Morfema Press

Es lo que es

Miguel Henrique Otero

Por Miguel Henrique Otero

Escucho a Maduro vociferar en contra de Deutsche Welle en Español -la televisión pública de la nación alemana- y es inevitable experimentar una inmediata sensación de vergüenza. Avergüenza que, desde el más alto eslabón del poder, el titular de ese poder sea capaz de decir, con la boca inflada de aire, que DW en Español es un “canal nazi”.

Avergüenza la envergadura del anacronismo. El talante bárbaro con que se grita. Avergüenza su falsedad ramplona. Avergüenza la falta de escrúpulos con que Maduro exhibe su crasa ignorancia. El hombre que controla todo el régimen que Chávez le entregó, diez años después de continuo, ilegal e ilegítimo usufructo del mismo, rodeado de toda clase de recursos, todavía no es capaz de articular un discurso que apele a hechos históricos, que no esté plagado de falsedades e imprecisiones.

Han transcurrido 25 años desde que fue diputado a la Asamblea Constituyente de 1999, ha detentado una seguidilla de cargos públicos, pero Maduro sigue siendo, en lo esencial, el mismo manganzón que llegaba a la sede del parlamento con una revista hípica doblada en el bolsillo trasero del pantalón, su lectura predilecta en las horas en que se discutía el contenido de la Constitución que se aprobaría en diciembre de ese año.

Un insulto es una medida de quien lo emite. Una suerte de radiografía de las capacidades de la mente. Es famoso el intercambio de tarjetas entre George Bernard Shaw y Winston Churchill. Dos inteligencias que se odiaban. Un día el dramaturgo envió una tarjeta de invitación al político y le escribió: Te envío dos invitaciones, para que traigas a un amigo (si es que tienes). De vuelta recibió esta respuesta: No podré asistir la noche de tu estreno, pero iré a la segunda función (si es que hay).

Pero estas son sutilezas que ni siquiera debería citar en este artículo, porque en Maduro la dimensión de lo sutil no existe. No lo afirmo yo, lo demuestra él de forma abrupta y tajante, cuando expele su precaria difamación, “canal nazi”, que es, ni más ni menos, el único y estrecho canal por el que circula su pensamiento: el de la violencia. El mismo ducto subterráneo por donde van y vienen órdenes como detener, secuestrar, torturar, cerrar medios de comunicación, amenazar. El precario ducto mental de un dictador con una revista hípica en el pantalón.

Cuando el poderoso dice en 2024 que Deutsche Welle en Español es “nazi”, ¿qué está ocurriendo en la cabeza del tiranuelo que se ha desgañitado en semejante afirmación? ¿Quiere mostrarse ingenioso, presumir de una astucia argumental ante los otros miembros de la élite del régimen, los Cabello, los Padrino López, los Hernández Dala y demás hombres cultos de la dictadura? ¿Quiere estigmatizar a un medio de comunicación, que es modelo en Europa por sus prácticas profesionales como institución de Estado? ¿Quiere colgarle una apurada etiqueta para justificar, otra vez el bloqueo de la señal, como ya ocurrió en 2019? ¿O acaso Maduro está aterrorizado, asustado por el tsunami que está a punto de levantarse en su contra, una vez que no le ha quedado más remedio que convocar a las elecciones? Si me permiten la imagen, ¿es que estamos ante el berrinche de un dictadorzuelo, embadurnado del ocre y hediondo amarillo de su miedo?

Hay que recordar que la Deutsch Welle fue fundada en mayo de 1953: justo 8 años después de la capitulación del Alto Mando militar alemán y del suicidio de Hitler. En su acta fundacional quedó establecido el que ha sido su sello ininterrumpido de estas siete décadas: su plena autonomía ante la sucesión de gobiernos. Pocos conglomerados de medios del Estado pueden exhibir una trayectoria semejante, dentro o fuera de Europa. A su lado, la RTVE de hoy, no es más que un pasquín al servicio del sanchismo.

Pero vayamos al programa que desató la iracundia madurista. Se llama Cómo te afecta, y es conducido por un joven periodista venezolano, Ernesto Andrés Fuenmayor. Se trata de 26 minutos construidos con rítmica agilidad, despliegue de fuentes y testimonios, cuyos temas se refieren a problemáticas de América Latina. Esto que acabo de escribir muy probablemente apenas sugiera el innovador poderío del programa. Y es que lo que hace tan peculiar esos 26 minutos es que Fuenmayor, en cada entrega, se propone responder a la pregunta de cómo afectan de modo directo, cotidiano y real, las extendidas problemáticas de América Latina: la desigualdad, la pobreza, la debacle de la calidad de la educación, el aumento de los alquileres y otros. En su programa los que hablan son las víctimas de esas realidades, por una parte, y especialistas independientes, por la otra. Luego, cada edición de “Cómo te afecta” tiene un colofón, en el que su conductor esboza soluciones.

La entrega que revolvió a Maduro, Cabello, Padrino López, demás socios y a los recaderos de Conatel se tituló “Cómo los corruptos te roban lo tuyo”. Denuncia lo que los ciudadanos conocen y padecen: que el venezolano es un gobierno mafioso, pero también los de México, Nicaragua, Brasil y otros. Invito al lector a repasar los 26 minutos y desmentir una, solo una de las afirmaciones que allí se hacen.

Sin embargo, dado que Maduro ha puesto sobre la mesa la cuestión de un “canal nazi”, cabría preguntarse, ¿qué hay en Venezuela más parecido al sistema de medios del Tercer Reich -que incluía diarios, revistas, libros, carteles, conferencias, mítines, emisoras de radio y hasta la producción cinematográfica, todos al unísono dedicados a propagar el pensamiento único de Hitler y su incesante discurso de odio? ¿Qué hay en Venezuela más parecido a una actividad mediática de difamación, degradación, ruindad y desinformación? ¿En qué lugar del espacio público venezolano hay una versión barata y procaz de Goebbels, titubeante de pocas palabras, proclamador semanal del odio a todos, cuya visión de la sociedad no es más que un mundo constituido solo por cómplices y enemigos? ¿Acaso el “canal nazi” del que habla Maduro puede ser otro que Venezolana de Televisión y su indiscutido tutor, Diosdado Cabello?

Por Miguel Henrique Otero en El Nacional

16 años de prisión. El régimen ha dictado 16 años de prisión para los ciudadanos Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrín. 16 años de prisión por hacer uso de derechos consagrados en la Constitución Nacional vigente. 16 años de prisión por oponerse a las decisiones gubernamentales dirigidas a menoscabar los beneficios salariales y laborales de los trabajadores públicos venezolanos. 16 años de prisión por denunciar el empobrecimiento creciente. 16 años por exigir aumentos salariales. 16 años por decir que no es posible continuar trabajando en las condiciones actuales. 16 años de prisión por hablar con sus colegas trabajadores –a los que representan–, por reunirse, por resistirse, por no aceptar el robo, abierto y descarado, de beneficios que constituyen sus derechos.

¿Y quiénes son Blanco, Astudillo, Cortés, Bracho, Meléndez y Negrín? Repetiré lo más obvio: simples ciudadanos venezolanos. Dirigentes sindicales. Alguno, defensor de derechos humanos. Varios de ellos, vinculados a la organización política Bandera Roja. Uno de ellos, Negrín, nada menos que presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios. Muy probablemente, uno o más, han sido simpatizantes o afectos al régimen, trabajadores que creyeron que Hugo Chávez Frías, en efecto, tenía un compromiso con los pobres, o que Nicolás Maduro, “el presidente obrero”, fomentaría alguna forma de bienestar, respetaría las conquistas esenciales como el derecho a organizarse, a defenderse y a plantear, en el ámbito público, sus reivindicaciones.

16 años de prisión. ¿Y de qué delitos han sido acusados estos dirigentes sociales, para justificar una sentencia tan brutal, perversa y fuera de toda proporción? Los acusan de unos delitos enunciados con fórmulas genéricas: conspiración, el primero, y asociación para delinquir, el segundo, que son los señalamientos frecuentes –no los únicos–, destinados a borrar, a erradicar, a disolver el derecho a la protesta en Venezuela. Se trata de una acción, ejercicio evidente de una dictadura capaz de ejercer formas de violencia ilimitada, que no está asociada a ningún hecho, sino al propósito único de establecer un ejemplo, de dar una lección al universo de los trabajadores públicos, dejar bien claro, fijado en cada mente, que protestar, sea cual sea la razón, será castigada con este castigo feroz, despiadado e insensato: 16 años de prisión. De lo que se trata es de destruir, sin parpadeos, el precepto de libertad sindical. Conducir a los trabajadores, como el resto de los ciudadanos de Venezuela, a un estatuto de indefensión plena. De indefensión absoluta.

16 años de prisión: ¿Y cuáles han sido las pruebas, en las que se ha basado la jueza Grendy Alejandra Duque Carvajal, a cargo del Tribunal Segundo con Competencia en Terrorismo, para dictar esta sentencia monstruo? Ninguna. Ninguna prueba y 16 años de prisión. Peor: 16 años de cárcel, basado en una acusación cuyo protagonista no se presentó en el tribunal. 16 años por una acusación sin fundamentos, sin hechos probatorios, sin sustancia alguna. Sentencia de 16 años de cárcel, a partir del supuesto informe de un “patriota cooperante” desconocido, un sujeto al que nunca lograron localizar. Es decir, un testigo desaparecido, volatilizado, sin rostro, sin voz, sin palabras. ¿Un testigo? ¿Es eso un testigo? ¿Alguien que no testifica?

Y, hay que insistir en esto: la sentencia de 16 años de prisión en contra de Blanco, Astudillo, Cortés, Bracho, Meléndez y Negrín, no los alcanza solo a ellos: se proyecta sobre cada uno de nosotros, de forma inequívoca. Se alza sobre nuestras vidas como una amenaza cierta, próxima, inminente.

Como sabemos, el derecho a la protesta está garantizado por el artículo 68 de la Constitución Nacional, con el solo requisito de que las mismas sean pacíficas y sin armas. Nada más. Si esto es así, ¿cómo se explica, en la más elemental lógica jurídica y de los hechos, que estos 6 venezolanos hayan sido “enjuiciados” por un tribunal dedicado al terrorismo (en un país donde el único terrorismo que existe es el terrorismo de Estado)?

El trasfondo de estas medidas son evidentes, y están conectados con una cadena de hechos que vienen empeorando, desde hace años: deterioro constante de los salarios y las condiciones laborales; persecución y ataques a los dirigentes sociales, sindicales y gremiales; represión masiva de las protestas de los trabajadores, en todo el territorio nacional, incluso a jubilados y pensionados; pérdida sistemática de conquistas y reivindicaciones; aumento de la precariedad laboral en el propio Estado; politización de las obligaciones laborales (un trabajador del sector público es alguien obligado a marchar y a demostrar lealtad política, a riesgo de ser despedido o de verse gravemente discriminado; sometimiento de los trabajadores a la arbitrariedad de los jefazos del PSUV, de militares rojos e incompetentes, de aliados de la narcoguerrilla que detentan cargos en la administración pública, y de tantos enemigos que tienen en el régimen, quienes solo aspiran a trabajar y a vivir dignamente.

Solo me queda una afirmación por hacer: si la causa de Blanco, Astudillo, Cortés, Bracho, Meléndez y Negrín no adquiere las proporciones de una lucha nacional e internacional; si no se logra la movilización de los sindicatos en países de América Latina; si las fuerzas de oposición; si los grupos de la sociedad civil; si las universidades; si los sindicatos del todo el país no alcanzan un acuerdo y se establecen como objetivo la liberación de estos seis venezolanos, la aberrante sentencia no será reversada y la vida de esos hombres y de sus familias quedará lesionada para siempre.

Por Miguel Henrique Otero en El Nacional

El 9 de mayo, Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, organización fundada en 1988) presentó su informe correspondiente al año 2022. Se trata de un trabajo al que ciudadanos de cualquier actividad deberían dedicarle algo de su tiempo. Hay que advertir que la ambición del reporte es amplia: en su recorrido hay aproximaciones a la situación en que se encuentran 14 derechos, no solo los civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales. Trae, además, un revelador documento, un estudio del economista Ronald Balza Guanipa, “El nuevo modelo económico y los derechos humanos en Venezuela, 2022”, en el que analiza, entre otros aspectos, la opacidad y ausencia de consulta en el proceso que, de forma paulatina, ley tras ley, ha ido consolidando el presidencialismo en Venezuela. En lo que sigue comentaré, de modo parcial, algunos de los indicadores que el informe señala.

Una de las virtudes del material es la recopilación de información lograda por el equipo que lo produjo: a pesar de la ausencia de estadísticas oficiales -tema al que dediqué mi artículo de la semana pasada-, Provea construye una visión panorámica del estado de las cosas en Venezuela, en materia de derechos humanos, usando y ordenando información proveniente de numerosas fuentes.

Comienzo por aquí: en el período que va del trienio 2014-2016 al trienio 2019-2021, de acuerdo con las mediciones de la FAO, el indicador de subalimentación en Venezuela se duplicó. Esto significa que al menos 6,5 millones de personas (y es probable que el número sea todavía mayor) se alimentan mal y transcurren sus días en condiciones de hambre. Entre las causas de esta terrible realidad está, por una parte, la caída de la producción agropecuaria nacional: 50%, disminución gravísima, entre 2012 y 2022. A esto hay que sumar la devastación que producen los fenómenos entrecruzados de la inflación y las prácticas especulativas de los importadores de alimentos. Este dato lo dice todo, habla del absoluto fracaso del régimen y sus políticas (estas no son palabras de Provea, sino mías): el poder adquisitivo del salario mínimo no alcanza ni siquiera al 2% -es de 1,6%- del valor de la canasta básica de consumo. Repito: 1,6% del valor de la canasta básica. En otras palabras: hambre extendida, desnutrición cada vez más peligrosa, enfermedad, debilitamiento de las capacidades personales, hundimiento del ánimo de la sociedad. Copio un párrafo del informe: “En materia nutricional, la escasa información oficial sobre 917 parroquias evaluadas deja ver que más de la mitad presentaron niveles de severidad de la desnutrición inaceptables en la población con mayor vulnerabilidad, entre ellos niños y niñas, mujeres embarazadas, madres en lactancia, adultos mayores y personas con discapacidad”.

Los datos que el informe aporta con relación al derecho a la educación constituyen otro ámbito que cabe calificar como de gran desastre. El panorama, sobre el que es simplemente imposible obtener cifras y estadísticas oficiales, es el de un conjunto de factores, actuando al mismo tiempo, que están enrumbando al país hacia una especie de colapso estructural del sistema de educación pública (esto lo afirmo yo, no Provea). No consignaré aquí ninguna cifra, pero sí los hechos en curso, enmarcados todos en una pregunta general.

¿Qué destino, qué proyección, qué posibilidades puede tener una sociedad y una nación, en la que, de forma mayoritaria y creciente, menos de dos tercios de la población en edad escolar asiste a clases; en la que se reduce el número de horas que los estudiantes de Educación Básica y Educación Media reciben clases; en la que hay indicadores de calidad que señalan gravísimas deficiencias en el aprendizaje de los instrumentos básicos del conocimiento -lengua y matemáticas-, en porcentajes superiores a 60% del alumnado; en la que la infraestructura escolar está cada día más deteriorada, donde hay escuelas que presentan riesgos reales y diversos para alumnos, docentes y trabajadores; y en la que los docentes reciben por su trabajo salarios que no es posible calificar sino con la palabra miserable?

Y debo añadir aquí otra pregunta imprescindible: ¿qué rumbo, qué expectativas, qué potencialidad puede tener una sociedad donde las fallas de los servicios públicos son recurrentes en amplias zonas del territorio -electricidad, agua, Internet-, mientras en buena parte del planeta se avanza en digitalización de los modelos educativos? ¿Qué perspectivas puede albergar una nación donde el poder soluciona los problemas propios de cualquier sistema educativo reduciendo lo que ofrece en calidad y cantidad?

Vuelvo al informe de Provea, consignando algunos hechos y cifras: destrucción de los derechos laborales; salario promedio de 6 dólares; 19,7 millones de personas viviendo en estado de pobreza multidimensional; 7,3 millones de personas han salido del país en búsqueda de oportunidades; asesinatos de dirigentes sindicales; asesinatos de líderes indígenas; migración forzada del pueblo warao hacia Brasil y Guyana; asedio y desprotección del pueblo yukpa sometido a la violencia de grupos paramilitares y narcoguerrilleros; casi 96.000 denuncias de violaciones del derecho a la salud en el sistema hospitalario; las pensiones a los jubilados se han reducido a un monto equivalente a 6 dólares mensuales; “el gobierno afirmó haber construido 3.906.257 viviendas entre 2014 y 2022; nuestros datos revelan que solo se construyeron 130.856 viviendas”; 2.203 violaciones como torturas, tratos crueles, allanamientos, amenazas y otras (68,6% más que en 2021); altísimas tasas de impunidad; 121 detenciones arbitrarias, 5 desapariciones forzadas, predominio de la persecución de dirigentes sindicales y sociales; 824 personas asesinadas por policías y militares durante el 2022.

Repito aquí lo que tanto he dicho y continuaré difundiendo: el de Maduro es un régimen cuya naturaleza consiste en la violación sistemática y masiva de todos los derechos humanos, y en la construcción de una forma de vida donde desaparece la ciudadanía y se establece una condición de súbditos del régimen: personas indefensas, sin representación ni derechos.

Por Miguel Henrique Otero en El Nacional

Mentiras y silencios, en resumen, una canallada cuyo producto final no es otro que el fortalecimiento del régimen.

Escribo este artículo con un sentimiento de alarma: la campaña gubernamental, a la que se han sumado voceros de distintos sectores de la sociedad, ha ganado algún terreno en el plano internacional. En conversaciones con funcionarios y políticos de varios países, me encuentro con que, en algunos casos, hay la percepción de que Maduro está cediendo, que se ha puesto en camino para entrar en el carril de las conductas democráticas y que, llegado el año 2024, participará en los comicios presidenciales y reconocerá el resultado que arroje la voluntad de los electores. En el relato de esa fantasía, Maduro se enfrenta a los radicales, neutraliza a Cabello y acepta su derrota.

Cuando uso la palabra campaña no exagero. Se trata de un esfuerzo sistemático, que hace uso de un conjunto de herramientas y recursos de la comunicación. Pondré algunos ejemplos. Se financian viajes de “expertos” que repiten una especie de cartilla de tres puntos: uno, hay una mejora del estado de la economía, que se refleja en el incremento de la oferta de productos y del consumo; dos, el gobierno ha disminuido sus prácticas de persecución a los opositores y a los medios de comunicación; las negociaciones con la petrolera Chevron, principalmente, pero no exclusivamente, producirá un incremento de la producción petrolera y de los ingresos.

Se distribuyen en ámbitos diplomáticos, en multilaterales y a políticos de Iberoamérica, informes ejecutivos y presentaciones provenientes de los supuestos estudios que realizan las encuestadoras amigas, que coinciden en señalar un grave descrédito de toda la oposición, de forma simultánea a una paulatina mejoría de la opinión hacia el gobierno. De acuerdo con estas proyecciones, la popularidad de Maduro y su gobierno es superior a la de la oposición democrática.

Hay algo más: he tenido la oportunidad de ver un “informe cualitativo de la opinión pública venezolana”, una breve recopilación de tuits y declaraciones de prensa, de historiadores, locutores, alacranes, seudoalacranes, empresarios a los que se les han despertado los apetitos políticos, comentaristas que hacen el elogio de los emprendedores, especialistas en autoayuda, reseñistas de casos exitosos, profesionales que cobran en dólares y más, todo ello mezclado sin rubor y con descaro, como demostraciones de que las cosas van cada día mejor en Venezuela. Con los tuits y las declaraciones provenientes de 3% de la población ―porque de eso se trata, de 3%― se está construyendo una matriz de opinión cuya finalidad no es otra que decir, no que el país mejora, sino que Maduro mejora. El objetivo es la potabilización de Maduro.

Esta operación comunicacional de la dictadura ―que mantiene presos políticos y los tortura, mientras realiza operaciones militares conjuntas con las narcoguerrillas y declara su apoyo al criminal que asesina impunemente a inocentes en Ucrania― consiste en esto: aseverar que las realidades de la pequeña la burbuja económica (en lo primordial, una burbuja caraqueña que se escenifica en zonas específicas de tres municipios) son realidades nacionales.

Miente el gobierno y mienten sus acólitos: lo real, la escandalosa verdad, es que 95% de la sociedad venezolana vive en estado de pobreza/empobrecimiento. ¿Como consecuencia de qué? De que el régimen destruyó una parte considerable de la estructura productiva venezolana. Acabó con empresas y empleos ―expropió, cerró, ahogó y arrinconó a industrias y empresas de servicios―, para imponer un control sobre el funcionamiento de la sociedad.

Que devuelvan el Sambil La Candelaria a sus propietarios; que autoricen de facto la dolarización de la economía y pretendan ahora sacar provecho de ella a través de impuestos; que existan en el territorio un centenar de bodegones; que haya crecido la oferta de productos importados para beneficio de 3% de la población; que se abran tiendas de lujo para que chavistas y enchufados inviertan sus excedentes en dólares; que prosperen restaurantes a 150 dólares/promedio por comensal; que aparezcan servicios o productos para familias con capacidad de pagar en dólares los precios más descabellados; que los precios de los alimentos más básicos sean entre 6 y 10 veces más altos que su promedio internacional; o que pululen enchufados dispuestos a pagar 150 dólares por una botella de whisky, no es un indicador de prosperidad, ni es equivalente a un incremento del poder de compra, ni mucho menos puede servir de argucia para afirmar que las realidades económicas y sociales han dado un giro y, colmo del cinismo, afirmar que el régimen ha virado su ruta y que se dispone a reducir las penalidades ciudadanas.

Lo que sabemos: el discurso de los propagandistas del falso bienestar, los vendedores de la falsa burbuja nada dicen de los secuestros y desapariciones forzadas; nada de quienes permanecen detenidos solo por disentir; nada del hambre que campea en todos los estados; nada de las muertes en hospitales; nada de los pacientes que deben dializarse o recibir tratamientos para enfermedades crónicas y no pueden por falta de insumos; nada de la entrega del territorio a grupos de la narcoguerrilla como refugio y para la realización segura de operaciones delincuenciales (señalamiento que acaba de ser ratificado por Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos). Nada de la pérdida de libertades, nada de ausencia de medios de comunicación, nada de la alianza entre pranes y jefes del chavismo, nada de la destrucción de la Amazonia, nada de las bandas que asolan la cotidianidad de millones de familias. Ni una palabra sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela. Nada, como si no existieran, de los casi 7 millones de venezolanos que hemos sido forzados a huir de Venezuela o a exiliarnos.

Mentiras y silencios, en resumen, una canallada cuyo producto final no es otro que el fortalecimiento del régimen.

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