El distinguido historiador Elías Pino Iturrieta ha dedicado dos artículos y alguna entrevista a alertar sobre el título del programa de gobierno de María Corina Machado: Venezuela Tierra de Gracia. Su principal preocupación pareciera ser que con esta frase se podría estar reproduciendo el espejismo de que éste es un país bendecido por Dios y la naturaleza, dotado de recursos abundantísimos. Precisamente por esa abundancia, sus habitantes no tendríamos por qué trabajar demasiado, sino simplemente disfrutar de esos cuantiosos bienes, una vez repartidos equitativamente.

Esta idea, que empieza con la visión de exuberantes playas de arenas blancas, la bella mar Caribe azul turquesa y el clima excepcional que encontraron los primeros navegantes europeos que llegaron a Tierra Firme, sería el origen de la idea de que estamos cerca del paraíso terrenal…y de la idea de que, en algún lugar, no muy lejos, se encuentra El Dorado. Y si El Dorado está a la vuelta de la esquina, ¿por qué trabajar? De lo que se trata es de buscar el oro escondido, esperando a ser repartido.

De esa versión colonial extractivista, se pasa a la era petrolera que confirma la noción de un país con recursos ilimitados donde de lo que se trata es de repartirlos, no de trabajarlos. El populismo del siglo XX y el socialismo carnívoro del siglo XXI se encargarán de acentuar la noción de la riqueza inmensa de Venezuela y de que el Estado es el que está llamado a repartirla. ¿Voy bien, Elías?

En resumen, la preocupación de Elías pareciera ser evitarnos caer nuevamente en el mito de El Dorado, en el espejismo de la Venezuela petrolera donde no se requiere trabajar para vivir, sino recibir del Estado lo que sería el derecho de nacimiento de cualquier venezolano: su barrilito de petróleo.

Estimado Elías, estamos de acuerdo. No te preocupes. Te entendemos. El gran drama de Venezuela ha sido la creencia de que la inmensa abundancia del país deber ser repartida. Que el Estado es el llamado a arbitrar esa repartición, y que cuando no llega lo suficiente, o lo esperado, el Estado es el responsable y claramente se lo han robado. Ese fue el gran reproche de la sociedad a los partidos de finales del siglo XX. Esa fue la motivación de muchos para darle paso al chavismo, creyendo en un redentor que terminó siendo más depredador de los recursos públicos y más abusador del mito de la repartición de la riqueza que nadie antes que él. Y así les está yendo. Al destruir la economía privada y la industria petrolera, y bajar las aguas de los precios del barril, se han quedado al desnudo. Tenemos un país destruido por exacerbar la absurda idea de que el Estado puede proveer bienestar, simplemente repartiendo una riqueza que no es tal. Se les acabó la manguangua y se van pronto.

Ahora Elías, permíteme decirte por qué el programa de María Corina se llama Venezuela Tierra de Gracia.

En primer lugar, porque es una frase preciosa, que da cuenta de la belleza inmensa de nuestro país. Este país lo vamos a reconstruir sobre nuevas bases. La más importante de esas bases es la confianza en su bravo pueblo capaz de trabajar duro y parejo, en el que cada uno de nosotros se labre un futuro para sí, para nuestras familias y para hacer de Venezuela nuevamente una gran nación, de la que todos estemos orgullosos. Una nación de gente esforzada, confiada en sí misma, independiente, donde el valor del trabajo honesto sea esencial, en la que el Estado tenga un carácter subsidiario, y no este aparato paquidérmico que se mete hasta en la sopa, literalmente. Estamos a favor de la libertad. Queremos un Estado pequeño, pero eficiente, que garantice igualdad de oportunidades con educación, salud y una economía de mercado ordenada, para que cada venezolano pueda buscar su bienestar con el sudor de su frente, no esperando dádivas, ni Dorados, ni su pedacito de renta petrolera.

Venezuela Tierra de Gracia no es un espejismo, Elías. Venezuela Tierra de Gracia somos cada uno de nosotros.

Por Rafael de la Cruz

Hoy vuelvo sobre el programa de gobierno de María Corina. Esta vez vamos a analizar qué propone hacer con el sensible tema de la seguridad de los ciudadanos, y el más sensible tema de las fuerzas armadas y la defensa de la soberanía del país.

El caos actual

El régimen se ha aliado con mafias narcotraficantes; con las disidencias de las FARC y con la guerrilla del ELN de Colombia; con el grupo terrorista Hezbollah, auspiciado por Irán; con Rusia; y especialmente con el régimen castrista, al cual le ha cedido parte importante del control del Estado y al cual mantiene con regalos diarios de decenas de miles de barriles de petróleo gratuitamente. La consecuencia de estas alianzas ha sido una pérdida de control del territorio y una cesión de la soberanía a grupos y naciones extranjeros.

Adicionalmente, el régimen no lograr controlar los problemas de seguridad ciudadana. Ni siquiera en esto tiene algo de éxito. Más grave aún, la cesión de soberanía y la segmentación del territorio ha dejado grandes áreas de la República a merced de grupos irregulares que explotan a la población y los recursos naturales del país, como ejemplifica el arco minero, lleno de malandros e irregulares, socios del régimen.

En medio de este caos, el régimen a quien le teme es a la población venezolana. La doctrina que ha establecido es la del “enemigo interno”. Una doctrina de seguridad y defensa que transformó la soberanía del Estado en un modelo de protección del poder, donde se ha fortalecido a los órganos de inteligencia y de represión, en detrimento de las unidades profesionales militares y policiales. Esta doctrina destruye el estado de derecho y lo convierte en un instrumento de control y persecución política, reorientando las funcionas de seguridad y defensa hacia una estructura de Estado policial

La pax criminal, resultado de esta situación, es un fenómeno social que surge a partir de la ausencia del Estado sobre el territorio, en el cual organizaciones armadas de delincuencia organizada o con fines subversivos toman control de los espacios para ejercer de facto funciones de seguridad y protección. De esta manera se convierten en los reguladores de la vida y las relaciones entre los ciudadanos. En el caso venezolano, este proceso ha ocurrido como un acto deliberado del régimen en el poder. Lo ha auspiciado, a fin de aprovecharlo como instrumento en las acciones represivas y de control propias de la doctrina del enemigo interno.

Frente a esta situación el programa de gobierno de María Corina prevé dos ejes de acción. El primero se refiere a la seguridad ciudadana y la función policial. El segundo se enfoca en la defensa en la soberanía y en el papel de las fuerzas armadas.

Seguridad ciudadana

Entre las medidas respecto a la seguridad ciudadana: (i) se incrementará las capacidades de las fuerzas de seguridad para responder de manera efectiva a las amenazas contra los ciudadanos y contra el Estado; (ii) se dará prioridad a la prevención del delito, fomentando la participación ciudadana y el trabajo de las policías con las comunidades locales; (iii) se creará un sistema de inteligencia y análisis criminal que permita anticiparse a los delitos y desarticular los grupos criminales; (iv) se hará énfasis en la formación y profesionalización de los policías al servicio de la comunidad; y (v) se establecerá un sistema de carrera con meritocracia y condiciones socioeconómicas que revaloricen al funcionario de seguridad, y le ofrezcan aseguramiento y protección social para él y su familia. Esta nueva estrategia de seguridad ciudadana permitirá restablecer la confianza de la población en los cuerpos policiales e integrarlos en sus comunidades como lo que son: venezolanos cuya misión es proteger a sus vecinos y familias.

Soberanía Nacional

Entre las medidas respecto a las fuerzas armadas: (i) se reemplazará la doctrina del “enemigo interno” por la doctrina de defensa de la soberanía; (ii) el mando militar se concentrará en los cuatro componentes de las fuerzas armadas y se disolverá la milicia; (iii) al igual que con las policías, se implantarán procedimientos meritocráticos para los ascensos militares, de manera de volver a colocar a las fuerzas armadas como una institución profesional fundamental de la Nación; (iv) se hará un esfuerzo espacial en especializar a los militares en plataformas tecnológicas de defensa, ciberseguridad de infraestructuras críticas, modelos avanzados de análisis de riesgos e incremento de las capacidades tácticas; (v) se reestructurará el sistema de protección social de los efectivos de las fuerzas armadas, con el esquema de seguridad social basada en capitalización con apoyo subsidiario del Estado, para asegurar su bienestar y el de sus familias, como reconocimiento de la sociedad venezolana al papel vital que juegan en la defensa de la soberanía.

Las Fuerzas Armadas deben retornar a los principios que rigen la geopolítica del hemisferio, alineando sus intereses con la región y desalojar la presencia de elementos internacionales a los que se les ha permitido operar en el territorio con el propósito de amenazar a la población y a nuestros aliados históricos. Las Fuerzas Armadas deben retomar el control y la independencia de los espacios y ponerlos al servicio del desarrollo de la Nación.

En definitiva, el gobierno de María Corina devolverá a los militares y a los policías el papel que les toca jugar de protección de los ciudadanos y de resguardo de la soberanía, de manera profesional y en el marco de un Estado democrático. Esto les será recompensado con el respeto y reconocimiento que merecen de parte de todos los venezolanos.

Por Rafael de la Cruz

El 28 de julio de 2024 María Corina Machado impulsará a Edmundo González Urrutia a ganar las elecciones presidenciales. Tendremos un presidente decente al frente de un gobierno de transición que tendrá que enfrentar una dura situación social y económica en Venezuela.

Se manejan muchas hipótesis sobre lo que el régimen va a intentar hacer para evitar esta realidad. Hay quienes dicen que van a tratar de postergar las elecciones. Un altercado con Guyana es la pieza favorita de este escenario. La cosa iría más o menos así: se provoca un conflicto limitado o una escaramuza que permita la excusa para declarar un estado de emergencia nacional o algo parecido, y en ese contexto postergar la fecha de las elecciones indefinidamente. Este escenario es de alto riesgo para el mismo régimen. Recuerden las Malvinas. En este caso, hasta Lula se le va a enfrentar a Maduro. La paz regional no es algo con lo que se puede jugar impunemente.

Otro escenario es el del fraude. Pasada la medianoche del 28 de julio, furtivamente, con alevosía y nocturnidad, el Amoroso se descuelga con innumerables millones de votos que saca Maduro, y unos poquitos que favorecen a Edmundo. El régimen ha intentado todo para voltear el resultado electoral antes de las elecciones mismas. A casi 10 millones de venezolanos, la mitad afuera y la mitad en el país, se les ha negado la inscripción en el registro electoral. Se les ha negado el derecho político básico de votar. A María Corina se le ha negado el derecho a ser elegida. Y finalmente, las maquinitas. Las benditas maquinitas que cuentan votos en una caja negra. El régimen lo está pensando, y algunos creen que lo pueden hacer y lograr lo que realmente le interesa a Maduro y a sus panas. Arrebatar la elección pero parecer que gana legítimante. Nadie lo va a creer. Ni el país ni el mundo. No tendrá legitimidad. Punto. El tsunami de votos que le va a caer encima lo va a planchar. Y los vamos a contar. Papelito por papelito. Por ahí no van a llegar muy lejos.

Otras tretas, como eliminar la tarjeta de la unidad que respalda a Edmundo, o inhabilitarlo, o cualquiera otra peripecia sería miope y les va a quedar muy feo. Como he repetido en varias ocasiones en artículos recientes, al régimen le conviene negociar para buscar una salida razonable.

En resumen, el régimen la tiene complicada. Por eso, es útil y prudente hablar de lo que trata realmente este artículo: las tareas de un gobierno de transición.

Una vez que se instale Edmundo en Miraflores, habrá cosas importantes que hacer en ese gobierno de transición. Pero hay tres temas que son especialmente urgentes: la primera, restablecer las libertades democráticas. La segunda empezar la estabilización al país. La tercera llamar a elecciones libres y limpias.

Las libertades democráticas incluyen prominentemente la libertad de pensamiento y de prensa, la libertad de disentir sin ser tratado como enemigo, el respeto a los derechos políticos de todos los venezolanos, y el restablecimiento de la separación e independencia de los poderes del Estado. Esta tarea requerirá la legitimación de los poderes públicos, empezando por la elección de un Congreso donde todas las fuerzas políticas del país, incluyendo los afectos al régimen que quieran seguir haciendo política, tengan el espacio que se ganen limpiamente en elecciones libres.

La estabilización política, social y económica del país será una tarea de primera importancia que deberá empezar, aunque no acabará, el gobierno de transición. Se deberá atender la grave crisis humanitaria con un apoyo temporal a las familias con las mayores carencias; frenar la inflación con medidas tanto fiscales como monetarias sanas, y propiciar la inversión pública y privada para reanimar la economía y crear empleo. Para esto se requerirá apoyo internacional, especialmente de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Igualmente, al gobierno de transición le tocará empezar a poner el territorio bajo el control del Estado, desplazando las mafias de narcotráfico y grupos irregulares de toda ralea. Adicionalmente, será el gobierno de transición al que le toque restablecer las relaciones internacionales con las naciones democráticas del planeta. La estabilización y reconstrucción del país requerirán un esfuerzo sostenido por un largo período, pero en el gobierno transicional no se puede perder tiempo y se debe empezar a trabajar en esta dirección.

Finalmente, una tarea esencial del gobierno de transición será organizar elecciones libres y democráticas, donde todos los venezolanos que quieran votar lo puedan hacer, y todos los candidatos que quieran presentarse a los diversos cargos de elección popular, especialmente a la Presidencia de la República, puedan hacerlo para ejercer un período normal de gobierno.

El pueblo venezolano no se equivoca. Sabemos lo que queremos. Sabemos que este proceso barroco y tergiversado que ha impuesto el régimen para las elecciones del 28 de julio no es ni limpio, ni justo, ni democrático. Pero también sabemos que vamos a ganar esta batalla electoral, sabemos que María Corina puede endosar sus votos a Edmundo, y sabemos lo que viene adelante. Sigamos el camino sin desviarnos de la ruta electoral. Estamos cerca. María Corina terminará siendo la presidente de todos los venezolanos.

Por Rafael de la Cruz

Uno no deja de sorprenderse al leer opiniones que califican como “blasfema” la privatización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Alertan dramáticamente y se rasgan las vestiduras porque esta propuesta de María Corina va a “profanar la soberanía popular”, sin aportar ninguna idea o datos sobre por qué la industria en manos privadas es una cesión de soberanía o una blasfemia.

En lugar de argumentar, se dedican a aportar información y más información sobre la vigencia del petróleo por un largo período de tiempo en nuestro país, encendiendo una polémica que podría ser más rica en discusiones, pero que -viéndolo positivamente- pone el tema en el tapete y enriquece la campaña de las primarias.

Sobre la privatización de Pdvsa, debo decir que el ruido sobre el tema ha ayudado a presentar una perspectiva realista de cómo resolver la declinación de esta empresa, que pasó de producir 3,5 millones de barriles diarios en 1999 a algo entre 600.000 y 700.000 desde el 2020 hasta ahora. La propiedad estatal de la industria no impidió este colapso increíble de producción que empezó en 2014, antes de las sanciones. Ni tampoco la propiedad estatal de Pdvsa impidió la destrución de su capacidad técnica y la inflación de personal que llevó una industria que se manejaba con 40.000 empleados a la Pdvsa de más de 120.000 empleados. Tampoco evitó el saqueo de la industria a manos de mafias del régimen.

¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir la industria petrolera a la inversión privada, como es el caso en muchos países del mundo que no ceden por eso un ápice de soberanía. El subsuelo seguirá siendo del Estado, de acuerdo con una larga tradición constitucional que tiene sus raíces en el régimen de propiedad colonial español. Los ingresos fiscales provenientes de la actividad petrolera seguirán viniendo del impuesto sobre la renta, regalías, y otros tributos. No tendremos dividendos, salvo en los casos en que la República tenga participación en alguna de las empresas productoras o refinadoras.

Esto nos debe llevar a diseñar un sistema impositivo sobre la actividad petrolera que permita mantener ingresos fiscales significativos, al tiempo que ofrezca incentivos suficientes para los aportes de capital internacional y nacional que se requieren para reactivar la industria. Todo esto va a depender también de las reformas legales y constitucionales que abran camino a la privatización.

Por otro lado, seguiremos recordando que resucitar a Pdvsa es financieramente -y tal vez técnicamente- imposible para cualquier gobierno que suceda al actual régimen. La  privatización de la actividad petrolera y gasífera va a aportar el capital necesario para reactivar la producción de manera sostenida y los impuestos a las petroleras privadas ayudarán a financiar el plan masivo de inversión a mediano y largo plazo que estamos proponiendo en el programa de gobierno de María Corina. Esto es un punto esencial de nuestro plan de expansión económica.

En un tono más político, estos agitados defensores de la soberanía nacional deberían explicar más bien cómo en el período chavista, en el cual los ingresos petroleros fueron los mayores de la historia de Venezuela, la soberanía nacional se cedió a Cuba y a la guerrilla de las FARC y el ELN, además de entregar a rusos, chinos, iraníes y grupos terroristas, como Hezbolá, áreas del territorio y de la economía.

En resumen, estás alharacas creo que son positivas porque siguen reaccionando a una propuesta que diferencia la campaña de María Corina de todas las demás y que permite ampliar la discusión sobre cómo tratar este recurso económico de primer orden para la República.

Rafael de la Cruz es miembro del equipo económico de Maria Corina Machado y ex gerente general de países andinos del BID