Desde principios del presente siglo, la lucha la trabaron las tecnocracias militar y petrolera, con el saldo conocido, y, ahora, inevitable sucesión, la está perdiendo la clase media ilustrada con el lumpemproletariado. Al respecto, la universidad ha sido el mejor escenario de un conflicto que ya se expresa tímidamente en las urbanizaciones de mayor tradición, aunque de un siempre equívoco abolengo.

Durante más de veinte años, pacientemente, el régimen ensayó y logró la domesticación de todas las casas de estudios al dejarlas a la intemperie: el deterioro, la delincuencia y la pobreza, estimulando la deserción masiva. A nuestro juicio, una nueva etapa se anuncia con el discreto zarpazo que da a las universidades privadas, advertido que factores dizque de oposición aspiran a celebrar las elecciones internas en las públicas de común acuerdo con la usurpación, aunque esta no tiene necesidad de convocarlas porque ya controla definitivamente las aulas, violando la Constitución, y solo permitiría los comicios si son económicamente rentables; esto es, implicando a los contratistas del ramo, como ha ocurrido con los consabidos contratistas de la remodelación indiscriminada.

En la era petrolera, la universidad fue la de las movilidades sociales, auspiciando en lo posible el limpio y constante ascenso de amplios sectores; y, en la pospetrolera, es absolutamente prescindible para el Estado criminal que ofrece otras fórmulas obscuras para el irregular desplazamiento de aquellas minorías que logran sintonizarlo, enriqueciéndose. El régimen socialista ha encarecido y mucho, la educación, sobrando los comentarios en torno al destino de los estudios superiores en este lado del mundo.

Y en la era de la anomia generalizada, ¿para qué el uso de la razón? De modo que la búsqueda de la verdad, la riqueza espiritual y el conocimiento estratégico, constituyen una necedad, pues, al fin y al cabo, el alquiler devengado de las llamadas zonas económicas especiales, bastará para sostener a las camarillas del poder.

Nada extraña las diligencias estudiantiles y profesorales de las que se saben en la llamada Asamblea Nacional de 2020 y la comisión que dice estudiar el proyecto de ley de universidades, pieza innecesaria habida cuenta del impuesto IV Convenio Colectivo. Diligentes opositores que, no más ayer, se daban codazos por hablar en el parlamento de 2015, esperan firmar la capitulación, ideando un salvoconducto, pero contribuyendo a desindustrializar el conocimiento en la Venezuela ya suficientemente golpeada en términos de la geopolítica del saber.