Por Milagros Socorro
Los venezolanos se preguntan para qué sirve el pasaporte español: la abogada y activista lleva siete meses detenida por el régimen de Maduro
Venezuela lleva años haciéndose dos preguntas relacionadas con la abogada Rocío San Miguel (Caracas, 6 de mayo de 1966). ¿Cómo es que no la han hecho presa?, esto nos lo preguntábamos desde 2004, cuando saltó a la opinión pública el rifirrafe con el gobierno de Hugo Chávez; y ¿Cómo es que no la han liberado?, interrogante surgida el mismo 9 de febrero de este año, cuando fue detenida por funcionarios de seguridad en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a tomar un vuelo al extranjero en compañía de su única hija, Miranda Díaz. Al día siguiente, el fiscal del régimen divulgó en las redes sociales que San Miguel había sido detenida por “conspiración para asesinar a Maduro y provocar un golpe de Estado”.
Dado que la letrada San Miguel tiene también la nacionalidad española, cuando el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero varea el árbol para que el régimen de Maduro le suelte presos políticos, la opinión pública venezolana se queda perpleja al comprobar que la lista, siempre exigua, deja por fuera a San Miguel. La percepción generalizada apunta a que, por razones desconocidas, España ha permanecido indiferente ante la suerte de una ciudadana española retenida en una de las mazmorras de la dictadura bolivariana.
Con los brazos cruzados, las autoridades españolas se han ido enterando de la detención arbitraria, -que al principio incluyó a la hija y a otros cuatro familiares que luego fueron excarcelados-, de San Miguel, así como de su expareja de quien estaba separada desde hace años y con quien no tenía ninguna comunicación; de la desaparición por diez días de la activista; de que a San Miguel por meses se le impidió contactar con sus abogados y recibir asistencia consular tras meses en El Helicoide, centro de detención y torturas en Caracas; y de que tanto San Miguel como su ex esposo, un oficial retirado de la Fuerza Aérea Venezolana, fueron acusados de los delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y asociación, entre otros.
En los siete meses que, tanto San Miguel como su ex marido, llevan retenidos en respectivas mazmorras de Maduro, jamás se han presentado pruebas concluyentes que avalen el tal complot, donde también estarían implicados dirigentes opositores y miembros de las Fuerzas Armadas.
—Los venezolanos entendemos que nadie salga en nuestra defensa -dice una colega de San Miguel que rogó mantener su identidad en reserva-. Total, Venezuela es un país secuestrado por una banda criminal; y, como el mundo tiene un doble rasero, muy severo con las democracias y muy complaciente con las dictaduras de izquierda, bueno, aquí estamos, oprimidos y empobrecidos por una tiranía violadora de derechos humanos. ¡Pero que España no haya movido un dedo por Rocío San Miguel, una mujer con una trayectoria brillante, eso no no hay quien lo entienda! Uno llega a preguntarse para qué sirve ese pasaporte o de qué le ha valido a San Miguel.
Una trayectoria impecable
Especialista en asuntos militares y presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel es veedora de los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María, en 1989, con posgrado en Derecho y Política Internacionales, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y un master en Seguridad y Defensa Nacional del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional Gran Mariscal de Ayacucho.
Durante diez años se desempeñó como profesora de los cursos de Estado Mayor y posteriormente enseñó en la Escuela Superior de la Guardia Nacional y en la Escuela Superior de Guerra Aérea, así como en la Escuela Superior de Guerra Naval. En todos esos centros recabó excelentes calificaciones de los oficiales cursantes y creó lazos de amistad con muchas promociones.
Además, a través de sus redes sociales, San Miguel es portavoz de los asuntos de seguridad, con una audiencia de más de un millón de seguidores, y frecuente invitada en programas informativos de distintos países del mundo (ya en febrero la censura la había dejado al margen de los espacios informativos en su país).
En febrero, cuando fue detenida Rocío San Miguel se encontraba al frente de Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, fundada en 2004, entre cuyos sus objetivos se encuentra la determinación de vigilar el cumplimiento de las políticas públicas que conciernen a la seguridad, la defensa y la fuerza armada nacional; «y, en caso necesario, ser voz activa de denuncias y de acciones. Así como promover la adopción de medidas de aplicación nacional para el cumplimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, por parte de los organismos de seguridad del Estado y la FAN», explicó en entrevista con la cronista que firma esta nota.
Si fuera poco estar presa, en terribles condiciones, por acusaciones que no pueden calificarse sino de rocambolescas, una noche la policía política ingresó en el piso de San Miguel para hacer un allanamiento, en el que se incautaron ¡unos mapas del siglo pasado!, con las zonas de seguridad de Venezuela, que San Miguel usaba como material de apoyo en sus clases de Seguridad y Defensa en el Instituto de Altos Estudios Militares. En algún momento de estos eternos siete meses, el fiscal afirmó en público que San Miguel estaba implicada en supuestos eventos incriminatorios a la activista que la perfilaban como “espía”.
San Miguel sigue presa siete meses después
En marzo, al cumplirse un mes de su secuestro, nadie había podido acceder al expediente y corrían los lapsos procesales fundamentales para ejercer la defensa. En el camino, se han pronunciado a su favor la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo, organizaciones de defensa de los derechos humanos de medio mundo… Nada. San Miguel sigue presa; su ex marido sigue en la ergástula del Digesim, donde su padre, ya anciano, es cubierto con una capucha cuando lo va a visitar; y la hija de Rocío (en un matrimonio anterior) sigue en régimen de presentación ante tribunales cada ocho días e imposibilitada de regresar a Madrid, donde tiene su residencia.
Por ahí, a veces, los medios de comunicación reseñan cierta llamada telefónica entre los cancilleres de España y Venezuela, acerca de la detención de San Miguel. Cabe suponer que la charla transcurre en amor y compañía y muy poco más, puesto que Rocío San Miguel sigue cautiva, cada vez más delgada, según se ha sabido, pero con la moral muy alta… No será porque el país de sus padres se haya desmelenado para protegerla.