El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) manifiesta su profunda preocupación ante la escalada del conflicto político en Venezuela, cuando luego del uso de la fuerza militar por parte del gobierno de Estados Unidos, se produjo la detención y posterior extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Estos ataques en diversas ciudades del país han ocurrido en el contexto precedido de una inédita acumulación de fuerza militar estadounidense en el Caribe y han producido un lamentable saldo de 40 oficiales heridos y muertos durante la operación, según información extraoficial. Expresamos a sus familiares nuestras más sentidas condolencias.
Exhortamos a las autoridades norteamericanas a cesar ataques militares que ponen en riesgo a la población civil y a garantizar el debido respeto a la integridad de Nicolás Maduro y Cilia Flores, así como a las garantías judiciales y un trato de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, como se merece toda persona procesada.
Los sucesos registrados en la madrugada del 3 de enero de 2026, incluyendo explosiones y ataques en instalaciones militares venezolanas como parte del despliegue militar en Venezuela que ha culminado con el arresto de la pareja Maduro – Flores, configuran un grave precedente en América Latina y, al mismo tiempo, plantean un profundo debate sobre la eficacia de la arquitectura diplomática tradicional y sus mecanismos de presión para, en este caso, revertir la mayor regresión antidemocrática en Suramérica que supuso la continuidad de Maduro tras el desconocimiento de los resultados electorales en 2024 y la posterior andanada represiva para aplacar el malestar social.
El autoritarismo gubernamental y su empeño en desconocer la voluntad y el derecho a elegir de los ciudadanos, condujeron a Venezuela a una nueva crisis institucional frente a la cual la respuesta popular ha sido movilizarse para exigir la libertad de las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas. Mientras se atacaba a la disidencia y se intentaba acallar a las voces críticas, los grandes problemas que aquejan a los venezolanos han sido relegados en desmedro de los intereses de un grupo por preservar el poder a toda costa. Junto al sufrimiento por el despliegue represivo, la calidad de vida de las mayorías fue sufriendo un significativo deterioro y se afianzó la incertidumbre y desesperanza.
Este momento de alta volatilidad no puede, bajo ninguna circunstancia, traducirse en un aumento de la violencia que ponga en peligro la vida, la integridad y el futuro de la nación venezolana, ni en el desconocimiento del clamor de un pueblo resuelto a vivir en dignidad y democracia.
Instamos a la nación venezolana a mantener la calma y a ejercer su ciudadanía de manera pacífica. La única hoja de ruta legítima para superar más de una década de violaciones masivas de derechos humanos y el estrangulamiento de la institucionalidad debe estar anclada en la noción de una sociedad democrática, justa y participativa, en el marco de un Estado democrático que garantice la vigencia de la justicia social y el pleno respeto de los derechos humanos. Un paso importante es proceder a la liberación de los más de 900 presos políticos y garantizar libertad plena a quienes están sometidos a medidas cautelares.
Reafirmamos que los pasos hacia una transición deben corresponderse con la decisión popular del 28 de julio de 2024, cuando las mayorías votaron cívicamente en favor de un cambio político. La crisis humanitaria, la represión masiva y los mecanismos de terror de Estado implementados contra el descontento social post-electoral no pueden ser sustituidos por una nueva forma de arbitrariedad.
Condenamos toda decisión que pretenda tutelar el futuro inmediato del país sin respetar la Constitución y los principios internacionales de respeto a la soberanía, la libre autodeterminación y los valores democráticos.
Desde su origen, PROVEA promueve los contenidos de carácter humanista y transformador presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el objeto de aportar a la construcción de una sociedad fundada en el pluralismo, la solidaridad, la participación y la igualdad social y económica, sin ningún tipo de discriminación.
En ese sentido, rechazamos categóricamente cualquier acción unilateral de fuerza que socave el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2, numeral 4, prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Advertimos que las acciones unilaterales, particularmente en el ámbito militar, solo contribuyen a minar el sistema multilateral de paz y seguridad.
Es imperativo que las potencias globales y regionales se abstengan de cualquier movimiento que pueda escalar el conflicto o prolongar un escenario de caos, injerencia indebida o «implosión». La solución a la profunda crisis venezolana debe ser civil, democrática y en el marco de la justicia transicional con enfoque en las víctimas.
La defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela es una responsabilidad compartida que no puede ser ignorada, ni simplificada a una tensión geopolítica. El objetivo final debe ser una Venezuela donde el ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales sea la norma, y no la excepción.
La comunidad internacional debe ejercer su influencia para garantizar que este delicado momento se traduzca en pasos concretos y no violentos hacia la transición democrática. En este sentido, agradecemos el pronunciamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien ha expresado su disposición a contribuir a una desescalada y a una solución pacífica y democrática al actual conflicto.
Exigimos a los actores internacionales que reconozcan y respalden los mecanismos que permitan honrar la voluntad expresada por el pueblo venezolano en las urnas el 28 de julio de 2024.
Reivindicamos un futuro para Venezuela sin exclusiones donde tengan cabida todas las expresiones políticas y se consoliden instituciones independientes, eficaces, al servicio del ciudadano y no de parcialidades. El equipo o las personas que asuman roles clave en un proceso de transición, debe centrarse en desmantelar las estructuras represivas y en consolidar un Estado democrático y social de Derecho que garantice vida digna, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
NdP