En reciente texto publicado por El Nacional, William Anseume argumenta la necesidad de resarcir el daño laboral en Venezuela de acuerdo a una amplia y necesaria perspectiva social que ha de explicarse en el contexto de las condiciones que hagan propicia una transición democrática. Por ello, va más allá de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), circunscrita a las consecuencias derivadas de los accidentes y enfermedades ocupacionales.

Recordemos, más de veinte mil empleados de la industria petrolera venezolana fueron despedidos por orden pública, expresa y espectacularizada de Hugo Chávez en 2002. La nefasta y desproporcionada medida produjo un daño irreparable a la nación (explicando la grave situación actual de PDVSA), a los empleados (lesionando la carrera profesional en distintas áreas del negocio), y al mercado laboral (agigantando el clientelismo en detrimento de la leal competencia). Luego, hubo un severo daño que no tuvo que ver con la exposición a agentes químicos altamente nocivos, explosiones sorpresivas, u otro de los aspectos similares atendidos por la citada ley, sino con el derecho constitucional, laboral y la normativa internacional correspondiente.

El regreso automático de todos los antiguos trabajadores sobrevivientes de PDVSA, no parece fácil de cambiar la situación y hasta lucirá contraproducente en detrimento de aquellos que pueden garantizar una mínima continuidad, formados técnica y profesionalmente por estos años, genuinamente comprometidos con la empresa, claro está, en contraste con las legiones que la partidizaron criminalmente. Sin embargo, es justo reconocer que aquellos, los veinte mil trabajadores despedidos tan injustamente, sufrieron un importante daño patrimonial (prestaciones sociales, despido injustificado, salarios caídos), moral (públicamente estigmatizados, pérdida de oportunidades laborales, desprestigio profesional), y colectivo (violación de la estabilidad laboral y del principio de progresividad de los derechos laborales), acarreando la responsabilidad del Estado.

Los ingresos extraordinarios del petróleo podrían invertirse en un programa de reparación patrimonial directa, social (créditos, salud, vivienda), productiva (actualización profesional, participación empresarial, títulos valores) y simbólica (pública reivindicación ciudadana y profesional). A modo de ilustración, reactivación de las cajas de ahorro, créditos hipotecarios, recuperación del capital humano calificado, pago indexado de prestaciones, compensación fiscal, recuperación de la industria de seguros, etc.

Ideas surgidas de un interesante intercambio de opiniones que tiene como escenario frecuente la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), puede superar algunos aspectos técnicos importantes, como la prescripción de las acciones laborales, si efectivamente las hubiere, porque hay razones para alegar la interrupción por violación continua de los derechos humanos, por ejemplo.

Desde principios del presente siglo, la lucha la trabaron las tecnocracias militar y petrolera, con el saldo conocido, y, ahora, inevitable sucesión, la está perdiendo la clase media ilustrada con el lumpemproletariado. Al respecto, la universidad ha sido el mejor escenario de un conflicto que ya se expresa tímidamente en las urbanizaciones de mayor tradición, aunque de un siempre equívoco abolengo.

Durante más de veinte años, pacientemente, el régimen ensayó y logró la domesticación de todas las casas de estudios al dejarlas a la intemperie: el deterioro, la delincuencia y la pobreza, estimulando la deserción masiva. A nuestro juicio, una nueva etapa se anuncia con el discreto zarpazo que da a las universidades privadas, advertido que factores dizque de oposición aspiran a celebrar las elecciones internas en las públicas de común acuerdo con la usurpación, aunque esta no tiene necesidad de convocarlas porque ya controla definitivamente las aulas, violando la Constitución, y solo permitiría los comicios si son económicamente rentables; esto es, implicando a los contratistas del ramo, como ha ocurrido con los consabidos contratistas de la remodelación indiscriminada.

En la era petrolera, la universidad fue la de las movilidades sociales, auspiciando en lo posible el limpio y constante ascenso de amplios sectores; y, en la pospetrolera, es absolutamente prescindible para el Estado criminal que ofrece otras fórmulas obscuras para el irregular desplazamiento de aquellas minorías que logran sintonizarlo, enriqueciéndose. El régimen socialista ha encarecido y mucho, la educación, sobrando los comentarios en torno al destino de los estudios superiores en este lado del mundo.

Y en la era de la anomia generalizada, ¿para qué el uso de la razón? De modo que la búsqueda de la verdad, la riqueza espiritual y el conocimiento estratégico, constituyen una necedad, pues, al fin y al cabo, el alquiler devengado de las llamadas zonas económicas especiales, bastará para sostener a las camarillas del poder.

Nada extraña las diligencias estudiantiles y profesorales de las que se saben en la llamada Asamblea Nacional de 2020 y la comisión que dice estudiar el proyecto de ley de universidades, pieza innecesaria habida cuenta del impuesto IV Convenio Colectivo. Diligentes opositores que, no más ayer, se daban codazos por hablar en el parlamento de 2015, esperan firmar la capitulación, ideando un salvoconducto, pero contribuyendo a desindustrializar el conocimiento en la Venezuela ya suficientemente golpeada en términos de la geopolítica del saber.