes abordan el mismo tema de diferentes maneras no ven ningún problema. al hacerlo si esto contribuye al mismo objetivo de poder.

Lula es, con diferencia, el presidente que más sueña con conseguirle a Brasil un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Se le metió en la cabeza que Brasil es tan, tan relevante, que no tiene sentido no tener ese lugar destacado en la definición de los destinos del mundo.

Con poder de veto, Brasil podría bloquear movimientos erróneos de la ONU y Estados Unidos, en particular. El abstencionismo de la diplomacia lulista muestra al mundo lo contrario. Muestra un país errático, que cambia de rumbo de gobierno en gobierno. Bajo Lula, un felpudo de bandidos. Un país que vota -o deja de votar- para paliar las peores cosas del mundo.

Feliz navidad.

Por Leonardo Coutinho

Seis opositores venezolanos viven bajo confinamiento forzado en la Embajada Argentina en Caracas. Estos disidentes, que conocen muy bien el peso brutal del régimen de Nicolás Maduro, están cada vez más olvidados en el limbo diplomático en un país donde la Justicia y otras instituciones del Estado han fracasado. El día 20 cumplieron siete meses como expatriados en su propia patria.

Son miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado y fueron atacados por el régimen de Maduro acusados ??de terrorismo, acciones violentas y desestabilización del país. “Crímenes” que repetidamente se atribuyen a opositores en Venezuela. Una receta típica para que cualquier régimen híbrido o dictatorial enjaule a sus críticos.

A pesar de estar en Venezuela, legal y formalmente no están allí. Hasta agosto estuvieron meses bajo la protección de Argentina, como si estuvieran allí. Desde agosto se encuentran bajo la protección de Brasil, que tomó la custodia de la embajada argentina.

Pero Maduro, a quien no le importan normas ni leyes, nunca les otorgó salvoconducto para salir del país. ¿Y por qué es eso? Más que una prisión velada, es un cautiverio.

Al secuestrar a seis personas muy queridas por su principal oponente dentro de Venezuela, Maduro impuso una mordaza a la oposición.

Puede parecer absurdo pensar que la dictadura venezolana apuntaría a seis de los asistentes de Machado para amenazar a sus oponentes, sabiendo que cada día ha enviado a prisión a personas inocentes, sometidas a torturas y una serie de otros abusos. Pero el régimen vio como un punto crítico a estas personas, que forman parte del núcleo político de María Corina Machado.

Son muchas las señales que ha enviado Maduro. Desde el inicio del asilo en marzo, la embajada argentina ha estado bajo asedio policial, el suministro eléctrico ha sido cortado varias veces y el régimen parecía dispuesto a romper los tratados internacionales e invadir la representación para arrestar a los “terroristas”.

En los primeros meses que los disidentes estuvieron bajo la custodia de los argentinos, los brutos que el régimen eligió para hostigar y atemorizar a sus rehenes. Luego de que el embajador argentino fue expulsado y la custodia de la representación pasó a Brasil, nada cambió.

Maduro incluso revocó el permiso, impuso una regla de silencio y siguió intimidando. De vez en cuando simula invasiones y mantiene el edificio a oscuras. El gobierno brasileño se vio arrastrado al epicentro de una delicada ecuación, donde la diplomacia y los intereses políticos internos y regionales chocan con la supervivencia física y política de estos solicitantes de asilo.

Esta situación se volvió aún más inestable cuando Maduro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva comenzaron a escenificar desacuerdos. Debido a las presiones internas y externas que pesan sobre su gobierno por su historia de tolerancia hacia la dictadura de Maduro, Lula ha aceptado cada vez más la transición del papel de moderador al de crítico de Maduro.

Personas familiarizadas con el tema dicen que en realidad Maduro y Lula no tienen la misma relación fraternal que el brasileño tenía con Chávez o con otros autócratas. Pero, a pesar de ser más frío, nunca dejó de ser una buena relación. Por tanto, los voltajes pueden tener un doble uso. Ahorrarle a Lula el estrés de lidiar con Venezuela y al mismo tiempo evitarle a Maduro tener que dar un paso atrás para ayudar a Lula.

Si esto es correcto, Maduro podría dar marcha atrás en el otorgamiento de autorizaciones de tutela brasileña sobre la embajada argentina y esto resultaría en una situación crítica para los solicitantes de asilo allí. Una medida que eximiría a Brasil de toda responsabilidad.

La pregunta, sin embargo, ya no sería si Maduro cambiaría la situación, sino cuándo. Las tensiones en Caracas han aumentado y la imprevisibilidad del régimen es un factor constante de inestabilidad. Si bien hasta la fecha Maduro ha respetado los límites de la inmunidad diplomática, no hay garantías de que esta postura se mantenga indefinidamente. En un escenario de escalada de conflictos internos, o en un momento de necesidad de reafirmar el poder, Maduro bien podría decidir romper con las convenciones internacionales e invadir la embajada. Él puede hacer cualquier cosa.

Las cosas empeoran cuando a Brasil se le otorga el veto sobre el ingreso de Venezuela a los BRICS. Al mismo tiempo, Lula necesita separarse de Maduro para aliviar la presión interna. Maduro necesita tomarse un respiro de Lula para estirar la pata en varios aspectos que aumentarán el grado de represión de su régimen. Un incumplimiento de la Embajada Argentina no estaría fuera de discusión. Por favor Dios, estoy equivocado. Dios quiera que el gobierno Lula no colabore con esto.

Lula puede revertir la situación con una simple llamada telefónica. Todos los que puede y ya podrían haber puesto fin a la crisis de asilo. ¿No sería momento de hacerlo ahora?

Este artículo se publicó originalmente en Gazeta do Povo el 24 de octubre de 2024.

Por Leonardo Coutinho

El ex presidente boliviano y líder cocalero Evo Morales es una estrella bolivariana. Morales también es blanco de recurrentes acusaciones de delitos de pederastia, corrupción de menores e incluso violación. Cuando Morales fue presidente siempre logró esquivar. Pero la vida no es fácil para él. Siguen surgiendo historias de menores que fueron mantenidos -en lo que parece ser una especie de harén- alrededor del entonces presidente. Las investigaciones señalan que el expresidente de Bolivia embarazó al menos a una adolescente , entonces de quince años.

Evo Morales dice ser víctima de persecución política. Lawfare , como le gusta decir a la pandilla. Pobre chico …
El líder cocalero, como buen bolivariano, no podría dejar de decir que las investigaciones y juicios en su contra son prueba de que su sucesor (y ex aliado) Luis Arce es un servidor de la Casa Blanca.

Morales dejó el poder en 2019 en un autogolpe después de verse envuelto en un intento de fraude electoral. Antes de eso, el cocalero gobernó Bolivia para transformar al Estado en una especie de extensión de su organización.

Pasó trece años en el poder haciendo lo que quiso. Las acusaciones de pedofilia eran recurrentes, pero no iban a ninguna parte. Quien se atrevía a molestarse sentía el peso de la venganza del Estado. En el caso de Bolivia, un Estado criminalizado.

La fotografía que ilustra esta columna muestra a Evo Morales abrazando al dictador Nicolás Maduro. El venezolano está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad y buscado por Estados Unidos por tráfico de cocaína .

El régimen de Maduro es asesino. Tiene en su historial cientos de muertes de opositores, detenciones políticas, torturas y miles de víctimas heridas en la represión.

En 2022, Naciones Unidas informó que una misión enviada a Venezuela documentó 77 casos de víctimas que sufrieron torturas, abusos sexuales y tratos “inhumanos”, “crueles” y “degradantes”, como lo describieron literalmente los inspectores.

Nicolás Maduro no es el único “facilitador de la trata”, por así decirlo, que posa en la misma foto. Junto a él está Raúl Castro, el gerontócrata que, en el momento de la fotografía, era el dictador de Cuba. En la década de 1980, Raúl y su hermano Fidel Castro convirtieron a Cuba en un gigantesco almacén de cocaína colombiana.

Bajo la excusa de utilizar el narcotráfico como arma contra Estados Unidos, Fidel y Raúl Castro se involucraron fuertemente en el tráfico de cocaína , fundando el primer NarcoEstado en América Latina. Narcoestado, es como defino la etapa final de la destrucción institucional de un país por la criminalidad. Se trata de una etapa terminal que va más allá del concepto clásico de narcoestado.

Si bien los intereses de los criminales penetran e influyen en los narcoestados, los narcoestados son los propios operadores del crimen.

Llevan a cabo la trata utilizando el aparato estatal. Además, utilizan la infraestructura, las fuerzas armadas y el poder público para justificar, promover y facilitar acciones criminales que se convierten, en gran medida, en políticas de Estado.

De hecho, fueron los hermanos Castro quienes introdujeron a Hugo Chávez en el mundo del tráfico de cocaína con el pretexto de una acción revolucionaria. Padrino del dictador venezolano que murió en 2013, los cubanos también son los patrocinadores del Cartel de los Soles , la organización criminal encabezada por el liderazgo chavista y los comandantes militares.

Un poco más a la izquierda, entre el presidente Lula y la ex presidenta Dilma, está el dictador Daniel Ortega. Además de ser un violador de derechos humanos y dueño de una lista de delitos que incluyen torturas y desapariciones de opositores, Ortega también tiene en su historial “tráfico revolucionario”.

El dictador nicaragüense es acusado de ofrecer refugio e infraestructura para operaciones de tráfico hacia México y Estados Unidos. Además, también está metido hasta el cuello en mafias que se dedican a la trata de personas.

Allí al fondo están Miguel Díaz-Canel, actual líder del régimen cubano; Delcy Rodríguez, vicedictadora de Venezuela; y Bruno Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. En su núcleo se encuentran los cupinchas, los xerimbabos y los adoradores de la dictadura.

El presidente Lula y la ex presidenta Dilma estuvieron en el centro del mayor esquema de corrupción de la historia reciente. Los crímenes expuestos por las investigaciones Lava-Jato fueron reconocidos por muchos y probados consistentemente de varias maneras.

Pero todo se perdió en los entresijos de los fallos procesales que la filtración de Telegram sirvió para justificar.

Condenas anuladas, sentencias prescritas y la impunidad sistémica sirvieron de argumento para crear la tesis de la inocencia e incluso la negación de los hechos delictivos en sí mismos. Todo fue un espejismo. Con eso, todos vieron a las víctimas. De hecho, siempre es así.

Al final, ellos siempre son las víctimas.