Vía El Economista
Panamá es el gran referente de América Latina en lo referente a la economía. El pequeño país centro americano, con apenas 4,2 millones de habitantes, ha vivido las últimas dos décadas una auténtica historia de éxito. Con un crecimiento medio del 6% en su PIB, ningún otro país de la región ha conseguido superarle y de camino, ha alcanzado objetivos clave como el pleno empleo. Tras la fuerte caída durante el covid, volvió por todo lo grande a los titulares del mundo con un despertar económico inusitado, creciendo un 15% en 2021 y 10,81% en 2022. Sin embargo, diversos problemas están aquejando a la joven república caribeña y, lejos de suponer un golpe temporal, los expertos creen que este país se encuentra a las puertas de perder su estatus. A partir de 2024 panamá podría dejar de ser la estrella de latinoamérica e incluso ver como la deuda la calificación de su deuda cae hasta ‘bono basura’.
Todas las alertas han saltado con la última revisión del PIB. A pesar de que las cifras anticipadas por parte del Gobierno apuntaban a otro crecimiento del 7% en 2023, el ministro de Economía, Héctor Alexander, habló abiertamente de que esperaban que su PIB sea inferior al 2% en 2024, lo que rompe con su tendencia histórica y con las cifras que manejaba el propio ejecutivo hace escasas semanas, que hablaban de un crecimiento siempre superior al 5%. Quitando la pandemia, donde su economía retrocedió un 20%, el país no vivía un crecimiento inferior al 2% desde 2009, cuando la crisis financiera mundial sacudió a todo el mundo.
Panamá está siendo completamente asediado por dos grandes problemas que están poniendo patas arriba todas sus perspectivas en el corto plazo. La primera es la sucesión de problemas en el canal que lleva su nombre y que une el océano Atlántico con el Pacífico. Cerca del 10% de toda la economía del país depende de este paso que utiliza el comercio mundial para acortar su travesía. No solo es que sea una importante fuente de liquidez para el gobierno, que recibe ingresos por los peajes de cada embarcación, sino que es un verdadero motor económico a varios niveles, generando empleo y siendo una atracción turística que atrae 1 millón de visitantes al año.
Ahora el canal de Panamá está viviendo uno de sus peores momentos con una «sequía sin precedentes», según explica el propio Gobierno del país, que ha reducido a la mitad el tránsito a través del mismo. Wyatt Scott, analista de S&P Global, explica que «proyectamos que el tránsito se reducirá casi a la mitad y existe la preocupación de que en momentos puntuales del año estos bajen a cero». Este paso, que supone el 3,5% de todo el comercio mundial, está amenazado por un fenómeno atmosférico conocido como El Niño, que ha disparado las temperaturas y ha provocado «una disminución de lluvias que golpean a toda la actividad agrícola con un aumento de temperatura de entre uno y dos grados».
«La situación del canal plantea claros riesgos a la baja para nuestra previsión de crecimiento»
Esto ha desencadenado que el Lago Gatún, principal suministrador de agua para el canal pierda metros de agua hasta situarse en niveles mínimos y obligue a dosificar el uso del paso artificial. De momento, la autoridad portuaria del país ha establecido un límite en los 24 navíos diarios. En promedio, durante el año 2022, cruzaron 13.489 buques a través del canal, es decir, un promedio de 38 por día. Además, el experto explica que, al margen de la potente caída de ingresos que sufrirá el país, que ve como apenas pasarán la mitad de barcos, se encuentra con que tiene que realizar «un gasto extra de entre 8000 y 900 millones de dólares en infraestructura ante la sequía».
Los expertos de JP Morgan dejaban claro en su último informe que este supone un factor clave que ha hundido el PIB de Panamá. «La situación del canal plantea claros riesgos a la baja para nuestra previsión de crecimiento (que era del 5%)». Sin embargo, los expertos de Capital Economics afirmaban que el gobierno local ha capeado correctamente el temporal y «esta situación terminará afectando solo modestamente al país». Esto se debería a una subida de precios que compensaría la actividad perdida en parte, pero advierte de que esta situación puede no ser algo excepcional de cara a los próximos años y que «el cambio hará más probable que se den sequías similares en el futuro y que los ingresos del canal sean algo menos estable y propenso a perturbaciones».
Pero los problemas nunca vienen solos y este golpe histórico a su principal fuente de ingresos se ha mezclado con otra industria clave en horas bajas, la minería. Este sector ha sido uno de los grandes argumentos del país, siendo el que había vivido un auge más elevado en los últimos años. Esta actividad supone cerca del 7% de toda su economía, siendo el cobre su gran producto. Este gran impulso se debió en buena medida a una mina en concreto, la más grande del país y una de las mayores de toda latinoamérica: Minera Panamá.
Este yacimiento de cobre a cielo abierto de más de 13.600 hectáreas se levantó con una inversión total de 6.200 millones de dólares y ahora se encontraba en su punto álgido de producción, con cerca de 300.000 toneladas de esta materia prima al año. Es decir, solo esta mina es la responsable del 1,5% de la producción mundial de cobre en todo el mundo. El problema es que desde el 28 de noviembre de este año el contrato del Gobierno y First Quantum Mineral, la empresa a cargo de la mina, ha sido declarado inconstitucional tras masivas protestas.
Estas quejas tenían dos vertientes, las que aseguraban que una concesión de 20 años prorrogables a 40 para la firma canadiense suponían una fuerte pérdida de soberanía y, la gente que oponía, afirmaba que el acuerdo se había alcanzado sin transparencia. En resumen, que el acuerdo alcanzado rápidamente no correspondía al valor real del proyecto y no se habían seguido los cauces correctos para su adjudicación. Por otro lado, el proyecto podría afectar tanto a los ciudadanos que viven allí como al medio ambiente, pues esa zona de bosques está calificada como de ‘alta biodiversidad’ con 650 especies de flora y fauna amenazadas», según Panama Wildlife Conservation.
Laurentino Cortizo, presidente del país, anunció inmediatamente que respetaría el fallo y que la mina quedaría paralizada por el momento. Sin embargo, no es solo que este lucrativo yacimiento deje de funcionar, sino que la propia empresa ya ha anunciado que llevará este caso ante las cortes internacionales. Dada la inversión emprendida por la canadiense, la empresa reclama 50.000 millones de dólares. En caso de ganar, esto supondría un golpe económico que equivale al 70% del PIB del país.
El golpe económico de este revés se dejará sentir inmediatamente. Según el gobierno del propio país, la mina representa el 5% de todo el PIB del país, siendo la práctica totalidad de sus ingresos mineros. Además, la sentencia ha impedido por ahora la concesión de nuevos proyectos y ya hay decenas de cancelaciones em marcha. Los expertos de Capital Economics señalan que, además, esto dañará al resto de la inversión sobre el país, incluídos otros sectores porque «una situación como está dañará tanto el sentimiento como la confianza empresarial en los años venideros».
El fin de la ‘estrella panameña’
Esto ha obligado sin duda a rebajar tanto las calificaciones como las perspectivas del país, que ya estaba en una situación comprometida por los problemas del canal y por la desaceleración económica mundial. Tras la subida de tipos de interés por los principales bancos centrales de Occidente, se espera que el comercio mundial se contraiga de forma sensible, atacando aún más los ingresos de un punto logístico clave para el comercio mundial y que está fuertemente enfocado en este negocio. Sin embargo, estos duros reveses no serían más que el pistoletazo de salida que facilite y golpe mucho más duro, la pérdida de su gran etapa de crecimiento.
Desde Capital Economics señalan que «la economía del país tiene vientos en contra mucho más profundos» niñas allá de estos problemas. De hecho, explican que el gran problema de Panamá ha sido que el crecimiento de su productividad «no ha logrado mantenerse a la par con el de sus salarios», lo que ha «erosionado por completo su competitividad». Además, el país está dolarizado por lo que, según los expertos «no tiene ninguna herramienta para solucionar esta situación, como podría ser una devaluación del tipo de cambio».
En ese sentido, ante esta situación dan por hecho que Panamá debe encomendarse a un periodo de crecimiento salarial débil para revertir esa situación, y el crecimiento del país se verá fuertemente ralentizado en años posteriores. Según el informe de la consultora, esperan que el crecimiento del PIB sea de un escaso 1% para 2024 y del 2% en 2025, incluso con problemas como el Canal solucionado. Es decir, la era de grandes crecimientos que lo ponían como el gran ejemplo de América Latina, habría tocado a su fin.
«La economía de Panamá se encuentra antes riesgos potenciales para la confianza de los inversores»
Además, un PIB más moderado podría provocar que el Gobierno tenga que cambiar por completo sus planes fiscales. El modelo panameño se basaba, en buena medida, sobre un cierto control fiscal. Durante la última década el déficit fiscal del país apenas ha superado el 1,6% y, aunque ahora la hoja de ruta del gobierno pasa por tener un 2% de déficit en los próximos tres años, unos menores ingresos podrían cambiarlo todo.
En cualquier caso, este fin anticipado de su gran época de crecimiento llegaría en un momento muy negativo, pues Panamá ha visto como la calificación de su deuda ha caído en los últimos meses ante el cierre de la mina y los problemas en el canal. Esta situación ha dejado su calificación solo un nivel por encima de ‘bono basura’. El último en cambiar fue Moody’s bajando a Baa3 sus bonos, es decir, se queda a las puertas de perder el grado de inversión. Fitch también rebajó su nota en el segundo semestre por estos motivos, al igual que S&P, que además situó su perspectiva en negativa hablando de «riesgos potenciales para la confianza».
Además, la joven república tiene que enfrentarse a otro problema añadido que preocupa especialmente a los analistas: la Caja del Seguro Social (CSS). Esta institución pública que gestiona todo el sistema de seguridad social del país está siendo una fuente de preocupación desde 2020, cuando mostró su primer déficit y, se estima que 2024, el programa de pensiones se agotará. Desde Moody’s señalaban que, el gobierno llegará a un acuerdo finalmente y que el CSS se convertirá de ahora en adelante en una «fuente de presión para sus finanzas públicas«, debido a que requerirá un mayor gasto y mayores emisiones de deuda.