ONU Archives

Vía Bloomberg News

Una votación abrumadora de las Naciones Unidas sobre una resolución que condena la invasión rusa a Ucrania podría aumentar la presión sobre China para que adopte una postura más clara sobre el tema.

El miércoles, en una sesión de emergencia, la Asamblea General de la ONU aprobó por 141 votos a favor y 5 en contra la medida que insta a Rusia a detener de inmediato su “agresión”. A Rusia solo se le unió Bielorrusia –un punto clave de lanzamiento para su invasión–, Eritrea, Corea del Norte y Siria en oposición a la resolución no vinculante.

La votación puso de relieve los continuos esfuerzos de China para evitar adoptar una postura clara contra la acción militar de su cercano socio diplomático, a pesar de la frecuente defensa de Pekín de los derechos de soberanía garantizados por la ONU. El país, uno de los cinco miembros con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, estuvo entre los 35 estados que se abstuvieron en la votación.

El representante permanente de China ante la ONU, Zhang Jun, dijo que la resolución “no había sido objeto de consultas completas entre todos los miembros, ni tomó en consideración la historia y la complejidad de la crisis actual”, según el medio oficial Xinhua News Agency. “No están en línea con las posturas de China. Por lo tanto, China no tuvo más remedio que abstenerse”, dijo Zhang.

La guerra los pone a prueba

La guerra está poniendo a prueba el compromiso que hizo el mes pasado el presidente chino, Xi Jinping, de una relación “sin límites” con Putin, mientras Estados Unidos y sus aliados suman sanciones y presionan a Pekín para que tome una postura contra la agresión militar. En los últimos días, Xi instó a Putin a continuar con las negociaciones y China además se abstuvo de aprobar una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU que condena el ataque.

“La abrumadora condena de 141 Estados en oposición a Rusia, socio estratégico de China, es una señal clara para China de que otros Estados están observando cómo un Estado líder como China responde al flagrante abuso de la soberanía ucraniana”, dijo Courtney Fung, profesora asociada de la Universidad de Macquarie y miembro asociada de Chatham House. “El discurso sobre una ‘mentalidad de la Guerra Fría’ es una cosa, pero tolerar la invasión es otra”.

Si bien, esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, calificó el conflicto como una “guerra” e instó a la protección de los civiles en una llamada con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, China se ha abstenido de llamar públicamente a un cese al fuego o de utilizar el término “invasión”.

China no ha criticado a Rusia y continúa expresando apoyo a sus preocupaciones de seguridad y culpando a EE.UU. por precipitar la crisis.

La guerra mediática o el COVID-19. “Guasintón” o “Donaldtrón”. La Sayona, Álvarouribe o el Dron Magnicida. Sin omitir ¡faltaría más! la oposición “terrorista” y el Mossad. En resumen, los culpables de siempre. Improbable, no obstante, que el verdadero autor o autora, del pretendido “atentado” apocalíptico, haya sido alguno de los antes nombrados.

Terrorismo, deriva de terror. Un grupo o persona -la temida “Iguana de Corpoelec”, por ejemplo- que ejecuta alguna acción generadora de pánico colectivo y que de inmediato, la reivindica, públicamente, como propia.

Sartre, alguna vez parafraseado por Bill Clinton, expresó: “El terrorismo, es la bomba atómica del pobre”. Hasta ahora, la paternidad del estallido del pseudoartefacto dinamitero, no ha sido asumida por nadie. Ni pobre, ni rico. Ni venezolano ni extranjero. Ni atómico, ni a garrote limpio. Por consiguiente, a falta de quien la reclame como suya, el cronista se considera libre de señalar al único y exclusivo causante de la suspensión del derecho a voto en las deliberaciones de la ONU ¡Que pague lo que debe el muy desvergonzado usurpador! Que deje de lloriquear peor que una mujerzuela. Sobre todo, que se resigne al papel de convidado de piedra en las deliberaciones de referido ente multilateral. El artículo 19 de la Carta fundacional de este último, es lapidario: el que no pague, no vota. Dura lex, sed lex.

Maulas, llamamos los venezolanos a quienes por pródigos, botarates o zánganos, deshonran sus deudas como patrón de conducta. Si determinado desgobernante declara a su país en bancarrota, por haber depredado el patrimonio público. O peor, porque en decúbito ventral se le ha colocado a cuanto bicho de uña viene del extranjero a enriquecerse a costa de la ruina compatriota ¡Que no pretenda transferir responsabilidades propias a terceros!

Y dicho sea muy de paso ¿Qué culpa, puede atribuírsele a mister, “Donaldtrón”, como lo llama en su coprolalia el causante del default con Naciones Unidas, si el referido expresidente de EE. UU. asumió tal jefatura de Estado el 20 de enero de 2017 y la morosidad que comentamos persiste desde 2016?

Meses atrás, el Comité de Derechos Humanos de la mismísima, ONU, dictaminó que el finado, Hugo Chávez (q.e.p. se achicharre en la quinta paila), so pretexto de la supuesta participación en la intentona, del 11 de abril de 2002 -lamentablemente fracasada- exilió y persiguió con saña a un muy distinguido jurista venezolano. Quiere decir lo anterior, que el Comité, en referencia, se tomó casi 20 años para censurar tamaña arbitrariedad. Justicia tardía no es justicia.

En la orilla opuesta, ese mismo Comité, a la velocidad del rayo, vía express, semanas apenas, a contar de la petición correspondiente, emitió el 24 de junio del año pasado, resolución con el propósito de frustrar la extradición desde Cabo Verde a Florida, EE. UU., de un sedicente embajador que no es más que vulgar testaferro. Destacamos, el trato desigual para un hombre decente y para quien no lo aparenta. Que tomen nota los que, en el futuro, pretendan tutelas similares. Nunca es malo saber cómo se bate el cobre -o el cobro, en el dicho comité. La narcocleptosatrapia, es toda una enciclopedia ambulante, en sobornar y dejarse sobornar, en Venezuela, en la ONU y hasta en el Reino de los Cielos.

Un “votico”, por pequeño que parezca es moneda de intercambio, en las recíprocas impunidades que campean fueros en los entes multilaterales. En estos últimos, los Estados forajidos, son mayoría. Ponerse al día con el honorable, António Guterres, para que pueda pagar las facturas de teléfono, luz y aseo urbano, de sus oficinas en la ONU, puede ser muy lucrativo. Basta con que cualquier desgobierno compinche, se encuentre urgido de algún certificado de buena conducta. En el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, las exigen, de cuando en cuando, para guardar apariencias.

¿No tienen, en estos momentos, ni míseros, 40 millones en moneda dura a causa del nuevo acto terrorista, perpetrado por uno de los identificados al comienzo de la presente crónica?

Urge, una gran colecta, entre los compinches, menos indecentes, del desgobierno maula: “El Koki”, “El Ñoqui”, “El Moki”. “Iván Márquez”, “Romaña”, “Gentil Duarte”, los “Narcojuniors” Guzmán Loera, hijos del legendario “Chapo”.

Hay que reponer la maltrecha virginidad, de la vestal narcocleptosatrapía.

@omarestacio

La ONU hará una evaluación del Examen Periódico Universal presentado por el régimen, un mecanismo que revisa el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos. La oposición asegura que el documento está “lleno de mentiras”

El próximo 25 de enero, el régimen venezolano será evaluado, por tercera vez, en el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, sobre su cumplimiento de las obligaciones y compromisos del Estado en materia de derechos humanos.

Se trata de un mecanismo cooperativo en materia de derechos humanos que presentan los 193 Estados parte ante sus homólogos, de forma periódica cada 4 años y medio o 5 años. Venezuela ha sido evaluada en 2011 y en 2016 y participará en su tercer ciclo la semana próxima.

El miércoles, el comisionado del Gobierno interino de Venezuela para la Organización de Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro, cuestionó duramente el informe presentado por el régimen de Nicolás Maduro para el Examen Periódico Universal en noviembre pasado.

Pizarro denunció que el documento de 21 páginas está “lleno de mentiras” respecto al cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de derechos humanos.

“Pueden hacer informes y declaraciones todos los días intentando venderse como defensores de los DDHH, pero los venezolanos y el mundo conocen cuál es la realidad de Venezuela: Maduro y todo su régimen son autores y cómplices de violaciones a los DDHH y crímenes de lesa humanidad”, denunció.

Además, en un hilo de Twitter, el opositor desmontó una por una cinco de las afirmaciones hechas por el régimen por su informe.

-En primer lugar, el régimen de Maduro afirma que “el combate a la desigualdad y la reducción de la pobreza son objetivos centrales de la política del Estado venezolano”. La realidad desmiente con contundencia esa afirmación.

En efecto, el 94,5% de la población venezolana se encuentra en situación de pobreza, de acuerdo con el último informe de septiembre del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en base a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) correspondiente al año 2021, levantada entre febrero y marzo, con cobertura de 22 estados y alcance de 17.402 hogares.

“En el último año la pobreza extrema subió más de 8%, el empleo formal se redujo en 1,3 millones de puestos de trabajo y la cobertura educativa cayó 5 por ciento. También aumentó la dependencia de la población de bonos y remesas”, detalla el informe, citado por la organización PROVEA.

-En segundo lugar, el documento del régimen afirma que “los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuentan con manuales de actuación apegados a las normas sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza”.

“La realidad: Expertos denuncian ejecuciones y atrocidades a manos de cuerpos de seguridad”, respondió Pizarro.

Coincide con él un extenso informe de la organización Human Rights Watch, publicado en abril de 2021, que denunció que el operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Apure contra grupos armados ilegales de origen colombiano ha incluido violaciones a los derechos humanos sobre los pobladores civiles.

Fotografía de archivo de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Caracas (EFE/ Miguel Gutiérrez)

“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, señaló entonces José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

-Sobre la situación del sistema penitenciario, el gobierno de Maduro defenderá ante la ONU que “las políticas implementadas han permitido erradicar el hacinamiento y reducir la violencia en los centros penitenciarios”.

La realidad, sin embargo, lo desmiente: el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó en 2021 que en las cárceles venezolanas existe hacinamiento de 142%. Según las cifras difundidas, la población carcelaria es de 37.500 personas y la capacidad instalada es para 26.238 reos.

“El sistema penitenciario venezolano no tiene las condiciones mínimas que reúna los estándares internacionales para albergar en los centros penitenciarios a personas de grupos vulnerables, tales como adultos mayores, niños, indígenas, personas LGTBI y mujeres embarazadas, en período de postparto y lactantes”, subrayó al momento de presentar su investigación la directora de la OVP, Carolina Girón.

-Además, el régimen asegura que “la prevención y sanción de la tortura es un compromiso al máximo nivel del Estado”. Sin embargo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU concluyó que el sistema judicial de Maduro facilitó la persecución y tortura a los opositores y fue factor clave en el encubrimiento.

El documento presentado al Consejo señala también que “el Estado no adoptó medidas concretas para remediar las violaciones de derechos humanos”. Por el contrario, el “sistema ha jugado un papel significativo en represión de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”. El durísimo documento de 212 página es elocuente. En él la palabra “tortura” se contabiliza 214 veces, mientras que el términos “violencia sexual” aparece en 34 oportunidades.

Por último, el régimen hace una referencia a la libertad de prensa y de expresión, afirmando que “en Venezuela, los periodistas ejercen diariamente su labor, sin más limitaciones que las derivadas de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

No obstante, en el mes de diciembre el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, Edgar Cárdenas, presentó el reporte de agresiones a periodistas y medios correspondiente a 2021, en el que se denuncian 251 casos de ataques contra la prensa.

Vía Infobae

Morfema Press

Es lo que es

Una votación abrumadora de las Naciones Unidas sobre una resolución que condena la invasión rusa a Ucrania podría aumentar la presión sobre China para que adopte una postura más clara sobre el tema.

La guerra los pone a prueba

La ONU hará una evaluación del Examen Periódico Universal presentado por el régimen, un mecanismo que revisa el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos. La oposición asegura que el documento está “lleno de mentiras”

Nosotros

Secciones

Síguenos

Contáctanos