Morfema Press

Es lo que es

Rafael de la Cruz

Por Rafael de la Cruz

El 28 de julio de 2024 María Corina Machado impulsará a Edmundo González Urrutia a ganar las elecciones presidenciales. Tendremos un presidente decente al frente de un gobierno de transición que tendrá que enfrentar una dura situación social y económica en Venezuela.

Se manejan muchas hipótesis sobre lo que el régimen va a intentar hacer para evitar esta realidad. Hay quienes dicen que van a tratar de postergar las elecciones. Un altercado con Guyana es la pieza favorita de este escenario. La cosa iría más o menos así: se provoca un conflicto limitado o una escaramuza que permita la excusa para declarar un estado de emergencia nacional o algo parecido, y en ese contexto postergar la fecha de las elecciones indefinidamente. Este escenario es de alto riesgo para el mismo régimen. Recuerden las Malvinas. En este caso, hasta Lula se le va a enfrentar a Maduro. La paz regional no es algo con lo que se puede jugar impunemente.

Otro escenario es el del fraude. Pasada la medianoche del 28 de julio, furtivamente, con alevosía y nocturnidad, el Amoroso se descuelga con innumerables millones de votos que saca Maduro, y unos poquitos que favorecen a Edmundo. El régimen ha intentado todo para voltear el resultado electoral antes de las elecciones mismas. A casi 10 millones de venezolanos, la mitad afuera y la mitad en el país, se les ha negado la inscripción en el registro electoral. Se les ha negado el derecho político básico de votar. A María Corina se le ha negado el derecho a ser elegida. Y finalmente, las maquinitas. Las benditas maquinitas que cuentan votos en una caja negra. El régimen lo está pensando, y algunos creen que lo pueden hacer y lograr lo que realmente le interesa a Maduro y a sus panas. Arrebatar la elección pero parecer que gana legítimante. Nadie lo va a creer. Ni el país ni el mundo. No tendrá legitimidad. Punto. El tsunami de votos que le va a caer encima lo va a planchar. Y los vamos a contar. Papelito por papelito. Por ahí no van a llegar muy lejos.

Otras tretas, como eliminar la tarjeta de la unidad que respalda a Edmundo, o inhabilitarlo, o cualquiera otra peripecia sería miope y les va a quedar muy feo. Como he repetido en varias ocasiones en artículos recientes, al régimen le conviene negociar para buscar una salida razonable.

En resumen, el régimen la tiene complicada. Por eso, es útil y prudente hablar de lo que trata realmente este artículo: las tareas de un gobierno de transición.

Una vez que se instale Edmundo en Miraflores, habrá cosas importantes que hacer en ese gobierno de transición. Pero hay tres temas que son especialmente urgentes: la primera, restablecer las libertades democráticas. La segunda empezar la estabilización al país. La tercera llamar a elecciones libres y limpias.

Las libertades democráticas incluyen prominentemente la libertad de pensamiento y de prensa, la libertad de disentir sin ser tratado como enemigo, el respeto a los derechos políticos de todos los venezolanos, y el restablecimiento de la separación e independencia de los poderes del Estado. Esta tarea requerirá la legitimación de los poderes públicos, empezando por la elección de un Congreso donde todas las fuerzas políticas del país, incluyendo los afectos al régimen que quieran seguir haciendo política, tengan el espacio que se ganen limpiamente en elecciones libres.

La estabilización política, social y económica del país será una tarea de primera importancia que deberá empezar, aunque no acabará, el gobierno de transición. Se deberá atender la grave crisis humanitaria con un apoyo temporal a las familias con las mayores carencias; frenar la inflación con medidas tanto fiscales como monetarias sanas, y propiciar la inversión pública y privada para reanimar la economía y crear empleo. Para esto se requerirá apoyo internacional, especialmente de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Igualmente, al gobierno de transición le tocará empezar a poner el territorio bajo el control del Estado, desplazando las mafias de narcotráfico y grupos irregulares de toda ralea. Adicionalmente, será el gobierno de transición al que le toque restablecer las relaciones internacionales con las naciones democráticas del planeta. La estabilización y reconstrucción del país requerirán un esfuerzo sostenido por un largo período, pero en el gobierno transicional no se puede perder tiempo y se debe empezar a trabajar en esta dirección.

Finalmente, una tarea esencial del gobierno de transición será organizar elecciones libres y democráticas, donde todos los venezolanos que quieran votar lo puedan hacer, y todos los candidatos que quieran presentarse a los diversos cargos de elección popular, especialmente a la Presidencia de la República, puedan hacerlo para ejercer un período normal de gobierno.

El pueblo venezolano no se equivoca. Sabemos lo que queremos. Sabemos que este proceso barroco y tergiversado que ha impuesto el régimen para las elecciones del 28 de julio no es ni limpio, ni justo, ni democrático. Pero también sabemos que vamos a ganar esta batalla electoral, sabemos que María Corina puede endosar sus votos a Edmundo, y sabemos lo que viene adelante. Sigamos el camino sin desviarnos de la ruta electoral. Estamos cerca. María Corina terminará siendo la presidente de todos los venezolanos.

Por Rafael de la Cruz

Continúo la presentación y análisis del programa de gobierno de María Corina Machado. Hoy voy a tratar el tema de la seguridad ciudadana para la regeneración democrática.

La seguridad de los ciudadanos es una función esencial del Estado. Garantiza la tranquilidad de las personas y da certeza sobre el futuro. De este modo se pueden desarrollar planes de vida, a las familias les hace sentir que están defendidas contra el hampa, y la economía puede funcionar y generar empleos con mayor certidumbre. En definitiva, la seguridad ciudadana es de la mayor importancia para la convivencia social, y el Estado debe garantizarla sin titubeos a nivel nacional, estadal y municipal.

En Venezuela la seguridad ciudadana se ha deteriorado gravemente a lo largo de estos 25 años de régimen chavista. Progresivamente bandas criminales se fueron aliando con el régimen para brindarle mecanismos de coacción, de tráfico de drogas, lavado de dinero y una economía ilegal. Se fue estableciendo un modelo de Pax Criminal. Esta se caracteriza por la ausencia del Estado en una porción del territorio y el control de este territorio par actores armados no estatales, pero auspiciados y coordinados desde el régimen.

Para restablecer la tranquilidad y el orden que debe ser un derecho ciudadano básico, el programa de María Corina ofrece 3 ejes de acción.

En primer lugar garantizar la estabilidad y la seguridad ciudadana. Se incrementará las capacidades de las fuerzas de seguridad, al tiempo que se implementarán políticas de prevención del delito, fomentando la participación ciudadana y el trabajo conjunto con las comunidades. Se hará especial énfasis en crear un sistema de inteligencia y análisis criminal que permita anticiparse a los delitos y desarticular grupos criminales.

El segundo eje de acción será restablecer la confianza en la institucionalidad de los órganos de seguridad. Se asegurará transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. Se modernizarán y digitalizarán los procesos policiales para optimizar la gestión de la información y coordinación entre entidades. De manera especial se capacitará y profesionalizará a las policías y se mejorarán las competencias operativas, garantizando los recursos suficientes para realizar sus tareas de manera ética y eficiente. Finalmente, se establecerá un sistema meritocrático de carrera y aseguramiento y protección social para el funcionario y su familia. Los cuerpos policiales recuperarán la confianza de los ciudadanos y serán sus aliados.

El tercer eje será asegurar la soberanía nacional bajo el Estado de derecho. Se profesionalizará y aumentará la vigilancia y el control de las fronteras y zonas fronterizas para recuperar el territorio ocupado por la delincuencia y grupos irregulares. Se establecerá igualmente la presencia activa del Estado en áreas tanto urbanas como rurales.

Desde el punto de vista institucional, se crearán dos estructuras para la coordinación y el control de gestión de la seguridad ciudadana: la Oficina Nacional de Seguridad para la coordinación y control de la gestión policial, y el Centro de Inteligencia para la identificación, estrategia y abordaje de amenazas a la democracia. Se eliminará el carácter policial del sistema de inteligencia y se sujetará al control político del congreso.

Adicionalmente, se establecerán alianzas internacionales que fortalecerán los valores democráticos, frente a amenazas globales que están latentes en la región, especialmente respecto al terrorismo y al narcotráfico.

En resumen, el programa de gobierno de María Corina, al incluir el tema de seguridad ciudadana, reconoce que es un problema real y que debe atacarse para mejorar la vida de las personas. Pero también su inclusión es una señal que María Corina envía de que es posible adecentar y profesionalizar los cuerpos policiales para ponerlos de verdad al servicio de los ciudadanos, y ganarse de esta manera el respeto y aprecio de todos en la creación de la sociedad civilizada que proponemos.

Con este artículo termino la serie de análisis del programa de gobierno de María Corina que he venido presentando durante varios meses. En mis próximos artículos tocaré temas económicos, políticos, institucionales e internacionales que marcan la cancha en la cual tendrán que moverse las acciones de reconstrucción del país que propone este programa.

¿Quieres saber más del programa de gobierno?: https://conmariacorina.com/es/programa-de-gobierno.


Rafael de la Cruz es miembro del equipo económico de María Corina Machado y ex gerente general del grupo de países andinos del BID.

Por Rafael de la Cruz

Uno no deja de sorprenderse al leer opiniones que califican como “blasfema” la privatización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Alertan dramáticamente y se rasgan las vestiduras porque esta propuesta de María Corina va a “profanar la soberanía popular”, sin aportar ninguna idea o datos sobre por qué la industria en manos privadas es una cesión de soberanía o una blasfemia.

En lugar de argumentar, se dedican a aportar información y más información sobre la vigencia del petróleo por un largo período de tiempo en nuestro país, encendiendo una polémica que podría ser más rica en discusiones, pero que -viéndolo positivamente- pone el tema en el tapete y enriquece la campaña de las primarias.

Sobre la privatización de Pdvsa, debo decir que el ruido sobre el tema ha ayudado a presentar una perspectiva realista de cómo resolver la declinación de esta empresa, que pasó de producir 3,5 millones de barriles diarios en 1999 a algo entre 600.000 y 700.000 desde el 2020 hasta ahora. La propiedad estatal de la industria no impidió este colapso increíble de producción que empezó en 2014, antes de las sanciones. Ni tampoco la propiedad estatal de Pdvsa impidió la destrución de su capacidad técnica y la inflación de personal que llevó una industria que se manejaba con 40.000 empleados a la Pdvsa de más de 120.000 empleados. Tampoco evitó el saqueo de la industria a manos de mafias del régimen.

¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir la industria petrolera a la inversión privada, como es el caso en muchos países del mundo que no ceden por eso un ápice de soberanía. El subsuelo seguirá siendo del Estado, de acuerdo con una larga tradición constitucional que tiene sus raíces en el régimen de propiedad colonial español. Los ingresos fiscales provenientes de la actividad petrolera seguirán viniendo del impuesto sobre la renta, regalías, y otros tributos. No tendremos dividendos, salvo en los casos en que la República tenga participación en alguna de las empresas productoras o refinadoras.

Esto nos debe llevar a diseñar un sistema impositivo sobre la actividad petrolera que permita mantener ingresos fiscales significativos, al tiempo que ofrezca incentivos suficientes para los aportes de capital internacional y nacional que se requieren para reactivar la industria. Todo esto va a depender también de las reformas legales y constitucionales que abran camino a la privatización.

Por otro lado, seguiremos recordando que resucitar a Pdvsa es financieramente -y tal vez técnicamente- imposible para cualquier gobierno que suceda al actual régimen. La  privatización de la actividad petrolera y gasífera va a aportar el capital necesario para reactivar la producción de manera sostenida y los impuestos a las petroleras privadas ayudarán a financiar el plan masivo de inversión a mediano y largo plazo que estamos proponiendo en el programa de gobierno de María Corina. Esto es un punto esencial de nuestro plan de expansión económica.

En un tono más político, estos agitados defensores de la soberanía nacional deberían explicar más bien cómo en el período chavista, en el cual los ingresos petroleros fueron los mayores de la historia de Venezuela, la soberanía nacional se cedió a Cuba y a la guerrilla de las FARC y el ELN, además de entregar a rusos, chinos, iraníes y grupos terroristas, como Hezbolá, áreas del territorio y de la economía.

En resumen, estás alharacas creo que son positivas porque siguen reaccionando a una propuesta que diferencia la campaña de María Corina de todas las demás y que permite ampliar la discusión sobre cómo tratar este recurso económico de primer orden para la República.


Rafael de la Cruz es miembro del equipo económico de Maria Corina Machado y ex gerente general de países andinos del BID

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