La economía venezolana se enanizó. Las familias se empobrecieron desapareciendo la clase media, depauperándose los profesionales.

Nuestros empleados públicos son los peores pagados del mundo;  jubilados y pensionados perciben miserias.

Expertos afirman que la caída es la mayor de cualquier país en tiempo alguno: el PIB de Venezuela se ha derrumbado en un 80 % en los últimos siete años mientras que en Siria, tras once años de una sangrienta confrontación civil, bordea el 20 %. Décadas atrás, finalizada la segunda guerra mundial, la contracción de PIB de la derrotada Alemania fue de 12 %.

Una tormenta perfecta barrió los cimientos de la nación: el desastre es el resultado de la suma del empeño de implantar el llamado “Socialismo del siglo XXI” y las sanciones económicas unilaterales extranjeras. Dos extremos ensartados en una lucha insensata por el poder han arruinado al que puede ser y será el mejor país del mundo.

Las elecciones presidenciales ofrecen una oportunidad única para terminar pacíficamente con esta pesadilla, que ya dura veinticinco años, y forjar un mañana diferente.

Un gobierno de unidad nacional dictando desde el primer día las medidas necesarias para relanzar la economía con inclusión social garantizará que en poco comience a mejorar la calidad de vida de todos.

El “Milagro Económico” será una realidad.

La clave está en el aumento inmediato de los ingresos de los venezolanos que incrementará su capacidad de compra, ocasionando un salto en la demanda que motivará a empresarios y emprendedores a multiplicar la oferta posible con un mayor uso de la capacidad instalada que hoy apenas bordea el 32 % y mejorando la productividad, expandiéndose el sector privado generador de empleos de calidad.

El aumento inmediato de los ingresos será posible al priorizar en el gasto público lo destinado a sueldos , salarios, jubilaciones y pensiones de cerca de once millones de connacionales en las nóminas de la administración pública y ajustando el salario mínimo a no menos del equivalente de trescientos dólares americanos, para lo que se destinarán los cuantiosos recursos retenidos en el extranjero sólo a este fin.

Con un nuevo gobierno, nacido de una incuestionable voluntad popular, y la derrota de los extremos, deberían levantarse prontamente las sanciones económicas unilaterales extranjeras, lo que junto a la apertura de la economía y garantías plenas facilitará la inversión privada nacional y extranjera especialmente en la industria petrolera, gerenciada eficiente y transparentemente. En alianzas con gigantes del sector, en meses alcanzaremos un millón y medio de barriles diarios de producción, en tres años se duplicará hasta tres millones y al término del sexenio alcanzaremos los cinco millones de barriles diarios con lo que la república contará con los recursos suficientes para garantizar educación, salud, servicios públicos, con iguales estándares de los países más desarrollados del planeta.

El 28 de Julio tenemos una cita con la historia: vamos a protagonizarla todos.

Por Luis Eduardo Martínez

Los más renombrados exponentes del género literario conocido como “realismo mágico” son hijos de las Américas. Durante las décadas de 1920 y 1930, los maestros Arturo Uslar Pietri, Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias utilizaron sus dotes con la pluma y el papel para incorporar en sus obras la superposición de experiencias de vida de grupos marginales con aquellas experiencias de vida dentro del margen de la sociedad formal.

El “realismo mágico” de Las lanzas coloradas o Leyendas de Guatemala, entre otras obras que informaron la consolidación del género, incorporan lo siguiente: elementos mágicos percibidos como normales por los personajes, con un narrador que percibe el valor y la intención de los elementos mágicos y, sin definirlos, simplemente asume una intuición compartida con el lector; y la valoración de lo sensorial en los elementos de lo que define la realidad, realidad que contiene elementos fantásticos que no son cuestionados sino aceptados, e incluso la historia percibida de las sociedades contiene elementos objetivamente irreales, pero que forman parte de la narrativa predominante. El realismo mágico como género literario no solo emanó de Latinoamérica (Latam) sino que también definió los parámetros que unen la realidad compartida de nuestras naciones.

La democracia en Latam está bajo el asedio de la violencia criminal, los carteles económicos y el adoctrinamiento ideológico de oclócratas (los promotores de la oclocracia, el gobierno de la muchedumbre), solo hace falta leer los titulares de la región a diario para experimentar cómo lo absurdo y atroz se digiere cotidianamente con total tranquilidad. Latam se encuentra en el vértice de un nuevo boom de mercaderías (commodities) y al centro de la disputa geopolítica del próximo siglo y nuestros gobiernos, populistas todos, no tienen la capacidad de producir una estrategia nacional y menos regional para no volver a caer en otra “década perdida”.

El ultrarrelativismo posliberal del socialismo del siglo XXI no produjo mayores ganancias materiales ni en materia de derechos de las personas. Es necesario redescubrir la virtud del realismo/determinismo radical y de identificar los nuevos enemigos de un orden mundial en libertad.

El terror

En 2021, Guillermo Lasso tomó posesión como presidente de Ecuador. En dos años el país se convirtió en el mayor exportador de drogas de América del Sur, pasó de 7 homicidios por cada 100.000 habitantes a 26 (se proyectan más de 7.000 asesinatos en 2023, 90% vinculado al narcotráfico), el presidente fue enjuiciado dos veces, las cárceles de Ecuador tienen más de 32.000 reos, pero solo 3.000 han visto un tribunal, en dos años 400 reos han muerto en reyertas entre bandas criminales en el país, disolvieron el parlamento y llamaron a elecciones adelantadas, 3 candidatos (uno presidencial, uno parlamentario y uno a alcalde) fueron asesinados por elementos narcocriminales, entre muchos otros sucesos terriblemente fantásticos que plagan la “nueva normalidad” ecuatoriana.

Y así mismo veremos con completa tranquilidad cómo los ecuatorianos, con el terror ya parte del desayuno nacional, irán a votar en las urnas por candidatos que tuvieron solo un mes para inventar un plan de gobierno y otro para presuntamente exponerlo al pueblo. Además, también veremos una victoria por un margen pírrico que simplemente prolongará la ingobernabilidad democrática y facilitará el control total del Estado por los carteles de la droga.

En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei ha destituido a más de 30 jueces y fiscales desde 2021, todos especializados en la lucha contra la corrupción. El ataque del presidente al sistema de justicia inició cuando, en 2021, el fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, empezó a investigar al presidente en un escándalo de corrupción que involucraba al sector privado y a la administración de Jimmy Morales. Este domingo los guatemaltecos irán a las urnas para escoger a su nuevo presidente. Las opciones son la conservadora y exprimera dama Sandra Torres, preferida por Giammattei y las élites del país, y Bernardo Arévalo, un sociólogo, exdiplomático y parlamentario de izquierda.

Según las encuestas, el partido Movimiento Semilla de Bernardo Arévalo ganaría las elecciones de este domingo con más del 60% de los votos. Razón por la cual, en los dos últimos meses el gobierno de Giammattei redó la sede del partido Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral. También interpuso denuncias de fraude electoral en la primera vuelta del 25 de junio, jueces invalidaron la postulación de Arévalo (solo para después revertirla, luego de presiones por EE.UU.) y todo esto ya forma parte del guion habitual de la política del país centroamericano.

En Colombia, ahora todos sabemos que el actual presidente, un exguerrillero, utilizó financiamiento ilícito durante su campaña presidencial, la cual ganó con 50,47% de los votos, la mínima diferencia. En Perú, la actual presidente es la sexta en 6 años y tiene una aprobación de 14% (supuestamente inferior a Nicolás Maduro). En Panamá lidera en las encuestas, de cara a las elecciones presidenciales de 2024, Ricardo Martinelli, un corrupto condenado. En EE.UU. los candidatos presidenciales muestran a un imputado acusado de más de 32 crímenes y a un ideólogo comprometido por grupos de interés y escándalos de corrupción.

En Argentina celebran el triunfo de Milei, no por Milei sino por la derrota a los partidos tradicionales, una novela repetida (Trump y Bolsonaro). Y en Venezuela pareciera que la gente de verdad cree que habrá elecciones justas el año que viene. Realismo mágico en su máxima expresión, vivimos bajo el terror de la inseguridad personal y política, en completa normalidad, e intuimos una razón de ser insólita e irreal de las cosas que nos mantiene en una parsimonia debilitante.

La fortuna del oclócrata

Nuevamente la región está plagada por gobiernos de izquierda que evocan discursos nacionalistas. En Chile, el presidente Boric presentó su Estrategia Nacional para el Litio y propuso la nacionalización de los depósitos del mineral y la creación de una compañía estatal para su extracción y procesamiento.

En Brasil, Lula puso un alto a la privatización de Petrobras y analiza aumentar las regalías que recibe el Estado producto de la minería en el país. Lula, además, anunció, a principios de agosto, su Plan de Crecimiento Acelerado para Brasil: $350.000 millones en inversiones de infraestructura y demás sectores (recordemos que el último plan de crecimiento acelerado que tuvo el país fue propuesto por Dilma Rousseff, y fue en esas licitaciones que se dio el mayor escándalo de corrupción de la región con Odebrecht). Mientras que en Perú, el gobierno cuestionado de Dina Boluarte ha comenzado a conceder permisos de explotación del litio a compañías norteamericanas. La decisión de estos gobiernos está estrechamente ligada al boom de commodities que se proyecta en la región y las posibilidades discursivas actuales para el beneficio individual de los oclócratas.

Mas del 50% del litio del mundo se encuentra en Latam, mayoritariamente en Chile, Argentina, Brasil y Perú. Latam también tiene la mayor cantidad de tierra arable en el mundo, 47% del territorio regional puede ser transformado en producción agrícola. Es decir, que buena parte de la electrificación y la alimentación del mundo del futuro probablemente vendrán de Latam. Chile, Brasil y Perú serán beneficiarios del Inflation Reduction Act de Joe Biden, al recibir indirectamente subsidios del gobierno de EE.UU. en la manufactura de vehículos eléctricos (solo países con tratados de libre comercio con EE.UU. podrán beneficiarse).

Sin embargo, se proyectó que para 2030 solo el 32% del litio del mundo se procese en Latam. ¿Por qué? Porque la región es la más violenta del mundo (9/10 de los países más peligrosos del mundo están en Latam), y la más corrupta (con una evasión fiscal de más de $340.000 millones y una economía informal que representa el 55% de la población). Nuestros gobiernos vienen robando dinero de explotaciones mineras desde los años 60, con la supuesta industrialización por sustitución de importaciones, industrialización que evidentemente no se dio y nos mantiene como productores primarios y dependientes de las grandes economías manufactureras.

La violencia e inseguridad política han espantado las inversiones a largo plazo, como la construcción de plantas para refinar el litio o producir nuestros propios fertilizantes.

A pesar de que la experiencia de booms de comoditties no es la primera, más bien como la quinta, seguimos viviendo en el realismo mágico construido por los oclócratas y comprando sus discursos políticos, en vez de planes preparados con base en la realidad fáctica y experimentada.

Fatalidad del realismo mágico

Por supuesto que el más famoso autor del realismo mágico es Gabriel García Márquez (no será coincidencia su afinidad política al producto de su género literario por excelencia). Las historias de José Arcadio, Macondo, y sus réplicas y secuelas a lo largo de un hilo atemporal, son el epítome de la irrealidad inducida que experimenta el latinoamericano. La repetición de personajes, situaciones, tragedias, villanos, y la esperanza del idiota sin fin ni lógica.

Es muy bonito soñar con un mundo mágico que permite una infinidad de representaciones y un entendimiento tácito de las dinámicas sociales. Una concepción que permita la dualidad de la historia sin el juicio de la razón. La fatalidad del realismo mágico siempre será la reiteración de la falacia y sus consecuencias. A un nivel filosófico, el mismo Arturo Uslar Pietri, en sus últimos días, separó su arte de la necesidad de nuestro sistema político. Es necesario entender que “…no se puede ser libre e igual. ¿Por qué? Porque si hubiera una libertad absoluta entre todos los hombres la desigualdad sería monstruosa: no todos los hombres somos igualmente fuertes, no todos los hombres somos igualmente inteligentes, no todos los hombres somos igualmente aptos para muchas cosas. De manera que la igualdad y la libertad son contradictorias como término”.

No se puede ser exguerrillero y presidente respetuoso de la constitución, no se puede ser corrupto y el paladín de los pobres, no se puede ser capitalista y manipular a los medios y las normas, no se puede tener seguridad sin vigilancia, no se puede tener paz sin consenso, no se puede odiar y ser buen cristiano (o el equivalente moral a sus creencias). La situación de la región exige un regreso al realismo, exige un juicio racional y no relativo de nuestro contexto actual. El futuro depende de que separemos la experiencia sensorial con la realidad fáctica, para poder romper el ciclo de reiteraciones de los errores de nuestra historia contemporánea. La facilidad con la que repetimos los errores es materialmente insostenible. Llamemos las cosas por lo que son y compitamos por el mejor modelo racional para coexistir.

Por Luis Eduardo Martínez

La democracia y el capitalismo ya no parecieran ser compatibles y el mundo ilícito toma control de las instituciones y el poder

¡Algo está podrido en el Estado democrático! Semana a semana los líderes políticos, económicos y mediáticos nos presentan desafíos sociales cada vez más ilógicos, redundantes, contradictorios. Y a la vez, aquellos con el control del poder nos reaseguran con discursos rimbombantes sobre las medidas necesarias para subsanar la inseguridad total a la que nos enfrentamos. Semana a semana los problemas se agravan, y ante la injusticia y el abuso, pareciera que solo la sumisión puede renovar la paz. La democracia y el capitalismo ya no parecieran ser compatibles y los Estados a nivel global han fracasado como modelo de organización social. El mundo de lo ilícito, el mundo iliberal, ha tomado el control del poder institucionalizado y normalizado una nueva realpolitik iliberal. ¡Algo está podrido en el Estado democrático!

Estado democrático

El pasado miércoles 17 de mayo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el decreto ejecutivo número 741, en el cual invocó el artículo 148 de la Constitución, famosamente conocido como muerte cruzada. El artículo 148 otorga al presidente la potestad de disolver el congreso (dentro de los tres primeros años de su gobierno) por una de tres causales. Lasso invocó la muerte cruzada por crisis política y conmoción interna. Se llama muerte cruzada porque este poder también obliga al ejecutivo a llamar a elecciones adelantadas, poniendo fin a su mandato y devolviendo al pueblo el poder de escoger un nuevo legislativo y ejecutivo para administrar el Estado de Ecuador.

Estos choques entre ejecutivo y legislativo también los hemos visto en Perú en años recientes, con 6 presidentes en 5 años. Sin embargo, el caso de Guillermo Lasso llama la atención. El gobierno de Lasso es el primer gobierno en 14 años que no forma parte de la bancada política de Rafael Correa. Durante los 2 años del gobierno de Lasso, los diputados correístas han citado a ministros a testificar ante el legislativo más de 300 veces. El legislativo también ha iniciado 14 procesos de destitución en contra de funcionarios nombrados por Lasso, y, adicionalmente, intentaron 2 procesos previos de enjuiciamiento político al mismo presidente. Mientras tanto, en esos mismos dos años de obstrucción legislativa a las funciones del ejecutivo, la tasa de homicidios en el país aumentó de 7 por cada 100 mil habitantes a 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y en lo que va de 2023, la cifra aumentó un 68% y está rumbo a cerrar el año en 34 homicidios por cada 100 mil habitantes. La crecida de la violencia se debe a la lucha de carteles por nuevas rutas para el narcotráfico. A pesar de la grave crisis de inseguridad y la conmoción política en Ecuador, el Departamento de Estado de EE.UU. y el presidente Joe Biden no se han pronunciado sobre el deterioro democrático en el país al sur de su mismo hemisferio. La administración Biden sí se pronunció sobre la “emergencia nacional con respecto a la República Centro Africana”. El pasado 12 de mayo, el presidente Biden declaró que la Orden Ejecutiva 13667, emitida el 12 de mayo de 2014 para hacer frente al colapso de la ley y el orden en la República Centro Africana, debe continuar vigente más allá del 12 de mayo de 2023.

Lo que tienen en común Ecuador y la República Centro Africana es que ambos territorios (con diferencias de grado y manifestación) no están bajo el control del Estado, y que, a pesar de llevar a cabo elecciones avaladas por la ONU y organizaciones internacionales como Freedom House, la democracia es una ficción que enmascara el control total del país por parte del mundo criminal.

Lo ilícito

Ecuador, país sudamericano que se encuentra entre Perú y Colombia (los mayores productores de cocaína a nivel mundial) se convirtió en el país por excelencia para el tránsito y exportación de droga de Sudamérica al mundo. En los últimos 2 años, esos 2 años que los correístas entorpecieron la gestión de Guillermo Lasso, la exportación de cocaína de Ecuador a Europa aumentó un 50%, y las incautaciones de drogas en los puertos aumentaron un 400%. Y es que los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se están disputando el control del país y las rutas de exportación de drogas. Los carteles han evolucionado al punto de realizar M&A (fusiones y adquisiciones) con bandas locales ecuatorianas. Por ejemplo, el cartel Jalisco Nueva Generación pactó con la pandilla ecuatoriana Los Tiguerones para subcontratar parte de su operación de narcotráfico. El gobierno ecuatoriano, que simplemente no se da abasto para garantizar la seguridad del país, ha tenido problemas hasta con destruir la cocaína incautada, ya que se trata de más de 670 toneladas. Las autoridades han recurrido a mezclar la cocaína con cemento y utilizarla en construcciones. Cabe destacar que el segundo país de mayor tránsito de drogas en las Américas es Panamá, un país que la administración Biden dejó sin embajadora hasta finales de 2022.

Del otro lado del mundo, la administración Biden sí está preocupada por la crisis “democrática” en la República Centro Africana. Y es que, a diferencia de países como Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, entre otros en LATAM, la República Centro Africana no cuenta con “asistencia en seguridad” por parte de EE.UU. y su DEA. En cambio, el presidente Faustin-Archange Touadéra evitó las formalidades hipócritas y la intromisión de occidente en sus asuntos, y en su lugar buscó garantías de seguridad con el Grupo Wagner. La compañía privada militar o grupo mercenario Wagner es liderado por un lacayo de Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin. Con ese dato las cosas pudieran tener un poco más de sentido. Hemos escuchado sobre el Grupo Wagner y sus operaciones en Ucrania, liderando la contraofensiva rusa. Yevgeny Prigozhin, quien compite con el ejercito rojo por los favores del Kremlin, protege al presidente de la República Centro Africana, Faustin-Archange Touadéra, a cambio de concesiones en minas de oro, diamante y demás minerales por más de 25 años y sin deber pago al Estado. Se estima que el Grupo Wagner genera ganancias por encima de los $2,7 mil millones anualmente en la República Centro Africana. Pero recordemos que el Grupo Wagner también opera en Mali, Libia y Sudán, todos los cuales han hecho noticias por sus urgentes y graves necesidades en materia de seguridad.

Ahora, ¿por qué las cúpulas del poder del asno y el elefante no comentan o actúan sobre la crisis democrática, de seguridad y narcotráfico en Ecuador, pero sí se pronuncian sobre la crisis en la República Centro Africana? ¿Será que el rey del norte se beneficia de un aumento en el tráfico de drogas a través de Ecuador y se ve perjudicado por el enriquecimiento de bandas criminales competidoras como el Grupo Wagner?

‘Realpolitik’ iliberal

Existe una dinámica en común entre lo que está sucediendo en Ecuador y en la República Centro Africana: individuos en Norteamérica y Rusia, conectados al poder, están lucrando debido a una crisis de seguridad; estos individuos además están aumentando su poder e influencia a través de la prestación de servicios de seguridad; estos mismos individuos tienen mayor control de los respectivos Estados (Ecuador y la República Centro Africana) que el mismo gobierno elegido “democráticamente”.

Yevgeny Prigozhin, por ejemplo, ha acumulado personalmente más de mil millones de dólares desde que inició operaciones con el Grupo Wagner en 2014, cuando recibió contratos con el Estado ruso para operaciones de combate en Ucrania. Desde entonces, Yevgeny Prigozhin pasó de ser un contratista más del gobierno de Putin, a ser la punta de lanza en la operación especial del Kremlin en Ucrania, y la fuerza militar que desplazó la presencia de Francia en África. Prigozhin, después de Putin, es probablemente el “líder” ruso más mencionado por los medios desde el inicio de la segunda invasión de Ucrania. Y el reconocimiento probablemente no lo lleve a la infamia, sino a nuevos negocios.

En el caso sudamericano estos individuos no son tan notorios ya que operan detrás del telón, pero dejan su firma a lo largo de la historia. En México, más del 25% del territorio está bajo el control de los carteles. En Colombia, desde la llegada al poder del exguerrillero Gustavo Petro, no se ha destruido ni una hectárea de coca. En Ecuador, los congresistas correístas anunciaron que desconocerán la invocación del artículo 148, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) asomó que podría retomar las calles, como en 2019, cuando corrieron al entonces presidente Lenin Moreno de su sede de gobierno en Quito, teniendo que huir a Guayaquil. En Venezuela, al parecer, ya la administración Biden aprobó el guion de las fraudulentas elecciones generales del año que viene. En Bolivia, Jeanine Añez continúa presa y a Washington se le olvidó la democracia y los derechos humanos en ese caso. Y en el asunto nicaragüense, simplemente se hizo caso omiso a la existencia de una dictadura anacrónica en el continente. “Aunque esto sea una locura, sin embargo, hay un método en ello”. A pesar de lo contradictorio del discurso proveniente de las cúpulas del poder, existe una lógica detrás de esta distopía contemporánea: los presupuestos de defensa y seguridad continúan aumentando, la extensión de estados de emergencia por inseguridad se normalizó, las FFAA y distintos estamentos de seguridad aumentan su competencias y potestades. La parte más cínica de este nuevo realpolitik iliberal es que el pueblo, asediado y desesperanzado, aplaude como estos individuos secuestran al Estado y nos convierten en vasallos del mundo criminal.

Por Luis Eduardo Martínez en La Estrella

El rechazo de la población al establecimiento formal del poder instituido resultó en la elección de líderes que prometen la paz social

Los Estados latinoamericanos no tienen el monopolio de la violencia. Los Estados en la región no tienen el control de sus fronteras. Los Estados de la región ni siquiera tienen la capacidad de recolectar los impuestos que legalmente se le deben al gobierno para su funcionamiento. En América Latina los gobiernos recolectan menos del 56% de los impuestos que se tienen presupuestados, y en el Caribe menos del 42%. Menos de un tercio de nuestras poblaciones confía en las instituciones políticas, es decir que, en promedio, 6 de cada 10 latinoamericanos desconfían del gobierno. Desde la torre de marfil de las definiciones académicas, la región está repleta de Estados fallidos. El resultado es evidente, América Latina es la región más violenta del mundo, más que el medio oriente, más que el norte de África. Vivimos más cerca de un estado natural que de una sociedad cohesionada. Y no es pesimismo, es la realidad. En Brasil, 63% de las personas desconfía de sus propios vecinos. 54% de los peruanos y bolivianos no confían en los miembros de sus comunidades. En Panamá, México, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, las cifras superan el 40% de desconfianza hacia nuestros conciudadanos.

El rechazo de la población al establecimiento formal del poder instituido resultó en la elección de líderes que prometen la paz social, pero a costa de la justicia. Es decir, el asco que provoca la corrupción, los abusos de los estamentos de seguridad y las constantes fallas en los servicios más básicos generó una dinámica en donde, por múltiples razones, nuestras poblaciones (aunque con la mínima diferencia) decidieron elegir a personas como Gustavo Petro (un exguerrillero) en Colombia, o Pedro Castillo (un maestro rondero apadrinado por el Partido Comunista y el legado político de Sendero Luminoso) en Perú, a Luis Ignacio “Lula” da Silva (un exgobernante condenado por corrupción y el artífice del Foro de Sao Paolo) en Brasil. Estos líderes llegaron a la cúpula del poder en sus respectivos países prometiendo paz social, a pesar de ser ellos mismos violadores infames de la justicia en sus propios países.

A pesar de los evidentes fracasos que hemos vivido en la era democrática de la región, el Estado democrático se mantiene como la única alternativa (en la actualidad) que produce un balance entre las facciones de poder en una sociedad y, por lo tanto, garantiza los mayores niveles de paz y justicia posible. La democracia y su arquitectura son un rompeolas para los ánimos manipulables del pueblo, así como una camisa de fuerza para los poderosos (económicos o políticos) que buscan el control total de las riquezas del país. La democracia es absolutamente insuficiente en garantizar todos los derechos naturales del hombre, sin embargo, es el sistema político que mayores libertades permite en una sociedad moderna.

Haití

Las repercusiones de un Estado fallido sobre sus poblaciones son la experiencia diaria de injusticia y abusos que viven los latinoamericanos. No hay que recurrir a los libros de hist oria para evidenciar el presente de algunos países y avistar el futuro cercano del resto.

El 7 de julio de 2021, una veintena de mercenarios de varios países de la región (en su mayoría militares retirados colombianos) asaltaron la residencia de Jovenel Moïse, entonces presidente de Haití. La persona más poderosa del país, o por lo menos en papel, fue asesinada en su domicilio. Un año y medio después, aún no se sabe quién estuvo detrás de la operación transnacional que causó la muerte de un jefe de Estado. Lo que sí se sabe es que Moïse había montado una guerra contra los carteles de la droga en el país. Y, según The New York Times, el presidente había recabado información que tras ser destilada produjo una lista de los involucrados en el tráfico de droga que cruzaba por Haití. La lista incluía los nombres de los oficiales del gobierno que participaban en el narcotráfico, incluso aquellos que habían impulsado a Moïse a la Presidencia. Tras asesinar al presidente, los mercenarios permanecieron buscando la lista, y según la misma esposa de Moïse, una vez la encontraron, huyeron de la escena del magnicidio.

Un año y medio después del asesinato, las pandillas controlan 60% del territorio de Puerto Príncipe, la capital del país. Y el actual mandatario, Ariel Henry, junto a sus 18 ministros, formalmente solicitó a la comunidad internacional el envío de tropas armadas para combatir las pandillas que hoy controlan gran parte del combustible (y por lo tanto suministro eléctrico) y agua del país.

El caso de Haití es, por supuesto, el más impactante, pero solo porque se ha perdido la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana. En Venezuela todos saben que son los militares y los carteles los que junto a un parásito político/económico dominan el país. En México y Colombia grandes partes del país están en manos de los carteles, y la política ha sido infiltrada hasta los más altos niveles. Esta pérdida de sensibilidad, producto del miedo, del egoísmo y el instinto animal de supervivencia, ha provocado el auge de nuevos líderes en la región. Líderes iliberales y con claras tendencias autoritarias.

Colombia y El Salvador

En 2019, Nayib Bukele fue elegido presidente de El Salvador. Ganó con 53% de los votos. En su primer año de gobierno irrumpió en el congreso, junto con decenas de “escoltas” en fatigas militares y con armas largas, y exigió a los diputados que aprobaran su plan de seguridad. Amenazó a los diputados con un levantamiento popular en su contra; por supuesto la amenaza vino acompañada de la intimidación de los soldados presentes en el templo democrático.

Hoy, El Salvador tiene más de 8 meses en un estado de emergencia. Más de 60 mil salvadoreños han sido detenidos sin el debido proceso, por presuntos vínculos con las pandillas. Los detenidos se encuentran en cárceles asignadas y bajo tratos inhumanos, de lo cual el mandatario se jacta para atemorizar a sus oponentes, que de momento son las pandillas. En una ocasión, incluso, forzó a los detenidos a ir a destruir con mazos las lápidas de personas que en vida pertenecieron a pandillas. La semana pasada, más de 10 mil efectivos del ejército, con rifles y tanquetas, rodearon la población de Soyapango. Es decir, que para cada tres habitantes de la ciudad había un soldado con un rifle y varios cartuchos de municiones.

Tras tres años de gobierno, Bukele ahora goza del 80% de la aprobación de los salvadoreños. Hartos de la violencia y el desgobierno, la mayoría ha aceptado la “paz” sin justicia para los acusados.

La otra cara de la moneda es el caso de Gustavo Petro en Colombia. Petro, un exguerrillero para comenzar, fue elegido con 50,47% de los votos el pasado 19 de junio. Desde entonces, el presidente ha: impulsado legislaciones que buscan discriminalizar el cultivo de coca en el país que más produce cocaína y legalizar el uso recreacional de la marihuana; renovado relaciones con la dictadura venezolana y reabierto negociaciones con el ELN; e impulsado una agenda que él llama “perdón social”, para otorgar amnistías a los excombatientes que asediaron el país por los últimos 50 años.

A inicios del mes de diciembre el presidente colombiano prometió la excarcelación de los detenidos en primera fila durante los disturbios sociales de 2021. Disturbios que, a pesar de la causa política, ocasionaron pérdidas económicas por encima de los $3 mil millones. Se vandalizaron más de 150 oficinas de gobierno, se destruyeron parcial o totalmente más de 600 estaciones de policía, 500 establecimientos comerciales, etc. Gustavo Petro ofrece la paz y el perdón social excarcelando a los responsables de hechos que sin duda están por fuera de la ley. Y no solo excarcelarlos, sino también nombrarlos “gestores de paz”, posición que les otorga cerca de $100 para “aportar” a sus comunidades.

Si en El Salvador se ofrece paz a la ciudadanía, pero sin justicia para los detenidos, en Colombia Petro ofrece paz a los criminales, sin justicia para la ciudadanía.

Argentina y Perú

El deterioro institucional en la región es evidente en cualquier estudio o cualquier estadística sobre el funcionamiento de nuestras instituciones. El narcotráfico ha permeado todos los niveles de la sociedad y todos lo sabemos, de una manera u otra. La desconfianza y el uso de la violencia han tomado control de nuestra manera de relacionarnos, en todos los ámbitos, y sí, hemos devolucionado como sociedades e incluso como humanos. Pero la desesperanza tampoco nos está trayendo los resultados que deseamos, ni para nosotros ni para los que vendrán después.

La condena de la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por corrupción nos presenta con una esperanza. Al igual que la reacción de las fuerzas armadas de Perú y los congresistas ante la intentona del ahora expresidente Pedro Castillo de disolver el legislativo. No solo las Fuerzas Armadas se mantuvieron al margen y en defensa de la Constitución, sino también la oposición política de un gobierno con menos del 20% de aprobación, no intentó tomar control del mismo ni forzar elecciones adelantadas.

Perú ha tenido 5 presidentes en 5 años, pero si hay algo que rescatar de la crisis política en el país es que la institucionalidad democrática permitió que la justicia existiera con la mayor paz social posible. Argentina, de la misma manera, ha enfrentado crisis económicas desastrosas en los últimos años, pero la institucionalidad ha permitido que aquellos que buscaban perpetuarse en el poder y corromper a las autoridades no quedasen impunes.

No hay paz sin justicia. Y no hay justicia sin el respeto por los derechos naturales del hombre. Y la arquitectura democrática liberal sigue siendo la mejor fórmula para garantizar el balance óptimo posible entre niveles de paz y justicia para todos. No permitamos que por la desesperanza y el egoísmo la refundación del Estado caiga en manos de iliberales y autócratas.

Por Luis Eduardo Martínez

Ya han transcurrido 267 días desde que las fuerzas armadas rusas invadieron Ucrania. En menos de un año el balance de poder a nivel mundial cambió de eje, así como los valores que predominan en el escenario internacional. La vida cotidiana alrededor del mundo también sufrió. El temor a lo desconocido y el instinto de preservación parecen haber sustituido a la esperanza y la apertura como lógicas predominantes en nuestras sociedades supuestamente libres. Y con buena razón.

En Estados Unidos, por ejemplo, solo dos de cada diez personas confían en que el gobierno hace lo debido. En América Latina prácticamente el 50% de las poblaciones de Perú, Brasil Colombia, Ecuador, y hasta Costa Rica, no solo no votaron a favor de los gobiernos de turno, sino que insisten en realidades políticas completamente opuestas. A la división política en la región podemos sumarle que en los últimos dos años más de 100 millones de personas (uno de cada seis latinoamericanos) cayeron en pobreza. Repentinamente millones de personas en todo el mundo sienten que sus naciones están desprotegidas de amenazas externas y bajo el asedio interno de fuerzas malvadas, de índole comunistas e izquierdistas o ultraconservadores y fascistas. La situación económica no le permite a millones garantizar la seguridad de tres comidas al día y un techo donde vivir.

La hipocresía de los poderosos ha minado la voluntad de los valientes. La ideología iliberal, que en términos simples es la veneración de la violencia como instrumento de dominación y orden, ha conspirado para generar esta división infinita de realidades opuestas. Desesperado por la incertidumbre generalizada, el mundo corrió hacia la falsa certeza del autoritarismo.

Ucrania y Europa

Para poner en contexto el cambio drástico de valores en el escenario internacional, consideremos lo siguiente: ya son 267 días de guerra en Europa – a la fecha ningún país europeo, ningún país aliado, ningún país democrático ha enviado tropas en apoyo a Ucrania (en 1939 Francia y el Reino Unido demoraron dos días en responder a la invasión alemana de Polonia). El cambio de valores lamentablemente sucedió por cobardía y no decisión de los líderes de Europa. Tras 267 días de la invasión, Alemania y el Reino Unido importan 20% más gas natural líquido de Rusia que el año pasado.

A inicios de noviembre, el canciller alemán viajó a Pekín a buscar favores con el recién coronado Xi Jinping. Scholz pareciera haber despertado a la realidad de que más del 12% de sus exportaciones dependen del consumo del mercado chino.

La falta de liderazgo en Alemania ha sido tal, que a pesar de toda la retórica sobre las amenazas que impone China sobre el mundo libre, las importaciones de productos chinos en Alemania aumentaron un 52% entre 2021 y 2022. Hoy, 11% de las importaciones alemanas provienen de China, la mayoría en elementos esenciales para sus propias líneas de producción. Es el mayor socio comercial de Alemania.

En la reunión del G20 en Bali (Indonesia) esta semana, el canciller Olaf Scholz y sus homólogos europeos no tuvieron problemas en compartir el escenario con el canciller ruso Sergei Lavrov. El pulso y la valentía de Europa solo logró una nueva y mediocre declaración de condena contra Rusia (declaración que ni siquiera tuvo el apoyo unánime de los miembros del G20).

EE.UU. y China

La postura internacional del Gobierno de EE.UU. también deja mucho que decir. En octubre de 2021, el presidente Joe Biden sorprendió al mundo al declarar públicamente y sin ambigüedades que su país respondería militarmente a una amenaza china a la integridad territorial de Taiwán. En 2021, el equipo de seguridad nacional del presidente Joe Biden determinó que China era la mayor amenaza a los intereses de EE.UU., seguido por Rusia, Irán y Corea del norte. Es más, en diciembre del año pasado, el gobierno de Biden impuso sanciones a China por las violaciones de derechos humanos a las minorías uiguires en Xinjiang.

Tan solo un año después, el escenario es radicalmente opuesto. En el mes de octubre, el presidente estadounidense viajó a Arabia Saudita a buscar favores con el mismo régimen al que catalogó de paria durante la campaña presidencial 2020, favores que Mohamed Bin Salaman rehusó y públicamente divulgó a los medios. Biden se reunió con Xi Jinping en el marco del G20 en Bali, sin hacer mayor énfasis en la guerra en Ucrania ni las violaciones de derechos humanos en Xinjiang, y además declaró que China no presenta una amenaza inminente contra Taiwán.

El mismo equipo de seguridad nacional de Biden ahora negocia detrás del telón con Irán, para reanudar el acuerdo nuclear, y le ha solicitado al gobierno asediado de Zelenski en Ucrania que inicie negociaciones con Rusia, para poner fin a la guerra de invasión (negociaciones que inevitablemente contemplarán la rendición de territorio ucraniano a control ruso).

Nuevamente para poner en contexto, el presidente Joe Biden arremetió contra cerca del 50% de su propia población y la catalogó de extremista, fascista y amenaza a la democracia, y no lo hizo así contra el tirano de Pekín. La gran diferencia que ha marcado los cambios de tono de la administración Biden ha sido las distintas necesidades electoreras para mantenerse en el poder.

América Latina

América Latina, como de costumbre, atravesó por otra crisis internacional (la pandemia de la covid-19) sin encontrar manera de integrarse como actor independiente en los movimientos de las fichas del poder internacional. Una vez más la región escogió el populismo, que se avivó con los vientos globales, en vez de solucionar sus problemas estructurales.

En los dos últimos años la región escogió: en Perú a un maestro rondero, sin experiencia política alguna; en Chile a un millennial como presidente y una asamblea constituyente que incluía un diputado que se presentaba a las sesiones vestido del Pokémon Pikachu; en Colombia eligieron a un exguerrillero, que promete descriminalizar la cocaína y conceder penas reducidas y hasta absolución a los asesinos de colombianos; en Brasil reeligieron a un corrupto (y el artífice del Foro de Sao Paolo). Más allá de la posición política del lector, es deplorable pretender que esta es la mejor oferta política y no una apatía generalizada por el experimento que llamamos sociedad.

El dictador venezolano Nicolás Maduro ya camina libremente en conferencias internacionales, con el mismo presidente de Francia legitimando públicamente su narco-régimen. Muchos ni se acuerdan ni tienen presente que Nicaragua es ahora otra dictadura absoluta en la región. Muchos no tienen ni la más mínima preocupación por El Salvador, que lleva ocho meses en estado de excepción, donde han detenido sin respaldo judicial a más de 80 mil hombres en todo el país. Presos por un Estado sin derecho, hacinados, y en condiciones inhumanas. Pero aun 80% de los salvadoreños aplauden a Bukele y muchos en la región sueñan con un gobierno como el del autodeclarado emperador de El Salvador. Aislados en nuestras realidades llenas de temor y resentimiento, cuántos no sueñan con ver a las fuerzas armadas irrumpir en el palacio legislativo y “poner” orden.

Conclusión

Solo han transcurrido 267 días desde que el balance del poder a nivel mundial y los valores predominantes cambiaron de eje. En general hemos aceptado la narrativa de conflicto, miedo y autopreservación. A pesar de las realidades del contexto material deteriorado en el que vivimos y de las dificultades reales y compartidas a las que nos enfrentamos como individuos y sociedades en un orden internacional, no estamos obligados a mantener el rumbo que nuestros falsos líderes nos han impuesto para mantenerse en el poder.

El arte siempre ha sido una herramienta que atraviesa barreras y las limitaciones del lenguaje estructurado y las representaciones predeterminadas. Parafraseando a expertos de la novela gráfica V de Venganza: ¡Nos equivocamos! ¡Así es la vida, eso es todo! Así es la vida. Es lo que tenemos que aguantar. Es todo lo que tenemos. ¿Qué te da derecho a decidir que no es lo suficientemente bueno?

Estamos en una prisión… hemos estado en una prisión tanto tiempo que ya no creemos que hay un mundo afuera. Eso es porque tenemos miedo… tenemos miedo porque podemos sentir que la libertad se nos escapa y el espacio a nuestro alrededor se achica…tenemos miedo porque la libertad es aterradora… No retrocedamos. Una parte de nosotros entiende la verdad, incluso cuando otra parte finge no hacerlo… Estamos en una celda. Nos ofrecieron elegir entre la muerte de nuestros principios y la muerte de nuestro cuerpo… Pero la verdad es que la puerta de la jaula está abierta… debemos salir y respirar aires de libertad.

Por Luis Eduardo Martínez

Tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, el optimismo de la victoria de la democracia y la economía de mercado sobre el comunismo nos permitió vivir dos décadas creyendo en el fin de la historia

Vivimos en un mundo surrealista. Vivimos en un mundo en donde, por ejemplo, la candidata demócrata a la gobernación del estado de Georgia, EE.UU., sugirió que el derecho al aborto es una herramienta en la lucha contra la inflación; un mundo en donde un presidente exguerrillero en Colombia y un rondero comunista acusado de operar bandas criminales desde el Palacio de Gobierno de Perú culpan a la lucha en contra de lo ilícito (la guerra contra las drogas) por los daños criminales a nuestras sociedades producto de las actividades ilícitas. Más allá de ser un mundo más complejo y confuso, vivimos en un mundo marcadamente más violento que en las últimas tres décadas. Un mundo en donde cada diferencia política pareciera producir una amenaza existencial para los bandos opuestos. En general, pareciera que vivimos en un mundo en donde los Estados están siendo amenazados por conflictos internacionales e internos, no controlan sus fronteras y, sobre todo, no tienen el monopolio interno de la violencia.

Durante la Guerra Fría vivíamos en un mundo bipolar. Estados centrales, ya consolidados, formaron dos bandos que pusieron a prueba y en un rumbo de colisión inevitable, sus propuestas hegemónicas para el orden mundial. Tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, el optimismo de la victoria de la democracia y la economía de mercado sobre el comunismo nos permitió vivir dos décadas creyendo en el fin de la historia y la tranquilidad que supuestamente emanaría de las sociedades libres. Hoy vivimos en un mundo dominado por las tres “P” de Moisés Naím: Populismos, polarización, y posverdad. Sin entrar en el detalle de las dinámicas de que producen y son producto del populismo, la polarización política y la posverdad, la predominancia de las tres “P” en nuestras sociedades evidencia que existe una lucha interna por la consolidación de nuevas hegemonías, de nuevos estados y de un nuevo orden mundial.

La posverdad separó nuestra realidad de la continuidad de la historia. El actual contexto material de nuestras realidades será interpretado y valorizado por la fuerza política que predomine en el conflicto ideológico que estamos presenciando a diario. Sin embargo, debemos ampliar nuestro entendimiento de los actores que lideran las distintas cruzadas por la reconquista del estado. Vivimos en un mundo en donde la izquierda y la derecha no solo no son los únicos dos “bandos”, sino que ni siquiera están en la delantera por consolidar una nueva hegemonía ideológica y sistémica. Aquellas fuerzas marginales que el Estado moderno mantuvo detrás del muro impenetrable del método científico y la realidad binaria son ahora las fuerzas que dominan nuestras democracias y controlan nuestros gobiernos. Los extremismos ideológicos, fanatismos religiosos, grupos criminales y hasta grupos terroristas hoy día movilizan coaliciones de minorías que han tomado control de las instituciones del Estado.

Violencia política

Según un estudio reciente de The Chicago Project on Security and Threats de la Universidad de Chicago en EE.UU., más de la mitad de las personas arrestadas en relación a los disturbios del 6 de enero de 2020 en Washington D.C. provenían de condados abrumadoramente demócratas. Las personas más violentas en los disturbios del 6 de enero de 2020 en EE.UU. provenían de los lugares más multiculturales de todo el país. Si bien es cierto que 92% de los manifestantes que irrumpieron en el capitolio era blanco, y 86% era hombres, también lo es que son hombres blancos provenientes de los condados en el país que han visto las caídas más drásticas de población blanca en relación a nuevas minorías raciales. Es decir que sí existe por lo menos un elemento concreto y evidente que uniría a este grupo de personas en un conflicto existencial por la supervivencia de una hegemonía de alguna manera definida en términos raciales.

Aun cuando el estudio de la Universidad de Chicago se enfoca en los disturbios del 6 de enero de 2020 y en violencia de grupos asociados con la derecha, el mismo estudio encontró que hasta 25 millones de americanos justifican el uso de la violencia para, por ejemplo, resistir brutalidad policial. Números similares se registraron en encuestas a personas que estarían dispuestas a justificar el uso de la violencia para, por ejemplo, restaurar al expresidente Donald Trump en el poder. En resumen, hay 25 millones de estadounidenses de la “izquierda” dispuestos a utilizar la violencia para defender sus valores, y 25 millones de estadounidenses de la “derecha” igualmente dispuestos. Un total de más de 50 millones de adultos de los 250 millones de americanos en edad de votar estarían comprometidos con la violencia, sin importar el costo, con tal de defender su versión de la realidad.

Esta renovada aceptación de la violencia en el ámbito público responde a que, a diferencia de los años 90, en la segunda década del siglo XXI las protestas violentas han sido estadísticamente más exitosas en lograr objetivos políticos de minorías que los movimientos sociales pacíficos. Y aquellos que mueven los hilos del poder saben cómo utilizar las emociones de las personas para fines ocultos a quienes terminan sangrando en las calles. La filtración de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de derogar Roe vs. Wade, por ejemplo, energizó a los demócratas al punto de quedar encima en las encuestas a inicios de agosto. La redada del FBI a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, similarmente, aumentó en un 3.000% las menciones de guerra civil en redes sociales, de 500 menciones por hora a más de 15.000 después del anuncio del expresidente en Truth Social. En fin, todas estas realidades fácticas apuntan a que la violencia ya no está al margen del debate político en la democracia, sino que es un elemento central y determinante en nuestras sociedades.

Tendencia global

La larga lista de candidatos populistas que emergieron en el mundo durante las dos últimas décadas fueron en su momento descritos como actores atípicos, que se enfrentaron al status quo, como síntomas de un sistema político orgánico que buscaba una autocorrección. Como una fiebre en respuesta a un virus en la democracia. Sin embargo, lo atípico rápidamente se convirtió en la norma. La seguridad de la alternancia entre partidos tradicionales en las democracias modernas desapareció y expuso al Estado a las grandes divisiones políticas y económicas en la sociedad del presente siglo, y aquellos que vieron la oportunidad de conquistar el Estado saben que la polarización política y la estadística básica te pueden dar una victoria electoral.

En América Latina los ejemplos son dolorosamente evidentes. En Chile, la violencia del estallido social de 2019 llevó al poder a un presidente de 35 años. En Colombia y Perú, las insurgencias de comunistas y los grupos narcotraficantes (si es que se pueden considerar por separados) evolucionaron sus tácticas del conflicto armado a la protesta urbana violenta, para llegar al poder. Hoy Colombia tiene al mando de la Casa de Nariño a un exguerrillero que negocia desde el podio de la ONU la legalidad del cultivo de drogas por sus excompañeros y probables aliados actuales. Y en Perú, los narcotraficantes batieron récord de producción de cocaína el año pasado.

Por otro lado, el régimen venezolano de Nicolás Maduro, presumiblemente siguiendo el antecedente de los Castro, está sugiriendo con cada caravana de migrantes rumbo a EE.UU., que el sistema político del gigante americano está listo para arder. Esa debilidad también la están explotando las oligarquías de los regímenes de Rusia, Turquía, Irán, Arabia Saudita, China, etc. Regímenes que ya no están gobernados por clases económicas en busca de beneficios materiales, e incluso alguno ni siquiera por paradigmas ideológicos, sino por bandas criminales anárquicas que buscan salvajemente por fin predominar y superar al Estado como entidad política en el escenario internacional.

El Estado iliberal

El panorama es bastante sombrío. Los ciclos noticiosos son cada vez más dramáticos, y los antagonismos se multiplican. Las diferencias entre las facciones sociales parecieran crecer y convertirse en irreconciliables. Los actores al mando de las tres “P”, la polarización política, la posverdad y los populismos se están apoyando en los temores de las personas y la violencia para controlar una fracción dominante de nuestras sociedades e imponerse. Mucho más allá de las pugnas tradicionales de la izquierda y la derecha, grupos criminales (llámense narcotraficantes, empresarios corruptos u organización transnacional de lo ilícito) están manipulando las debilidades del sistema democrático para constituir un Estado iliberal.

Más allá de cualquier valorización moral o material de las estructuras de nuestra sociedad actual, el poder de la sociedad moderna emanó del consenso en las reglas básicas para definir la realidad y organizar el poder. Las fuerzas iliberales, que pujan por una nueva hegemonía, quieren hacer ver que el consenso ya no existe y es inalcanzable. Y que solo a través de la violencia y la conquista lograremos la paz social. Las fuerzas iliberales quieren establecer una hegemonía monolítica que solo garantizará 100 años de guerras civiles y tiranías de minorías y mayorías.

Serán nuestras decisiones individuales las que definan el curso de la historia. ¿Es este el fin de la era liberal y el inicio de la reconquista violenta de la civilización? ¿Fue el compromiso liberal una falacia para marear a aquellos sin acceso al poder? ¿Cuál es el rol de la violencia en las dinámicas sociales del hombre? Y la pregunta más importante que debemos hacernos: ¿Cuál es el objetivo de nuestras sociedades políticas o el “grupo” con el cual nos identificamos?

Queda claro que el Estado no está constituido, su existencia está bajo amenaza. ¿Estaremos organizados en sociedades bajo el concepto del Estado en el mundo del futuro, y en tal caso, cuál será el propósito del mismo? ¿Paz social?, ¿desarrollo humano? O, acaso viviremos en un mundo en donde la supervivencia de la raza humana sea un elemento organizador.

Por Luis Eduardo Martínez

El 2 de octubre, el Gobierno de EE.UU. de Joe Biden liberó a los “narcosobrinos” del dictador Nicolás Maduro, quienes cumplían sentencia en EE.UU. desde 2017

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, culminó su gira por tres países de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile y Perú) en Lima, Perú, con su participación en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). La presencia del jefe de la diplomacia estadounidense y sus homólogos en Lima pinta un panorama político muy distinto a la reunión extraordinaria de la OEA en Lima en 2001. El 11 de septiembre de 2001, Collin Powell, que en paz descanse, una figura imponente no solo por su estatura y porte militar sino por su trayectoria, se reunió con sus homólogos en Lima, a pesar de que las torres gemelas aún ardían, para firmar el compromiso compartido de los líderes de la región: la Carta Democrática Interamericana. En medio de un ataque, los aliados de EE.UU. en la región reforzaron su compromiso por los principios de la democracia. Dos décadas después, Antony Blinken, un desinspirador profesional de carrera diplomática, negocia con un exguerrillero, un rondero comunista, un líder estudiantil y hasta un narcodictador el futuro de la gobernabilidad de la región. En menos de dos semanas, el Gobierno de EE.UU. negoció con la dictadura de Maduro (Venezuela), transó una nueva estrategia sobre el narcotráfico con Gustavo Petro (Colombia), y dio un necesitado espaldarazo a los asediados gobiernos de Gabriel Boric (Chile) y Pedro Castillo (Perú). El nuevo rumbo de las relaciones diplomáticas de la región apunta hacia el final definitivo de la era liberal en el hemisferio.

OPEP+ y Venezuela

En la política internacional los tiempos de las decisiones no son coincidencias, sino parte de las negociaciones y estrategias. El 2 de octubre, el Gobierno de EE.UU. de Joe Biden liberó a los “narcosobrinos” del dictador Nicolás Maduro, quienes cumplían sentencia en EE.UU. desde 2017, por intentar traficar 800 kilos de cocaína a EE.UU. La decisión fue parte de un “intercambio de prisioneros”. El régimen venezolano liberó, a cambio, a siete estadounidenses que mantenía arbitrariamente detenidos. Dos días después, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió recortar la producción diaria del cartel en 2 millones de barriles de oro negro, un equivalente a 2% de la producción mundial, para mantener los precios de hidrocarburos más altos. Existe un interés evidente de la Administración Biden de utilizar a Venezuela para balancear los impactos de la guerra en Rusia. Desde el inicio del conflicto en Europa, el gobierno demócrata de EE.UU., en repetidas ocasiones, ha reabierto los diálogos con el régimen de Maduro, y en ninguno de ellos el tema principal fue la transición democrática.

La crisis energética a nivel mundial y la crisis migratoria producto del colapso de la economía venezolana han barajado cartas más favorables para el régimen venezolano para esta ronda de negociaciones. Es por eso que Maduro también se posicionó como garante del proceso de paz entre el ELN y el Gobierno Colombia, para tener el control de la amenaza latente y desestabilízante de nuevos conflictos paramilitares que desaten olas impredecibles de flujos migratorios en la región.

Colombia y el narcotráfico

A Gustavo Petro no se le pueden borrar las rayas de tigre. El primer presidente de izquierda de Colombia algo habrá aprendido de sus experiencias como guerrillero, y si no, habrá aprendido del legado de los Castro y la izquierda revolucionaria en las Américas. Petro sabe que sin el control del congreso, que no tiene, no podrá gobernar. Y que sin resultados rápidos (así sean a corto plazo), su victoria histórica podría culminar en el fracaso de su causa iliberal.

El Estado colombiano, sin importar el gobierno de turno, es el aliado en materia de seguridad más importante de EE.UU. en el hemisferio. Colombia tiene puertos hacia el Atlántico y el Pacífico, y también la plataforma natural para los flujos migratorios y de lo ilícito de Sudamérica hacia Norteamérica. Teniendo esto presente, Gustavo Petro planteó un balance perverso al Gobierno de EE.UU., el que pecó desde el momento en que decidió negociar. Por un lado, el presidente y exguerrillero colombiano, con toda la familiaridad intrínseca de aquellos sin respeto por la formalidad diplomática, dejó claro, durante la rueda de prensa en conjunto con Antony Blinken en Bogotá, que mantendría la política de su predecesor Iván Duque de otorgar un estatus de protección temporal a los migrantes venezolanos, a cambio de concesiones que beneficien políticamente al gobierno izquierdista neogranadino.

El precio para que Colombia siga absorbiendo esos flujos migratorios, en vez de facilitar su tránsito hacia Norteamérica, es un cambio en la política conjunta de EE.UU. y Colombia en la lucha contra el narcotráfico. «Tenemos muchos puntos en común en prácticamente todos los problemas que tenemos que abordar. En el combate contra las drogas, por ejemplo, apoyamos firmemente el enfoque integral de la Administración de Petro”, dijo Blinken en la Casa de Nariño. Este enfoque integral que propone Petro busca descriminalizar los cultivos de cocaína y cesar los programas de erradicación de cultivo, para enfocarse en supuestos esfuerzos de “interdicción e inteligencia”. En otras palabras, Petro planteó a EE.UU. solo enfocarse en el combate al tráfico de las drogas hacia Norteamérica vía rutas marítimas y aéreas (interdicción) y supuestamente atacar a los narcotraficantes y no a la cadena de producción de lo ilícito (inteligencia). Traducido al lenguaje político latinoamericano: Colombia trabajará con EE.UU. para detener los flujos migratorios y de drogas hacia Norteamérica, y el gobierno de Petro recibirá a cambio nuevos juguetes para apaciguar a las Fuerzas Armadas y herramientas de espionajes para mantener cierto control en los niveles de narcotráfico, sin hacer nada para disminuir la producción y, por supuesto, el lucro de la actividad ilícita.

Es un balance perverso. Gustavo Petro con estas negociaciones puede decirle al campesinado que ya no será perseguido inclusive si decide cultivar coca. Puede decirle a sus excompañeros de trinchera, los grupos narcoparamilitares, que podrán seguir operando mientras cumplan con sus reglas, y los grupos paramilitares podrán utilizar los lucros de lo ilícito para seguir comprando candidatos y curules ahora accesibles gracias al proceso de paz. Petro inclusive podría comprar el favor electoral de migrantes venezolanos acelerando los procesos de nacionalización, lo cual además será bien recibido por la Washington de Biden. La debilidad que está mostrando Washington permitirá que un gobierno que tiene todas las de quedar hundido en el abismo de sus mentiras, no solo sobreviva, sino tenga victorias políticas suficientes como para persistir.

Chile, Perú, la OEA Y EE.UU.

Tras su viaje a Colombia, el secretario de Estado de EE.UU. viajó a Chile y Perú. La visita oficial del emisario del ejecutivo estadounidense es un espaldarazo a los gobiernos de Boric y Castillo. Ambos mandatarios tienen menos de dos años en sus despachos y cuentan con menos del 35% y 22% de aprobación en sus respectivos países.

En Chile, Boric disfrutó de una bachanalia de cumplidos en la forma de símiles de democracia, igualdad e inclusión. El secretario de Estado de EE.UU. elogió una y otra vez las políticas del presidente Boric y subrayó que están alineadas con la visión de democracia del gobierno de Joe Biden. Algo que definitivamente tienen en común estas visiones es contar con la aprobación de una minoría que cada día se desmorona más.

Al llegar a Perú, el diplomático de EE.UU. se reúne con sus homólogos en una igualdad de condiciones políticas sin precedente en la historia del hemisferio. EE.UU. llega a la Asamblea General de la OEA con un gobierno que tiene visión de partido político y no de Estado. La diplomacia estadounidense para con América Latina se convirtió en un organizador de una bacanal de minorías políticas buscando los apoyos suficientes para permanecer en el poder.

Si bien podrá existir algún disfrute en el imaginario del sur global en ver a EE.UU. tropezar y hasta caer, debemos estar alarmados por el futuro de las libertades en nuestro hemisferio. La visión de Estado del gobierno democrático de EE.UU. ha sido un faro de luz guía en la tormenta de revoluciones políticas a nivel internacional. Si la degeneración de la política y los principios democráticos de EE.UU. continúa, el cáncer que significa el ideal iliberal habrá entonces hecho metástasis en todo el cuerpo político de las Américas.