Por Ricardo Israel
Pocas situaciones describen mejor los sesgos de la Corte Penal Internacional (CPI) que su permanente dilación y negativa a procesar a la dictadura venezolana por sus violaciones a los derechos humanos, a pesar de los muchos años transcurridos, las pruebas aportadas y la imposibilidad que se haga justicia en Venezuela. Pareciera que hubiese un manto de protección sobre las personas de Nicolas Maduro, Diosdado Cabellos y otros personajes, sobre todo, si se ve la rapidez con la que han actuado en otros casos. La situación mencionada ha llevado a experimentados activistas de Derechos Humanos a denunciar la posibilidad de corrupción.
Pero todo eso podría cambiar, ya que Carolina Tohá, ministra del Interior (y presidenciable) de Chile reconfirmó que Chile presentará recurso ante la Corte de La Haya contra el Estado venezolano, fruto de las investigaciones del asesinato del teniente Ronald Ojeda, expreso político de la dictadura a quien Chile le concedió asilo, y ahora probaría la participación del régimen de Nicolás Maduro en ese crimen, y concretamente existiría más de una prueba en el sentido que la orden vino de Diosdado Cabello personalmente.
Existen dos cortes de justicia internacional en esa ciudad: la Corte Internacional de Justicia (CIJ), órgano judicial de la ONU que resuelve disputas y denuncias entre Estados y la Corte Penal Internacional, que enjuicia a personas. Chile no ha anunciado oficialmente a cuál acudiría, pero como durante muchos años los demócratas venezolanos han hecho presentaciones sin éxito ante la CPI, lo de Chile seria un poderoso argumento para reactivar formalmente lo que está dormido.
Hace poco se cumplió el primer aniversario del crimen, el que tuvo lugar el 21 de febrero de 2024. En Chile la persecución criminal es monopolio de una institución que es constitucionalmente independiente, el Ministerio Público y aquí los fiscales han sido consistentes, metódicos, y han seguido una investigación donde han descubierto la operación de muchas personas con grandes recursos a su disposición, investigación que los ha llevado a varios países, y por fin parece estar dando resultados tan serios como para que se haga el anuncio de acudir a la justicia internacional. El secuestro y homicidio de Ojeda tensionó a ambos países.
No solo hubo retiro de embajadores, sino que Caracas puso prácticamente fin a las relaciones diplomáticas, afectando en el camino a cientos de miles de venezolanos que han buscado refugio en Chile, en lo que a trámites se refiere. Ello incluye muchas declaraciones y un empeoramiento, a partir de las consecuencias que falsos policías retiraran desde su departamento en Santiago al exmilitar, ya que cámaras de vigilancia del ascensor muestran que fue sacado a la fuerza y en ropa interior por personas fuertemente armadas, y nueve días después, el 1 de marzo, el cadáver de la víctima fue encontrado enterrado en otra comuna de Santiago.
Los fiscales siempre sospecharon que existía un móvil político, ya que Ojeda estuvo encarcelado en Venezuela con otros 33 militares que militaban en el Movimiento por la Libertad y la Democracia, donde fue sometido a intensas torturas, incluyendo asfixia, golpes y descargas eléctricas. Una vez en Chile participó en protestas y se convirtió en un símbolo internacional de la resistencia, siendo de tal modo vigilado, que debió cambiarse de domicilio.
En Chile, la población venezolana ha adquirido prominencia, siendo hoy la población migrante más numerosa. Es así como según un Informe reciente del Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas, los migrantes representan casi el 10% de la población, siendo venezolana la población que más ha crecido, con el 38% de ese total su aumento ha sido tal, que han pasado de ser 348.506 en 2018 a 728.586 el 2023.
Esos números ayudan a entender porque un gobierno originalmente partidario del chavismo venezolano tiene hoy una situación de confrontación, incluyendo opiniones de alguien que como el presidente Boric fue hasta poco simpatizante, aunque lo sigue siendo de la revolución cubana. El tema también es electoral, toda vez que la Constitución chilena señala en el artículo 14 que “los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley”, agregando el segundo párrafo que después de cinco años de haberse nacionalizado “tendrán opción a cargos públicos de elección popular”.
Según las encuestas, parte principal de ese voto fue a candidatos opositores a Boric, principalmente de derecha, tanto que hoy el gobierno busca reformar la legislación para dificultar el sufragio de los extranjeros, toda vez que ese sufragio ayudó al triunfo de varios candidatos a alcaldes y a gobernadores, en las recientes elecciones locales que tuvieron lugar el 27 de octubre pasado.
Este hecho puede ayudar a entender porque el gobierno está haciendo lo que ha anunciado, a pesar de que enfrenta disidencias internas con el partido Comunista, fuertemente contrario a confrontar a Caracas, toda vez que apoya esa dictadura, donde además hay evidencia que ha recibido aportes económicos en el pasado. Sin embargo, el gobierno se ha visto obligado a actuar de esta manera, toda vez que la prensa acredita que el propio fiscal nacional ha trasparentado que un testigo, con identidad reservada en la causa, señaló que la orden para cometer el crimen y el pago del mismo vino de Diosdado Cabello, no solo el número dos del chavismo, sino también lo habría hecho en su calidad del ministro del interior, lo que vincula al gobierno mismo a este crimen.
Mas aún, la información que posee la máxima autoridad del Ministerio Público debe ser muy sólida, para haber aportado otros detalles en entrevista en Tele 13 radio, donde declaró el 23 de enero que “El fiscal (Héctor) Barros me confirma que efectivamente hay tres personas (…) que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano y a lo menos una de esas personas (…) manifestaría que el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello”.
Lo que está teniendo lugar también muestra cómo se parecen las dictaduras entre sí, ya que a Chile le está pasando lo que la dictadura de Pinochet hizo padecer a otros, desde el momento que este caso recuerda el atentado que sus servicios de seguridad organizaran contra Orlando Letelier, excanciller de Allende en la ciudad de Washington el 21 de septiembre de 1976, que no solo lo asesinó a él sino también a la ciudadana estadounidense Ronni Moffitt, en lo que fue el primer atentado terrorista en la historia de esa capital.
Ese hecho debiera vincularse al atentado que asesinó al excomandante en jefe del ejército chileno general Carlos Prats y su esposa el 30 de septiembre de 1974, en Buenos Aires donde había tomado refugio. Entre otras personas, en el extranjero la dictadura también atentó el 6 de octubre de 1975 contra el exvicepresidente demócrata cristiano Bernardo Leighton quien se encontraba exiliado en Roma, y quien fuera gravemente herido junto a su esposa.
Estos atentados sin duda recibieron aprobación al más alto nivel y seguían un patrón, buscando eliminar a todos aquellos que parecían tener la capacidad de unir a la mayoría de las fuerzas políticas en un proyecto amplio de retorno a la democracia, y razón tenían en su perspectiva, ya que se parece a la coalición con la cual Patricio Aylwin pudo derrotar a Pinochet el año 1988.
La semejanza del caso Letelier con el caso de Ojeda es que obligó a EE. UU. a cambiar de posición, investigar con acuciosidad tal que pudo identificar a los responsables en el aparato de represión del régimen, y el cambio de posición condujo a denunciar a la dictadura chilena y quitarle el apoyo que hasta entonces se le prestó, en aquellos años. Además, nos mostró mostro cuanta semejanza había entre dictaduras en lo que a represión y asesinatos se refiere, por mucho que difieran en sus políticas económicas, privatizar en el caso chileno y estatizar, en el venezolano.
Si el temor de la dictadura chilena era la formación de una alianza amplia para una futura transición a la democracia, la de la dictadura caraqueña era que la disidencia provenía de las filas militares, lo que es otra prueba del completo control y cuasi ocupación de Venezuela por parte de la dictadura madre, la cubana, ya que en La Habana siempre ha habido una preocupación especial por acabar con toda voz diferente entre militares o policías.
Este crimen y la información recogida por la investigación de los fiscales también alteró el diseño político de Boric, quien hasta llegar al gobierno fue un admirador del chavismo, pero Caracas perjudicó gravemente a su gobierno, partiendo por la forma como han alardeado de su participación en el estallido de violencia de octubre 2019, en la exportación de delincuencia como el Tren de Aragua que trajo consigo formas de violencia que eran desconocidas en Chile, y que obligó a Boric a cuestionar en forma creciente a quienes perjudicaron su proyecto político, que finalmente hizo crisis, tanto por su ineficiencia como por la derrota aplastante que sufrió la propuesta maximalista de una nueva constitución radical, cuyo referéndum entregó un rechazo del 62% del electorado.
La muerte, acompañada de tortura, del teniente disidente fue un llamado de atención para Chile, donde al igual que en el estallido de violencia del 2019 encontró al país mal preparado, en ambos casos pagando el precio de no contar con un servicio de inteligencia digno del nombre, herencia de una reacción a lo que ocurrió en dictadura, donde los servicios de seguridad fueron utilizados para perseguir a demócratas. En todo caso, hoy nada justifica que el país no posea algo que es propio de todo Estado moderno, como tampoco y como herencia también de ese periodo, a las FF.AA. la ley les prohíbe hacer inteligencia en Chile y sobre Chile, aunque sea en casos de violencia aguda, incluyendo el desafío de mediana intensidad de una insurgencia mapuche en el sur del país, ya que aunque cumplan funciones de seguridad en esa macrozona bajo la dirección del gobierno, el verdadero problema es que salvo Estados de excepción, solo pueden emplearse ante una situación de guerra, fundamentalmente, países vecinos.
Esa perspectiva también impide conocer del todo, quienes fueron aliados y colaboradores chilenos en la decisión chavista de terminar con la vida del teniente Ojeda, al igual que si hubo colaboración del extranjero en la violencia que Chile vivió en octubre 2019, y que en esa oportunidad pudo haber terminado con la democracia chilena.
La reacción del gobierno, a medida que los fiscales reunían evidencia sobre participación venezolana, representó también una oportunidad para las credenciales políticas del presidente Boric fuera de Chile, sobre todo a nivel de medios de comunicación y gobiernos del primer mundo.
Esos sectores, al igual que el exilio venezolano han ayudado a una imagen antidictatorial del presidente chileno, ya que quizás así se desconocen las circunstancias que condujeron a Boric a criticar a Caracas, por lo que habría que explicar que el chavismo perjudicó su proyecto político, como también que, hasta el día de hoy, no han salido de su boca críticas a la dictadura madre y ocupante de Venezuela, la cubana, además de ser al igual que Petro un furibundo adversario no solo de Israel, pero en el caso de Boric, el primer mandatario claramente antisemita en la historia de Chile.
Al olvidarse lo anterior, predominan solo sus discrepancias públicas con Diosdado y con Maduro, con lo que Boric ha sido muy beneficiado.
Sin embargo, no todo ha terminado, y quizás una arista medular podría estar empezando, ya que a la acción de los fiscales se ha unido una eficiente actividad del equipo legal de la esposa de Ojeda. Es así como en una reciente presentación formal ante el Ministerio Publico, el abogado Juan Carlos Manríquez pidió despejar una serie de asuntos vinculados al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva, formalizado por violación y abuso sexual, y que por ley fue la persona encargada de la temática delincuencial, además de haber buscado acuerdos de cooperación con Caracas en estos temas. Se pretende que se investiguen líneas de acción que podrían abrir luces sobre cómplices chilenos, y hasta involucrar al gobierno en formas no aclaradas hasta el día de hoy. El fundamento es que habrían “circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores a su secuestro y ejecución, que la familia exige que sean aclaradas, y tienen derecho a pedirlo en su condición de víctimas”.
Además de reconocer el buen trabajo de los fiscales, se estima que también se deben profundizar aquellas preguntas que sirvan para aclarar cuestiones pendientes “que son centrales para esclarecer íntegramente lo ocurrido”. Según lo informado por La Tercera y por la familia de Ojeda, el documento ingresado dice: “Para avanzar en la profundización de algunas líneas de investigación…pido ordenar que se dispongan las siguientes diligencias”:
La primera diligencia busca la “identificación exacta de las tres personas que ingresaron al domicilio de Ojeda” a través de dos acciones: a) que se informe en qué estado se encuentra el análisis de la tercera huella hallada en el ascensor, que según la familia pertenecería al oficial del Ejército venezolano Alexander Granko Arteaga, cercano a Diosdado Cabello, y b) se pide obtener antecedentes en poder de otro fiscal sobre gastos reservados que fueron utilizados por Monsalve en el periodo que se desempeñó en el gobierno.
Esto correspondería realmente a una segunda diligencia ya que, según la prensa chilena, de esos dineros Monsalve y el gobierno habrían dicho que una importante cantidad habría sido traspasada a la familia de Ojeda, lo que es negado por la viuda. Como querellante, la familia y su abogado piden al Ministerio Público que se pesquise el viaje que Monsalve hizo a Caracas para suscribir un acuerdo de cooperación, que no sirvió para nada.
El intento de aclarar lo que en verdad hizo o dejó de hacer Boric está presente en la petición que la justicia oficie a diversos ministerios “para que se agreguen a la causa los antecedentes completos que sirvieron para la elaboración de textos firmados en esta colaboración de Chile y Venezuela”, sobre “antecedentes penales y otros datos de venezolanos en Chile que confirmen o descarten que no se entregó ninguno que hubiera servido para detectar al Sr. Ojeda o hubiera vulnerado el secreto legal del refugio” para saber si Chile cumplió aquellas “obligaciones (que son) inherentes al refugio”.
Por último, hay un cuarto ítem, con dos puntos que pudieran conducir a tomarle una nueva declaración a Monsalve. El primero si “supo o fue alertado cuando, como y por quien, que había vigilancia de terceros sobre Ojeda y/o la presencia de agentes estatales extranjeros tras de él” y la segunda, indagar los antecedentes por los cuales el Estado de Chile podría haber detectado “acciones ilícitas de planificación del asesinato en Chile y del ingreso, incluso con nombre fingido de Alexander Granko, Diosdado Cabello o ex oficiales que hubiesen estado en “cursos de formación en las academias militares y/o policiales de Chile” De Granko hay evidencia, no solo que estuvo en Chile, sino también que en enero pasado fue condecorado en Caracas.
Por último, aun mas actividad a nivel internacional debiera tener lugar todavía, ya que los fiscales lograron que una Corte de Apelaciones acogiera en Chile solicitud de detención previa y extradición de imputado por el crimen de Ojeda capturado en EE. UU., y ojalá sea acogida favorablemente y sin demora en Indiana, ya que es quien entregó el vehículo utilizado para el secuestro y el homicidio. A modo de resumen, el fiscal Alex Cortez, ha dicho que “a un año del crimen, ya hay 11 privados de libertad, incluyendo al imputado extraditado en diciembre de Costa Rica y un adolescente ya condenado”, a lo que habría que agregar la abundante cantidad de recursos que se dispuso para entrar y salir de Chile.
Al respecto, una hebra que todavía debe ser investigada, es que los investigadores chilenos creen que actuaron desde la Embajada venezolana en Santiago, concentrándose en la persona del embajador y general ® Arévalo Méndez, militar muy cercano a Hugo Chávez, quien tuvo embajada abierta y tuvo estrecha relación con conocidos políticos del partido comunista chileno.
Lo de Diosdado Cabello no es sorpresa, ya que en febrero de 2024 en la TV venezolana dijo “Cuando el presidente de Chile para la época, Piñera, vino a la frontera para invadir Venezuela estaba autorizando cualquier cosa de nosotros en Chile”, por lo que me permito recalcar lo de “cualquier cosa de nosotros en Chile”, y aunque no hay pruebas siempre se ha sospechado que quemar y destruir estaciones del Metro de Santiago requirió profesionales y no simplemente manifestantes irritados en octubre 2019, y quizás en ello pensaba María Corina Machado, cuando dijo que lo que tuvo lugar fue “cerebro cubano, musculo venezolano”.
Realmente no sé, no tengo evidencias al respecto, pero ojalá la investigación de involucramiento de la dictadura chavista sirva de antecedente para proceder a investigar también lo que ocurrió en octubre del 2019, incluyendo lo que al respecto tengan las instituciones de las fuerzas armadas. Y si tienen poco o nada, que Chile se preocupe. Y en serio.
Por ahora, mis deseos que se concrete lo de La Haya para que, una vez ingresada la denuncia, ayude a que la Corte Penal por fin no tenga más excusas y proceda a procesar a quienes están en el poder en Caracas.
-Máster y PhD en Ciencia Politica (U, de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)