Por Miguel Ángel Martínez Meucci

La «autocratización» de los regímenes parece un proceso al alza en América Latina, que va más allá de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Dos elementos determinan la vigencia de un genuino orden constitucional: la presencia efectiva de un régimen de libertades y una separación real de las ramas del poder público. En ausencia de estos dos elementos, el poder político se concentra en pocas manos y la democracia moderna no puede existir. ¿Cómo ha evolucionado Hispanoamérica sobre este particular durante el año 2024, concretamente en lo que se refiere a la separación efectiva de los poderes públicos?

Hay tres situaciones generales que se presentan en la práctica. La primera, y la más saludable desde un punto de vista democrático, es que quienes ejercen temporalmente dichos poderes se limiten a ejercer sus funciones en el marco de las disposiciones constitucionales, impidiendo así que ningún actor alcance más poder del que le reserva la ley. Chile y Uruguay encajan hoy en este perfil. La segunda posibilidad, característica de los regímenes autoritarios, es que todas las ramas del poder público sigan en la práctica las órdenes de un poder autocrático, limitándose a mantener una mera ficción de democracia. Y por último, también puede presentarse una situación intermedia, propia de los “regímenes híbridos”, donde los excesos de quienes controlan los poderes públicos generan el riesgo de una autocratización progresiva. Esta tercera opción parece ir al alza.

Al analizar los niveles de control e injerencia que el poder ejecutivo ejerce actualmente sobre el poder judicial en Hispanoamérica, no cabe duda de que la situación más grave se presenta en los tres regímenes propiamente autoritarios que hay en la región: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Allí, el poder judicial no goza de la más mínima independencia con respecto al poder ejecutivo. No es una casualidad que los tres tiranos que oprimen a cubanos, nicaragüenses y venezolanos se reunieran en Caracas el pasado 10 de enero, sin acompañamiento de otros jefes de Estado, para ayudar a prolongar la usurpación de la presidencia de Venezuela. Los tres dictadores dejaron así clara constancia del tipo de régimen político que defienden a capa y espada, contra la voluntad manifiesta de los ciudadanos.

Hasta ahora, el régimen de Maduro ha intentado mantener por todos los medios una imposible apariencia de legitimidad. En esta oportunidad, luego de que el sumiso Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declarara vencedor sin presentar una sola acta al público, Maduro pretendió además blindar esa decisión interponiendo un recurso ante el dócil Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Tal como señala Ángel Bermúdez, “Imagina que un futbolista está convencido de que anotó un gol, pero luego le pide a un tribunal que revise el VAR. Algo similar hizo el miércoles [31 de julio] el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro”. De inmediato la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez (¿ex?militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y sancionada el pasado 10 de enero por la Unión Europea) se apresuró a comunicar que los resultados fraudulentos emitidos por el CNE –que también controla Maduro– eran legítimos. 

En Nicaragua la situación no es muy diferente. A finales de 2023, Daniel Ortega decidió reducir la autonomía de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), despidiendo al 10% de su personal y recortando en un 80,5% la partida de salarios permanentes asignados a este organismo. Y aunque se multiplican los retardos procesales a la espera de la designación de nuevos magistrados, el poder judicial ha operado con notable celeridad a la hora de despojar de su nacionalidad y bienes personales a casi cuatrocientos disidentes que a día de hoy, en su gran mayoría, han sido expatriados y viven en el exilio.

En la Cuba castrista, por su parte, ni siquiera existe la preocupación gubernamental por hacer creer que hay una aparente división de poderes entre la rama ejecutiva y la judicial. Desde hace más de seis décadas rige en la isla una dictadura marxista-leninista en la que dicho principio se considera como una ficción burguesa abiertamente desechable.

A diferencia de lo que sucede en la troika caribeña, en la mayoría de los países de la región hay democracia. Sin embargo, durante todo el 2024 se han producido fuertes tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial. Estas fricciones, a menudo incrementadas por la creciente influencia del crimen organizado, preocupan cuando exceden el contrapeso mutuo que deben ejercer las distintas ramas del poder público, pasando más bien a vulnerar el espíritu y la letra del marco constitucional. 

Bolivia se encuentra en una situación cada vez más parecida a la de Nicaragua o Venezuela. La inestabilidad institucional es total. La pugna entre Luis Arce y Evo Morales por la candidatura presidencial del oficialismo de cara al 2025 propicia excesos de todos los poderes públicos. Tras la inhabilitación de Morales por el Tribunal Constitucional, el Senado que preside Andrónico Rodríguez –del sector cocalero que apoya al expresidente– ha intentado en dos ocasiones, durante sendos viajes de Arce a Rusia y Brasil, destituir a los magistrados que impiden la candidatura de Morales. 

Otro caso particularmente relevante es el de México. Al calor de lo que Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum han llamado la “Cuarta Transformación”, el sistema judicial y otros órganos del Estado se resisten ante las tentativas de control encabezadas por el hoy todopoderoso partido MORENA. Destaca su propuesta de reforma del poder judicial, con la que buscan que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y otros cargos judiciales sean electos por voto popular. Esto parece contravenir el espíritu mismo de la división de poderes, pues subsume al poder judicial dentro de la lógica electoral bajo la que se eligen los poderes ejecutivo y legislativo. 

Para el 1 de junio quedó pautada la celebración de las primeras elecciones judiciales en las que serán electos 850 cargos, entre ellos los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los magistrados vacantes del Tribunal Electoral. Sin embargo, el pasado 8 de enero el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió detener “toda actividad”, en atención a una medida cautelar ordenada el pasado 20 de diciembre por el Juzgado Primero de Distrito de Michoacán.

En Guatemala se da una circunstancia no tan frecuente, pues es más bien el poder judicial el que parece contravenir los términos constitucionales. Allí, la relación entre los poderes ejecutivo y judicial ha estado marcada por los esfuerzos de la fiscal Consuelo Porras (sancionada por EEUU y la UE) para entorpecer la presidencia de Bernardo Arévalo. En medio de lo que Arévalo ha llamado el “secuestro del poder judicial por parte de las mafias”, en octubre pasado el Congreso designó a 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y más de 300 jueces de las cortes de apelaciones. 

El caso de El Salvador, por su parte, evidencia un retroceso en la división de los poderes públicos, aunque paradójicamente esta dinámica cuenta con un apabullante respaldo popular. En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa controlada por el presidente Nayib Bukele destituyó a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal General del Estado, nombrando en su lugar a personas afines. En septiembre del mismo año, esa misma Sala Constitucional emitió un fallo que facilitó la reelección de Bukele, obtenida en febrero de 2024 con más del 84% de los votos.

En Sudamérica, tanto en Argentina como en Colombia los presidentes Milei y Petro impulsan sendas reformas estructurales. Y aunque van en direcciones claramente opuestas, ambos se han topado con el poder judicial. Gustavo Petro está determinado a hacer lo que sea para aumentar la esfera de influencia del Estado sobre la sociedad civil, así como su propio poder sobre toda la estructura del Estado. Aspira, en esa tónica, a sustituir el sistema de salud actual —donde las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) juegan un papel crucial— por un sistema esencialmente público. 

El poder judicial colombiano, y sobre todo la Corte Constitucional, han emitido fallos que ralentizan esta y otras iniciativas presidenciales. De ahí que Petro los haya calificado como actos políticamente interesados o, incluso, como “golpes blandos”, mostrando además escasa disposición a cumplir las disposiciones judiciales. El presidente incluso contraataca, solicitando recientemente una investigación penal contra las EPS por un supuesto mal manejo de recursos públicos. Petro también quiere modificar el sistema electoral colombiano, al que ha calificado  de “fraudulento”.

Por su parte, las reformas liberalizadoras que acomete Javier Milei acaban de toparse con la Cámara Nacional del Trabajo, órgano de la justicia laboral creado por Juan Domingo Perón. La citada Cámara —que frenó recientemente el capítulo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 en razón de sus presuntos recortes a los derechos laborales— cuenta con 10 salas y 80 juzgados de primera instancia. De las 22 vacantes a llenar por el gobierno de Milei, 14 son de jueces y 8 de ellos están vinculados a la Cámara. El asunto augura diatribas mayores. 

También en la Corte Suprema se prevén conflictos. Para cubrir la plaza que en 2021 dejó vacante Elena Highton, y tras la reciente jubilación de Juan Carlos Maqueda, el presidente argentino propone a un Senado de mayoría peronista el nombramiento de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo. Ante las posibles negativas y demoras, Milei ha esgrimido la posibilidad de nombrarlos por decreto.

En Ecuador, donde las arremetidas del crimen organizado han aumentado exponencialmente en los últimos años, el presidente Daniel Noboa ha visto frenados por la Corte Constitucional (CC) varios de sus intentos de implantar estados de excepción durante 2024. En noviembre, la CC reformó el decreto de emergencia que Noboa promulgó un mes y medio antes, limitando sus facultades. Y en Perú, donde ser (ex)presidente es deporte de alto riesgo, Dina Boluarte sobrevive de momento a diversos escándalos familiares, una impopularidad rampante y varias indagaciones judiciales. 

Incluso la muy estable Costa Rica ha dado pie a preocupaciones sobre un presunto exceso de poder presidencial. Diversas versiones del proyecto de “Ley Jaguar”, impulsadas por el presidente Rodrigo Chaves, han sido vetadas por la Sala Constitucional tras alegar vicios de inconstitucionalidad. Empero, Costa Rica está aún muy lejos de correr los riesgos que caracterizan a los casos anteriores.

En definitiva, el importante avance que la democracia registró en Hispanoamérica durante las últimas décadas no es definitivo, y los enfrentamientos entre las diversas ramas del poder público presentan signos preocupantes que es necesario vigilar para prevenir retrocesos aún mayores.

Por Miguel Ángel Martínez Meucci

El presidente de Chile ha sostenido una posición clara y firme ante la crítica coyuntura que vive hoy Venezuela. Su ejemplo es fundamental para América Latina.

Diversas reacciones internacionales

Tras las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Venezuela el pasado 28 de julio, los gobiernos de los demás países han reaccionado de formas distintas. Rusia, China, Cuba, Bolivia y Nicaragua se encuentran entre los países que de inmediato reconocieron los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, organismo que controla Nicolás Maduro y que nunca fue capaz de presentar las actas de escrutinio. Ninguno cuenta con un gobierno democrático.

Otros países, regidos por gobiernos de centroderecha como los de Argentina, Ecuador, Perú, Panamá o Uruguay, asumieron ya al contendiente Edmundo González Urrutia como presidente electo, en virtud de que casi un 85% de las actas sí fueron presentadas por la oposición venezolana y se encuentran disponibles para verificación pública.

Existe un tercer grupo que sostiene una posición intermedia, liderado por el presidente Lula da Silva del Brasil junto a Gustavo Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador de México. Estos tres gobiernos se han mostrado ideológica e históricamente afines al chavismo, pero no lideran regímenes autocráticos. No se sienten cómodos respaldando sin tapujos estas derivas antidemocráticas y por ende intentan mediar en esta coyuntura crítica. Por eso, como opción intermedia, le han dado tiempo al CNE venezolano para que presente las actas, como requisito previo antes de asumir una posición oficial con respecto a las elecciones del 28 de julio.

Por su parte, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea han preferido secundar –con algunos matices– tercera vía, apostando también a que los buenos oficios del presidente brasileño ayuden a destrabar la situación realmente compleja que priva hoy en Venezuela.

Boric en la encrucijada

Sin embargo, hay una posición particular que por diversas razones destaca en medio de las anteriores. Se trata de la que ha asumido el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien tenía la opción y el dilema de seguir cualquiera de las anteriormente señaladas.

El joven jefe de Estado chileno dejó entrever en un pasado no tan lejano sus abiertas simpatías hacia regímenes revolucionarios como el de Cuba o el de Venezuela, que lastimosamente degeneraron en autocracias. Sin embargo, Boric también ha destacado por su constante defensa de los derechos humanos, una de las banderas más firmes que levantó siempre la oposición a la dictadura de Augusto Pinochet. Esa convicción le ha llevado con el tiempo a cuestionar, con una firmeza cada vez mayor, a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, aunque no tanto al de Cuba.

En virtud de lo anterior, Boric venía teniendo ya una voz ligeramente distinta a la de otros gobiernos de izquierda en el hemisferio occidental, quienes a todas luces se sienten incómodos ante las derivas asumidas por sus contrapartes de Nicaragua y Venezuela pero que al mismo tiempo evitan pronunciarse de forma explícita al respecto. El presidente de Chile, en cambio, sí se ha sentido obligado a cuestionarlas públicamente en determinadas ocasiones.

Por un lado, Boric pragmáticamente ha entendido que la creciente afluencia de venezolanos en territorio chileno se debe, pura y simplemente, a las consecuencias nefastas que se derivan del tipo de régimen que impera hoy en Venezuela. Esta circunstancia, reproducida en todo el hemisferio, acarrea problemas de toda índole para los países receptores y suele afectar negativamente a los mandatarios que no expresan con firmeza su condena a lo que ocurre en el país caribeño. Ya en su momento la fórmula “Chilezuela”, por ejemplo, perjudicó las opciones electorales de la izquierda y de la centroizquierda chilenas.

Pero por otro lado, se percibe en Boric una posición de conciencia, una convicción firme con respecto a la necesidad de hacer respetar los derechos humanos en todo el mundo, y una noción muy clara de cuáles son los estándares que todo demócrata cabal ha de respetar y para los cuales ha de exigir respeto siempre. Si estos parámetros estuvieron siempre claros para el joven presidente chileno, o si más bien han madurado con el tiempo, es materia de especulación. Pero lo cierto es que Boric ha mantenido encuentros con los venezolanos que se han desplazado hasta su país, ha podido conocer de primera mano su situación, y parece haber comprendido las causas profundas de la migración masiva que hoy desangra a Venezuela.

La verdad como guía y límite

En virtud de todo lo anterior, la posición asumida por el presidente Boric se aleja con toda claridad de las que caracterizan a las dictaduras afines al régimen venezolano. No necesariamente se alinea con la de los gobiernos democráticos de centroderecha, en virtud de las diferencias de diversa índole que pudieran existir. E incluso ha marcado también una distancia con respecto a la línea trazada principalmente por el gobierno de Lula. Boric aprueba las iniciativas mediadoras que el gobierno brasileño encabeza en Venezuela, pero no llega al punto de encubrir o disfrazar la realidad.

A diferencia del principal líder del Partido de los Trabajadores (PT) brasileño –organización que sí ha reconocido a Maduro como presidente electo–, quien recientemente afirmó que en Venezuela no hay una dictadura sino “un régimen muy desagradable”, el presidente de Chile ha indicado con claridad que en Venezuela se ha impuesto una voluntad contraria a la que la mayoría de los venezolanos expresó claramente en las urnas.

Boric ha fijado así un estándar notable, mediante el cual deberían removerse las conciencias de toda la izquierda hemisférica. Ese estándar quizás no lo alinea dentro de iniciativas multinacionales; no necesariamente lo lleva a congeniar con rivales ideológicos, pero sí apela a un examen de conciencia dentro de la propia familia de la izquierda, obligándola mediante la prédica del ejemplo a evaluar su coherencia interna y apego real con respecto a los mínimos estándares de la democracia y los derechos humanos.

Ese “estándar Boric”, en resumidas cuentas, emerge como resultado de la convicción firme en principios universales, la voluntad de hacer el bien y la humildad necesaria para rendirse ante la verdad de los hechos. He ahí, por cierto, un patrón para la revisión de toda la izquierda latinoamericana, que tantas opciones le viene abriendo a la consolidación de tiranías en la región. ~

Por Miguel Ángel Martínez Meucci

En Venezuela acaba de consumarse uno de los más grandes fraudes electorales de la historia reciente. La dictadura sanguinaria que preside Nicolás Maduro desesperadamente pretende tapar el sol con un dedo. Ese objetivo, no obstante, está fuera de su alcance. A pesar de la represión desatada tras los comicios, la brillante victoria electoral alcanzada por los demócratas venezolanos sobre este régimen de oprobio podría conducir, eventualmente, a un cambio político más pronto que tarde. Esta victoria es una de las más significativas de nuestro tiempo. 

Los principios que no se negocian

Nadie duda que María Corina Machado ha sido el vector del proceso político que condujo a la victoria del pasado 28 de julio. Su desafío al sistema imperante ha sido integral, porque su forma de hacer política también lo es. A lo largo de 20 años dedicados a la política, María Corina ha desempeñado los roles más diversos y dado la pelea en casi todos los tableros que conlleva la lucha contra una autocracia.

No en balde ha participado desde la observación electoral ciudadana, el ejercicio parlamentario, el periodismo comprometido, la vinculación entre partidos y sociedad civil, la política exterior, la movilización ciudadana, el liderazgo en las protestas, el debate doctrinal desde posiciones liberales y la fundación de un partido enteramente nuevo como Vente Venezuela, basado en la estrecha cooperación con las asociaciones ciudadanas libremente constituidas.

Asumirse liberal, defender la economía de libre mercado y confrontar directa y valientemente a una autocracia eran actitudes que casi nadie recomendaba en el seno de una sociedad rentista, donde cada sector aspiraba a acomodarse mejor en función de sus relaciones con el petroestado, y en la que el miedo comenzaba a hacer estragos tras la consolidación del chavismo en el poder.

Acusada de radical durante años, y a pesar del escepticismo y antipatía con que la miraban diversos sectores sociales, Machado se mantuvo siempre apegada a su propio modo de ser, a una idea de la política según la cual la verdad de las cosas –especialmente cuando se confronta al mal– debe ser siempre dicha con claridad.

La campaña admirable

Ante el desafío de elegir un candidato unitario que fuera capaz de competir con Maduro en 2024, las fuerzas políticas que integraban la alicaída, infiltrada y fuertemente reprimida oposición venezolana comenzaron a evaluar diversas vías de acción en 2022. Algunos abogaban por elegir por consenso al candidato; otros sugerían el uso de encuestas, algunos defendían la realización de unas primarias. Machado se sumó a esta última vía, pero solo si los comicios se realizaban 1) sin la intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE) que controla Maduro; 2) con voto manual, no electrónico, y 3) facilitando el voto exterior, correspondiente a un 25% de la población total del país que actualmente reside fuera de Venezuela.

La férrea defensa que Machado hizo de estos principios, aunada a un discurso nítidamente enfocado en la derrota de la autocracia, la distinguió de todos sus rivales e hizo crecer su respaldo popular. Contra todo pronóstico, las primarias se realizaron en los términos propuestos por la fundadora de Vente Venezuela, aprovechando un flanco que parece haber quedado desguarnecido en los escenarios planificados por el chavismo. Esa incapacidad final para atajar a una candidata que a la postre obtuvo el 93% de casi tres millones de votos posiblemente se haya debido a las inseguridades que emergieron dentro del régimen luego de que Maduro se sintiera obligado a defenestrar a Tarek El Aissami, su antiguo aliado y emergente rival.

Tras el inesperado batacazo de las primarias –donde muchos actores políticos “de lado y lado” fracasaron ante Machado por culpa de sus propios prejuicios e intereses–, la represión autocrática entró en acción. Desde un principio, y por etapas, los ataques se cebaron en los principales miembros del comando de campaña de Machado, con quienes ella mantiene una amistad profunda que excede el ámbito político o profesional. Mientras Henry Alviarez y Dignora Hernández fueron apresados, Magallí Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Omar González y Fernando Martínez Mottola tuvieron que refugiarse en la embajada argentina de Caracas. Del mismo modo, varias cabezas y miembros de distintos comandos estadales (un total de 24 hasta la fecha) fueron apresados en distintos momentos de la campaña. 

Simultáneamente, la chapucera inhabilitación que magistrados sumisos a Maduro le impusieron a Machado terminó por hacerse efectiva, impidiéndole competir en unas elecciones para cuya realización finalmente se eligió la fecha del 28 de julio (el cumpleaños de Chávez). Tampoco se le permitió inscribirse a Corina Yoris, candidata designada por ella y por los diez partidos que integran la Plataforma Unitaria. Finalmente sería Edmundo González Urrutia, diplomático jubilado de limpia trayectoria personal y profesional, la única figura a la que Maduro aceptó como contrincante en unos comicios que, a la postre, no serían ni libres, ni justos, ni realmente competitivos.

Ganar en semejantes condiciones requeriría contar no solo con una participación masiva, sino también con unos niveles inéditos de organización ciudadana para la vigilancia electoral. Había que levantarlo todo, además, en tiempo récord, en un clima de persecución generalizada y enfrentando restricciones draconianas para el financiamiento de la campaña. Todo dependía de dos cosas: el diseño de unas líneas de acción claras y viables, y el trabajo comprometido y autofinanciado de cientos de miles de voluntarios.

Y eso fue lo que logró hacer María Corina Machado. Por un lado ideó unos mecanismos simples y eficientes para la organización popular, y por otro lado encendió la mecha de una inquebrantable voluntad de libertad en el corazón de ciudadanos que llevaban años sometidos a la desesperanza aprendida que se les inculcaba “de lado y lado”. La iniciativa cuajó en la red “600 K” (600 mil personas preparadas para custodiar los procesos electorales) y en los “Comanditos” (grupos comunitarios a cargo de diversas labores de apoyo).

Sorpresiva jornada electoral

Finalmente se llegó a la fecha esperada. El temor de una suspensión de elecciones o de una inhabilitación de Edmundo González se disipó. A partir de ahí, las posibilidades de victoria dependían de dos factores: la participación masiva del electorado y la obtención de una copia del acta que emite cada máquina de votación (en Venezuela el voto es electrónico). El primer factor parecía asegurado tras una campaña ciertamente precaria pero muy exitosa, tan hostigada como inspiradora, en la que la promesa de reunir a las familias separadas y de ir “hasta el final” para cambiarlo todo convenció a una gran mayoría de venezolanos. 

El segundo factor era una incógnita. El chavismo hizo todo lo que pudo antes, durante y después de la elección para impedir que los testigos de la oposición pudieran ejercer su derecho a obtener una copia de las actas, desde entorpecer su registro hasta hostigarlos en los centros de votación. Sin embargo, todo indica que ni los funcionarios del CNE en las mesas de votación, ni los militares que custodiaban los centros, se prestaron masivamente para la labor.

Cuando empezó la transmisión de resultados desde las máquinas de votación hasta el centro de totalización de Caracas, los números revelaron una realidad apabullante para Maduro y compañía, quienes decidieron entonces interrumpir la transmisión. No lograron, en cambio, impedir que los testigos enviaran las copias de las actas al comando de campaña de González y Machado, que las estuvo recibiendo durante esa noche y al día siguiente.

Antes de que se venciera el plazo de 48 horas que estipula la ley para que el CNE publique los resultados oficiales, el Comando Con VZLA ya había levantado una página web que reúne más del 80% de las actas, demostrando así que Edmundo González obtuvo 67% de los votos. Por su parte, al momento de escribir estas líneas, el CNE sigue sin publicar resultados y dice que su sitio en internet sigue caído como consecuencia de ataques informáticos provenientes de Macedonia del Norte y de Elon Musk. Sin embargo, sin publicar resultados, el CNE ya declaró ganador a Maduro.

La fiera herida

El burdo fraude desató protestas en varias ciudades de Venezuela, protagonizadas por las barriadas populares. De inmediato comenzó la represión militar y policial. En 5 días se contabilizan ya más de 1,000 detenciones y 20 asesinatos. Maduro ha anunciado el acondicionamiento de centros penales de “reeducación” y trabajos forzados para los detenidos en las manifestaciones. Entre tanto, los gobiernos de Brasil, Colombia, México, España y otros siguen demandando la publicación de actas, aunque el lapso legal correspondiente ya ha concluido. El Centro Carter, único organismo serio al que se le permitió presenciar in situ el proceso, afirma que las elecciones no cumplieron los estándares democráticos. Los Estados Unidos ya han reconocido a González como ganador. 

Hannah Arendt decía que el poder descansa en los números, mientras que la violencia depende de las herramientas. El régimen que aún oprime a Venezuela está débil y se defiende con las armas. Pero tras el 28-J puede tener sus horas contadas, o no. De momento, al igual que una fiera herida, es más peligroso que nunca. Pero si la vida se le sigue escapando por la herida, llegará el momento de huir o sentarse a negociar. Sería lo mejor, ya que los venezolanos han hablado, quieren un cambio y especialmente los más agraviados se muestran resueltos a alcanzarlo. ~