La guerra en el Medio Oriente, desencadenada tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha evolucionado más allá de sus objetivos iniciales para convertirse en un caso de profundas implicaciones estructurales. Lo que en principio parecía una operación orientada a provocar el colapso del régimen iraní, se ha transformado en un conflicto de desgaste que evidencia errores de cálculo estratégicos, tensiones entre aliados y riesgos sistémicos para la economía mundial.

El primer equívoco radica en la premisa de que la eliminación del liderazgo supremo iraní conduciría al derrumbe de su sistema político. Esta hipótesis recuerda experiencias de intervenciones previas en la región, y revela incomprensión sobre la naturaleza del Estado iraní. Para Vali Nasr, la República Islámica no es solo un régimen autocrático sostenido por una figura central, sino un entramado institucional, ideológico y militar de hondas raíces. Bajo contextos de amenaza externa, lejos de fragmentarse, estos sistemas tienden a consolidarse en torno a una narrativa de resistencia. Pese a las importantes protestas protagonizadas en meses pasados contra el régimen islámico, la guerra actual opera como un mecanismo de cohesión interna, más que como un factor de desestabilización.

Este error de apreciación se vincula a su vez con una divergencia entre las agendas de Estados Unidos e Israel. Mientras Israel concibe el enfrentamiento con Irán en términos existenciales y no descarta por tanto una estrategia de confrontación prolongada hasta neutralizar la amenaza iraní, EE.UU. enfrenta situaciones más complejas. Su papel en el sistema internacional, su exposición económica y, sobre todo, las limitaciones asociadas a la política doméstica y electoral, hacen que una guerra larga sea difícilmente sostenible. De allí que la asimetría de intereses introduce una tensión en la alianza entre ambos países, que podría profundizarse a si el conflicto se prolonga.

Donald Trump luce atrapado en una escalada, aún sin salidas claras. La estrategia oscila entre la retórica maximalista de la derrota de Irán, y la apertura de canales de negociación que obedecen más a una reacción a los acontecimientos, que a una planificación coherente. Este patrón ha sido observado en otros escenarios de política exterior de EE.UU. y fue analizado por Henry Kissinger, quien advertía sobre los riesgos de involucrarse en conflictos donde la superioridad militar no se traduce en objetivos políticos alcanzables. El dilema actual de Washington refleja esa advertencia: una vez iniciada la confrontación, los costos de retirarse pueden ser tan altos como los de continuar.

Las consecuencias económicas de esta dinámica son inquietantes. El cierre del estrecho de Ormuz ha introducido un shock de oferta energética de dimensiones globales, al afectar una arteria vital de comunicación del planeta. Para la Agencia Internacional de Energía, la interrupción prolongada de los flujos de petróleo y gas en esta región tiene efectos inmediatos sobre los precios, e impactos sobre las cadenas de valor: desde la producción industrial hasta la seguridad alimentaria. No se trata por tanto de una crisis energética aislada, sino de un fenómeno de efectos sistémicos y prolongados.

En lo inmediato el resurgimiento inflacionario, cuando las economías comenzaban a estabilizarse tras varios ciclos de perturbación. La combinación de altos precios energéticos y la desaceleración del crecimiento, asoma peligrosos riesgos de estanflación. En palabras de Nouriel Roubini, el mundo enfrenta una posible “trampa de shocks de oferta recurrentes”, en la que los instrumentos tradicionales de política económica pierden eficacia. Si el conflicto se mantiene, el riesgo de una recesión global deja de ser una hipótesis remota para convertirse en una indeseable realidad.

Paralelamente, la guerra está acelerando procesos de realineación geopolítica que ya se encontraban en gestación. China y Rusia observan el conflicto como una oportunidad para erosionar el liderazgo de EE.UU., mientras algunos actores regionales buscan posicionarse como intermediarios en eventuales procesos de negociación. Este desplazamiento del eje diplomático sugiere una transición hacia un orden internacional más fragmentado, donde la capacidad de mediación ya no es monopolio de las potencias tradicionales.

En este escenario, si bien la presunción de una supuesta “invencibilidad” de Irán no resulta pertinente, muestra sí a un actor capaz de imponer costos elevados al mundo y a las potencias adversarias. Su dominio de formas de guerra asimétrica, la red de alianzas regionales y su capacidad para afectar puntos neurálgicos del sistema económico global como el estrecho de Ormuz, le confieren una capacidad que ha sido subestimada, y evidencian los límites del poder militar convencional.

Las implicaciones de esta situación se extienden también a otros actores. Países como Venezuela podrían beneficiarse indirectamente del alza de los precios del petróleo, lo que revaloriza sus inmensas reservas, en un momento de reconfiguración del mercado energético. Sin embargo, esa posible ventaja venezolana está condicionada por factores internos que limitan en lo inmediato su capacidad de respuesta. De otra parte, la activación de actores no estatales aliados a Irán como Hezbolá, las milicias chiíes de Irak o los hutíes en Yemen, introducen elementos de expansión potencial del conflicto, que multiplican la inestabilidad y dificultan los intentos de contención.

Así, las perspectivas de solución del conflicto son inciertas. Si bien existen iniciativas de mediación impulsadas por Pakistán, Egipto, Turquía y China, la escalada y la profunda desconfianza entre las partes reducen el margen para una solución diplomática efectiva en el corto plazo. Como ha sugerido Fareed Zakaria, los conflictos contemporáneos tienden a prolongarse, no por la imposibilidad de negociar, sino por la dificultad de construir condiciones políticas que hagan viable un acuerdo.

En suma, la guerra en el Medio Oriente ha dejado de ser un episodio regional, para influir sobre transformaciones globales. En efecto, ha puesto en evidencia los límites del poder militar como instrumento de cambio político, ha expuesto fisuras en las alianzas tradicionales y ha reintroducido riesgos económicos de gran escala en un sistema internacional ya tensionado.

Ello amén de una inquietante paradoja: las grandes potencias condicionan lógicas de supremacía que no necesariamente responden a la complejidad del mundo contemporáneo. El rediseño del equilibrio mediante la fuerza tiene a limitar sus objetivos inmediatos, y erosiona la estabilidad global que pretende defender. Igual ocurre en el conflicto en Ucrania, donde Rusia utiliza su poderío militar para doblegar a ese país, aunque a un alto costo y con una duración que supera ya los cuatro años. 

Para Estados Unidos, la lección es especialmente compleja. Como advertía Henry Kissinger, ninguna estrategia es sostenible si no se articulan con claridad los medios y los fines. En el caso analizado de Irán-EE.UU., la rivalidad entre ambos parece haberse acrecentado. Y en ese vacío estratégico, no necesariamente emerge un nuevo orden, sino un escenario incierto, fragmentado y potencialmente peligroso. La pregunta es entonces, no tanto cómo terminará esa guerra, sino qué dejará a su paso. Porque si algo enseña esta crisis es que las guerras contemporáneas no se ganan: se prolongan, se expanden o finalmente, se heredan.

Soplan vientos de oportunidades y esperanzas en América Latina, tan compleja como impredecible y desveladora. En primer lugar Bolivia, la hija predilecta de Bolívar, conmemoró el pasado 6 de agosto 200 años de su fundación, desde que dejó de ser el Alto Perú en la Audiencia de Charcas. Mucha agua ha corrido bajo el puente a lo largo de esos dos siglos, con inestabilidades y rebeldías propias de su carácter plurinacional, manteniéndose como un país económicamente pobre, pese a sus recursos naturales, en que los pueblos Quechua y Aymara han convivido en una confluencia de mineros, indígenas, campesinos, y una influyente clase militar.

Durante los últimos 20 años el país estuvo gobernado por el MAS, con Evo Morales elegido en 2005, del fraudulento intento de reelección en 2019 y su huida a México y Argentina, a raíz de lo cual el Congreso eligió a Jeanine Añez, detenida luego injustamente tras el triunfo de Luis Arce (MAS) en 2021, quien al final terminó enfrentado con Evo Morales en medio de una profunda crisis económica. Tanto Morales como Arce se mantuvieron fieles a los postulados del Socialismo del Siglo XXI, el Foro de Sao Paulo y el ALBA. La guerra intestina en el MAS y la crisis económica debilitaron al gobierno, hechos sumados al empeño de Evo Morales de presentarse como candidato estando inhabilitado, y un posterior llamado fallido al voto nulo, que mejoró las opciones de los candidatos conservadores Rodrigo Paz, demóçrata cristiano y el expresidente Tuto Quiroga en la primera vuelta, resultando vencedor Rodrigo Paz en segunda vuelta.

Bolivia da vuelta así a 20 años de mal gobierno del MAS, e inicia un giro histórico cuyo desafío principal es afrontar una crisis económica que tiene al país en cuidados intensivos, dada la inflación, recesión, escasez de dólares, de combustibles y la caída de las exportaciones de gas natural, las cuales representaron US$ 6.500 millones en 2013, y no superarán los 2.000 millones en el presente año, provocando una fuerte caída de las reservas internacionales.

Rodrigo Paz intenta encarnar una imagen de cambio. De inicio, viajó a Estados Unidos, anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con ese país, y logró un acuerdo con la CAF por US$ 3.100 millones, para reactivar la economía y atender la crisis de los hidrocarburos. Paz designó un gabinete de ministros de perfil técnico y meritocrático, como base para encarar la crisis económica, de empleo y la lucha contra la corrupción. El discurso de posesión de Paz fue pragmático, enfatizando en la baja de aranceles, más créditos, y “capitalismo para todos”, y no para unos cuantos. No invitó a la posesión a los gobernantes dictatoriales de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y ofreció fortalecer vínculos con países que respeten la democracia y los derechos humanos, lo cual es recibido como una buena noticia.

Vienen ahora en lo inmediato, los procesos electorales en Chile y Honduras, con altas expectativas. La sucesión de Gabriel Boric en Chile será determinante en el cuadro geopolítico regional. La candidata oficialista Jeanette Jara, exministra del Trabajo, proviene del Partido Comunista chileno, y aunque ofrece suspender su militancia si gana, despierta justificadas reservas por su pasado político. Con todo, Jara ocupa el primer lugar en las encuestas, asegurándose el pase a segunda vuelta. En la derecha, José Antonio Kast se ubica detrás de Jara, y en el tercer lugar Johannes Kaiser, superando a Evelyn Matthei. Los pronósticos muestran que Jara perdería en segunda vuelta contra casi todos sus adversarios, en una señal optimista en cuanto a la direccionalidad del futuro gobierno chileno. A Boric se le reconoce en justicia su postura democrática, al aceptar la derrota en las propuestas de una nueva Constitución, y por su clara postura en defensa de los Derechos Humanos, con la cual marcó distancia con las autocracias existentes en la región.

En pocos días habrá también elección presidencial en Honduras, actualmente gobernada por Xiomara Castro, esposa del polémico izquierdista Manuel Zelaya, ambos afines al Foro de Sao Paulo. Honduras es otro país en crisis, con antecedentes de violencia, y uno de los puentes activos en las rutas del narcotráfico desde Colombia y Venezuela. Cinco candidatos se disputan la presidencia, en un ambiente de denuncias de fraude, ventajismo e irregularidades por parte del oficialismo. La candidata del gobierno es Rixi Moncada, cercana a Zelaya y a la actual presidenta; el opositor es Nasry Asfura, político y empresario hondureño; y el tercero Salvador Nasralla, expresentador de televisión y político, quien ocupó altas posiciones en el gobierno de Xiomara Castro. Las encuestas muestran un virtual empate técnico entre Nasralla, Moncada y Asfura, en un contexto de debilidad institucionalidad y sesgos en las autoridades electorales y la Fiscalía, producto de los intentos oficialistas de socavar las instituciones democráticas, con un presunto apoyo del régimen venezolano.

En el año 2026 estarán en primer plano las elecciones en Colombia y Perú. En Colombia están previstos comicios legislativos el 8 de marzo, y el 31 de mayo los presidenciales. Ante los cuestionamientos al gobierno de Gustavo Petro, por razones políticas, económicas y de conducta personal, las elecciones del próximo año son cruciales para el futuro de la democracia en el país. Hasta ahora, el oficialismo (Pacto Histórico) se pronunció por la candidatura de Iván Cepeda, un exmiembro de las FARC, facilitador de procesos de paz y archienemigo de Álvaro Uribe Vélez, a quien ha pretendido llevar a la cárcel. El Pacto Histórico parte así con la ventaja de tener ya su candidato, de ser gobierno y poseer abundantes recursos, amén de un mensaje populista que atrae a los más desposeídos. La oposición no ha logrado aún designar un candidato de unidad, aunque se han producido conversaciones entre líderes políticos como Álvaro Uribe (Centro Democrático), César Gaviria (Partido Liberal) y Germán Vargas Lleras (Cambio Radical). Pese al corto tiempo faltante, no se vislumbra aún una candidatura de unidad, con una amplia baraja de precandidatos, sin lo cual la Colombia democrática no será capaz de derrotar fácilmente a la izquierda, cuyo gobierno ha empeorado la situación de Colombia en todos los ámbitos, especialmente en lo económico y de seguridad, amén de una política internacional que apoya al régimen de Maduro y se distancia de EE.UU.

En Perú, tras la reciente destitución de la presidente Dina Boluarte a pocos meses de las elecciones previstas para el 12 de abril de 2026, tras un largo camino de inestabilidad política, el Jurado Nacional de Elecciones habilitó a 39 organizaciones para los comicios que comprenderán la Presidencia y un Congreso bicameral. La contienda presidencial reúne a figuras ya conocidas como excandidatos, como Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga, ex alcalde de Lima (Renovación Popular), César Acuña (Alianza para el Progreso), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), y George Forsyth (Somos Perú), y otros con menores posibilidades. El reto principal para el próximo período será consolidar la democracia, y luchar contra la corrupción y el desencanto popular con la dirigencia política y el bajo nivel del Congreso, tan cuestionado por sus ejecutorias. Pese a todo, la economía peruana ha sido resiliente a los sobresaltos que han supuesto en años anteriores la destitución o detención de los expresidentes Alberto Fujimori, Pedro Castillo, Dina Boluarte, Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczyinsky y Martín Vizcarra, y del triste final del del expresidente Alan García. Con tales antecedentes, las próximas elecciones resultan cruciales para la institucionalidad democrática, en medio de enormes contrastes, pues los indicadores económicos muestran un PBI impulsado por la inversión privada, la demanda interna y el sector productivo, la reducción de la pobreza y el aumento del ingreso per cápita, el cual se disparó de US$ 2.100 en 2003 a US$ 8.400 en 2024, mientras las exportaciones alcanzaron la cifra récord de US$ 74.000 millones en 2024, comparados con US$ 7.000 millones en 2001, ubicando al Perú entre los mayores exportadores mundiales de cobre, arándanos, espárragos, uvas, mangos, aguacates, granos, cereales y cacao, con China como principal socio comercial y destino del 32% del total de las exportaciones.

La contienda peruana es hastaahora liderada en las encuestas por Rafael López Aliaga, pero con solo el 12,7%, cifra muy parcial, dado el alto número de partidos en la carrera electoral. Para el Perú, esta elección representa una oportunidad para derrotar la inestabilidad política y apoyar el desenvolvimiento de la economía, la cual supera con creces a su liderazgo. No se vislumbran sobresaltos en cuanto a las tendencias políticas en juego, con la novedad de que se restablecerá en 2026 un Congreso bicameral, en lugar del unicameral vigente.

En suma, de producirse ocurrir posibles cambios en Chile, Colombia, Perú y Honduras en los próximos meses, se modificarían apreciablemente los equilibrios geopolíticos en la región, con nuevas esperanzas para los pueblos de derrotar las tendencias afines al fracasado Socialismo del Siglo XXI. Ello sin contar que en Venezuela, pieza clave del totalitarismo en el Continente, subsisten esperanzas de que en algún momento se concrete el cambio decidido por voluntad popular en julio de 2024, pese a la usurpación y represión desatadas por el régimen que oprime a la nación, y la fuerte presión de EE.UU. sobre los carteles de la droga, que ofrece tantas expectativas como incógnitas.

Dentro de las duras realidades que ha vivido Venezuela en más de un cuarto de siglo de implacable régimen dictatorial, dos buenas noticias han servido de bálsamo al sufrido pueblo venezolano: la canonización de sus dos primeros Santos: Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, ejemplos de virtudes y caridad cristianas, y el otorgamiento del Premio Nóbel de la Paz a la líder María Corina Machado, primera compatriota en recibir tan alto reconocimiento mundial en la mención paz, gracias a su perseverante lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

Como era de esperar, la noticia del Premio Nóbel no fue de buen recibo en el régimen y, salvo algunas notorias y mezquinas omisiones como las de los gobernantes de Colombia, México y España, fue celebrada con alborozo por los demócratas del mundo, y por la mayoría de la población venezolana. Para todos es claro en que el Premio Nóbel está lejos de resolver el drama venezolano, pero ha contribuido a proyectar a un alto sitial en la opinión pública mundial la magnitud de la tragedia en que ha estado envuelto el país durante 27 años de depredación, fraudes electorales, usurpación, latrocinio, abuso de poder, y sistemática violación de los derechos humanos.

El acto solemne de elevación a los altares de nuestros Santos por el Papa León XIV, fue propicio para pronunciamientos de gran valor por parte de la Iglesia respecto de Venezuela. Así, el Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolín, usualmente diplomático y prudente, en la misa de acción de gracias por los primeros santos venezolanos, no ahorró palabras para abogar por la liberación de los presos políticos en Venezuela, en una homilía que, por su alto sentido político y humanístico, transcribo en su esencia, para documentarla hacia la historia:

“Solo así, querida Venezuela, pasará de la muerte a la vida. Sólo así, querida Venezuela, tu luz brillará en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía, si escuchara las palabras del Señor, que te llama a abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libre a los oprimidos, romper todos los cepos. Sólo así, querida Venezuela, podrá responder a tu vocación de paz si la construyen sobre los cimientos de la justicia, de la verdad, de la libertad y del amor, respetando los derechos humanos, generando espacio de encuentro y de convivencia democrática, haciendo prevalecer lo que une y no lo que divide, buscando los medios y las instancias para encontrar soluciones comunes a los grandes problemas que te afectan, poniendo el bien común como objetivo de toda actividad pública. La oportunidad de canonización de los nuevos santos es un Kairós, es decir, un momento oportuno para emprender este camino. No lo dejen, queridos hermanos, no lo dejen pasar inútilmente. Que los nuevos santos intercedan para que sigan adelante con esperanza y empeño”.

Por su parte, el Cardenal Baltasar Porras se expresó desde la Universidad Lateranense de Roma, con palabras que provocaron indignación en el régimen e injustas descalificaciones al ilustre Cardenal:

“Vivimos en una situación moralmente inaceptable. La merma del ejercicio de la libertad ciudadana, el crecimiento de la pobreza, la militarización como forma de gobierno que incita la violencia y la introduce como parte de la vida cotidiana, la corrupción, la falta de autonomía de los poderes públicos y el irrespeto de la voluntad popular configuran un panorama que no ayuda a la convivencia pacífica ni a superar las carencias estructurales de la sociedad. El tema de los presos políticos, privados de libertad por razones no siempre claras, rompe la unidad familiar y sufren todos sin que haya a quién recurrir”.

Palabras llenas de sentido y oportunidad, que son fieles a principios fundamentales de la Iglesia, obligada como pastor de la grey venezolana, a ser coherente en su compromiso con el bien común y la dignidad humana, tan vapuleadas en la mil veces maltratada Venezuela, llevada a niveles insospechados de oscuridad y restricción al régimen de libertades y el estado de derecho.

En otro orden de ideas, Venezuela se ha visto impactada por el aparatoso operativo aeronaval ordenado por el presidente Trump en el Caribe en contra de los carteles de la droga, y de sus líderes o benefactores, a cuya cabeza coloca a Nicolás Maduro, tras haber elevado previamente la recompensa por su captura a la histórica cifra de 50 millones de dólares. La movilización paramilitar desplegada por el régimen, llámense colectivos, milicias, reclutas o aliados del crimen organizado ha sido relevante, aunque en su mayor parte con improvisación y gente impreparada. Todos se preguntan en el mundo hasta dónde llegará la operación estadounidense en el Caribe, la cual ha cobrado ya varias víctimas en, por ahora, ocho narcolanchas destruidas en las últimas semanas.

Trump ha anunciado que en una segunda fase planea ataques por tierra para detener el flujo de drogas desde Venezuela. No conocemos aún las implicaciones de este mensaje, pero ese, y la autorización dada a la CIA para posibles operaciones encubiertas en Venezuela, han puesto en guardia al régimen venezolano contra el gigante del norte, con ejercicios militares en las costas venezolanas y la amenaza de utilizar misiles rusos, o recurrir a la lucha armada (enguerrillamiento del país), si se produce algún ataque de EE.UU, o se intenta deponer al gobierno. A ello se agregan las declaraciones del Secretario de Guerra de EE.UU. Pete Hegseth, indicando que los carteles narcoterroristas serán tratados como Al Qaeda, es decir, que hay que encontrarlos y exterminarlos.

En Colombia, deplorablemente principal productor de cocaína del mundo, es inocultable que el gobierno de Petro, en el marco del fracasado acuerdo de paz total, ha sido tolerante con el crimen organizado, hoy enseñoreado y violento. El resultado ha sido el incremento de las áreas de cultivo de coca a niveles récord cercanos a las 300.00 hectáreas, siendo Venezuela el principal puente para la salida de la droga. La alianza Petro-Maduro se ha fortalecido en los últimos meses. Ambos firmaron un polémico acuerdo binacional sobre la amplia zona de frontera de 2.219 km., que en la práctica llevaría a la consolidación de una zona gris desde la Guajira hasta el Vichada, en la actualidad bajo control de grupos irregulares que viven del narcotráfico y la minería ilegal. Y, de otra parte, Maduro se solidariza con Petro ante el fin de la ayuda financiera de EE.UU. a Colombia, y Cabello afirma que los ataques a Colombia serán considerados como proferidos a Venezuela, mientras Petro retribuye con un incondicional apoyo a Maduro ante las “amenazas” de EE.UU., y aprovecha de tildar a María Corina Machado como “despreciable”, en forma insólita y repudiable.

No cabe duda de que la vieja alianza Chávez-Maduro con las FARC, el ELN y sus disidencias está viva, asegurándoles una base operativa en territorio venezolano, que favorece al narcotráfico y al cuestionado Cartel de los Soles. Nunca Petro y Maduro habían estado más cercanos. Petro niega a rabiar la existencia del Cartel de los Soles, y proclama que Colombia y Venezuela son la misma cosa, y que cualquier agresión externa a Venezuela lo será contra Latinoamérica y el Caribe, bajo el lema de “libertad o muerte”. Geopolíticamente, el reciente viraje de Trump contra Petro, a quien califica de “matón”, puede fortalecer un eje binacional de marcado radicalismo antinorteamericano, que favorece a los grupos irregulares de ambos países, pues son vasos comunicantes a los cuales se hacen concesiones y protección, bajo el paraguas de una mal entendida defensa de la soberanía.

Paradójica combinación de buenas y malas noticias; de un lado esperanzas en Venezuela sobre un posible cambio, y de otro, las amenazas de grupos radicales de aferrarse al poder, o en Colombia de promover una Asamblea Constituyente mediante firmas populares, cuyo guion es bien conocido en Venezuela. Las elecciones de 2026 en Colombia serán cruciales para el futuro político en esta parte del Continente. Ojalá y prevalezca la sensatez en la oposición para ser capaces de elegir a un candidato único, que enfrente con posibilidad de éxito al Polo Patriótico en el poder.

Por Pedro Carmona Estanga

El mundo sigue con preocupación la profunda inflexión en el orden internacional derivada de la política exterior asumida por la nueva administración de los Estados Unidos. Son varios los temas que la determinan, entre ellos el manejo discrecional de la política arancelaria, en detrimento de los países vecinos, Europa y China, a lo cual se agregan las polémicas propuestas sobre el tema palestino, y las sensibles expresiones sobre Canadá, Panamá y Groenlandia. Pero ha sido el conflicto Rusia-Ucrania el factor detonante de las discrepancias entre Ucrania, Europa, Canadá y Estados Unidos, en especial por la iniciativa de Trump de negociar un acuerdo de paz sin Ucrania ni la Unión Europea.

Fue lamentable que la reciente reunión entre Zelensky y Trump en la sala oval de la Casa Blanca terminara en un enfrentamiento sin precedentes, y sin la firma del acuerdo respecto a la explotación conjunta de las tierras raras, en las cuales es rica Ucrania. EE.UU. ha solicitado compensaciones por el apoyo financiero y militar brindado a Ucrania durante la administración Biden, sobre cuyas cifras existen discrepancias. La iniciativa modifica el concepto de donaciones estadounidenses a Ucrania por el de retribuciones, que sientan un precedente sobre la explotación y uso de valiosos recursos naturales ucranianos. Pero la mayor diferencia surgió de la negativa de EE.UU. de garantizar a Ucrania la seguridad en sus fronteras, en la hipótesis de un acuerdo de paz o de un alto al fuego.

Ante la áspera polémica bilateral, muchos líderes mundiales han ratificado el respaldo a Ucrania, considerándolo el país agredido, en especial la Unión Europea, con la excepción del díscolo gobernante húngaro Victor Orban, aliado de Putin, quien se ha convertido en el elemento disociador del bloque comunitario, y líder de los movimientos soberanistas o euroescépticos de extrema derecha, alentados por el grave problema que representa para Europa el tema migratorio.

Concluida la fallida reunión de Washington, los líderes europeos, Canadá, Turquía y Ucrania se reunieron en Londres, bajo un clima favorable al apoyo a Ucrania, y de convencimiento de que la amenaza que se cierne sobre la Alianza Atlántica (EE.UU. y Europa), corazón de Occidente, exige fortalecer la unidad europea, y adoptar urgentes decisiones relacionadas con mayores inversiones en seguridad y defensa, para disminuir la dependencia respecto a EE.UU.

Aparte de la solidaridad con Ucrania, las conclusiones más relevantes del encuentro de Londres fueron el mantenimiento de la ayuda militar a Ucrania, trabajar con base en una propuesta del Reino Unido y Francia que garantice la soberanía y seguridad de ese país, como base para una paz justa y duradera, la cual sería sometida luego a la consideración de EE.UU., y de Rusia. Se admite que Europa debe asumir la mayor parte del esfuerzo, pero que se requiere el apoyo de EE.UU. Ese enfoque es una respuesta a la pretensión de Trump de negociar la paz bilateralmente con Putin ya que, por el contrario, se propone una coalición de países para defender a Ucrania, garantizar la paz, y disuadir a Rusia de cualquier tentación de futura invasión a cualquier país del ámbito geográfico europeo. El apoyo de EE.UU. a Rusia. y la suspensión de la ayuda a Ucrania fueron recibidos por Putin con alborozo, y entre tanto, incluso los monarcas del Reino Unido y España apoyan una paz justa y duradera en ese país, ante las vías de hecho cumplidas por Rusia. De otra parte, en un paso notable, el Reino Unido reafirmó el compromiso de respaldar a Ucrania con tropas y aviones, y de facilitar la compra de más de 5.000 misiles de defensa antiaérea, por valor de US$ 2.000 millones. Finalmente, la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen convocó a una reunión del Consejo Europeo, máximo organismo político de la Unión, para discutir una propuesta urgente para el rearme de Europa, destacando que “hay que prepararse para lo peor”.

Zelensky ha manifestado disposición de firmar con EE.UU. el acuerdo sobre las tierras raras, mientras crecen las preocupaciones sobre los avances norteamericanos hacia la normalización de las relaciones diplomáticas con Rusia y al levantamiento de las sanciones, en tanto que la UE considera adoptar nuevas medidas punitivas contra Putin. En el centro de las preocupaciones está el futuro de la OTAN y el nivel de apoyo de EE.UU., con un esfuerzo mayor por parte de Europa. No hay que olvidar que a raíz de la invasión rusa a Ucrania la OTAN salió fortalecida y ampliada con la adhesión de Finlandia y Suecia, países que se habían mantenido hasta ese entonces neutrales. Para Europa es claro que si Rusia fuese el vencedor del conflicto aumentarían los riesgos de seguridad, en particular en los países fronterizos y en naciones no parte de la Unión Europea como Moldavia o Georgia, donde la penetración rusa es manifiesta, incluyendo la injerencia en procesos electorales en Europa para favorecer gobiernos que le sean proclives, o como ha sido la presión, acompañada por EE.UU., hacia la posible renuncia de Zelensky, para reemplazarlo por un gobierno títere como el de Lukashenko en Bielorusia. La animadversión de Trump hacia la Unión Europea es inocultable, a la cual acusa en forma totalmente equívoca de haber sido creada para enfrentar a EE.UU.

Las secuelas del conflicto Rusia-Ucrania refuerzan tendencias favorables a modelos hegemónicos o autocráticos, a realinaciones estratégicas y cambios de paradigmas, que debilitan las reglas multilaterales en favor del unilateralismo y de las vías de hecho. En otras palabras, el riesgo de reaparición de la ley de la selva basada en el poder y la fuerza, y el desconocimiento de tratados y acuerdos internacionales, fuente de tantos conflictos bélicos en los siglos XIX y XX. Otra cosa es la necesidad de reestructurar el sistema de Naciones Unidas, por su inoperatividad para garantizar la paz en el mundo, objetivo con el cual fue creado al final de la Segunda Guerra Mundial.

Es importante recordar además que la independencia y soberanía de Ucrania quedaron consagradas tras la disolución de la URSS, en el Acta de Proclamación de la Independencia aprobada por el parlamento ucraniano el 16 de julio de 1990, ratificada mediante referéndum del 1 de diciembre de 1991 con el 90% de votos a favor, y luego mediante el Tratado de Belavesha, firmado por los presidentes Yeltsin de Rusia, Kravchuk de Ucrania y Shuskévich de Bielorusia, el cual consagra el compromiso de respetar la soberanía y fronteras de Ucrania y de no amenazar nunca militarmente a ese país. Es un tratado vigente, que según el principio internacional del “Pacta Sunt Servanda”, lo pactado obliga a su cumplimiento.

En cuanto al otro grave conflicto, Israel y Hamas, si bien fue Hamas el desencadenante del conflicto con su vil ataque contra al kibutz israelí hace tres años, no es menos cierto que el país agredido reaccionó desproporcionadamente, aún con el derecho que le asistía a la legítima defensa. Son 50.000 muertos y un balance de daños y sufrimientos incalculables a la población civil, sin que esté a la vista una solución a la crisis, que no será vaciando a la población de Gaza, sino mediante una expresión superior de voluntad política de las partes, por encima de los torpedeos de los grupos radicales en ambos países, para llegar en algún momento a la creación del Estado Palestino, es decir a la coexistencia de los dos Estados.

Por lo pronto, vivimos momentos de especial tensión e incertidumbre mundial, siendo de desear que no conduzca a la implantación de una hegemonía tripolar: EE.UU., Rusia y China, pues iría en detrimento de los valores fundamentales de Occidente a los cuales debe ser fiel la nación norteamericana. Falta aún mucho por ver, en estos complejos escenarios geopolíticos en pleno desarrollo.

Se aproximan las elecciones presidenciales en Venezuela, convocadas para el día 28 de julio. Son menos de dos meses los que median para dichos comicios, en los cuales se define el futuro del país para el próximo sexenio, con una clara incidencia sobre el destino nacional hacia las próximas décadas. Los pronósticos son desfavorables al gobierno, aferrado al poder sin miramientos.

En 25 años de régimen chavista se ha producido un profundo retroceso en todos los ámbitos de la vida nacional: en lo institucional, político, macroeconómico, en la afectación del tejido productivo, en lo social y en el clima hacia la inversión. Como consecuencia, en esta oportunidad se evidencian tendencias favorables a un cambio, reflejadas en todas las encuestas de opinión recientes.

Han sido manifiestas las barreras impuestas por el oficialismo a la celebración de elecciones limpias, ignorando los compromisos asumidos en el Acuerdo de Barbados, el cual terminó convertido en un saludo a la bandera. La decisión del gobierno de mantener la inhabilitación de María Corina Machado, y en forma arbitraria de la segunda opción, Corina Yoris, se suman a las trabas del CNE para facilitar la inscripción de nuevos votantes, o los cambios de residencia de millones de venezolanos a nivel nacional e internacional. Así, el Registro Electoral Permanente quedó truncado en millones de votantes fundamentales. En el exterior, el número de inscritos fue exiguo, pues los Consulados existentes operaron pocos días, con deliberada lentitud y largas colas.

Al final, en la Plataforma Unitaria surgió la opción de que la tarjeta de la MUD tuviese un “candidato tapa”, Edmundo González Urrutia, convertido luego por decisión unánime en el candidato de la unidad, e inscrito y aceptado por el CNE, junto a algunos candidatos marginales del llamado “alacranato”, es decir de fuerzas políticas interesadas en afectar la unidad y hacer juego a las estrategias divisorias del gobierno. A partir de allí, González Urrutia, un Embajador de carrera, preparado y de impecable trayectoria, asumió el reto de la candidatura, reconociendo el liderazgo de María Corina Machado y trabajando de la mano con ella, en un mensaje comprometido con una transición incluyente, en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de parte de la diáspora, la recuperación de la independencia de los poderes públicos, y la generación de un clima favorable a la inversión, en una Venezuela confiable como socio, y firmemente democrática.

En el multitudinario acto realizado en su ciudad natal, La Victoria, Estado Aragua, González dirigió un mensaje a tres sectores claves para la vida nacional. A la comunidad internacional le solicitó acompañar el proceso, pues es esencial para el mundo frenar la diáspora de cerca de 9 millones de venezolanos que hacen vida en 90 países del globo. Al chavismo ofreció un gobierno inclusivo, con garantías de alternancia en paz, y garantías de que podrán ejercer sus derechos en el marco de la Constitución. Y un claro mensaje a las Fuerzas Armadas para que asuman el respeto a la Constitución y sean garantes de la voluntad popular, como lo consagra el artículo 328 de la Constitución.

María Corina Machado, bloqueada para inscribir su candidatura pese al abrumador resultado de las elecciones primarias en octubre de 2023, ha continuado recorriendo el país con un arrastre popular que supera los logros de los mejores líderes políticos del pasado. Así, estados de tradición chavista como Portuguesa, Trujillo, Guárico, al igual que Zulia, Bolívar y Lara, entre otros, han acompañado con fervor a MCM, pese a no ser ya la candidata, configurando el mayor fenómeno político de tiempos contemporáneos. Por ello, el régimen le teme y la bloquea, hasta el punto de prohibir a las líneas aéreas que le vendan boletos, o cerrando hoteles o restaurantes que la acojan, además de apresar a sus asesores de campaña, o negar el salvoconducto a seis de sus allegados que se vieron obligados a asilarse en la Embajada de Argentina en Caracas. MCM pide ahora a sus seguidores a organizarse para promover y cuidar el voto, a través de una red de miles de “comanditos”, y respalda con entusiasmo el voto por Edmundo González, única opción en el escenario político actual, y quizás la última oportunidad para ganar y cobrar, camino al rescate de la libertad y la democracia, y al inicio del arduo proceso de reconstrucción de la nación, virtualmente desde las cenizas.

Será un difícil y costoso esfuerzo, cuyo primer paso es sin duda, ganar las elecciones. La magnitud del reto comienza con el rescate de la independencia de los poderes públicos y su despolitización; con la refundación de las Fuerzas Armadas conforme a los postulados de la Constitución de 1999 que el mismo chavismo escribió, en la cual se les define como una institución al servicio de la nación y no de persona o parcialidad política alguna; la reactivación de la industria petrolera ya sin sanciones, con una amplia participación de capital privado; la privatización de empresas en manos del Estado, con prioridad en sus antiguos dueños; el restablecimiento de la plena libertad de prensa e información; la devolución de los partidos políticos intervenidos a sus legítimas bases; la reestructuración de la deuda externa, cercana a US$ 160.000 millones; el estímulo al retorno del talento humano que ha huido del país; la reorientación de las relaciones externas en función del interés nacional y no de ideologías foráneas; el combate a las agrupaciones del crimen organizado y de la minería ilegal depredadora en zonas protegidas, ecológicamente vulnerables.

Son estos apenas un asomo de los inmensos retos que aguardan a un gobierno de cambio, que como tales exigen estructurar un acuerdo nacional entre las fuerzas democráticas. Si en 1958-59 a la caída de Pérez Jiménez, que duró solo 10 años en el poder, fue necesaria la suscripción entre los tres principales partidos del llamado Pacto de Punto Fijo como sostén de la naciente democracia, ahora, con 25 años de totalitarismo, es vital lograr un entendimiento nacional en lo fundamental, como es el rescate del Estado de Derecho y del régimen de libertades. Hay que admitir que se requerirá de diálogos, y quizás de una justicia transicional aplicable a miembros o beneficiarios del régimen que dejaría el poder. No se trata de ofrecer impunidad a esbirros y torturadores, de lo cual se ocupa ya la Corte Penal Internacional, sino de la posibilidad de que algunos saqueadores del régimen o violadores de los derechos humanos pudieran recibir atenuantes si entregan parte de sus fortunas mal habidas, o que paguen penas menores si se someten a la institucionalidad jurídica.

El país respira aires de moderada esperanza. La preservación de la unidad, la motivación a los votantes, y la transmisión de un mensaje firme hacia el cambio, con garantías de que no se freirán cabezas como lo proclamaba Chávez en su campaña, son piezas clave de la estrategia. Así, el mensaje de la campaña opositora del reencuentro de las familias dispersas por el mundo, ha calado con alto efecto emocional. Por ahora, es crucial organizarse para contrarrestar el ventajismo y el fraude, y para cobrar el resultado, y que no se repita lo del 2013 con el triunfo de Capriles sobre Maduro, en que faltó determinación para defenderlo. Subsiste el peligro de que el régimen decida suspender las elecciones alegando algún pretexto de seguridad nacional, o que, en el largo lapso de seis meses entre la fecha de las elecciones y la posesión presidencial en enero de 2025, se menoscabe o burle la entrega del poder. En la medida en que el pueblo siga movilizado y resuelto a defender su derecho a elegir, será más difícil que esas posibles perversidades se materialicen.

Por Pedro Carmona Estanga

El mundo vive la mayor ola migratoria tras la Segunda Guerra Mundial, exacerbada por los conflictos bélicos prevalecientes, el hambre, las sequías, y la plaga representada por los regímenes autoritarios en diversos países, caracterizados por la intolerancia y la persecución política, étnica o religiosa.   

Según el informe 2022 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, para el año 2020 había 281 millones de migrantes internacionales en el mundo, equivalente a un 3,6% de la población total, ello con anterioridad a la invasión rusa a Ucrania. El porcentaje no espanta, pero es que no considera los desplazamientos internos que ocurren en diferentes regiones del globo, en algo atenuados por la pandemia, ni la exacerbación reciente de la migración mundial.

Los principales movimientos migratorios y de desplazamientos son atribuidos a los conflictos en Siria, Yemen, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, o a la grave inestabilidad económica y política que afecta a millones de venezolanos y afganos. Ello, amén de los desplazamientos originados en desastres naturales ocurridos principalmente en China, Filipinas, Bangladesh, India y Haití.

En relación con el destino de los flujos migratorios, según la OIM, Europa recibió el 30,9% del total, (87 millones), seguida por Asia con el 30,5% (86 millones), América del Norte con el 20,9% (59 millones), y África con un 9% (25 millones). En América Latina y el Caribe, el número de migrantes se duplicó en los últimos 15 años, al pasar de 7 a 15 millones, el 5,3% del total mundial.  Y en cuanto a países receptores, EE.UU. recibió 51 millones de migrantes, Alemania 16 millones, Arabia Saudita 13 millones, Rusia 12 millones y el Reino Unido 9 millones, solo por citar algunos.

El corredor migratorio México-Estados Unidos se configuró como el mayor del mundo, con unos 11 millones de personas, seguido del de Siria-Turquía, asociado al conflicto que ha vivido Siria por más de diez años. El tercero es el de India-Emiratos Árabes Unidos, con más de 3 millones, y ahora se agrega la ola migratoria de Ucrania a numerosos países, que supera ya los 6 millones de personas.

En cuanto a la nacionalidad de los migrantes, el puesto número uno es ocupado por India, con 18 millones, México 11 millones, Rusia 10,8 millones, China 10 millones, Siria 8 millones, y Venezuela con más de 7 millones en el lugar No. 10 en el mundo, aunque en términos proporcionales a su población es el más elevado, pues más del 20% de los venezolanos ha emigrado, sin que pueda compararse con países como India, China, o México, de muy alta población.   

Pese a la pandemia, las remesas internacionales alcanzaron en 2020 la astronómica cifra de US$ 720.000 millones, de lo cuales US$ 540.000 millones se dirigieron a países de ingresos medianos y bajos. Por su parte, el número de desplazados al final de 2020 alcanzó 89,4 millones, aunados a 26,4 millones de refugiados y 4,1 millones solicitantes de asilo. Solo en 2020 los nuevos desplazamientos internos ocasionados por conflictos, violencia y desastres alcanzaron a 55 millones de personas.

Es de destacar el creciente papel del corredor centroamericano, que incluye el paso por el peligroso “tapón” del Darién, con un escalofriante saldo de muertes, explotación sexual, y proliferación, hasta la frontera de México con EE.UU. de redes mafiosas o “coyotes” que expolian a gente sin recursos ofreciendo llevarlos a su destino. Es frecuente el caso de contenedores con gente hacinada, que suelen terminar asfixiados, o en otro escenario, botes sobrecargados de africanos en el Mediterráneo, que con inusitada irresponsabilidad naufragan y provocan numerosas víctimas.

Es por ello evidente que, más allá de las buenas intenciones y declaraciones de gobiernos e instituciones, la comunidad internacional debe abordar con mayor contundencia el grave problema de la trata de personas en las rutas migratorias, mientras el número de migrantes en el mundo no ha parado de aumentar en el curso de los últimos 50 años, como lo evidencia la cifra señalada de migrantes internacionales en 2020 de 281 millones de personas, contra 84,4 millones en 1970.

Un problema de la dimensión analizada no puede ser visto en forma ligera. Se trata de los flujos migratorios mayores de la historia, en medio de duras condiciones como los que existen en campamentos en Turquía para contener migración hacia Europa, con el apoyo de la Unión Europea. El hecho es que, además, los efectos geopolíticos asociados a la migración están cambiando el mapa político en Europa en favor de gobiernos conservadores, los cuales por definición son más nacionalistas o antiinmigración, como es el caso de Hungría, Polonia y otros países del este, como también los recientes cambios políticos en Suecia e Italia, los efectos que el tema migratorio tuvo sobre la decisión del Brexit en el Reino Unido, y el visible crecimiento de la derecha en Francia y España. A ello hay que agregar la aguda polarización existente entre los partidos Demócrata y Republicano en EE.UU., entre otros por la polémica asociada a las políticas migratorias aplicadas durante sus respectivos gobiernos, que incluyen la reciente decisión de deportar a migrantes venezolanos llegados a través de México, aún antes de la promulgación de las nuevas medidas.  

En un sentido positivo, hay que destacar las buenas prácticas aplicadas en Colombia por la administración Duque en favor de los migrantes venezolanos, otorgándoles permisos temporales para trabajar y beneficiarse de la salud y la educación pública, así como el reconocimiento de los hijos nacidos en su territorio, todo lo cual ha merecido reconocimientos internacionales.

Lo anterior debe mover a considerar que en las raíces del problema migratorio subyacen la pobreza, la falta de empleo en los países de escasos recursos, la mala calidad de los servicios públicos, o la violación de derechos humanos en países oprimidos por regímenes dictatoriales. Están también presentes las secuelas de regímenes coloniales, sobre todo en África, que no fueron capaces de generar fuentes de empleo y riqueza, o la profunda asimetría existente entre los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), o el vecino Haití, y EE.UU., sin que hasta ahora se hayan definido políticas orientadas a estimular el desarrollo en esos países, como forma de mejorar su calidad de vida, y de atenuar las presiones migratorias.

Por su parte, la situación de Venezuela, protagonista del mayor fenómeno migratorio registrado en la historia del Continente, aparte del de México a EE.UU., no cambiará a raíz de la decisión del gobierno de Colombia de restablecer las relaciones con el país vecino y de reabrir las fronteras, lo cual es en general de buen recibo. La presión migratoria hacia Colombia y el mundo continuará mientras Venezuela esté sumida en la grave crisis múltiple que la afecta, que es política, económica, social y moral. Solo un cambio de sistema económico y político en Venezuela permitirá detener el éxodo de venezolanos al exterior, el cual se proyecta a todo el mundo. Hoy la migración venezolana afecta especialmente a Colombia, con más de 2 millones de personas, aunque en décadas pasadas fue a la inversa, cuando Venezuela recibió a unos 4 millones de colombianos, con la particularidad de que llegaron en forma gradual y cuando Venezuela representaba un país de oportunidades. 

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Pedro Carmona Estanga es ex Presidente de Fedecámaras, de Conindustria, de Asoquim, de la Cámara Colombo-Venezolana de Comercio e Integración, del Consejo Empresarial Andino. Doctor en Economía. Actualmente es Profesor Titular en la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá

Por Pedro Carmona Estanga

La invasión de Rusia a Ucrania cobra miles de víctimas inocentes. El anuncio inicial de Putin de que no se atacarían instalaciones civiles sino objetivos militares ha resultado en un engaño. La destrucción de conjuntos habitacionales, hospitales pediátricos y maternidades, escuelas, centros culturales, infraestructura de comunicaciones y refugios, ha sido masiva e inmisericorde. Las imágenes valen más que mil palabras.

Como resultado, son ya más 3, 4 millones ucranianos los que han huido del país hacia los vecinos de la Unión Europea, y según ACNUR, 6,5 millones más se encuentran desplazados dentro del país, ello de un total unos 40 millones de habitantes, de los cuales el 78% es de origen ucraniano étnico, y solo un 17% de origen ruso.

Pese a los incuestionables antecedentes que vinculan histórica y culturalmente a los pueblos ucraniano y ruso, tal como lo afirmara en mi artículo anterior, Ucrania pasó a ser en 1991 un Estado independiente y soberano, reconocido por tratados internacionales y otros acuerdos válidos.

Es del caso recordar que los Estados están obligados a cumplir los tratados internacionales legítimamente suscritos conforme a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, la cual estipula que las partes deben respetar, conforme al principio de buena fe, lo dispuesto en los tratados vigentes, amén del principio universal derivado del derecho romano del “pacta sunt servanda”, es decir que los tratados celebrados entre Estados deben ser plenamente observados.

Son comprensibles las diferencias que puedan surgir entre países por razones geopolíticas, geoestratégicas o de seguridad, pero nada invalida los compromisos internacionales en vigor, ni mucho menos justifica la vía de hechos, como es la violencia ejercida contra un pueblo que lucha por preservar su integridad territorial e independencia, más allá de las pretensiones de la potencia rusa, de que los territorios de mayoría étnica rusa, como es el caso de Crimea y ahora la región oriental de Donbás, se escindan de Ucrania y pasen a formar parte de la Federación Rusa. Se entiende sí, que la eventual membresía de ese país a la OTAN, sería una provocación innecesaria contra Rusia y por ello, el propio presidente Zellesnky ha manifestado que no estaría contemplada.

Occidente ha respondido a la invasión a Ucrania con duras sanciones, es decir, con una guerra económica, consistente en restricciones financieras, congelación de fondos nacionales y bienes personales de dirigentes y de oligarcas cercanos a Putin, el retiro de los bancos de la plataforma Swift, cierre de espacios aéreos, restricciones a la compra de hidrocarburos, a viajes, a la operación de empresas y bancos rusos, el bloqueo a las compras de productos de alta tecnología, y el envío de ayuda militar a Ucrania, sin que implique la intervención directa de fuerzas de la OTAN en ese país.  

Los efectos económicos de la invasión a Ucrania no han demorado en sentirse.

El petróleo, el gas y otros commodities se han disparado en los mercados internacionales, provocando en Europa por el precio del gas un aumento desmedido en las tarifas eléctricas que duelen a la población, así como en el de los combustibles en EEUU, donde el nivel alcanza ya en promedio US$ 4,26 dólares por galón. Los minerales y los cereales han batido récords, entre ellos el trigo, que ha llegado a US$ 344 por TM, así como la cebada, el maíz y la soya, estimulando la inflación mundial, que era ya preocupante a raíz de la pandemia.

De otra parte, la decisión de Alemania de suspender la certificación del gasoducto Nord Stream II para el transporte del gas ruso hacia su país ha afectado duramente a las petroleras rusas Gazprom y Rosneft y ha llevado a los constructores a la quiebra, golpeando también a algunas empresas británicas, francesas y austríacas asociadas al proyecto.

La visita a Caracas 

Estados Unidos ha tratado de estimular a otros países productores a aumentar su oferta de hidrocarburos, lo cual podría resultar factible en países como Canadá, Arabia Saudita y los del Golfo Pérsico, pero ello no ocurre de un día para otro. La polémica visita de funcionarios de EEUU a Venezuela tuvo al parecer más que ver con las gestiones para la liberación de presos estadounidenses, y con las posibilidades de reanudación de los diálogos entre oposición y gobierno en México, pues la realidad es que para paliar la crisis energética mundial la producción petrolera venezolana no es suficiente, apenas cercana a los 800.000 b/d, y en el mejor de los casos podría llegar al millón de b/d, muy lejos de la capacidad de producción al momento de asumir Chávez el poder en 1999, de 3,4 millones de b/d.

La industria petrolera venezolana, hoy destruida por el régimen gobernante requeriría de miles de millones de dólares de inversión para superar el millón de b/d. Por tanto, Venezuela no es actualmente un actor relevante en el mercado, pese a disponer de inmensas reservas y, de otro lado, el gobierno de EEUU ha reafirmado que el levantamiento de las sanciones contra ese país deberá tener como contraparte la definición de una agenda creíble hacia la celebración de elecciones limpias y con garantías en el país. 

El impacto en Rusia

En cuanto a la economía rusa, el impacto inmediato de las sanciones ha sido descomunal, motivando interrogantes sobre cuánto podría soportar Rusia un costo tan elevado sin que sucumba en una crisis mayor, que arruinaría la calidad de vida de su pueblo, con adicionales efectos complejos de política interna, o que incurra en un default en las obligaciones de su deuda externa.

Por lo pronto, decenas de empresas internacionales han suspendido sus operaciones en Rusia, entre ellas las operadoras de tarjetas de crédito internacionales, y empresas como BP, Shell, Equinor, Exxon Mobil, PWC, General Motors, Ford, Volkswagen, Toyota, Samsung, Microsoft, Apple, HP, Intel, Nike, Inditex, Netflix, EA, Airbnb, Google, Ikea, Oracle, Dell, Boeing, Airbus, Spotify, Walt Disney, Paramount, WarnerMedia, Universal y TikTok, a las cuales se agregan proveedores de repuestos para aviones, equipos, y productos de alta tecnología de origen europeo o estadounidense, que afectan gravemente la actividad económica y la vida corriente de la población rusa.  

De otra parte, el rublo ruso se ha devaluado entre un 40% y un 50% desde el inicio de la guerra, el PIB ha perdido alrededor de US$ 30.000 millones, con lo cual la contracción podría alcanzar este año entre 10 y 15%, con una inflación potencial de a 15% según la OCDE, hechos que irradian a la economía global haciéndole perder 1 punto porcentual al PIB, y presiones inflacionarias en torno al 2,3% para el planeta. Las autoridades rusas se han visto además obligadas a aplicar un “corralito” a los movimientos de divisas, limitando los retiros de titulares de moneda extranjera a US$ 10.000 hasta septiembre, y si se excede dicho tope, deberán hacerlo en rublos a la tasa oficial del día.

En suma, colocando primero la triste pérdida de vidas humanas incluyendo miles de niños y heridos, el Papa Francisco ha suplicado a los responsables de la guerra a detenerla, por “insensata y repugnante” por representar una “crueldad inhumana y sacrílega, porque va contra vidas humanas e indefensas”, siendo que la vida debe ser respetada y protegida por encima de cualquier interés o estrategia.

A ese llamado se han sumado millones de voces de protesta en el globo, que claman por un inmediato alto al fuego y por la retirada de las tropas rusas de Ucrania, las cuales han sufrido también innumerables bajas guerra, incluyendo hasta ahora cinco altos Generales. ¡Basta de ríos de sangre y lágrimas en Ucrania! Y ojalá que las negociaciones entre  las partes lleven a un feliz término.

El pasado 9 de enero se celebró una segunda elección en el Estado Barinas de Venezuela, feudo de la familia Chávez, y como se comentó en anterior entrega, el régimen sufrió un doble y duro revés, del cual no se repone. Algunos ven en ello una reacción popular ante las arbitrariedades oficialistas, al mal manejo del Estado por parte de la familia Chávez, y muestra de otra parte una lección al país opositor de que, cuando media una unidad de propósitos en torno a un objetivo, los logros resultan factibles. También ha aflorado una realidad que luce imposible de ocultar: la lucha de poderes entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y las fisuras entre Maduro y la familia Chávez, todo lo cual podría representar elementos futuros a favor de las fuerzas democráticas venezolanas.

Tras la victoria en Barinas, hubo euforia en sectores de la oposición venezolana, y esperanzas en que el recurso de un referéndum revocatorio contra Maduro, que puede legalmente convocarse desde este mes de enero (mitad del período de Maduro), abriría la anhelada salida a la tragedia política que vive Venezuela, que cumplió ya la friolera de 23 años. El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficialista fue diligente al aceptar la petición de convocatoria presentada por tres organizaciones, motivando ingenuas ilusiones, pues tan solo días después, ese servil órgano decidió dar 12 horas de plazo, el día 26 de enero, y con solo 1.200 mesas, para ejecutar el proceso de recolección de firmas. Fue una bofetada más e irrespeto del CNE a los derechos constitucionales consagrados en el artículo 72 de la Carta Magna, según el cual: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables, transcurrida la mitad del período para el cual fueron electos”.

Constitucionalmente se requiere que un número no inferior al 20% del registro electoral solicite la convocatoria al referéndum, es decir, 4 millones de ciudadanos; que una vez convocado, el número de votantes a favor de la revocación sea igual o superior a los que eligieron al presidente, equivalente a 6.248.865 votos, y por su parte, el régimen agregó que los votos por el sí deben ser mayores que los votos por el no. Si ocurre la revocación, y la falta absoluta del presidente ocurre dentro de los primeros cuatro años del mandato, debe convocarse a una elección directa y secreta dentro de los 30 días siguientes, y mientras toma posesión el nuevo presidente, se encarga el Vicepresidente Ejecutivo. En tanto que, si la falta absoluta ocurre en los últimos dos años del mandato, asume el Vicepresidente Ejecutivo hasta completar dicho período (artículo 233).  

Además de la burla atroz del CNE, con dos votos en contra y tres a favor de rectores irrestrictos al régimen, al imponer un plazo de 12 horas para recoger más de 4.000.000 firmas requeridas, y limitar al exiguo número de 1.200 los centros de recolección de firmas en el territorio nacional, es matemáticamente imposible lograr la convocatoria, demostrando así que el régimen no está dispuesto a contarse, pues sabe que está perdido. Además, la interpretación dada a la previsión constitucional de que el 20% de las firmas debe corresponder a cada Estado, y no a nivel nacional como debería ser, hace aún más difícil cumplir dicho requisito. Y si se lograra, basta con que el gobierno aliente la abstención o recurra a la intimidación, para impedir el quórum necesario.

Es importante además remontarse a los antecedentes históricos. En el año 2004, tras la crisis política de 2002, la oposición organizó marchas y paros, entre ellos el paro petrolero de 2002-2003, hasta lograr que Chávez aceptara a regañadientes someterse a un revocatorio. En ese entonces fue posible recoger las firmas con la mediación de la OEA y el Centro Carter. Fue una transacción de Chávez para enfrentar el clima de crispación política que prevalecía desde antes de la crisis de 2002. Pero ¿qué ocurrió?: Chávez ejerció sin pudor toda suerte de presiones para influir sobre la consulta. Los firmantes de la convocatoria fueron discriminados implacablemente por el régimen, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda categoría. Hubo despidos masivos de empleados públicos firmantes, tildándolos de “actos de terrorismo”, se impidió a los convocantes a contratar con el Estado, visitar instalaciones oficiales o recibir beneficios del sector público. Fue la tristemente célebre “Lista Tascón”, denominada así por el liderazgo asumido por el diputado Luis Tascón, designado por Chávez para obtener del CNE la lista de firmantes y manipularla ilegalmente. Así, con ventajismo y fraude, Chávez ganó el referéndum con el 59% de los votos, con el aval precipitado e irresponsable del expresidente de EEUU Jimmy Carter, que arrastró también al reconocimiento del Secretario General de la OEA César Gaviria, pese a las irregularidades denunciadas por la oposición.

Más adelante, en 2016, cumplidos los primeros tres años de mandato de Maduro, el 53% de la población expresaba su disposición de firmar para la convocatoria a un referéndum revocatorio presidencial. La oposición se activó en la recolección de firmas, pero un conjunto de tribunales penales estadales las declaró ilegales, con lo cual quedó bloqueado el proceso y se burló una vez más la voluntad popular. Maduro no admitió medirse en revocatorio, en la mitad de su cuestionado primer mandato, pues en 2013 le arrebató el triunfo a Henrique Capriles. En otras palabras, ni Chávez ni Maduro han tenido jamás voluntad sincera ni de diálogo, ni de respeto a la voluntad popular, desconociendo un principio fundacional de la Constitución vigente, según el cual la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (art. 5); que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, cuyos valores superiores son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética, el pluralismo ideológico (art. 2), el respeto a la dignidad humana, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la prosperidad, el bienestar del pueblo, y la garantía de los derechos consagrados en la Constitución. Todo ello ha sido barrido por un régimen que mutó a un talante totalitario, que lo deslegitima en su esencia, pues no solo en ese, sino en la integralidad de sus principios, ha convertido a la Carta Magna que el mismo régimen promovió en letra muerta, desvirtuándola profundamente.  

Una de las reservas medulares que se discute en ámbitos de la oposición, es que Nicolás Maduro fue elegido en 2018 mediante un proceso electoral viciado de nulidad por haber sido convocado por una Asamblea Nacional Constituyente no convocada por el pueblo, y antes del plazo constitucional establecido y que, por tanto, convocar ahora a un revocatorio de Maduro equivaldría a reconocer su legitimidad y que, más aún, en caso de perderse dichos comicios, el régimen lograría el objetivo que afanosamente persigue, que es lograr su reconocimiento y legitimidad. Hasta el día de hoy la elección de Maduro de 2018 está viciada de nulidad absoluta, al igual que la Asamblea Nacional Constituyente, y así lo han reconocido numerosos países democráticos del mundo, quienes han brindado apoyo al gobierno de transición democrática presidido por Juan Guaidó. Pero yendo más allá de las aprehensiones existentes en círculos de la oposición, las barreras impuestas al reconocimiento a la voluntad popular, y a que la recolección de firmas se haga con garantías, convierten el revocatorio casi en un imposible. El régimen sabe que sería su fin. Y de parte de la oposición, dicha opción exigiría unidad y alineación, como ocurrió hace justo 64 años, el 23 de enero de 1958, cuando fue derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, para abrir una etapa democrática y de libertad con progreso, como ciertamente el país hoy lo anhela.