Morfema Press

Es lo que es

Luis Eduardo Martínez

Por Luis Eduardo Martínez

Los más renombrados exponentes del género literario conocido como “realismo mágico” son hijos de las Américas. Durante las décadas de 1920 y 1930, los maestros Arturo Uslar Pietri, Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias utilizaron sus dotes con la pluma y el papel para incorporar en sus obras la superposición de experiencias de vida de grupos marginales con aquellas experiencias de vida dentro del margen de la sociedad formal.

El “realismo mágico” de Las lanzas coloradas o Leyendas de Guatemala, entre otras obras que informaron la consolidación del género, incorporan lo siguiente: elementos mágicos percibidos como normales por los personajes, con un narrador que percibe el valor y la intención de los elementos mágicos y, sin definirlos, simplemente asume una intuición compartida con el lector; y la valoración de lo sensorial en los elementos de lo que define la realidad, realidad que contiene elementos fantásticos que no son cuestionados sino aceptados, e incluso la historia percibida de las sociedades contiene elementos objetivamente irreales, pero que forman parte de la narrativa predominante. El realismo mágico como género literario no solo emanó de Latinoamérica (Latam) sino que también definió los parámetros que unen la realidad compartida de nuestras naciones.

La democracia en Latam está bajo el asedio de la violencia criminal, los carteles económicos y el adoctrinamiento ideológico de oclócratas (los promotores de la oclocracia, el gobierno de la muchedumbre), solo hace falta leer los titulares de la región a diario para experimentar cómo lo absurdo y atroz se digiere cotidianamente con total tranquilidad. Latam se encuentra en el vértice de un nuevo boom de mercaderías (commodities) y al centro de la disputa geopolítica del próximo siglo y nuestros gobiernos, populistas todos, no tienen la capacidad de producir una estrategia nacional y menos regional para no volver a caer en otra “década perdida”.

El ultrarrelativismo posliberal del socialismo del siglo XXI no produjo mayores ganancias materiales ni en materia de derechos de las personas. Es necesario redescubrir la virtud del realismo/determinismo radical y de identificar los nuevos enemigos de un orden mundial en libertad.

El terror

En 2021, Guillermo Lasso tomó posesión como presidente de Ecuador. En dos años el país se convirtió en el mayor exportador de drogas de América del Sur, pasó de 7 homicidios por cada 100.000 habitantes a 26 (se proyectan más de 7.000 asesinatos en 2023, 90% vinculado al narcotráfico), el presidente fue enjuiciado dos veces, las cárceles de Ecuador tienen más de 32.000 reos, pero solo 3.000 han visto un tribunal, en dos años 400 reos han muerto en reyertas entre bandas criminales en el país, disolvieron el parlamento y llamaron a elecciones adelantadas, 3 candidatos (uno presidencial, uno parlamentario y uno a alcalde) fueron asesinados por elementos narcocriminales, entre muchos otros sucesos terriblemente fantásticos que plagan la “nueva normalidad” ecuatoriana.

Y así mismo veremos con completa tranquilidad cómo los ecuatorianos, con el terror ya parte del desayuno nacional, irán a votar en las urnas por candidatos que tuvieron solo un mes para inventar un plan de gobierno y otro para presuntamente exponerlo al pueblo. Además, también veremos una victoria por un margen pírrico que simplemente prolongará la ingobernabilidad democrática y facilitará el control total del Estado por los carteles de la droga.

En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei ha destituido a más de 30 jueces y fiscales desde 2021, todos especializados en la lucha contra la corrupción. El ataque del presidente al sistema de justicia inició cuando, en 2021, el fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, empezó a investigar al presidente en un escándalo de corrupción que involucraba al sector privado y a la administración de Jimmy Morales. Este domingo los guatemaltecos irán a las urnas para escoger a su nuevo presidente. Las opciones son la conservadora y exprimera dama Sandra Torres, preferida por Giammattei y las élites del país, y Bernardo Arévalo, un sociólogo, exdiplomático y parlamentario de izquierda.

Según las encuestas, el partido Movimiento Semilla de Bernardo Arévalo ganaría las elecciones de este domingo con más del 60% de los votos. Razón por la cual, en los dos últimos meses el gobierno de Giammattei redó la sede del partido Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral. También interpuso denuncias de fraude electoral en la primera vuelta del 25 de junio, jueces invalidaron la postulación de Arévalo (solo para después revertirla, luego de presiones por EE.UU.) y todo esto ya forma parte del guion habitual de la política del país centroamericano.

En Colombia, ahora todos sabemos que el actual presidente, un exguerrillero, utilizó financiamiento ilícito durante su campaña presidencial, la cual ganó con 50,47% de los votos, la mínima diferencia. En Perú, la actual presidente es la sexta en 6 años y tiene una aprobación de 14% (supuestamente inferior a Nicolás Maduro). En Panamá lidera en las encuestas, de cara a las elecciones presidenciales de 2024, Ricardo Martinelli, un corrupto condenado. En EE.UU. los candidatos presidenciales muestran a un imputado acusado de más de 32 crímenes y a un ideólogo comprometido por grupos de interés y escándalos de corrupción.

En Argentina celebran el triunfo de Milei, no por Milei sino por la derrota a los partidos tradicionales, una novela repetida (Trump y Bolsonaro). Y en Venezuela pareciera que la gente de verdad cree que habrá elecciones justas el año que viene. Realismo mágico en su máxima expresión, vivimos bajo el terror de la inseguridad personal y política, en completa normalidad, e intuimos una razón de ser insólita e irreal de las cosas que nos mantiene en una parsimonia debilitante.

La fortuna del oclócrata

Nuevamente la región está plagada por gobiernos de izquierda que evocan discursos nacionalistas. En Chile, el presidente Boric presentó su Estrategia Nacional para el Litio y propuso la nacionalización de los depósitos del mineral y la creación de una compañía estatal para su extracción y procesamiento.

En Brasil, Lula puso un alto a la privatización de Petrobras y analiza aumentar las regalías que recibe el Estado producto de la minería en el país. Lula, además, anunció, a principios de agosto, su Plan de Crecimiento Acelerado para Brasil: $350.000 millones en inversiones de infraestructura y demás sectores (recordemos que el último plan de crecimiento acelerado que tuvo el país fue propuesto por Dilma Rousseff, y fue en esas licitaciones que se dio el mayor escándalo de corrupción de la región con Odebrecht). Mientras que en Perú, el gobierno cuestionado de Dina Boluarte ha comenzado a conceder permisos de explotación del litio a compañías norteamericanas. La decisión de estos gobiernos está estrechamente ligada al boom de commodities que se proyecta en la región y las posibilidades discursivas actuales para el beneficio individual de los oclócratas.

Mas del 50% del litio del mundo se encuentra en Latam, mayoritariamente en Chile, Argentina, Brasil y Perú. Latam también tiene la mayor cantidad de tierra arable en el mundo, 47% del territorio regional puede ser transformado en producción agrícola. Es decir, que buena parte de la electrificación y la alimentación del mundo del futuro probablemente vendrán de Latam. Chile, Brasil y Perú serán beneficiarios del Inflation Reduction Act de Joe Biden, al recibir indirectamente subsidios del gobierno de EE.UU. en la manufactura de vehículos eléctricos (solo países con tratados de libre comercio con EE.UU. podrán beneficiarse).

Sin embargo, se proyectó que para 2030 solo el 32% del litio del mundo se procese en Latam. ¿Por qué? Porque la región es la más violenta del mundo (9/10 de los países más peligrosos del mundo están en Latam), y la más corrupta (con una evasión fiscal de más de $340.000 millones y una economía informal que representa el 55% de la población). Nuestros gobiernos vienen robando dinero de explotaciones mineras desde los años 60, con la supuesta industrialización por sustitución de importaciones, industrialización que evidentemente no se dio y nos mantiene como productores primarios y dependientes de las grandes economías manufactureras.

La violencia e inseguridad política han espantado las inversiones a largo plazo, como la construcción de plantas para refinar el litio o producir nuestros propios fertilizantes.

A pesar de que la experiencia de booms de comoditties no es la primera, más bien como la quinta, seguimos viviendo en el realismo mágico construido por los oclócratas y comprando sus discursos políticos, en vez de planes preparados con base en la realidad fáctica y experimentada.

Fatalidad del realismo mágico

Por supuesto que el más famoso autor del realismo mágico es Gabriel García Márquez (no será coincidencia su afinidad política al producto de su género literario por excelencia). Las historias de José Arcadio, Macondo, y sus réplicas y secuelas a lo largo de un hilo atemporal, son el epítome de la irrealidad inducida que experimenta el latinoamericano. La repetición de personajes, situaciones, tragedias, villanos, y la esperanza del idiota sin fin ni lógica.

Es muy bonito soñar con un mundo mágico que permite una infinidad de representaciones y un entendimiento tácito de las dinámicas sociales. Una concepción que permita la dualidad de la historia sin el juicio de la razón. La fatalidad del realismo mágico siempre será la reiteración de la falacia y sus consecuencias. A un nivel filosófico, el mismo Arturo Uslar Pietri, en sus últimos días, separó su arte de la necesidad de nuestro sistema político. Es necesario entender que “…no se puede ser libre e igual. ¿Por qué? Porque si hubiera una libertad absoluta entre todos los hombres la desigualdad sería monstruosa: no todos los hombres somos igualmente fuertes, no todos los hombres somos igualmente inteligentes, no todos los hombres somos igualmente aptos para muchas cosas. De manera que la igualdad y la libertad son contradictorias como término”.

No se puede ser exguerrillero y presidente respetuoso de la constitución, no se puede ser corrupto y el paladín de los pobres, no se puede ser capitalista y manipular a los medios y las normas, no se puede tener seguridad sin vigilancia, no se puede tener paz sin consenso, no se puede odiar y ser buen cristiano (o el equivalente moral a sus creencias). La situación de la región exige un regreso al realismo, exige un juicio racional y no relativo de nuestro contexto actual. El futuro depende de que separemos la experiencia sensorial con la realidad fáctica, para poder romper el ciclo de reiteraciones de los errores de nuestra historia contemporánea. La facilidad con la que repetimos los errores es materialmente insostenible. Llamemos las cosas por lo que son y compitamos por el mejor modelo racional para coexistir.

Por Luis Eduardo Martínez

La democracia y el capitalismo ya no parecieran ser compatibles y el mundo ilícito toma control de las instituciones y el poder

¡Algo está podrido en el Estado democrático! Semana a semana los líderes políticos, económicos y mediáticos nos presentan desafíos sociales cada vez más ilógicos, redundantes, contradictorios. Y a la vez, aquellos con el control del poder nos reaseguran con discursos rimbombantes sobre las medidas necesarias para subsanar la inseguridad total a la que nos enfrentamos. Semana a semana los problemas se agravan, y ante la injusticia y el abuso, pareciera que solo la sumisión puede renovar la paz. La democracia y el capitalismo ya no parecieran ser compatibles y los Estados a nivel global han fracasado como modelo de organización social. El mundo de lo ilícito, el mundo iliberal, ha tomado el control del poder institucionalizado y normalizado una nueva realpolitik iliberal. ¡Algo está podrido en el Estado democrático!

Estado democrático

El pasado miércoles 17 de mayo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el decreto ejecutivo número 741, en el cual invocó el artículo 148 de la Constitución, famosamente conocido como muerte cruzada. El artículo 148 otorga al presidente la potestad de disolver el congreso (dentro de los tres primeros años de su gobierno) por una de tres causales. Lasso invocó la muerte cruzada por crisis política y conmoción interna. Se llama muerte cruzada porque este poder también obliga al ejecutivo a llamar a elecciones adelantadas, poniendo fin a su mandato y devolviendo al pueblo el poder de escoger un nuevo legislativo y ejecutivo para administrar el Estado de Ecuador.

Estos choques entre ejecutivo y legislativo también los hemos visto en Perú en años recientes, con 6 presidentes en 5 años. Sin embargo, el caso de Guillermo Lasso llama la atención. El gobierno de Lasso es el primer gobierno en 14 años que no forma parte de la bancada política de Rafael Correa. Durante los 2 años del gobierno de Lasso, los diputados correístas han citado a ministros a testificar ante el legislativo más de 300 veces. El legislativo también ha iniciado 14 procesos de destitución en contra de funcionarios nombrados por Lasso, y, adicionalmente, intentaron 2 procesos previos de enjuiciamiento político al mismo presidente. Mientras tanto, en esos mismos dos años de obstrucción legislativa a las funciones del ejecutivo, la tasa de homicidios en el país aumentó de 7 por cada 100 mil habitantes a 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y en lo que va de 2023, la cifra aumentó un 68% y está rumbo a cerrar el año en 34 homicidios por cada 100 mil habitantes. La crecida de la violencia se debe a la lucha de carteles por nuevas rutas para el narcotráfico. A pesar de la grave crisis de inseguridad y la conmoción política en Ecuador, el Departamento de Estado de EE.UU. y el presidente Joe Biden no se han pronunciado sobre el deterioro democrático en el país al sur de su mismo hemisferio. La administración Biden sí se pronunció sobre la “emergencia nacional con respecto a la República Centro Africana”. El pasado 12 de mayo, el presidente Biden declaró que la Orden Ejecutiva 13667, emitida el 12 de mayo de 2014 para hacer frente al colapso de la ley y el orden en la República Centro Africana, debe continuar vigente más allá del 12 de mayo de 2023.

Lo que tienen en común Ecuador y la República Centro Africana es que ambos territorios (con diferencias de grado y manifestación) no están bajo el control del Estado, y que, a pesar de llevar a cabo elecciones avaladas por la ONU y organizaciones internacionales como Freedom House, la democracia es una ficción que enmascara el control total del país por parte del mundo criminal.

Lo ilícito

Ecuador, país sudamericano que se encuentra entre Perú y Colombia (los mayores productores de cocaína a nivel mundial) se convirtió en el país por excelencia para el tránsito y exportación de droga de Sudamérica al mundo. En los últimos 2 años, esos 2 años que los correístas entorpecieron la gestión de Guillermo Lasso, la exportación de cocaína de Ecuador a Europa aumentó un 50%, y las incautaciones de drogas en los puertos aumentaron un 400%. Y es que los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se están disputando el control del país y las rutas de exportación de drogas. Los carteles han evolucionado al punto de realizar M&A (fusiones y adquisiciones) con bandas locales ecuatorianas. Por ejemplo, el cartel Jalisco Nueva Generación pactó con la pandilla ecuatoriana Los Tiguerones para subcontratar parte de su operación de narcotráfico. El gobierno ecuatoriano, que simplemente no se da abasto para garantizar la seguridad del país, ha tenido problemas hasta con destruir la cocaína incautada, ya que se trata de más de 670 toneladas. Las autoridades han recurrido a mezclar la cocaína con cemento y utilizarla en construcciones. Cabe destacar que el segundo país de mayor tránsito de drogas en las Américas es Panamá, un país que la administración Biden dejó sin embajadora hasta finales de 2022.

Del otro lado del mundo, la administración Biden sí está preocupada por la crisis “democrática” en la República Centro Africana. Y es que, a diferencia de países como Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, entre otros en LATAM, la República Centro Africana no cuenta con “asistencia en seguridad” por parte de EE.UU. y su DEA. En cambio, el presidente Faustin-Archange Touadéra evitó las formalidades hipócritas y la intromisión de occidente en sus asuntos, y en su lugar buscó garantías de seguridad con el Grupo Wagner. La compañía privada militar o grupo mercenario Wagner es liderado por un lacayo de Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin. Con ese dato las cosas pudieran tener un poco más de sentido. Hemos escuchado sobre el Grupo Wagner y sus operaciones en Ucrania, liderando la contraofensiva rusa. Yevgeny Prigozhin, quien compite con el ejercito rojo por los favores del Kremlin, protege al presidente de la República Centro Africana, Faustin-Archange Touadéra, a cambio de concesiones en minas de oro, diamante y demás minerales por más de 25 años y sin deber pago al Estado. Se estima que el Grupo Wagner genera ganancias por encima de los $2,7 mil millones anualmente en la República Centro Africana. Pero recordemos que el Grupo Wagner también opera en Mali, Libia y Sudán, todos los cuales han hecho noticias por sus urgentes y graves necesidades en materia de seguridad.

Ahora, ¿por qué las cúpulas del poder del asno y el elefante no comentan o actúan sobre la crisis democrática, de seguridad y narcotráfico en Ecuador, pero sí se pronuncian sobre la crisis en la República Centro Africana? ¿Será que el rey del norte se beneficia de un aumento en el tráfico de drogas a través de Ecuador y se ve perjudicado por el enriquecimiento de bandas criminales competidoras como el Grupo Wagner?

‘Realpolitik’ iliberal

Existe una dinámica en común entre lo que está sucediendo en Ecuador y en la República Centro Africana: individuos en Norteamérica y Rusia, conectados al poder, están lucrando debido a una crisis de seguridad; estos individuos además están aumentando su poder e influencia a través de la prestación de servicios de seguridad; estos mismos individuos tienen mayor control de los respectivos Estados (Ecuador y la República Centro Africana) que el mismo gobierno elegido “democráticamente”.

Yevgeny Prigozhin, por ejemplo, ha acumulado personalmente más de mil millones de dólares desde que inició operaciones con el Grupo Wagner en 2014, cuando recibió contratos con el Estado ruso para operaciones de combate en Ucrania. Desde entonces, Yevgeny Prigozhin pasó de ser un contratista más del gobierno de Putin, a ser la punta de lanza en la operación especial del Kremlin en Ucrania, y la fuerza militar que desplazó la presencia de Francia en África. Prigozhin, después de Putin, es probablemente el “líder” ruso más mencionado por los medios desde el inicio de la segunda invasión de Ucrania. Y el reconocimiento probablemente no lo lleve a la infamia, sino a nuevos negocios.

En el caso sudamericano estos individuos no son tan notorios ya que operan detrás del telón, pero dejan su firma a lo largo de la historia. En México, más del 25% del territorio está bajo el control de los carteles. En Colombia, desde la llegada al poder del exguerrillero Gustavo Petro, no se ha destruido ni una hectárea de coca. En Ecuador, los congresistas correístas anunciaron que desconocerán la invocación del artículo 148, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) asomó que podría retomar las calles, como en 2019, cuando corrieron al entonces presidente Lenin Moreno de su sede de gobierno en Quito, teniendo que huir a Guayaquil. En Venezuela, al parecer, ya la administración Biden aprobó el guion de las fraudulentas elecciones generales del año que viene. En Bolivia, Jeanine Añez continúa presa y a Washington se le olvidó la democracia y los derechos humanos en ese caso. Y en el asunto nicaragüense, simplemente se hizo caso omiso a la existencia de una dictadura anacrónica en el continente. “Aunque esto sea una locura, sin embargo, hay un método en ello”. A pesar de lo contradictorio del discurso proveniente de las cúpulas del poder, existe una lógica detrás de esta distopía contemporánea: los presupuestos de defensa y seguridad continúan aumentando, la extensión de estados de emergencia por inseguridad se normalizó, las FFAA y distintos estamentos de seguridad aumentan su competencias y potestades. La parte más cínica de este nuevo realpolitik iliberal es que el pueblo, asediado y desesperanzado, aplaude como estos individuos secuestran al Estado y nos convierten en vasallos del mundo criminal.

A juicio del diputado opositor Luis Eduardo Martínez, la reforma parcial del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (LIGTF), aprobada el 3 de febrero del año pasado, y con el voto negado de los diputados y diputadas de la oposición democrática, en nada ha contribuido para la necesaria recuperación de la economía nacional.

Nota de prensa

Por ello, aseveró que hoy los parlamentarios de la Alianza Democrática están obligados a reformarla, frente a todos los cuestionamientos públicos de distintos sectores de la vida nacional sobre el citado reglamento legal.

“Como lo señalamos en la ocasión de la primera discusión en plenaria, la ley se aplica a personas naturales o jurídicas no calificadas previamente como contribuyentes especiales, independientemente de su capacidad económica, gravando sus transacciones por la utilización como medio de pago, de una moneda extranjera o criptoactivos distintos a los emitidos por la República; no se gravan grandes transacciones financieras sino cualquier transacción, independientemente del monto en la cual el medio de pago sea una moneda extranjera o criptoactivos distintos a los emitidos por la República», recordó el legislador.

En este sentido, mantuvo que esto encarece y procura desestimular como medio de pago una moneda extranjera o criptoactivos distintos a los emitidos por la República a pesar que el uso de ambos contribuyó en mucho a resolver el colapso de los medios de pago cuando el bolívar físico se escaseó, abatir a la hiperinflación y dar mayor certidumbre al sistema de precios lo que ha sido clave en la recuperación económica del 2022.

Sobre esto, Martínez reiteró -como dijó en el momento de la discusión- que afecta el patrimonio de las empresas especialmente las medianas y pequeñas así como sus flujos de caja y con tal desestimula la inversión; pasa a ser un impuesto general a las transacciones en moneda extranjera, que se extiende no solo a los débitos bancarios, sino también al consumo, implicando un riesgo de doble tributación, al aplicarse en conjunto con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya Ley contempla una sobrealícuota para los casos de enajenación de bienes y prestación de servicios cuyo medio de pago sea moneda extranjera; no es deducible del Impuesto sobre la Renta.

«Se convirtió, como advertimos entonces, en un impuesto permanente cuando experiencias en otros países muestran su implementación como un impuesto temporal mientras perdure una situación de graves dificultades económicas», dijo al tiempo que sumó que en poco o nada ha contribuido a la generación de confianza tan importante para motivar la inversión privada nacional y extranjera fundamental para la sostenibilidad de la recuperación económica nacional.

Insistiendo en que se trata de un impuesto de difícil recaudación, el legislador apuntó que si bien no hay cifras exactas y definitivas, consultas realizadas permiten afirmar que es marginal lo que se recauda por este concepto. Adicionalmente -según precisó- su contribución al todo del presupuesto de ingresos-gastos de la República para el 2023 es irrelevante: «En el proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional, aprobado el pasado mes de diciembre por la Asamblea Nacional, el aporte para el todo de los ingresos del año fiscal se estima en Bs. 6.327.210.184 o sea solo el 3,71 %”.

Sin dejar dudas sobre que Ley del IGTF perjudica a todos los sectores productivos de la vida nacional y a los consumidores en general, Martínez hizo un exhorto a la mayoría oficialista a acompañar la propuesta que en poco presentarán para adecuar esta ley a las necesidades nacionales.

Como se recordará, la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras fue publicada en la Gaceta Oficial No. 6.687 Extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2022 entrando en vigencia el 27 de marzo de 2022.

Por Luis Eduardo Martínez en La Estrella

El rechazo de la población al establecimiento formal del poder instituido resultó en la elección de líderes que prometen la paz social

Los Estados latinoamericanos no tienen el monopolio de la violencia. Los Estados en la región no tienen el control de sus fronteras. Los Estados de la región ni siquiera tienen la capacidad de recolectar los impuestos que legalmente se le deben al gobierno para su funcionamiento. En América Latina los gobiernos recolectan menos del 56% de los impuestos que se tienen presupuestados, y en el Caribe menos del 42%. Menos de un tercio de nuestras poblaciones confía en las instituciones políticas, es decir que, en promedio, 6 de cada 10 latinoamericanos desconfían del gobierno. Desde la torre de marfil de las definiciones académicas, la región está repleta de Estados fallidos. El resultado es evidente, América Latina es la región más violenta del mundo, más que el medio oriente, más que el norte de África. Vivimos más cerca de un estado natural que de una sociedad cohesionada. Y no es pesimismo, es la realidad. En Brasil, 63% de las personas desconfía de sus propios vecinos. 54% de los peruanos y bolivianos no confían en los miembros de sus comunidades. En Panamá, México, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, las cifras superan el 40% de desconfianza hacia nuestros conciudadanos.

El rechazo de la población al establecimiento formal del poder instituido resultó en la elección de líderes que prometen la paz social, pero a costa de la justicia. Es decir, el asco que provoca la corrupción, los abusos de los estamentos de seguridad y las constantes fallas en los servicios más básicos generó una dinámica en donde, por múltiples razones, nuestras poblaciones (aunque con la mínima diferencia) decidieron elegir a personas como Gustavo Petro (un exguerrillero) en Colombia, o Pedro Castillo (un maestro rondero apadrinado por el Partido Comunista y el legado político de Sendero Luminoso) en Perú, a Luis Ignacio “Lula” da Silva (un exgobernante condenado por corrupción y el artífice del Foro de Sao Paolo) en Brasil. Estos líderes llegaron a la cúpula del poder en sus respectivos países prometiendo paz social, a pesar de ser ellos mismos violadores infames de la justicia en sus propios países.

A pesar de los evidentes fracasos que hemos vivido en la era democrática de la región, el Estado democrático se mantiene como la única alternativa (en la actualidad) que produce un balance entre las facciones de poder en una sociedad y, por lo tanto, garantiza los mayores niveles de paz y justicia posible. La democracia y su arquitectura son un rompeolas para los ánimos manipulables del pueblo, así como una camisa de fuerza para los poderosos (económicos o políticos) que buscan el control total de las riquezas del país. La democracia es absolutamente insuficiente en garantizar todos los derechos naturales del hombre, sin embargo, es el sistema político que mayores libertades permite en una sociedad moderna.

Haití

Las repercusiones de un Estado fallido sobre sus poblaciones son la experiencia diaria de injusticia y abusos que viven los latinoamericanos. No hay que recurrir a los libros de hist oria para evidenciar el presente de algunos países y avistar el futuro cercano del resto.

El 7 de julio de 2021, una veintena de mercenarios de varios países de la región (en su mayoría militares retirados colombianos) asaltaron la residencia de Jovenel Moïse, entonces presidente de Haití. La persona más poderosa del país, o por lo menos en papel, fue asesinada en su domicilio. Un año y medio después, aún no se sabe quién estuvo detrás de la operación transnacional que causó la muerte de un jefe de Estado. Lo que sí se sabe es que Moïse había montado una guerra contra los carteles de la droga en el país. Y, según The New York Times, el presidente había recabado información que tras ser destilada produjo una lista de los involucrados en el tráfico de droga que cruzaba por Haití. La lista incluía los nombres de los oficiales del gobierno que participaban en el narcotráfico, incluso aquellos que habían impulsado a Moïse a la Presidencia. Tras asesinar al presidente, los mercenarios permanecieron buscando la lista, y según la misma esposa de Moïse, una vez la encontraron, huyeron de la escena del magnicidio.

Un año y medio después del asesinato, las pandillas controlan 60% del territorio de Puerto Príncipe, la capital del país. Y el actual mandatario, Ariel Henry, junto a sus 18 ministros, formalmente solicitó a la comunidad internacional el envío de tropas armadas para combatir las pandillas que hoy controlan gran parte del combustible (y por lo tanto suministro eléctrico) y agua del país.

El caso de Haití es, por supuesto, el más impactante, pero solo porque se ha perdido la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana. En Venezuela todos saben que son los militares y los carteles los que junto a un parásito político/económico dominan el país. En México y Colombia grandes partes del país están en manos de los carteles, y la política ha sido infiltrada hasta los más altos niveles. Esta pérdida de sensibilidad, producto del miedo, del egoísmo y el instinto animal de supervivencia, ha provocado el auge de nuevos líderes en la región. Líderes iliberales y con claras tendencias autoritarias.

Colombia y El Salvador

En 2019, Nayib Bukele fue elegido presidente de El Salvador. Ganó con 53% de los votos. En su primer año de gobierno irrumpió en el congreso, junto con decenas de “escoltas” en fatigas militares y con armas largas, y exigió a los diputados que aprobaran su plan de seguridad. Amenazó a los diputados con un levantamiento popular en su contra; por supuesto la amenaza vino acompañada de la intimidación de los soldados presentes en el templo democrático.

Hoy, El Salvador tiene más de 8 meses en un estado de emergencia. Más de 60 mil salvadoreños han sido detenidos sin el debido proceso, por presuntos vínculos con las pandillas. Los detenidos se encuentran en cárceles asignadas y bajo tratos inhumanos, de lo cual el mandatario se jacta para atemorizar a sus oponentes, que de momento son las pandillas. En una ocasión, incluso, forzó a los detenidos a ir a destruir con mazos las lápidas de personas que en vida pertenecieron a pandillas. La semana pasada, más de 10 mil efectivos del ejército, con rifles y tanquetas, rodearon la población de Soyapango. Es decir, que para cada tres habitantes de la ciudad había un soldado con un rifle y varios cartuchos de municiones.

Tras tres años de gobierno, Bukele ahora goza del 80% de la aprobación de los salvadoreños. Hartos de la violencia y el desgobierno, la mayoría ha aceptado la “paz” sin justicia para los acusados.

La otra cara de la moneda es el caso de Gustavo Petro en Colombia. Petro, un exguerrillero para comenzar, fue elegido con 50,47% de los votos el pasado 19 de junio. Desde entonces, el presidente ha: impulsado legislaciones que buscan discriminalizar el cultivo de coca en el país que más produce cocaína y legalizar el uso recreacional de la marihuana; renovado relaciones con la dictadura venezolana y reabierto negociaciones con el ELN; e impulsado una agenda que él llama “perdón social”, para otorgar amnistías a los excombatientes que asediaron el país por los últimos 50 años.

A inicios del mes de diciembre el presidente colombiano prometió la excarcelación de los detenidos en primera fila durante los disturbios sociales de 2021. Disturbios que, a pesar de la causa política, ocasionaron pérdidas económicas por encima de los $3 mil millones. Se vandalizaron más de 150 oficinas de gobierno, se destruyeron parcial o totalmente más de 600 estaciones de policía, 500 establecimientos comerciales, etc. Gustavo Petro ofrece la paz y el perdón social excarcelando a los responsables de hechos que sin duda están por fuera de la ley. Y no solo excarcelarlos, sino también nombrarlos “gestores de paz”, posición que les otorga cerca de $100 para “aportar” a sus comunidades.

Si en El Salvador se ofrece paz a la ciudadanía, pero sin justicia para los detenidos, en Colombia Petro ofrece paz a los criminales, sin justicia para la ciudadanía.

Argentina y Perú

El deterioro institucional en la región es evidente en cualquier estudio o cualquier estadística sobre el funcionamiento de nuestras instituciones. El narcotráfico ha permeado todos los niveles de la sociedad y todos lo sabemos, de una manera u otra. La desconfianza y el uso de la violencia han tomado control de nuestra manera de relacionarnos, en todos los ámbitos, y sí, hemos devolucionado como sociedades e incluso como humanos. Pero la desesperanza tampoco nos está trayendo los resultados que deseamos, ni para nosotros ni para los que vendrán después.

La condena de la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por corrupción nos presenta con una esperanza. Al igual que la reacción de las fuerzas armadas de Perú y los congresistas ante la intentona del ahora expresidente Pedro Castillo de disolver el legislativo. No solo las Fuerzas Armadas se mantuvieron al margen y en defensa de la Constitución, sino también la oposición política de un gobierno con menos del 20% de aprobación, no intentó tomar control del mismo ni forzar elecciones adelantadas.

Perú ha tenido 5 presidentes en 5 años, pero si hay algo que rescatar de la crisis política en el país es que la institucionalidad democrática permitió que la justicia existiera con la mayor paz social posible. Argentina, de la misma manera, ha enfrentado crisis económicas desastrosas en los últimos años, pero la institucionalidad ha permitido que aquellos que buscaban perpetuarse en el poder y corromper a las autoridades no quedasen impunes.

No hay paz sin justicia. Y no hay justicia sin el respeto por los derechos naturales del hombre. Y la arquitectura democrática liberal sigue siendo la mejor fórmula para garantizar el balance óptimo posible entre niveles de paz y justicia para todos. No permitamos que por la desesperanza y el egoísmo la refundación del Estado caiga en manos de iliberales y autócratas.

Por Luis Eduardo Martínez

Ya han transcurrido 267 días desde que las fuerzas armadas rusas invadieron Ucrania. En menos de un año el balance de poder a nivel mundial cambió de eje, así como los valores que predominan en el escenario internacional. La vida cotidiana alrededor del mundo también sufrió. El temor a lo desconocido y el instinto de preservación parecen haber sustituido a la esperanza y la apertura como lógicas predominantes en nuestras sociedades supuestamente libres. Y con buena razón.

En Estados Unidos, por ejemplo, solo dos de cada diez personas confían en que el gobierno hace lo debido. En América Latina prácticamente el 50% de las poblaciones de Perú, Brasil Colombia, Ecuador, y hasta Costa Rica, no solo no votaron a favor de los gobiernos de turno, sino que insisten en realidades políticas completamente opuestas. A la división política en la región podemos sumarle que en los últimos dos años más de 100 millones de personas (uno de cada seis latinoamericanos) cayeron en pobreza. Repentinamente millones de personas en todo el mundo sienten que sus naciones están desprotegidas de amenazas externas y bajo el asedio interno de fuerzas malvadas, de índole comunistas e izquierdistas o ultraconservadores y fascistas. La situación económica no le permite a millones garantizar la seguridad de tres comidas al día y un techo donde vivir.

La hipocresía de los poderosos ha minado la voluntad de los valientes. La ideología iliberal, que en términos simples es la veneración de la violencia como instrumento de dominación y orden, ha conspirado para generar esta división infinita de realidades opuestas. Desesperado por la incertidumbre generalizada, el mundo corrió hacia la falsa certeza del autoritarismo.

Ucrania y Europa

Para poner en contexto el cambio drástico de valores en el escenario internacional, consideremos lo siguiente: ya son 267 días de guerra en Europa – a la fecha ningún país europeo, ningún país aliado, ningún país democrático ha enviado tropas en apoyo a Ucrania (en 1939 Francia y el Reino Unido demoraron dos días en responder a la invasión alemana de Polonia). El cambio de valores lamentablemente sucedió por cobardía y no decisión de los líderes de Europa. Tras 267 días de la invasión, Alemania y el Reino Unido importan 20% más gas natural líquido de Rusia que el año pasado.

A inicios de noviembre, el canciller alemán viajó a Pekín a buscar favores con el recién coronado Xi Jinping. Scholz pareciera haber despertado a la realidad de que más del 12% de sus exportaciones dependen del consumo del mercado chino.

La falta de liderazgo en Alemania ha sido tal, que a pesar de toda la retórica sobre las amenazas que impone China sobre el mundo libre, las importaciones de productos chinos en Alemania aumentaron un 52% entre 2021 y 2022. Hoy, 11% de las importaciones alemanas provienen de China, la mayoría en elementos esenciales para sus propias líneas de producción. Es el mayor socio comercial de Alemania.

En la reunión del G20 en Bali (Indonesia) esta semana, el canciller Olaf Scholz y sus homólogos europeos no tuvieron problemas en compartir el escenario con el canciller ruso Sergei Lavrov. El pulso y la valentía de Europa solo logró una nueva y mediocre declaración de condena contra Rusia (declaración que ni siquiera tuvo el apoyo unánime de los miembros del G20).

EE.UU. y China

La postura internacional del Gobierno de EE.UU. también deja mucho que decir. En octubre de 2021, el presidente Joe Biden sorprendió al mundo al declarar públicamente y sin ambigüedades que su país respondería militarmente a una amenaza china a la integridad territorial de Taiwán. En 2021, el equipo de seguridad nacional del presidente Joe Biden determinó que China era la mayor amenaza a los intereses de EE.UU., seguido por Rusia, Irán y Corea del norte. Es más, en diciembre del año pasado, el gobierno de Biden impuso sanciones a China por las violaciones de derechos humanos a las minorías uiguires en Xinjiang.

Tan solo un año después, el escenario es radicalmente opuesto. En el mes de octubre, el presidente estadounidense viajó a Arabia Saudita a buscar favores con el mismo régimen al que catalogó de paria durante la campaña presidencial 2020, favores que Mohamed Bin Salaman rehusó y públicamente divulgó a los medios. Biden se reunió con Xi Jinping en el marco del G20 en Bali, sin hacer mayor énfasis en la guerra en Ucrania ni las violaciones de derechos humanos en Xinjiang, y además declaró que China no presenta una amenaza inminente contra Taiwán.

El mismo equipo de seguridad nacional de Biden ahora negocia detrás del telón con Irán, para reanudar el acuerdo nuclear, y le ha solicitado al gobierno asediado de Zelenski en Ucrania que inicie negociaciones con Rusia, para poner fin a la guerra de invasión (negociaciones que inevitablemente contemplarán la rendición de territorio ucraniano a control ruso).

Nuevamente para poner en contexto, el presidente Joe Biden arremetió contra cerca del 50% de su propia población y la catalogó de extremista, fascista y amenaza a la democracia, y no lo hizo así contra el tirano de Pekín. La gran diferencia que ha marcado los cambios de tono de la administración Biden ha sido las distintas necesidades electoreras para mantenerse en el poder.

América Latina

América Latina, como de costumbre, atravesó por otra crisis internacional (la pandemia de la covid-19) sin encontrar manera de integrarse como actor independiente en los movimientos de las fichas del poder internacional. Una vez más la región escogió el populismo, que se avivó con los vientos globales, en vez de solucionar sus problemas estructurales.

En los dos últimos años la región escogió: en Perú a un maestro rondero, sin experiencia política alguna; en Chile a un millennial como presidente y una asamblea constituyente que incluía un diputado que se presentaba a las sesiones vestido del Pokémon Pikachu; en Colombia eligieron a un exguerrillero, que promete descriminalizar la cocaína y conceder penas reducidas y hasta absolución a los asesinos de colombianos; en Brasil reeligieron a un corrupto (y el artífice del Foro de Sao Paolo). Más allá de la posición política del lector, es deplorable pretender que esta es la mejor oferta política y no una apatía generalizada por el experimento que llamamos sociedad.

El dictador venezolano Nicolás Maduro ya camina libremente en conferencias internacionales, con el mismo presidente de Francia legitimando públicamente su narco-régimen. Muchos ni se acuerdan ni tienen presente que Nicaragua es ahora otra dictadura absoluta en la región. Muchos no tienen ni la más mínima preocupación por El Salvador, que lleva ocho meses en estado de excepción, donde han detenido sin respaldo judicial a más de 80 mil hombres en todo el país. Presos por un Estado sin derecho, hacinados, y en condiciones inhumanas. Pero aun 80% de los salvadoreños aplauden a Bukele y muchos en la región sueñan con un gobierno como el del autodeclarado emperador de El Salvador. Aislados en nuestras realidades llenas de temor y resentimiento, cuántos no sueñan con ver a las fuerzas armadas irrumpir en el palacio legislativo y “poner” orden.

Conclusión

Solo han transcurrido 267 días desde que el balance del poder a nivel mundial y los valores predominantes cambiaron de eje. En general hemos aceptado la narrativa de conflicto, miedo y autopreservación. A pesar de las realidades del contexto material deteriorado en el que vivimos y de las dificultades reales y compartidas a las que nos enfrentamos como individuos y sociedades en un orden internacional, no estamos obligados a mantener el rumbo que nuestros falsos líderes nos han impuesto para mantenerse en el poder.

El arte siempre ha sido una herramienta que atraviesa barreras y las limitaciones del lenguaje estructurado y las representaciones predeterminadas. Parafraseando a expertos de la novela gráfica V de Venganza: ¡Nos equivocamos! ¡Así es la vida, eso es todo! Así es la vida. Es lo que tenemos que aguantar. Es todo lo que tenemos. ¿Qué te da derecho a decidir que no es lo suficientemente bueno?

Estamos en una prisión… hemos estado en una prisión tanto tiempo que ya no creemos que hay un mundo afuera. Eso es porque tenemos miedo… tenemos miedo porque podemos sentir que la libertad se nos escapa y el espacio a nuestro alrededor se achica…tenemos miedo porque la libertad es aterradora… No retrocedamos. Una parte de nosotros entiende la verdad, incluso cuando otra parte finge no hacerlo… Estamos en una celda. Nos ofrecieron elegir entre la muerte de nuestros principios y la muerte de nuestro cuerpo… Pero la verdad es que la puerta de la jaula está abierta… debemos salir y respirar aires de libertad.

Por Luis Eduardo Martínez

Tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, el optimismo de la victoria de la democracia y la economía de mercado sobre el comunismo nos permitió vivir dos décadas creyendo en el fin de la historia

Vivimos en un mundo surrealista. Vivimos en un mundo en donde, por ejemplo, la candidata demócrata a la gobernación del estado de Georgia, EE.UU., sugirió que el derecho al aborto es una herramienta en la lucha contra la inflación; un mundo en donde un presidente exguerrillero en Colombia y un rondero comunista acusado de operar bandas criminales desde el Palacio de Gobierno de Perú culpan a la lucha en contra de lo ilícito (la guerra contra las drogas) por los daños criminales a nuestras sociedades producto de las actividades ilícitas. Más allá de ser un mundo más complejo y confuso, vivimos en un mundo marcadamente más violento que en las últimas tres décadas. Un mundo en donde cada diferencia política pareciera producir una amenaza existencial para los bandos opuestos. En general, pareciera que vivimos en un mundo en donde los Estados están siendo amenazados por conflictos internacionales e internos, no controlan sus fronteras y, sobre todo, no tienen el monopolio interno de la violencia.

Durante la Guerra Fría vivíamos en un mundo bipolar. Estados centrales, ya consolidados, formaron dos bandos que pusieron a prueba y en un rumbo de colisión inevitable, sus propuestas hegemónicas para el orden mundial. Tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, el optimismo de la victoria de la democracia y la economía de mercado sobre el comunismo nos permitió vivir dos décadas creyendo en el fin de la historia y la tranquilidad que supuestamente emanaría de las sociedades libres. Hoy vivimos en un mundo dominado por las tres “P” de Moisés Naím: Populismos, polarización, y posverdad. Sin entrar en el detalle de las dinámicas de que producen y son producto del populismo, la polarización política y la posverdad, la predominancia de las tres “P” en nuestras sociedades evidencia que existe una lucha interna por la consolidación de nuevas hegemonías, de nuevos estados y de un nuevo orden mundial.

La posverdad separó nuestra realidad de la continuidad de la historia. El actual contexto material de nuestras realidades será interpretado y valorizado por la fuerza política que predomine en el conflicto ideológico que estamos presenciando a diario. Sin embargo, debemos ampliar nuestro entendimiento de los actores que lideran las distintas cruzadas por la reconquista del estado. Vivimos en un mundo en donde la izquierda y la derecha no solo no son los únicos dos “bandos”, sino que ni siquiera están en la delantera por consolidar una nueva hegemonía ideológica y sistémica. Aquellas fuerzas marginales que el Estado moderno mantuvo detrás del muro impenetrable del método científico y la realidad binaria son ahora las fuerzas que dominan nuestras democracias y controlan nuestros gobiernos. Los extremismos ideológicos, fanatismos religiosos, grupos criminales y hasta grupos terroristas hoy día movilizan coaliciones de minorías que han tomado control de las instituciones del Estado.

Violencia política

Según un estudio reciente de The Chicago Project on Security and Threats de la Universidad de Chicago en EE.UU., más de la mitad de las personas arrestadas en relación a los disturbios del 6 de enero de 2020 en Washington D.C. provenían de condados abrumadoramente demócratas. Las personas más violentas en los disturbios del 6 de enero de 2020 en EE.UU. provenían de los lugares más multiculturales de todo el país. Si bien es cierto que 92% de los manifestantes que irrumpieron en el capitolio era blanco, y 86% era hombres, también lo es que son hombres blancos provenientes de los condados en el país que han visto las caídas más drásticas de población blanca en relación a nuevas minorías raciales. Es decir que sí existe por lo menos un elemento concreto y evidente que uniría a este grupo de personas en un conflicto existencial por la supervivencia de una hegemonía de alguna manera definida en términos raciales.

Aun cuando el estudio de la Universidad de Chicago se enfoca en los disturbios del 6 de enero de 2020 y en violencia de grupos asociados con la derecha, el mismo estudio encontró que hasta 25 millones de americanos justifican el uso de la violencia para, por ejemplo, resistir brutalidad policial. Números similares se registraron en encuestas a personas que estarían dispuestas a justificar el uso de la violencia para, por ejemplo, restaurar al expresidente Donald Trump en el poder. En resumen, hay 25 millones de estadounidenses de la “izquierda” dispuestos a utilizar la violencia para defender sus valores, y 25 millones de estadounidenses de la “derecha” igualmente dispuestos. Un total de más de 50 millones de adultos de los 250 millones de americanos en edad de votar estarían comprometidos con la violencia, sin importar el costo, con tal de defender su versión de la realidad.

Esta renovada aceptación de la violencia en el ámbito público responde a que, a diferencia de los años 90, en la segunda década del siglo XXI las protestas violentas han sido estadísticamente más exitosas en lograr objetivos políticos de minorías que los movimientos sociales pacíficos. Y aquellos que mueven los hilos del poder saben cómo utilizar las emociones de las personas para fines ocultos a quienes terminan sangrando en las calles. La filtración de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de derogar Roe vs. Wade, por ejemplo, energizó a los demócratas al punto de quedar encima en las encuestas a inicios de agosto. La redada del FBI a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, similarmente, aumentó en un 3.000% las menciones de guerra civil en redes sociales, de 500 menciones por hora a más de 15.000 después del anuncio del expresidente en Truth Social. En fin, todas estas realidades fácticas apuntan a que la violencia ya no está al margen del debate político en la democracia, sino que es un elemento central y determinante en nuestras sociedades.

Tendencia global

La larga lista de candidatos populistas que emergieron en el mundo durante las dos últimas décadas fueron en su momento descritos como actores atípicos, que se enfrentaron al status quo, como síntomas de un sistema político orgánico que buscaba una autocorrección. Como una fiebre en respuesta a un virus en la democracia. Sin embargo, lo atípico rápidamente se convirtió en la norma. La seguridad de la alternancia entre partidos tradicionales en las democracias modernas desapareció y expuso al Estado a las grandes divisiones políticas y económicas en la sociedad del presente siglo, y aquellos que vieron la oportunidad de conquistar el Estado saben que la polarización política y la estadística básica te pueden dar una victoria electoral.

En América Latina los ejemplos son dolorosamente evidentes. En Chile, la violencia del estallido social de 2019 llevó al poder a un presidente de 35 años. En Colombia y Perú, las insurgencias de comunistas y los grupos narcotraficantes (si es que se pueden considerar por separados) evolucionaron sus tácticas del conflicto armado a la protesta urbana violenta, para llegar al poder. Hoy Colombia tiene al mando de la Casa de Nariño a un exguerrillero que negocia desde el podio de la ONU la legalidad del cultivo de drogas por sus excompañeros y probables aliados actuales. Y en Perú, los narcotraficantes batieron récord de producción de cocaína el año pasado.

Por otro lado, el régimen venezolano de Nicolás Maduro, presumiblemente siguiendo el antecedente de los Castro, está sugiriendo con cada caravana de migrantes rumbo a EE.UU., que el sistema político del gigante americano está listo para arder. Esa debilidad también la están explotando las oligarquías de los regímenes de Rusia, Turquía, Irán, Arabia Saudita, China, etc. Regímenes que ya no están gobernados por clases económicas en busca de beneficios materiales, e incluso alguno ni siquiera por paradigmas ideológicos, sino por bandas criminales anárquicas que buscan salvajemente por fin predominar y superar al Estado como entidad política en el escenario internacional.

El Estado iliberal

El panorama es bastante sombrío. Los ciclos noticiosos son cada vez más dramáticos, y los antagonismos se multiplican. Las diferencias entre las facciones sociales parecieran crecer y convertirse en irreconciliables. Los actores al mando de las tres “P”, la polarización política, la posverdad y los populismos se están apoyando en los temores de las personas y la violencia para controlar una fracción dominante de nuestras sociedades e imponerse. Mucho más allá de las pugnas tradicionales de la izquierda y la derecha, grupos criminales (llámense narcotraficantes, empresarios corruptos u organización transnacional de lo ilícito) están manipulando las debilidades del sistema democrático para constituir un Estado iliberal.

Más allá de cualquier valorización moral o material de las estructuras de nuestra sociedad actual, el poder de la sociedad moderna emanó del consenso en las reglas básicas para definir la realidad y organizar el poder. Las fuerzas iliberales, que pujan por una nueva hegemonía, quieren hacer ver que el consenso ya no existe y es inalcanzable. Y que solo a través de la violencia y la conquista lograremos la paz social. Las fuerzas iliberales quieren establecer una hegemonía monolítica que solo garantizará 100 años de guerras civiles y tiranías de minorías y mayorías.

Serán nuestras decisiones individuales las que definan el curso de la historia. ¿Es este el fin de la era liberal y el inicio de la reconquista violenta de la civilización? ¿Fue el compromiso liberal una falacia para marear a aquellos sin acceso al poder? ¿Cuál es el rol de la violencia en las dinámicas sociales del hombre? Y la pregunta más importante que debemos hacernos: ¿Cuál es el objetivo de nuestras sociedades políticas o el “grupo” con el cual nos identificamos?

Queda claro que el Estado no está constituido, su existencia está bajo amenaza. ¿Estaremos organizados en sociedades bajo el concepto del Estado en el mundo del futuro, y en tal caso, cuál será el propósito del mismo? ¿Paz social?, ¿desarrollo humano? O, acaso viviremos en un mundo en donde la supervivencia de la raza humana sea un elemento organizador.

Por Luis Eduardo Martínez

El 2 de octubre, el Gobierno de EE.UU. de Joe Biden liberó a los “narcosobrinos” del dictador Nicolás Maduro, quienes cumplían sentencia en EE.UU. desde 2017

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, culminó su gira por tres países de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile y Perú) en Lima, Perú, con su participación en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). La presencia del jefe de la diplomacia estadounidense y sus homólogos en Lima pinta un panorama político muy distinto a la reunión extraordinaria de la OEA en Lima en 2001. El 11 de septiembre de 2001, Collin Powell, que en paz descanse, una figura imponente no solo por su estatura y porte militar sino por su trayectoria, se reunió con sus homólogos en Lima, a pesar de que las torres gemelas aún ardían, para firmar el compromiso compartido de los líderes de la región: la Carta Democrática Interamericana. En medio de un ataque, los aliados de EE.UU. en la región reforzaron su compromiso por los principios de la democracia. Dos décadas después, Antony Blinken, un desinspirador profesional de carrera diplomática, negocia con un exguerrillero, un rondero comunista, un líder estudiantil y hasta un narcodictador el futuro de la gobernabilidad de la región. En menos de dos semanas, el Gobierno de EE.UU. negoció con la dictadura de Maduro (Venezuela), transó una nueva estrategia sobre el narcotráfico con Gustavo Petro (Colombia), y dio un necesitado espaldarazo a los asediados gobiernos de Gabriel Boric (Chile) y Pedro Castillo (Perú). El nuevo rumbo de las relaciones diplomáticas de la región apunta hacia el final definitivo de la era liberal en el hemisferio.

OPEP+ y Venezuela

En la política internacional los tiempos de las decisiones no son coincidencias, sino parte de las negociaciones y estrategias. El 2 de octubre, el Gobierno de EE.UU. de Joe Biden liberó a los “narcosobrinos” del dictador Nicolás Maduro, quienes cumplían sentencia en EE.UU. desde 2017, por intentar traficar 800 kilos de cocaína a EE.UU. La decisión fue parte de un “intercambio de prisioneros”. El régimen venezolano liberó, a cambio, a siete estadounidenses que mantenía arbitrariamente detenidos. Dos días después, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió recortar la producción diaria del cartel en 2 millones de barriles de oro negro, un equivalente a 2% de la producción mundial, para mantener los precios de hidrocarburos más altos. Existe un interés evidente de la Administración Biden de utilizar a Venezuela para balancear los impactos de la guerra en Rusia. Desde el inicio del conflicto en Europa, el gobierno demócrata de EE.UU., en repetidas ocasiones, ha reabierto los diálogos con el régimen de Maduro, y en ninguno de ellos el tema principal fue la transición democrática.

La crisis energética a nivel mundial y la crisis migratoria producto del colapso de la economía venezolana han barajado cartas más favorables para el régimen venezolano para esta ronda de negociaciones. Es por eso que Maduro también se posicionó como garante del proceso de paz entre el ELN y el Gobierno Colombia, para tener el control de la amenaza latente y desestabilízante de nuevos conflictos paramilitares que desaten olas impredecibles de flujos migratorios en la región.

Colombia y el narcotráfico

A Gustavo Petro no se le pueden borrar las rayas de tigre. El primer presidente de izquierda de Colombia algo habrá aprendido de sus experiencias como guerrillero, y si no, habrá aprendido del legado de los Castro y la izquierda revolucionaria en las Américas. Petro sabe que sin el control del congreso, que no tiene, no podrá gobernar. Y que sin resultados rápidos (así sean a corto plazo), su victoria histórica podría culminar en el fracaso de su causa iliberal.

El Estado colombiano, sin importar el gobierno de turno, es el aliado en materia de seguridad más importante de EE.UU. en el hemisferio. Colombia tiene puertos hacia el Atlántico y el Pacífico, y también la plataforma natural para los flujos migratorios y de lo ilícito de Sudamérica hacia Norteamérica. Teniendo esto presente, Gustavo Petro planteó un balance perverso al Gobierno de EE.UU., el que pecó desde el momento en que decidió negociar. Por un lado, el presidente y exguerrillero colombiano, con toda la familiaridad intrínseca de aquellos sin respeto por la formalidad diplomática, dejó claro, durante la rueda de prensa en conjunto con Antony Blinken en Bogotá, que mantendría la política de su predecesor Iván Duque de otorgar un estatus de protección temporal a los migrantes venezolanos, a cambio de concesiones que beneficien políticamente al gobierno izquierdista neogranadino.

El precio para que Colombia siga absorbiendo esos flujos migratorios, en vez de facilitar su tránsito hacia Norteamérica, es un cambio en la política conjunta de EE.UU. y Colombia en la lucha contra el narcotráfico. «Tenemos muchos puntos en común en prácticamente todos los problemas que tenemos que abordar. En el combate contra las drogas, por ejemplo, apoyamos firmemente el enfoque integral de la Administración de Petro”, dijo Blinken en la Casa de Nariño. Este enfoque integral que propone Petro busca descriminalizar los cultivos de cocaína y cesar los programas de erradicación de cultivo, para enfocarse en supuestos esfuerzos de “interdicción e inteligencia”. En otras palabras, Petro planteó a EE.UU. solo enfocarse en el combate al tráfico de las drogas hacia Norteamérica vía rutas marítimas y aéreas (interdicción) y supuestamente atacar a los narcotraficantes y no a la cadena de producción de lo ilícito (inteligencia). Traducido al lenguaje político latinoamericano: Colombia trabajará con EE.UU. para detener los flujos migratorios y de drogas hacia Norteamérica, y el gobierno de Petro recibirá a cambio nuevos juguetes para apaciguar a las Fuerzas Armadas y herramientas de espionajes para mantener cierto control en los niveles de narcotráfico, sin hacer nada para disminuir la producción y, por supuesto, el lucro de la actividad ilícita.

Es un balance perverso. Gustavo Petro con estas negociaciones puede decirle al campesinado que ya no será perseguido inclusive si decide cultivar coca. Puede decirle a sus excompañeros de trinchera, los grupos narcoparamilitares, que podrán seguir operando mientras cumplan con sus reglas, y los grupos paramilitares podrán utilizar los lucros de lo ilícito para seguir comprando candidatos y curules ahora accesibles gracias al proceso de paz. Petro inclusive podría comprar el favor electoral de migrantes venezolanos acelerando los procesos de nacionalización, lo cual además será bien recibido por la Washington de Biden. La debilidad que está mostrando Washington permitirá que un gobierno que tiene todas las de quedar hundido en el abismo de sus mentiras, no solo sobreviva, sino tenga victorias políticas suficientes como para persistir.

Chile, Perú, la OEA Y EE.UU.

Tras su viaje a Colombia, el secretario de Estado de EE.UU. viajó a Chile y Perú. La visita oficial del emisario del ejecutivo estadounidense es un espaldarazo a los gobiernos de Boric y Castillo. Ambos mandatarios tienen menos de dos años en sus despachos y cuentan con menos del 35% y 22% de aprobación en sus respectivos países.

En Chile, Boric disfrutó de una bachanalia de cumplidos en la forma de símiles de democracia, igualdad e inclusión. El secretario de Estado de EE.UU. elogió una y otra vez las políticas del presidente Boric y subrayó que están alineadas con la visión de democracia del gobierno de Joe Biden. Algo que definitivamente tienen en común estas visiones es contar con la aprobación de una minoría que cada día se desmorona más.

Al llegar a Perú, el diplomático de EE.UU. se reúne con sus homólogos en una igualdad de condiciones políticas sin precedente en la historia del hemisferio. EE.UU. llega a la Asamblea General de la OEA con un gobierno que tiene visión de partido político y no de Estado. La diplomacia estadounidense para con América Latina se convirtió en un organizador de una bacanal de minorías políticas buscando los apoyos suficientes para permanecer en el poder.

Si bien podrá existir algún disfrute en el imaginario del sur global en ver a EE.UU. tropezar y hasta caer, debemos estar alarmados por el futuro de las libertades en nuestro hemisferio. La visión de Estado del gobierno democrático de EE.UU. ha sido un faro de luz guía en la tormenta de revoluciones políticas a nivel internacional. Si la degeneración de la política y los principios democráticos de EE.UU. continúa, el cáncer que significa el ideal iliberal habrá entonces hecho metástasis en todo el cuerpo político de las Américas.

Por Luis Eduardo Martínez

El aparato propagandístico del Kremlin califica de cobardes y traidores a aquellos rusos que huyen del “deber”

Más de 200 mil rusos han huido de Rusia desde que el presidente Vladimir Putin anunció la movilización parcial de los reservistas del ejército. Más de 12 kilómetros de tráfico esperan unos para poder huir hacia el país vecino, Georgia, mientras que otros intentan escapar hacia Finlandia o Kazajistán. Aquellos que cumplieron servicio militar comenzaron a recibir notificaciones de reclutamiento obligatorio.

Las opciones para aquellos dentro la edad de conscripción son tres: huir, 10 años de cárcel en Siberia o rendirse a ser carne de cañón en la guerra de Putin por destruir Ucrania. La desesperación.

El aparato propagandístico del Kremlin califica de cobardes y traidores a aquellos rusos que huyen del “deber”, aquellos que huyen de los fuegos de la guerra. Dentro del imaginario de la Rusia de Vladimir Putin, esa Rusia que existe aún en el corazón de más del 60% de la población, huir del sagrado deber de defender la madre patria es una deshonra. Sin embargo, fue la cobardía de los líderes de occidente la que obligó a la juventud rusa, y a la ucraniana también, a sufrir nuevamente las atrocidades de la autocracia y el legado comunista de la Unión Soviética. Por más de dos décadas el liderazgo de la Unión Europea, Francia y Alemania principalmente, huyó cobardemente de las afrontas autoritarias del régimen de Vladimir Putin. La guerra en Ucrania generó un conflicto de liderazgo a lo interno de la Unión Europea.

Liderazgo europeo

Debemos recordar que el proyecto ambicioso de la Unión Europea se consolidó alrededor del compromiso y peso de la economía industrial de Francia y Alemania. En particular el liderazgo político de Alemania, su peso económico en la zona Schengen, ha logrado mantener el bloque europeo cohesionado y aumentar su membresía de los 6 países originales a los 27 del presente. Alemania, por ejemplo, tras la crisis financiera de 2008 lideró al continente a una recuperación económica. Igualmente, en materia moral, Alemania lideró al continente sentando un precedente para la asimilación de migrantes del norte de África y el medio oriente, tras las incursiones yihadistas del Estado Islámico en el mundo árabe de 2013 en adelante (aceptando más de 800 mil migrantes regularizados durante el gobierno de Angela Merkel). Y en su respuesta a la pandemia, el sistema alemán no colapsó. A pesar de estos hitos de liderazgo, Alemania y Francia paulatinamente aumentaron sus nexos económicos con Rusia desde principios de la segunda década del siglo XXI. Esta cercanía con el Kremlin ocurrió a pesar del ciberataque del Kremlin a Estonia en 2007; a pesar de la invasión rusa de Georgia en 2008 y la subsiguiente anexión de territorios a la Federación Rusa; a pesar del apoyo militar de Putin a las fuerzas de Bashar Al-Assad en Siria; a pesar de la invasión de Ucrania en 2014 y la anexión de Crimea a Rusia; a pesar de las interferencias electorales y campañas de desinformación desde 2016 en EE.UU. y Europa; a pesar del envenenamiento de Navalni en 2020… entre otros abusos del Kremlin.

Es más, podría argumentarse que la Unión Europea, liderada por Alemania y Francia, compró la estabilidad del bloque europeo con los ahorros y la industrialización acelerada facilitada con la compra de gas natural ruso a bajos precios. Para inicios del siglo, la Unión Europea había logrado reducir su dependencia de gas ruso de 75% en 1990 a 40% en 2000. Para el año 2007, 20% de las importaciones de gas provenían de gas natural licuado de Nigeria, Egipto, Trinidad y Catar, y otro 40% de las importaciones de gas provenía de otros países, como Noruega. La sabiduría de la reducción de la dependencia energética de la Unión Europea con Rusia dejó de ser un tema prioritario en el bloque regional luego de la crisis económica de 2008. Desde entonces, el Gobierno alemán más bien construyó dos nuevos oleoductos para importar de manera directa, y circunvalando a Ucrania como país de tránsito, gas natural de Rusia.

Hoy los berlineses se enfrentan a tarifas eléctricas 175% más altas que el invierno pasado y apagones en ciertas industrias, debido a los altos precios producto de la dependencia de energía de Rusia. Al menos cuatro fugas de gas que estallaron en las últimas 48 en los oleoductos Nordstream 1 y 2 vierten toneladas de gases a la atmósfera. Fugas que según la OTAN son producto de sabotaje ruso. Fugas que emitirán la misma cantidad de CO2 que emiten todos los automóviles en España en un año, antes que se pueda reparar. Hoy los polacos comparten su territorio con 5,4 millones de ucranianos refugiados recién llegados, y el resto del continente recibió cerca de 11 millones de refugiados de ese conflicto solamente. La cobardía del liderazgo europeo frente a las agresiones rusas durante las últimas dos décadas es tan absurda, que actualmente la Unión Europea ha pagado más de $26 mil millones a Rusia al mes por suministro de gas natural desde que empezó la guerra en Ucrania. Es tan absurda la cobardía del liderazgo europeo, que el bloque regional ha destinado más de $150 mil millones para enriquecer a Putin y su maquinaria de guerra durante 2022 en forma de pagos por energía, y solo $2,5 mil millones han sido destinados para brindar armas a Ucrania, o peor aún menos de $20 mil millones en asistencia total a Ucrania desde 2014 (durante la primera invasión rusa). Para al final quedarse sin gas ruso.

Esta absurda realidad desató un dominó del poder en la Unión Europea que terminará por reconstituir el proyecto que inicio en 1993.

Transformación europea

Las complejidades políticas, y más aún de las políticas democráticas, han hecho de la guerra en Ucrania una tormenta perfecta para la supervivencia de los ideales de la Unión Europea. Por un lado, gobiernos como los de Polonia y los países bálticos han calificado la inacción de Berlín frente a la guerra como una mayor amenaza existencial que el retumbe de los cañones rusos que se escuchan desde sus fronteras. Por otro, los gobiernos de Italia y Hungría amenazan con resquebrajar la menuda unidad del bloque regional en sus sanciones contra Rusia. Y finalmente, desde Bruselas, la cúpula moral de la Unión Europea perdió la paciencia y la convicción, y llamó abiertamente a una reconfiguración de la constitución europea.

El partido oficialista de Polonia, Ley y Justicia, ya hizo su cálculo electoral de cara a las elecciones parlamentarias de 2023 y presidenciales de 2025. Para el partido oficialista, la enemistad histórica de Polonia con Alemania y la beligerancia contra los dictámenes de Bruselas serán la clave para la victoria. Hoy Polonia paga multas diarias de un millón de euros por no cumplir con los requisitos de la Unión Europea en materia de estado de derecho (derogar la ley que permite la destitución de jueces por parte del Ejecutivo) y no tiene acceso a €35 mil millones del paquete de recuperación europea. Según el partido oficialista de Polonia, ambas medidas son una afrenta a la soberanía nacional y un abuso de poder de la Unión Europea. A este discurso político se le une la realidad que Polonia y los países bálticos advirtieron a Bruselas y Berlín de la sobredependencia energética con Rusia y las hostilidades en la frontera este del bloque regional, años antes del conflicto actual. Polonia y los países bálticos son las naciones que más armamento y asistencia han brindado a Ucrania.

Por otro lado, el gobierno de Victor Orban de Hungría ya consiguió permiso para ser la excepción de la normativa europea. Hungría no se sumó al pacto de la Unión Europea de reducir la compra de hidrocarburos de Rusia en un 90% para finales de 2022, que se logró el pasado mes de mayo. Y los líderes del nuevo gobierno de derecha de Italia, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, y la misma Georgia Meloni, han sugerido el levantamiento de sanciones a Rusia, como mecanismo de negociación de una tregua en Ucrania y alivio económico para el sector energético en Europa. A pesar de ser dos plataformas políticas distintas, tanto Georgia Meloni, de Italia, como Victor Orban, de Hungría, son nacionalistas anti-Bruselas que además tienen vínculos importantes con el movimiento conservador internacional y quienes se verían empoderados vis-a-vis de más líderes de Europa, por una Casa Blanca republicana en 2024.

Ante la evidente desunión de la Unión Europea, Bruselas y Berlín tienen una decisión que tomar. La realidad es que la Unión Europea no puede convertirse en un actor geopolítico independiente, como pretende Ursula von der Leyen, sin incluir a Polonia y los países bálticos, que son su frontera al este. Y la realidad también es que el bloque regional no podrá mantener su integridad constitucional, si sigue permitiendo los abusos en materia de derechos humanos en Hungría y Polonia.

Fragmentación de occidente

La cobardía de los líderes de Europa durante las últimas dos décadas se extiende al presente. Aún no hay una respuesta europea real a la amenaza de una Rusia desatada. Sin cambios bruscos de curso, la Unión Europea se dirige ineludiblemente al fracaso como sistema económico (por no tener la agilidad de respuesta y la obligatoriedad de la unanimidad en el proceso de decisiones) o a una especie de autocracia regional. El sufrimiento de los europeos y el sacrificio de los ucranianos puede ser tristemente reducido a las palabras de William Shakespeare, y es que “los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte; los valientes prueban la muerte solo una vez.”

Por Luis Eduardo Martínez

‘Cada vez son más comunes los encuentros diplomáticos entre gobiernos latinoamericanos y el Partido Comunista de China para abordar temas económicos y sociales’

El 14 de julio, el Partido Comunista de China (PCC) y gobiernos de América Latina y el Caribe sostuvieron el Segundo Foro Celac-China, para abordar los desafíos de la región con el fin de lograr la reducción de pobreza y desarrollo sostenible. Según la Celac, alrededor de 5 millones de latinoamericanos cayeron en pobreza desde 2020, aumentando la cifra total a cerca de 13 millones de personas (2,2 millones en extrema pobreza).

Cada vez son más comunes los encuentros diplomáticos entre gobiernos latinoamericanos y el PCC para abordar temas económicos y sociales. Y es que, desde 2001 al presente, China pasó de ser un país que representaba menos del 3% de la inversión extranjera directa (IED) en Latinoamérica a ser el principal socio comercial de los 35 países de la región. El PCC ha avanzado, paso a paso, una agenda de dominación comercial global, para garantizar su soberanía nacional iliberal. En los últimos 20 años, China aumentó por un factor de 18 su extracción de recursos naturales de la región; garantizó su acceso y control de los mercados latinoamericanos, a través de la captura de élites y autocensura política; y se está perfilando exitosa en desplegar una arquitectura digital de control social en toda Latinoamérica.

Recursos insostenibles

En 2001, luego de que China ingresara a la Organización Mundial de Comercio, el PCC inició una fase de expansión de su influencia comercial a nivel mundial. Entre 2001 y 2010, el balance comercial entre China y los países de la región aumentó un promedio de 40% anualmente, de $18 mil millones en 2001 a más de $100 mil millones en 2010. Más del 70% de las importaciones chinas provenientes de América Latina, durante este período, fueron recursos naturales.

Por ejemplo, de las importaciones de Argentina, 30% era en productos de soya para alimentar el ganado en China y 15% fue importaciones de petróleo. 77% del comercio con Perú fue en la compra de cobre. 89% del comercio con Ecuador estaba centrado en la importación de petróleo. Mientras que los países de América Latina importaban productos manufacturados de China. Esta relación comercial es la clásica relación comercial que la región ha tenido con grandes potencias. La agresiva explotación de recursos naturales en América Latina por parte del China fue necesaria para los objetivos de crecimiento económico del PCC. Fue el cobre de Perú y Chile el que permitió la electrificación de la China rural (el cobre es necesario para el cableado). Fue la soya de Brasil y Argentina la que alimentó el ganado chino e impulso una revolución en la dieta de la población del gigante asiático (el consumo anual de carnes en China ha aumentado más del 33% anualmente desde 2010). Y fue el petróleo de Ecuador y Venezuela el que alimentó los grandes parques industriales de China.

Al igual que se denunció en el pasado con compañías norteamericanas y europeas, el impacto de políticas económicas extractivas puede resultar en la violación de derechos humanos y la degradación del medio ambiente. Por ejemplo: en la mina de litio Cauchari-Olaroz, en Jujuy, Argentina, no se realizaron los estudios ambientales y el agua potable de seis poblaciones indígenas se vio contaminada por las operaciones mineras. La planta hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en Ecuador, tampoco contó con los estudios apropiados, y la erosión provocada por la construcción de la planta, generadora de 1.500 megavatios, provocó el colapso de la cascada San Rafael y cambió el flujo de varios ríos. El caso más grotesco se vive en Venezuela, en donde no existe información sobre los proyectos mineros de compañías chinas en la Amazonia venezolana. Poblaciones locales reciben la información de reubicación obligatoria el mismo día que llegan las excavadoras.

El modelo de desarrollo económico del PCC fue bastante pragmático y rudimentario durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Es un modelo económico que ha sido dañino para América Latina en el pasado y lo está siendo nuevamente hoy. Es un modelo de extracción de recursos insostenible para el PCC y para la sociedad latinoamericana.

Captura de élites

Tras la crisis financiera de 2008, el PCC, a través de sus compañías estatales, inició una nueva fase de intervención económica en América Latina. La relación comercial se transformó de una relación meramente de extracción de recursos naturales a una de fusión y adquisición de compañías latinoamericanas por compañías estatales chinas. La compra y/o establecimiento de presencia de personal chino en la región se especializó en el control y construcción de infraestructura critica de doble uso.

A nivel global esta iniciativa es conocida como “Belt and Road Initiative” o la nueva ruta de la seda. Ya son 21 países, de los 35 de la región, que han firmado y participado de este esquema global de inversiones en proyectos de infraestructura de doble uso. En 2014, el propio Xi Jinping realizó una gira diplomática por América Latina. Durante 10 días, Xi personalmente se reunió con más de 20 jefes de Estado, participó de 70 eventos multilaterales, firmó 150 contratos de proyectos de infraestructura y comprometió $70 mil millones en inversiones. Desde 2015, China conformó tres fondos regionales para impulsar los objetivos económico-militares del PCC. Más de $30 mil millones fueron destinados a la creación del Fondo de Inversión para la Cooperación Industrial China-América Latina (CLAI); $10 mil millones para el Fondo de Cooperación China-América Latina; y, $20 mil millones para un fondo especial de préstamos de infraestructura China-América. Estas reuniones, sin embargo, también estuvieron acompañadas por más de 215 visitas del alto mando militar del PCC para reunirse con sus homólogos regionales.

Durante la mayor parte de la última década, la elite política y económica en América Latina encontró lucros sin igual en las supuestas oportunidades de comercio con China. Y podemos imaginar que el lucro desproporcionado tiene algo que ver con que cerca del 80% de la IED de China hacia la región fue tramitada a través de paraísos fiscales, como las islas Caimanes y otras jurisdicciones en el Caribe. Más de $4,5 mil millones anualmente que fueron traspasados a través de la cortina de humo que son las compañías offshore. País por país, el PCC invitó personalmente a delegaciones de líderes empresariales y periodistas de la región a Pekín, en paralelo a las reuniones diplomáticas entre gobiernos. La gestión de poder blando del PCC compró la autocensura de los medios y la clase política de América Latina, que prefirió lucrar y callar a confrontar las agresiones del PCC en el escenario internacional y la corrupción en las relaciones comerciales.

Hoy son compañías chinas las que construyen el metro de Bogotá. El megapuerto de Chancay, en Perú, que tendrá un costo total de $3 mil millones, también es una obra de compañías al servicio del PCC. El Gobierno argentino ya prometió alrededor de $8 mil millones a la China National Nuclear Corporation, para la construcción de la planta nuclear Atucha III. China Merchant Ports opera la terminal portuaria de Paranaguá en Brasil, la terminal más grande de la región. Todas estas compañías están sujetas a la Ley de Seguridad Nacional de 2017, implantada por Xi Jinping. Es decir, que todas las compañías chinas deben compartir la información/data que manejan en China y sus subsidiarias a nivel global, en el caso de una amenaza a la seguridad nacional. Amenazas que el PCC, en sus ambiciones de poder, ve cada vez más frecuentemente en el actuar soberano de demás naciones.

Vigilancia social

Estas dinámicas de control extranjero no son únicas del PCC. EE.UU. y la Unión Europea hicieron y deshicieron en la región entera, a través de sus actividades comerciales extractivas, e influenciaron a gobiernos, a diestra y siniestra, durante el siglo XIX y XX. Son parte de prácticas político-económicas iliberales que generan dependencias entre el polo de poder y el modelo económico impuesto sobre la región. Estás practicas iliberales pretenden garantizar la soberanía y hegemonía del polo de poder. A través de crecimiento económico infinito se garantiza la paz social internamente, y a través de la captura de elites se garantiza la subordinación de las dependencias económicas que proveen los recursos naturales.

El PCC, sin embargo, está innovando y promocionando un nuevo modelo de control de las dependencias económicas (es decir, las naciones de América Latina), sobrepasando a las potencias de occidente en sus capacidades de control social a nivel mundial.

Durante la segunda reunión del foro Celac-China del pasado 14 de julio, el PCC asomó que iniciará una nueva fase de inversiones agresivas en infraestructura digital. Hoy, Huawei participa en los sistemas de telecomunicaciones de 20 países de la región. En cuatro de ellos controla más del 20% del mercado. En Brasil controla 50% de todos los equipos de telecomunicaciones. No solo a nombre propio, sino también ofreciendo equipos a otros proveedores de servicios como son Claro, Movistar y Tigo, entre otros. En 2022, por ejemplo, la empresa china Hikivision compró la compañía de home-security más grande de México, Syscom. Son compañías chinas las que instalaron los sistemas de videovigilancia en la ciudad de México (México), en Colón (Panamá), Jujuy (Argentina) y varias ciudades venezolanas. En México, además, la competencia de Uber, Didi, controla la mayor parte del mercado del país. Es decir, que si mañana el PCC solicita información a todas estas compañías, podrían controlar la seguridad de la casa de un político, los datos biométricos de un empresario, las rutas de viaje de un general. Más allá de la explotación del consumidor por parte del ecosistema empresarial de grandes oligopolios, el PCC tiene ya acceso a toda la información de estas compañías.

Conclusión

La anterior exposición no es una condena en particular del PCC ni un indulto a la influencia, hoy limitada, de compañías americanas y europeas en la región. Es un llamado de atención a la clase política y económica regional que hoy se enfrenta a estallidos sociales en cada esquina. La trampa comercial del aparente lucro rápido y protegido de hacer negocios con compañías al servicio del PCC puede traer la muerte de la soberanía nacional. La respuesta a la amenaza de influencia extranjera es la misma que la respuesta necesaria a las crisis internas: transparencia y un orden basado en reglas que permita la competencia y el balance de poder.

Por Luis Eduardo Martínez

Estamos iniciando una nueva era. Una era de nuevas amenazas, de negociaciones de poder y, sobre todo, una era de más mentiras, desinformación y realidades alternas.

En la madrugada del 31 de mayo de este año, las impresoras en los hospitales de Costa Rica comenzaron a imprimir cientos de documentos, la mayoría con caracteres sin sentido, otros con un mensaje bastante claro: un grupo ciber-criminal ruso había robado y encriptado los datos de toda la seguridad social que almacena el Gobierno costarricense. Un mes antes, el Estado costarricense había perdido el control de la información del Ministerio de Finanzas y el control de la recolección de impuestos en el país.

Irónicamente, el mismo mes de mayo, el gobierno ruso de Vladimir Putin inicio negociaciones en las Naciones Unidas para la creación y firma de un nuevo tratado internacional para atender las amenazas de seguridad y la soberanía del ciberespacio de cada país. Los principales signatarios de la nueva propuesta impulsada por Moscú son los gobiernos de China, Camboya, Bielorrusia, Corea del Norte, Myanmar, Irán, Venezuela y Nicaragua. Sumando a las ironías del nuevo entorno internacional, The New York Times reveló en julio que el gobierno de Joe Biden había dado apoyo a delegaciones secretas de contratistas de defensa de EE.UU. para adquirir el software de ciberespionaje israelí conocido como Pegasus (a pesar de que públicamente el Gobierno de EE.UU. tiene prohibido el uso de esa herramienta por parte de sus contratistas e instituciones).

Estamos iniciando una nueva era. Una era de nuevas amenazas, de negociaciones de poder y, sobre todo, una era de más mentiras, desinformación y realidades alternas.

COSTA RICA

El 8 de mayo, el nuevo gobierno costarricense de Rodrigo Chaves declaró un estado de emergencia nacional. La primera vez que un gobierno declara un ciberataque una emergencia nacional. Para entonces, unas 27 instituciones del Estado habían sido comprometidas por el software conocido como CONTI, creado por una pandilla de hackers rusos. Los portales de las instituciones mostraban mensajes en donde el grupo cibercriminal exigía $10 millones para la liberación de los caches (secuestros) de data encriptada. El grupo también divulgó que se encontraban en medio de una prueba de la versión beta de un ciberataque global en contra de un gobierno nacional.

El impacto del ataque parece ser sacado de las páginas de una novela sobre un futuro distócico no muy lejano. Durante la primera semana de los ataques hubo 35 mil incidentes con ataques de malware (software malicioso), 60 mil intentos de controlar remotamente sistemas del gobierno y 60 intentos de minar criptomonedas utilizando computadoras del Estado. Se perdieron más de $30 millones cada día desde el inicio de los ataques. Los empleados públicos no podían ser pagados, las aduanas dejaron de funcionar, y todo esto sucedió en medio de una transición de gobierno.

El nuevo gobierno de Costa Rica decidió no pagar el ransomware (rescate) y apagó sus servidores. El nuevo gobierno se vio obligado a acudir a compañías privadas y gobiernos extranjeros para solventar el problema y las vulnerabilidades tecnológicas. Bajo la asesoría extranjera, el presidente Rodrigo Chaves inició investigaciones a funcionarios del Estado que supuestamente estuvieron involucrados en asistir a la pandilla rusa durante los ataques.

Estamos entrando en una era de nuevas amenazas. Solo 7 de los 35 países de la región tienen planes de seguridad cibernética desarrollados a nivel institucional. Desde el inicio de la pandemia, grupos cibercriminales como CONTI y REvil de Rusia y NICKEL de China han atacado sistemas financieros, de salud y de gobierno en América Latina. Los bloques de poder tecnológico de EE.UU./Europa y China/Rusia compiten por ser los proveedores de seguridad de nuestros gobiernos, creando un ambiente de negociación política sumamente complejo y pírrico.

NEGOCIACIONES POLÍTICAS

Las nuevas amenazas han generado un desbalance de poder a nivel global. Y las potencias mundiales han iniciado un ciclo de negociaciones políticas que desnudan a los poderosos de cualquier vestimenta ideológica. El objetivo claro de las negociaciones de los polos de poder mundial es obtener una cuota de control del sistema internacional mayor a la de sus adversarios.

El 28 de febrero de este año, tan solo 4 días después del inicio de la invasión de Ucrania, el gobierno de Putin presentó ante la ONU el referido tratado sobre cibercrímenes. Con el respaldo del Partido Comunista de China, Putin presentó un tratado que empodera a los Estados a controlar y regular el ciberespacio nacional, citando pretextos de soberanía y seguridad en contra de fuerzas extranjeras. En realidad, el tratado lo que establece es la prerrogativa de los gobiernos nacionales de censurar y vigilar las actividades que ocurren en el mundo virtual y, por lo tanto, facilita el control autoritario. Las intenciones de Rusia son evidentes y quedaron expuestas desde 2001, cuando se rehusaron a firmar la convención de Budapest en materia de ciberseguridad (firmada por 64 naciones del mundo, incluyendo, por supuesto, el bloque transatlántico de naciones de occidente).

Las negociaciones intensas por mayores cuotas de control y poder relativo son evidentes en el calendario diplomático internacional. En un período de 60 días, el presidente de EE.UU. convocó a los países de la región a la Cumbre de las Américas, viajó a Europa para reunirse con la Unión Europea, la OTAN y el G7, y luego visitó Asia, en donde se reunió con los líderes de Japón, Corea del Sur e India. Y esta semana, Biden visitó Israel y Arabia Saudita. Por su parte, en febrero, Vladimir Putin pactó una alianza “sin límites” con China y recibió a los presidentes de Argentina y Brasil (ambos se enfrentan a posibles derrotas electorales en 2023 y 2022, respectivamente). Desde el mes de junio, Putin se reunió con los jefes de Estado de Azerbaiyán, Kazajistán, Irán, Tayikistán, Turkmenistán e Indonesia, durante una gira por Asia central. Moscú, además, anunció el 12 de julio que Putin viajará a Teherán, a una reunión con los mandatarios de Irán y Turquía.

El baile de salón internacional es una mezcla de cortejo y provocaciones entre parejas inusuales. Biden coqueteando con el régimen de Maduro y el príncipe de la Corona Saudí, quien a su vez acaba de regresar de visitar a Erdogan en Turquía (la parte abusada en esa relación). El líder turco, quien se enfrenta a 80% de inflación en su país, cedió ante las peticiones de la OTAN para permitir la accesión de Finlandia y Suecia al bloque transatlántico. Y esta semana se anunció que Erdogan viajará a Caracas y quien sabe si es para hacer llegar cartas de amor de Irán, Rusia, la OTAN, o todos.

A nivel nacional estamos viviendo un fenómeno similar. Los gobiernos de las Américas se encuentran paralizados en un recurrente desgobierno y negociación intensa entre grupos de poder desvestidos de ideología. En Colombia, el candidato Rodolfo Hernández, quien perdió las elecciones presidenciales, inmediatamente buscó los favores del presidente electo, Gustavo Petro, a pesar de que el país está más polarizado que nunca. Petro ganó con tan solo el 50,4% de los votos a su favor. En Panamá, Ecuador, Perú y Chile el gobierno está en las mesas de negociación con sindicatos, grupos indígenas y gremios empresariales, para poder legitimar el funcionamiento de las instituciones del Estado ante nuevas amenazas sociales desestabilizadoras, siendo la principal la intencional creación de realidades alternas.

REALIDADES ALTERNAS

A nivel internacional y nacional, el ecosistema mediático permitió que actores iliberales abusaran del sistema democrático. Ya es notorio el uso y abuso de las redes sociales y nuevos medios de comunicación por actores iliberales para influenciar la opinión pública y afectar el sistema democrático. Lo que evidentemente no ha sido comprendido en la región es la enorme vulnerabilidad que tenemos actualmente, durante este período de negociaciones intensas sin ninguna sustancia ideológica, más allá de la meta de obtener una mayor cuota de poder.

Repasemos los resultados electorales de los últimos años en América Latina: En Perú, Pedro Castillo ganó con el 50,2%, apenas 44 mil votos más que Keiko Fujimori, de un total de cerca de 17 millones de votos, y hoy cuenta con solo 19% de apoyo nacional. En Ecuador, Guillermo Lasso ganó con el 52% de los votos, y hoy cuenta con menos del 27% de aprobación a nivel nacional.

En Chile, Piñera salió de La Moneda con 17% de aprobación, y Boric, quien llegó al poder hace menos de 3 meses, con 55% de los votos, hoy tiene solo el 36% del apoyo popular, y la nueva constitución chilena ya tiene 46%, sin ni siquiera haber iniciado de lleno la campaña para el referéndum. Inclusive el presidente Biden hoy cuenta con menos apoyo del que tuvo el presidente Trump en su momento más bajo. Estos resultados no son, ni exclusivamente ni siquiera mayoritariamente, producto de malas gestiones de gobierno. Son el resultado de la intencional construcción de realidades alternas para el abuso de los poderes del Estado democrático. Rusia y China lideran estos esfuerzos, pero también grupos criminales y actores políticos iliberales regionales y nacionales participan. Estas realidades alternas, construidas con discursos políticos absurdos, permiten que un guerrillero o un rondero comunista sean candidatos presidenciales viables en el siglo XXI. Realidades alternas en donde EE.UU. muestra varias caras en materia internacional y de derechos humanos. Que Biden hable de democracia, pero negocie con Maduro, que hable de derechos humanos, pero busque favores con los sauditas, y en el caso de la vulnerabilidad cibernética de la región, que permita la adquisición de softwares para espiar por parte de compañías privadas y políticos inescrupulosos (no olvidemos que fue EE.UU. quien facilitó las negociaciones para que Martinelli en Panamá obtuviese Pegasus), perturba.

CONCLUSIÓN

Desde 2004 al presente la población regional que no cree en la democracia incrementó a 38%. Ante la posibilidad de que un grupo cibercriminal puede afectar el pago de empleados públicos o la agenda de citas de los sistemas de salud pública, ante la posibilidad de un EE.UU. sin preferencia democrática a nivel internacional, ante una Rusia y China decididas a reescribir las reglas del sistema mundial, debemos preguntarnos: ¿queremos una mayor cuota de poder con respecto a los “otros” o queremos vivir en paz y libertad? ¿Queremos la dura verdad o la mentira conveniente? ¿Queremos reglas y orden o privilegios y control? La falta de liderazgo y convicción ideológica es evidente y deberíamos darnos cuenta de que lo que vemos es una reflexión de en quienes nos hemos convertido.

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