En una declaración tan temeraria como oportunista, el presidente venezolano Nicolás Maduro responsabilizó este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del conflicto armado entre Irán e Israel, acusándolas de ser “cómplices del genocidio del pueblo palestino en Gaza” y de no haber impedido la guerra.
“Ambas son culpables de esta guerra porque han sido cómplices del genocidio del pueblo palestino”, declaró el mandatario, sin mostrar evidencia ni explicar cómo cortes sin poder coercitivo directo sobre Estados beligerantes podrían haber evitado una escalada armada entre dos potencias regionales.
Estas afirmaciones, carentes de base jurídica, contrastan con el historial reciente de ambos tribunales. En mayo de 2024, el fiscal de la CPI, Karim Khan, afirmó que “el gobierno venezolano no ha demostrado que haya realizado investigaciones genuinas ni juzgado a los responsables de crímenes de lesa humanidad” en su territorio, ratificando así la continuación de la investigación formal contra altos funcionarios chavistas desde 2021.
De hecho, la CPI sí ha actuado en relación con Palestina e Israel: en 2021 abrió una investigación sobre crímenes cometidos por todas las partes en los Territorios Palestinos, y en 2025 solicitó órdenes de arresto contra autoridades israelíes por presuntos crímenes de guerra. Esto desmiente el señalamiento de «inacción» por parte de Maduro.
¿Defensor de la paz o propagandista de sus aliados?
El presidente no mencionó en ningún momento a Irán —uno de los actores principales del conflicto— con quien su régimen ha estrechado lazos en inteligencia, defensa y petróleo. Solo en 2024, Caracas firmó acuerdos confidenciales con Teherán que incluyeron tecnología de vigilancia y cooperación energética.
Maduro tampoco condenó los ataques contra civiles o las acciones de grupos armados no estatales, limitándose a señalar que “las imágenes que se ven en redes sociales son muy fuertes” y a pedir “respeto a la vida y al derecho internacional”.
Silencio ante la CIJ cuando lo acusa, ataque cuando no le sirve
La mención a la Corte Internacional de Justicia también resulta contradictoria. El mismo Maduro ha desacatado las decisiones preliminares de la CIJ en el caso del diferendo territorial con Guyana por el Esequibo, donde el tribunal rechazó los intentos venezolanos de detener el proceso y reafirmó su jurisdicción.
En noviembre de 2023, la CIJ instó a Venezuela a no tomar acciones unilaterales que alteraran el statu quo territorial, después de que el gobierno organizara un referéndum sin efectos jurídicos para justificar la anexión de ese territorio. Caracas, sin embargo, siguió impulsando una narrativa de «recuperación soberana» ignorando el procedimiento internacional en curso.
La postura de Maduro muestra así un doble estándar: acusa a las cortes cuando no se alinean con sus intereses, pero las ignora o desacata cuando estas lo enfrentan directamente. En palabras de la profesora y analista María Teresa Romero: “Maduro manipula el derecho internacional para legitimar una política exterior al servicio de su supervivencia interna”.
Paz sin democracia no es paz
Mientras el presidente habla de convivencia y armonía entre Estados, su propio gobierno reprime manifestaciones pacíficas, encarcela opositores y mantiene un control absoluto sobre el poder judicial. La CPI, en su investigación, ha señalado indicios de “una política de Estado” dirigida a silenciar a la disidencia por medio de detenciones arbitrarias, tortura y violencia institucional.
En ese contexto, los llamados de Maduro a la paz internacional suenan vacíos. Más que una contribución a la resolución de conflictos globales, sus declaraciones parecen un intento de desviar la atención sobre su propio historial represivo y reposicionarse en el tablero geopolítico apelando a una causa que despierta solidaridad internacional: la palestina.