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Es lo que es

Nitu Pérez Osuna

Por Nitu Pérez Osuna

Aunque muchos quedaron sorprendidos por la visita de una delegación norteamericana a Venezuela para negociar con Maduro, en realidad todo esto se trata de la continuación de una estrategia que lleva años desarrollándose, en la cual participan funcionarios norteamericanos, dirigentes opositores y el régimen de Maduro.

Para comprobarlo, basta recordar que, en mayo de 2014, Estados Unidos decidió no sancionar al régimen de Maduro por pedido de dirigentes opositores, según lo expresara la entonces funcionaria del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, a un sorprendido senador demócrata Bob Menéndez.

En octubre de 2015, connotados dirigentes opositores fundaron un instituto en Washington, para recaudar fondos, con el fin de invertir nada menos que en Cuba. “La vinculación del venezolano Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas (CDDA) con la denominada Cumbre de Cuba está levantando suspicacias en Miami y Washington, particularmente entre quienes llevan años denunciando el gradual desmantelamiento de las instituciones democráticas de Venezuela a manos del chavismo”, escribió entonces el periodista Antonio Maria Delgado en El Nuevo Herald. El negocio naufragó cuando, en lugar de ganar Hilary Clinton las elecciones presidenciales de diciembre de 2016, triunfó Donald Trump.

En mayo de 2019, el portal Al Navío reveló que se habían desarrollado conversaciones secretas entre el régimen de Maduro y la oposición, facilitadas por Noruega, para levantar las sanciones a los chavistas. La oposición lo negó reiteradamente y hasta se dedicó a insultar a quienes denunciamos este intento de diálogo, pero la verdad terminó imponiéndose.

En agosto de ese mismo año, el régimen de Maduro y la oposición retomaron el diálogo, esta vez en Barbados, preludio del que luego se instauró en México. Una vez más, la oposición negó los acercamientos con Maduro pero la verdad terminó saliendo a la luz.

En febrero de 2020, el régimen de Maduro contrató una nueva empresa de lobby para que le representase en EEUU: el bufete de abogados de Washington, Amsterdam & Partners. Este era el segundo intento de de Maduro en menos de un mes de encontrar un lobbysta dispuesto a enfrentarse cara a cara con el gobierno del entonces presidente Donald Trump en la búsqueda de un diálogo y el fin de las sanciones.

Aparentemente, el lobby arrojó algunos resultados, porque en agosto de 2021, un grupo de legisladores demócratas pidió al secretario de Estado, Antony Blinken, poner fin a “las sanciones financieras e individuales contra el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y algunos de sus miembros”.

Diecinueve congresistas, entre ellos Raúl Grijalva, Jesús García y Alexandria Ocaso-Cortez, dirigieron una carta a Blinken, para que “revierta” la prohibición del Gobierno del presidente Donald Trump al intercambio de crudo por diésel en Venezuela, que, a juicio de los parlamentarios, “estorba” la producción y distribución de alimentos. En su petición, los parlamentarios “llaman a llevar a cabo un diálogo directo con el gobierno de Nicolás Maduro”.

Como puede verse, la visita a Maduro por parte de los funcionarios estadounidenses James Story, Juan González y Roger Carstens, es apenas un episodio más, de una larga historia para blanquear al régimen venezolano, con el apoyo y la complicidad de dirigentes opositores.

¿Por qué la oposición venezolana se comporta de esta manera? Quizá parte de la explicación se encuentre en los numerosos casos de corrupción que han afectado al Gobierno interino de Juan Guaidó. Y, ¿por qué algunos funcionarios norteamericanos están en este juego? No parece haber una respuesta directa, pero hay espacio para no creer que sea solo ingenuidad.

¿Acertará el senador republicano Marco Rubio al decir que “la única razón por la cual Biden se está reuniendo con Nicolás Maduro y negociando es porque está rodeado de izquierdistas en su administración que ,desde hace años, han querido arreglarse con Maduro, utilizando esto, (el petróleo) como una excusa? Es un bochorno, es una pena que hayan abandonado a esos que están peleando por la libertad de Venezuela”.

La invasión rusa a Ucrania pareciera haber llegado como anillo al dedo para justificar lo que viene promoviéndose desde hace años.

El nombre de la política colombiana Piedad Córdoba comenzó a sonar con fuerza por sus presuntas vinculaciones con Álex Saab. Después de la entrega del informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Ecuador sobre el caso a las autoridades colombianas, la exsenadora ha amenazado judicialmente al asambleísta Fernando Villavicencio.

Córdoba ha negado los vínculos e incluso el conocer a Saab. En una entrevista con FM Mundo, dijo que son mentiras que buscarían afectar la candidatura del también izquierdista Gustavo Petro.

Este martes 18 de Enero Piedad Córdoba fue citada por la Corte Suprema de Justicia colombiana para que rinda versión libre sobre los posibles vínculos con el empresario Alex Saab, preso en Estados Unidos.

Para Hablar de este tema, No Callaré se conecta con el asamblesita ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien preside la comisión de fiscalización que investiga el caso Alex Saab en el país suramericano.

Hagamos un ejercicio sencillo. Una persona cualquiera quiere solicitar un empleo que, como gerente general, ofrece una empresa medianamente importante. Tendrá éste que enviar su currículo y posteriormente sostener una entrevista en la oficina de recursos humanos.

Si esa persona dijese “Estudié en la universidad pero no me gradué; sufrí un episodio psiquiátrico, estuve internado en una clínica y debo permanecer medicado durante el resto de mi vida para controlar un trastorno obsesivo compulsivo; y mi tendencia ideológica es radicalmente comunista”; ¿sería contratado?

En la actualidad, sí. Al menos eso lo hemos constatado en Chile, al resultar electo para el más alto cargo del Estado (presidente de la República) el joven Gabriel Boric. Lo mismo ocurrió con Nicolás Maduro, Pedro Castillo, Xiomara Castro y podría repetirse con el guerrillero Gustavo Petro en Colombia o el corrupto de Lula Da Silva en Brasil. Y es que el sistema democrático permite ser candidatos a un cargo mucho más importante que el de gerente de una empresa, y ejercerlo, a personajes sin la experticia, capacidades y hasta con impedimentos por los variados señalamientos como promotores de violencia, corrupción, lavado de capitales y narcotráfico, entre otros. Indudablemente la democracia evidencia una falla grave.

Si al electorado de los años 60 le hubiesen presentado la candidatura de un guerrillero, un comunista, de un individuo que promovió protestas vandálicas o de una persona que estuvo internada en una clínica psiquiátrica, hubiese obtenido un porcentaje minúsculo de los votos.

Pero el año pasado, en Perú, Honduras y Chile, se exhibió al electorado amplia evidencia de los nexos de Pedro Castillo, Xiomara Castro y Gabriel Boric con el Foro de Sao Paulo, con el castro comunismo cubano, y con las tiranías de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega. En el caso de Chile, ni siquiera fue necesario que la oposición denunciara el peligro que representaba Boric, porque él mismo se encargó de difundir sus vínculos y sus propias fallas personales, pero los votantes, en todos los casos mencionados optaron por ellos. Otra falla del sistema democrático.

Tiene razón, por tanto, el líder histórico venezolano Enrique Aristeguieta Gramcko cuando afirma que la democracia fue creada para manejarse bajo ciertos parámetros que hoy en día desaparecieron, y que se debe buscar un mecanismo para impedir que quienes declaran su intención de destruir la democracia puedan acceder al poder, para luego, desde el poder, acabar con las libertades, las instituciones democráticas y los derechos humanos.

Pero es pertinente preguntarnos: ¿Qué tanto han cambiado los electores? ¿Somos soberanos o esclavos de alguien? ¿De los bandidos que esconden lo saqueado, de los tiranos que nos callan si ejercemos la crítica que produce el libre pensamiento? ¿En qué nos hemos convertido… en cómplices al votarlos? Sigamos defendiendo a las mascotas, sí… pero defendamos también a los que están por nacer. Protejamos al indígena, al negro y…al blanco también. Exijamos políticas públicas que protejan a los más vulnerables, pero defendamos la libertad de empresa para aquellos que invierten y producen puestos de trabajo y desarrollo. Denunciemos los abusos policiales, pero defendamos también a quienes nos protegen de los delincuentes. Aceptemos a los homosexuales, pero no deneguemos de los heterosexuales. Quien no crea en la existencia de Dios, está en su derecho, pero toleren a quienes si creemos en Él.

¿Hasta cuándo votar por un sistema político que no sirve a los ciudadanos sino que los convierte en esclavos? ¿Hasta cuándo aceptar a los malos, incapaces y represores que quieren imponer un pensamiento único, una ideología única?

Tanto el Grupo de Puebla como la Internacional Progresista han expresado públicamente –con gran optimismo– que tienen sus ojos puestos en las próximas elecciones iberoamericanas a realizarse en Colombia y en Brasil. Al igual que en los casos ya mencionados, todo indica que no basta con denunciar los nexos de Gustavo Petro y Lula da Silva con el castro comunismo, el Foro de Sao Paulo y la tiranía venezolana porque, en la actualidad, a la mayoría de los votantes parece no afectarles.

Las fuerzas democráticas de la región, los electores, cuentan con menos de cinco meses –hasta finales de mayo– para buscar una solución a este dilema porque, de ganar Petro y Lula las elecciones, probablemente la izquierda tomará el control de Iberoamérica por un largo tiempo e, incluso, tratará de hacer su triunfo irreversible, mediante reformas y a través de la fuerza. Eso está a la vista en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

De tornarse completamente rojo todo el continente, no tengan duda de que el Foro de Sao Paulo experimentará una metamorfosis para convertirse de una asociación de partidos políticos, en una coalición de gobiernos marxistas, lo cual convertirá a todas nuestros países en naciones con ciudadanos empobrecidos, atrapados en una inmensa cárcel, lo que hará mucho más dura la lucha.

Sobre este tema ahondaré en mi próximo artículo.

Hay que entender de una vez por todas cómo la Internacional Progresista se ha dado a la tarea de intervenir en los asuntos de las naciones de la Iberosfera. En las últimas elecciones que ha habido en la región estos injerencistas han apoyado de todas las formas y abiertamente al candidato del Foro de Sao Paulo.

El 12 de junio de este año, la Internacional Progresista (IP) intervino indebidamente en el Perú, atacando duramente a la candidata Keiko Fujimori y llamando a defender el triunfo de Pedro Castillo, cuando éste estaba todavía en entredicho.

En las recientes elecciones llevadas a cabo en Honduras, la Internacional Progresista tomó partido a favor de la candidata del FSP, Xiomara Castro, y amenazó con desconocer los resultados de los comicios si éstos no la favorecían, como bien lo reseñó La Gaceta en su oportunidad

Y ahora interviene otra vez en Chile, haciendo “un llamado a todas las fuerzas democráticas del mundo para que se sumen al proceso electoral del 19 de diciembre y apoyen a Gabriel Boric”, para garantizar que Chile «no retroceda a la época más oscura de nuestra historia».

El candidato de extrema izquierda a la presidencia de Chile, Gabriel Boric | Foto Reuters

En esta oportunidad, la IP no tuvo empacho en avalar un comunicado del Partido Convergencia Social fechado el 13 de diciembre, a través del cual esa tolda comunista se ufana de las protestas vandálicas de finales de 2019 que incendiaron el Metro de Santiago, porque dichas revueltas obligaron al pueblo chileno a ceder a la propuesta de una Asamblea Constituyente chavista.

«Gracias a las multitudinarias manifestaciones de octubre y noviembre del 2019, logramos instalar la primera Convención Constitucional democráticamente electa, paritaria, con escaños para los pueblos originarios y donde los independientes pudieron competir en igualdad de condiciones con los partidos. Esta Convención está hoy escribiendo nuestra nueva Carta Magna, haciéndose cargo de las demandas de más de una década de movilizaciones», dice el comunicado de Convergencia, reproducido en la página de la Internacional Progresista.

El 17 de diciembre, dos días antes de las elecciones chilenas, la Internacional Progresista publicó en su cuenta de Twitter un polémico video del youtuber Sebastián Izquierdo, implicando –falsamente– que los señalamientos de Izquierdo provenían de la campaña de Kast.

Conviene enfatizar que al Consejo de la Internacional Progresista pertenecen connotados aliados de Gabriel Boric, como lo son Andrés Araúz (Ecuador), Celso Amorim (Brasil), Rafael Correa (Ecuador) y Sacha Llorenti (Bolivia), todos miembros del Foro de Sao Paulo. También están adscritos a ella Baltasar Garzón (España) y Gustavo Petro (Colombia), quienes forman parte del Grupo de Puebla.

Un artículo publicado en El American titulado «Comunistas del mundo apoyan a Gabriel Boric para presidente de Chile” explica que “amigos de la tiranía de Maduro, economistas estatistas y filósofos comunistas han juntado sus voces para respaldar al candidato socialista chileno».

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