El exparlamentario y defensor de derechos civiles cuestionó el desconocimiento técnico de la Asamblea Nacional sobre la Ley de Amnistía y criticó que se exija a los familiares información que el Estado ya debería poseer.

El abogado y defensor de derechos civiles calificó como un retroceso el proyecto de Ley de Amnistía discutido en la Asamblea Nacional (AN). Alertó específicamente sobre el Artículo 7, el cual pretende obligar a quienes se encuentran en el exterior a presentarse ante los mismos jueces de control que iniciaron su persecución.

A juicio del jurista, esto representa una violación flagrante al debido proceso establecido en el Art. 49 de la CRBV. «Es un proyecto al margen de los estándares internacionales, impregnado de resentimiento y alejado de la naturaleza etimológica de lo que debe ser una amnistía», señaló.

Indiferencia ante la crisis humanitaria

La denuncia también se centró en la «falta de sensibilidad» de la Junta Directiva de la AN frente a la situación de las madres que mantienen una huelga de hambre indefinida. Estas mujeres exigen el cumplimiento de la promesa de liberación de todos los presos políticos de Zona 7.

«No se puede ser tan inhumano y mezquino ante el dolor de estas familias, sabiendo que fue el propio Estado, a través de sus fuerzas represivas, el responsable de graves violaciones a los DDHH y crímenes de lesa humanidad», afirmó el abogado.

Exigencia de rectificación

Finalmente, el exparlamentario instó al Legislativo a cesar el maltrato al sistema jurídico venezolano y a la Constitución. Exigió la eliminación inmediata del Artículo 7, calificándolo como un «traje a la medida» diseñado para favorecer a los victimarios y perpetuar la injusticia contra los perseguidos políticos.

Los tratos crueles, inhumanos y degradantes, junto a las torturas y crímenes de lesa humanidad, son delitos que no prescriben.

El abogado, exparlamentario y defensor de derechos civiles, Rafael Narváez, se pronunció respecto a la reciente aprobación de una Ley de Amnistía General para los presos políticos. Si bien saludó la medida que beneficia a quienes han sido excarcelados bajo medidas cautelares —y a quienes aún permanecen bajo custodia—, Narváez fue enfático en señalar las graves fallas de un sistema de justicia que, a su juicio, abandonó su independencia.

Narváez denunció que el Poder Judicial se apartó de las facultades establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la cual obliga a administrar justicia de forma imparcial. Según el defensor, el sistema se sometió a una «disciplina partidista» impuesta por el Ejecutivo, permitiendo la violación sistemática de garantías constitucionales y del debido proceso. Esta situación, afirmó, dio «luz verde» a los cuerpos de seguridad para cometer atrocidades contra la ciudadanía.

Responsabilidad Penal y Justicia Internacional

El defensor recordó que los crímenes perpetrados por componentes militares desde el 2014, bajo el marco del denominado «Plan Zamora», no quedan impunes ante la justicia internacional. Subrayó que ni la Ley de Amnistía ni los indultos pueden exonerar la responsabilidad penal en casos de violaciones graves a los derechos humanos.

«Quienes pretenden arroparse con esta ley para evadir su responsabilidad por los crímenes cometidos, están equivocados. El Artículo 29 de la CRBV es claro, y esto no paraliza la investigación en la Corte Penal Internacional (CPI)«, advirtió Narváez.

Finalmente, destacó que la fase ante el tribunal de La Haya está sumamente avanzada tras haberse agotado los recursos de apelación del Estado. Aseguró que los testimonios de quienes recuperaron su libertad servirán como insumos fundamentales para que la CPI proceda con el procesamiento de los casos individuales.

El sistema de justicia sigue usando a cuerpos de seguridad del Estado para ejecutar detenciones arbitrarias porque para ellos todos los ciudadanos en estos momentos lucen sospechosos

La política de persecución sistemática que en las últimas horas vienen ejecutando cuerpos de seguridad del Estado en contra de todo aquel ciudadano que consideren, sin investigación previa, como traidores a la patria por conspiración, condenó Rafael Narváez.

El ex parlamentario abogado y defensor por los derechos civiles destacó el agravante de estas detenciones arbitrarias: El ocultamiento a los familiares del lugar de detención configuran un golpe letal al derecho humano universal más importante, después de la vida, como es el derecho a la libertad. 

Narváez reconoció que la lucha que mantienen los familiares por la libertad de sus hijos detenidos está siendo opacada por la tensión internacional que se vive actualmente. «El Estado aplica una política de traslados clandestinos a presos por razones políticas impregnada de resentimiento, como si los detenidos fuesen responsables de la situación lamentable que se está  viviendo». 

El sistema de justicia, con la  permisividad que le ha otorgado a cuerpos de seguridad del Estado para actúen al margen de la ley con total impunidad, contribuye al aniquilamiento de los derechos humanos. También viola garantías constitucionales establecidos en la Constitución y pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano. Así, genera oscurantismo en nuestro sistema jurídico.

No hay nada que celebrar, el Estado diseñó una política de aniquilando de los derechos civiles y políticos con el agravante del entierro del debido proceso.

El ex parlamentario abogado y defensor por los derechos humanos Rafael Narváez se pronunció al cumplirse un año más de la declaración universal de los derechos humanos de la ONU y al respecto dijo lo siguiente, en Venezuela nada que celebrar por estar en presencia de un Estado convertido en una fábrica de víctimas de violación DDHH y crímenes de lesa humanidad con dos hechos muy claros soportados por pruebas muy contundentes difícil de rebatir.

Al respecto Narváez detalló «Crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el año 2017 ejecutados por el plan Zamora hoy los procesa penalmente la CPI, los hechos ocurridos en las protestas pos electorales del 28 de julio con motivo de las elecciones Presidenciales donde se ejecutaron por parte de los cuerpos de seguridad del Estado detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial que trajo como consecuencia la cifra nunca vista en la región de 2.500 detenidos víctimas de tratos crueles e inhumano y degradantes con torturas incluyendo 69 niños y adolescentes e imputados desde una computadora dirigidas por Jueces Sin Rostros por el delito de terrorismo derogando de hecho el debido proceso en dos derechos sagrados como lo son el derecho a la defensa privada y la presunción de inocencia, 25 fallecidos que aún siguen impunes»

El defensor DDHH y abogado penalista destacó que dentro de los 1.905 detenidos que aún quedan en los centros de reclusión, se encuentran dirigentes políticos, 23 periodistas, adolescentes con discapacidad sin el derecho a la visita de sus familiares.

Para finalizar el ex parlamentario condenó los traslados clandestinos que está ejecutando el sistema de justicia sin el conocimiento de sus familiares que no están en condiciones económicas para viajar e intentar saber del paradero de sus hijos, insistió en una medida presidencial que conduzca a una navidad sin presos políticos e intentar reparar el daño irreparable.

El Sistema de justicia sigue actuando sin piedad y sin clemencia contra niños y adolescentes en juicio por terrorismo, son víctimas de violaciones graves al debido proceso.

El ex parlamentario abogado y defensor por los derechos civiles Rafael Narváez condenó las declaraciones del Canciller Iván Gil dónde afirma que en el país no existen presos políticos por ser irresponsables e impregnadas de burla al dolor de 2.500 personas detenidas de manera arbitrarias.

«Suman 25 fallecidos por exigir que se respete la soberanía popular que se expresó el pasado 28 de julio con motivo de las elecciones Presidenciales»

Pregunta Narváez ¿Sabía usted que cuerpos de seguridad del Estado ejecutaron allanamientos al margen de la ley con violencia y encarcelamientos dónde fueron víctimas de torturas con permanencia de más de una semana sin que sus familiares y abogados de confianza se les informara de su paradero?, ¿sabía usted que todos los detenidos están imputados vía telemática por el delito de terrorismos con la novedad de la figura impuesta por el sistema de justicia de los jueces sin rostros que hicieron desaparecer el derecho a la defensa y la presunción de inocencia como derechos sagrados e intocables del debido proceso establecido en el Art 49 CRBV?

El abogado penalista continúa increpando al funcionario Gil «Canciller, ¿está en conocimiento que actualmente existen 1.956 detenidos incluyendo niños y adolescentes que según testimonios de sus familiares han bajado de peso por la mala alimentación y víctimas de tratos crueles e inhumano y degradantes con torturas? , ¿le han informado que también existen detenidos con ¿discapacidad que en nada le ha conmovido el alma al Estado? , ¿supo usted que existen detenidos sin que sus familiares se les permita visitarlos?. Si usted afirma que no son presos políticos ¿puede decir que son?

Para finalizar el defensor por los derechos civiles exige al Canciller rectificar su postura y pedir disculpas al dolor de las víctimas y familiares e invitó a visitar todos los centros de detención iniciando por Tocorón, Tocuyito dónde hay muchos niños y adolescentes para que conozca la verdad sin olvidar el Helicoide.

No tenga temor yo le acompaño, puntualizó Narváez

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