Por Milagros Socorro en La Gran Aldea

Cuando Chávez decía, para replicar a la oposición, “lo que están planteando es volver a la apertura petrolera”, no estaba describiendo una política pública. Estaba delimitando una frontera moral a partir de consignas. No entraba en un debate técnico sobre el modelo petrolero: construía un antagonismo político, trazaba una línea en la arena entre leales y traidores.

La Apertura de los años noventa, asociada a la gestión de Luis Giusti al frente de PDVSA, fue convertida por el chavismo en el pecado original del modelo petrolero venezolano. Era, según ese relato, la entrega de la Faja del Orinoco, la cesión de soberanía, el sometimiento al arbitraje extranjero; en suma, la subordinación al capital transnacional.

Veinte años después, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprueba una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que reinstala buena parte de los mecanismos que definieron aquella Apertura. Y la pregunta deja de ser retórica: ¿la nueva ley es, en esencia, la Ley Giusti?

Para responderla, conviene recordar qué fue realmente la política impulsada en los años noventa. El equipo cuyo vocero más visible fue Luis Giusti no se proponía privatizar el petróleo. La propiedad de las reservas seguía siendo del Estado venezolano, como lo establece la Constitución. Lo que hizo fue abrir el sector al capital privado bajo figuras contractuales —convenios operativos, asociaciones estratégicas, exploración a riesgo— que permitían atraer inversión y tecnología para desarrollar áreas complejas como la Faja del Orinoco. PDVSA era entonces una empresa técnica, con autonomía gerencial y capacidad de negociación internacional. El Estado no renunciaba al control del recurso; ampliaba su capacidad de explotarlo, que es algo muy distinto.

“Gobiernos títeres, una marioneta, un jalabola”

Pero Chávez, cuyos conocimientos en materia petrolera eran más que escasos, convirtió esa política en símbolo de traición. En su narrativa, la participación privada era sinónimo de privatización; el arbitraje internacional, de sumisión; la inversión extranjera, de dependencia. El desmontaje de la Apertura, culminado en 2007 con la nacionalización de la Faja, fue presentado como la recuperación definitiva de la soberanía energética.

—¿Qué nos dejaron? —vociferó Chávez al referirse al período democrático—. La miseria, el hambre. Ese es el capitalismo saqueador y explotador; y para poder hacerlo realidad en Venezuela, el imperialismo siempre necesitó gobiernos títeres, gobiernos burgueses; y que ahí, en Miraflores, estuviera siempre una marioneta, un jalabola.

El problema es que el modelo impuesto por Chávez no fue un esquema más robusto en términos institucionales, sino un sistema centralizado y profundamente politizado. PDVSA dejó de operar como corporación técnica autónoma y pasó a ser un instrumento financiero del Ejecutivo. La empresa fue subordinada a objetivos políticos inmediatos; su estructura profesional, erosionada; y su caja, utilizada para financiar gasto público directo sin mecanismos transparentes de control.

Chávez proclamó que había “rescatado para el pueblo más de 300 mil millones de dólares. Ahí está la riqueza nacional, ahora distribuida en función de las necesidades del pueblo. Una política económica petrolera y fiscal revolucionaria es lo que nos permite tener los recursos necesarios para seguir apoyando las grandes misiones, la inversión social, la construcción de fábricas, la construcción de carreteras, salarios dignos para los trabajadores, seguridad social para la clase obrera y los pensionados. Ahí están los recursos que al pueblo y a los trabajadores se los robaron durante cien años y más. ¿Quién? La burguesía arrastrada al imperialismo”.

La verdad, padecida por ese mismo pueblo, es que la concentración absoluta de la renta en manos del Estado no vino acompañada de un fortalecimiento equivalente de los controles institucionales. Con el tiempo salieron a la luz numerosas investigaciones nacionales e internacionales que documentan redes de corrupción vinculadas a la industria petrolera y al sistema de administración de divisas. Existen procesos judiciales abiertos y abundante documentación que expone esquemas de sobornos, intermediación opaca y desvío de recursos asociados a PDVSA.

De hecho, estimaciones no oficiales como la encuesta de hogares ENCOVI indican que para 2015, pocos meses después de la muerte de Chávez, la pobreza por ingresos alcanzaba aproximadamente el 73 %.

Más privados y bastantes extranjeros

Paralelamente, la producción petrolera comenzó a declinar de forma sostenida. En los años noventa, PDVSA era considerada una de las empresas petroleras estatales más importantes del mundo por volumen de producción, reservas y presencia internacional. En distintos rankings aparecía entre las mayores compañías energéticas del planeta. Tras la llegada al poder del golpista del 92, la empresa perdió capacidad operativa y financiera. La soberanía proclamada no se tradujo en fortalecimiento institucional, sino en vulnerabilidad estructural, saqueo y devastación.

Es en ese contexto que aparece la reforma de 2026. La nueva ley flexibiliza las condiciones contractuales, amplía la participación privada y extranjera, habilita esquemas con mayor autonomía operativa y reintroduce el arbitraje internacional como mecanismo de resolución de controversias. Mantiene la propiedad estatal de las reservas, pero modifica de manera sustancial el régimen operativo y comercial. Es decir, recupera instrumentos centrales de la Apertura de los noventa.

¿Entonces, se copiaron de Luis Giusti?

—La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada este jueves por la Asamblea Nacional —señala el experto petrolero Luis Pacheco—, es en primera instancia un reconocimiento del fracaso del modelo petrolero chavista, producto de la borrachera de altos precios maridada con una falsa soberanía. El hecho de que haya sido aprobada sin mucha discusión y bajo el paraguas de la tutela norteamericana también deja preguntas sobre el verdadero consenso oficialista detrás de ella.

“Paradójicamente —continúa—, esta reforma reivindica la Apertura Petrolera de los años noventa, cuando PDVSA, liderada por Luis Giusti, avanzó la idea de que la industria de los hidrocarburos debía ser la locomotora económica del país y que el modelo estatista no era suficiente ni recomendable para cumplir con esa misión. En todo caso, la reforma formaliza la privatización del sector que venía ocurriendo a espaldas del país, de forma opaca y plagada de manejos cuestionables”.

En términos técnicos, la nueva Ley de Hidrocarburos comparte tres pilares fundamentales con aquella política: primero, el reconocimiento de que el Estado venezolano no puede desarrollar plenamente su industria petrolera sin capital y tecnología externos; segundo, la utilización de figuras contractuales flexibles para atraer inversión; y tercero, la aceptación de estándares jurídicos internacionales, incluido el arbitraje, como garantía para los inversionistas.

Un acta de defunción doctrinaria

Existe, sin embargo, una diferencia crucial. La Apertura de Giusti se instrumentó desde una PDVSA fuerte, con capital humano calificado y credibilidad financiera. La reforma actual se ejecuta desde una empresa debilitada, con producción mermada y una reputación erosionada tras años de deterioro, improvisación y escándalos.

La Apertura fue una estrategia de crecimiento. La ley de 2026 es un recurso desesperado de supervivencia.

Lo que el chavismo denunció durante dos décadas como claudicación reaparece ahora como necesidad. Y esa es la verdadera dimensión política de la reforma: no es solo un ajuste técnico, es una rectificación histórica. Quizá un nuevo “por qué no te callas” dirigido a Chávez, cada vez más empujado al rincón de los espectros.

Durante años, el discurso oficial sostuvo que la soberanía energética exigía excluir al capital privado de posiciones decisivas y someter toda controversia a tribunales nacionales. Hoy, cuando se admite que ese modelo no logró sostener producción, inversión ni eficiencia, la pregunta ya no es si la nueva ley “traiciona” a Chávez. La cuestión es si el chavismo ha terminado por reconocer que el modelo que diseñó y defendió como antídoto contra la entrega fue incapaz de preservar la fortaleza de la industria.

En ese sentido, la ley de 2026 funciona como un acta de defunción doctrinaria. No porque reniegue del pasado, sino porque abandona sus principios operativos centrales y los reemplaza por sus contrarios.

Ironías de la historia

¿Es, entonces, la Ley Giusti? No exactamente. No es una copia del diseño noventista ni se implementa bajo las mismas condiciones institucionales. Pero sí representa la aceptación tardía de uno de sus postulados esenciales: sin inversión privada y reglas jurídicas confiables, la industria petrolera venezolana no es viable.

Y en esa admisión hay algo más profundo que una reforma legal. Hay el reconocimiento de que la destrucción institucional de PDVSA no fue causada por la Apertura de los noventa, sino por el modelo corrupto e inepto que la sustituyó.

La historia tiene ironías severas. “Las privatizaciones eran una exigencia, un mandato que venía del norte”, decía Chávez, el líder que prometió enterrar la Apertura y que dejó una industria debilitada que hoy necesita reabrirse. La revolución que se proclamó guardiana de la soberanía termina reinstalando mecanismos que había convertido en anatema.

La nueva ley no solo reordena contratos. Reordena el relato. Y al hacerlo, entierra definitivamente la ficción de que el problema de PDVSA comenzó con Giusti, erigido ahora —por los hechos— en referente técnico una vez que la ley fue rubricada.

Nota: Las citas de Chávez fueron transcritas del siguiente video, que recoge varios de sus discursos: https://youtu.be/oILx4inztuw

El Nobel de la Paz no resuelve la crisis política venezolana, pero insufla esperanza de cambio en un contexto de mucho desgaste. La sociedad lamenta la represión y la censura del régimen de Maduro, al que consideran que el premio deja sin argumentos. «Aunque sea en silencio, nadie nos quita lo bailao»

—En nuestro país -escribió en X la periodista venezolana María Alesia Sosa, exiliada en Estados Unidos, donde ejerce su oficio- la gente no puede celebrar este premio Nobel [a María Corina Machado] porque sería perseguida. Es momento de que los 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela demostremos nuestra fuerza y pidamos apoyo para la causa de María Corina Machado.

Desde Caracas, su colega Naky Soto posteó en la misma red: “En Venezuela no se pudo celebrar el premio Nobel de la Paz, porque el régimen chavista sigue ejerciendo la censura y la represión a mansalva y con impunidad. Aunque sea en silencio, nadie nos quita lo bailao”. Y el novelista Mirco Ferri añadió: “Por lo visto, hoy en Venezuela tanto la celebración como la procesión van por dentro”.

Pedro Urruchurtu, uno de los miembros del equipo de Machado escapados de la Embajada de Argentina tras más de un año refugiados allí, posteó: “Un abrazo a cada venezolano que dentro de Venezuela celebra el Premio Nobel de la Paz, que también le pertenece, pero que no lo expresa para no ser acechado por el terrorismo de Estado del régimen”.

Fueron, pues, muchos los mensajes en el sentido de que los venezolanos en el extranjero debían redoblar la difusión del Premio Nobel concedido María Corina Machado (MCM), porque los de adentro se arriesgan a “consecuencias y represalias”, como escribió el activista Rafael Uzcátegui.

Y le decían loca

—No hay duda- confirma la “ciberpolítica” Carmen Beatriz Fernández, PhD en Comunicación Pública- el Premio debe haber caído como un balde de agua fría en el seno de la nomenclatura venezolana. Por dos razones: ocurre en un momento en que Maduro está en niveles ínfimos de capacidad internacional y el Premio, que pone todos los reflectores sobre MCM, hace ver a Maduro aún más empequeñecido. Y, por otro lado, el régimen venía haciendo esfuerzos para etiquetar a Machado de extremista, de loca, de radical, de violenta… Un Nobel de la Paz, desde luego, da al traste con toda esa narrativa.

Al preguntarle si considera que el galardón blinda a Machado ante el asedio del régimen, Carmen Beatriz Fernández lo descarta. “No, en lo absoluto. Pero sí hace mucho más costosa una eventual detención”. En cuanto al posicionamiento de la premiada en el contexto de las fuerzas opositoras locales, la analista asegura que el Nobel refuerza a MCM como líder fundamental de la Venezuela democrática, “cosa que estaba clara tras las primarias de 2023 y las elecciones presidenciales de 2024, pero con el correr del tiempo, con la desesperanza y con lo rudo que se ha puesto el clima, ha habido gente que se ha apuntado a otra opción, a emerger con otro liderazgo. El Premio renueva, en el plano internacional, así como en el interno, lo que hicieron las primarias en su momento, un consenso masivo en torno a MCM”.

Maduro quedó al desnudo

—Desde una perspectiva de seguridad, -afirma Vanessa Sánchez Spagnuola– el Nobel proporciona a Machado una protección diplomática que complica cualquier acción represiva directa contra ella. Precedentes como los de Aung San Suu Kyi, en Birmania, o Liu Xiaobo, en China, ilustran cómo la visibilidad global disuade a regímenes autoritarios de escalar la persecución contra laureados. En Venezuela, donde decenas de opositores locales y extranjeros son retenidos como “rehenes” en prisiones, este reconocimiento extiende indirectamente su manto protector, amplificando sus causas en foros internacionales y facilitando liberaciones de presos políticos como parte de las negociaciones.

Residenciada en New Jersey, Vanessa Sánchez Spagnuola es consultora en comunicación estratégica con más de quince años de experiencia en campañas y procesos electorales. Ha trabajado como consultora en Venezuela, México, Guatemala, Colombia, Panamá y la República Dominicana. “Este galardón llega en un contexto político complejo: Machado es laureada desde la clandestinidad, rodeada de amenazas a su vida y en una escalada de represiones por parte del régimen de facto de Maduro. Según datos documentados por organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, como Foro Penal, en Venezuela hay más de 841 presos políticos. Si bien el Nobel no tiene el poder para derrocar a Nicolás Maduro, su peso radica en su capacidad para reconfigurar el tablero de negociaciones, despojando al chavismo de su narrativa dominante de guerra y revalorizando la lucha opositora”.

Al preguntarle sobre el impacto que la medalla de Oslo podía tener en las tensiones al interior de la oposición venezolana, Sánchez Spagnuola explica: “Uno de los efectos inmediatos del premio es la reafirmación de Machado como líder legítima de la oposición. Este premio lo otorga el Comité de Noruega, país que desempeñó un papel crucial en las negociaciones de Barbados en 2023, que buscaban abrir el proceso electoral para 2024 en un contexto no democrático. Los noruegos, que no han sido indiferentes a la crisis venezolana, tras mediaciones infructuosas con el “madurismo”, con este premio envían un mensaje inequívoco a la comunidad internacional y a Maduro, sobre quién representa la legitimidad democrática en Venezuela. Esto obliga a actores globales a posicionar a Machado como interlocutora principal, debilitando el discurso chavista que tacha a la oposición de “extremista”.

Y al sondearla acerca de los efectos que la distinción podría tener en el tablero político, dice: “Aunque el Nobel no tumba al gobierno, sí erosiona su narrativa y sirve como señal clara: el canal legítimo para negociar pasa por MCM. A pocas horas de lograr la paz en Gaza y anunciar la escalada militar contra Venezuela, la disputa por el Nobel de la Paz con Donald Trump fortalece la narrativa de una transición pacífica y ordenada en Venezuela con Machado como figura central. Maduro quedó al desnudo como dictador. En suma, el Nobel de la Paz a Machado no resuelve la crisis política venezolana, pero insufla esperanza de cambio en un contexto de mucho desgaste, potencia la moral opositora, pone el foco sobre quién es la verdadera líder de la oposición, erosiona la narrativa oficial y protege simbólicamente a la mujer que le ha vuelto la esperanza de cambio al pueblo venezolano.

Pueden arremeter

Para la doctora Thairi Moya Sánchez, abogada y profesora de Derecho Internacional, el Nobel de la Paz a María Corina Machado marca un punto de inflexión. “El reconocimiento transformará el equilibrio político, al desmontar la narrativa que el madurismo ha sostenido durante años para deslegitimar a la oposición. Y en cuanto a los esfuerzos del régimen de proyectar una imagen de legalidad y victoria electoral, el propio Comité Nobel alude a esta situación en su discurso y destaca su la falta de transparencia y carácter autoritario”.

Al preguntarle si el Premio blindaría a la premiada, Moya reflexiona: “El Comité Noruego situó el galardón en el marco de la resistencia al autoritarismo, al afirmar que ‘cuando los autoritarios concentran poder, es esencial reconocer a quienes resisten con coraje’; es decir, el premio otorga legitimidad moral al ganador y, en sintonía, la ONU ha interpretado el premio como un reflejo de las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, igual que la Unión Europea. Pero, el premio también podría provocar una reacción represiva por parte del gobierno, si lo interpreta como una amenaza a su control. Claro que semejante respaldo eleva la visibilidad de Machado dentro y fuera del país, le confiere una ‘legitimidad política inédita’ y podría otorgarle cierto grado de protección simbólica. Dependerá en cierta medida de qué ala del madurismo se impone”.

—El Nobel de la Paz -continúa Moya- funciona como una advertencia. A partir de ahora, los organismos internacionales podrían empatizar más abiertamente con la causa democrática venezolana, lo que previsiblemente incrementará las presiones diplomáticas y las sanciones selectivas. Veremos si la Corte Penal Internacional (CPI), pese a sus propios desafíos institucionales, decide priorizar la situación venezolana y enviar una señal de coherencia moral a la comunidad internacional. Lo que sí está claro es que el Nobel evita que la esperanza se diluya en medio de la represión o la instrumentalización política.

Este artículo fue publicado originalmente en Articulo14 el 12 de octubre 2025