Por Juan Szabo y Luis A. Pacheco en La Gran Aldea

La mejor descripción de las relaciones entre el régimen venezolano y la Casa Blanca es que es confusa. El régimen, sin embargo, hace alardes públicos de que la visita del enviado especial, Richard Grenell, y contactos menos publicitados, indican que se llegó a una especie de acuerdo: aceptar las condiciones norteamericanas para recibir los deportados venezolanos y la liberación de presos norteamericanos, a cambio de permanencia de las licencias petroleras y quizás la eliminación de las sanciones en general.

No existen pruebas concluyentes de que este acuerdo sea más que una aspiración del régimen. Sin embargo, la ausencia de un desmentido oficial por parte de Estados Unidos, junto con diversas noticias publicadas en los medios de comunicación, ha generado desánimo entre muchos venezolanos. Muchos esperaban que los resultados de las elecciones del 28 de julio del año pasado, recibieran un reconocimiento y apoyo internacional más claro, especialmente por parte de la nueva administración estadounidense.

Particular atención ha recibido un artículo en el Miami Herald, que asocia las conversaciones entre la Casa Blanca y el régimen de Maduro al petrolero Harry Sargeant III, supuestamente amigo personal de Trump y donante importante al partido republicano, y su interés en el petróleo venezolano sin sanciones. Por cierto, aunque es algo especulativo por el momento, se comenta que Sargeant y su empresa serían incorporados en la empresa mixta PetroCedeño, cuyo último socio privado, Jindal de India, abandonó el proyecto.

Tampoco podemos descartar el impacto que pueda tener el cabildeo petrolero liderado por Mike Wirth, presidente de Chevron, quien dice haber presentado a la Casa Blanca los efectos geopolíticos adversos que generaría la salida de su compañía de Venezuela, alegando que le daría carta blanca a China y Rusia de aumentar su influencia en Venezuela. Wirth parece no estar informado de que, mientras tanto, Sinopec, la mayor empresa petrolera nacional de China, firmaba un acuerdo para traspasar sus activos en el golfo de Paria a un fondo de inversiones manejado por Alí Moshiri, expresidente de Chevron en Venezuela.

No hay que olvidar los comentarios del recientemente electo senador, Bernie Moreno, quien en una entrevista en noticias Caracol, a principios de enero, declaró: “Tuvieron una elección, la gente dice que no fue justa, pero al final del día los intereses de EE. UU. son detener el tráfico de drogas, que reciban de vuelta a todos los venezolanos ilegales que están en este país y que hagan negocios con Estados Unidos, que dejen de hacer negocios con Rusia y China”. En el momento, no se le dio mayor importancia al comentario del senador colombo-americano, que era contrario a la posición del entonces secretario de Estado nominado, Marco Rubio, e incoherente con la posición oficial de EE. UU. con respecto a las elecciones y el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo.  

Marco Rubio, en su reciente gira por algunos países de Centroamérica y el Caribe, ha mantenido su crítica sobre el régimen venezolano, pero cuidadoso con calificar el reciente viaje de Grenell a Caracas y los resultados de la negociación, como algo más que una victoria para Trump y una derrota para Maduro. La Casa Blanca deberá pronto definir hacia qué lado de la balanza diplomática se inclinará.

Por otro lado, los comicios convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para abril de este año, donde se eligen los gobernadores, la legislatura nacional y las locales, se han convertido en la pieza más importante de la estrategia del régimen para, una vez más, dividir la oposición que unida ganó las elecciones presidenciales de 2024. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, y el exgobernador Henrique Capriles, que ejemplifican la división en la oposición, ya han llamado a participar en unas elecciones que González Urrutia y María Corina Machado repudian.

Los mecanismos para controlar la tasa de cambio han sido insuficientes. El BCV ha permitido su deslizamiento continuo. Esta semana, la tasa oficial cerró en 60,52 Bs./$, y la paralela en 72,11 Bs./$, una brecha del 19,2 %. Sin un cambio significativo en la situación, esto generaría una inflación de tres dígitos en aumento, a pesar de los esfuerzos de control, y reduciría el tamaño de la economía.

La situación económica actual, muy comprometida por la falta de actividad petrolera, en espera de una definición, podría cambiar de confirmarse el escenario de negociación pragmática entre Maduro y Trump que hemos descrito anteriormente.

Una noticia que ha generado preocupación entre los inmigrantes venezolanos en EE. UU. es la cancelación de la extensión del TPS, que protege a unos 600.000 venezolanos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que “Venezuela ya no cumple las condiciones que llevaron a la designación en 2023”, porque el país ha mejorado notablemente en economía, salud pública y criminalidad tras consultar con varios departamentos, incluido el de Estado.

Aunque no hemos visto un análisis serio sobre este tema, lo que sí pensamos es que el regreso a Venezuela de grandes cantidades de inmigrantes, tendrá un inmediato impacto social, económico y político, estresando una situación que ya es difícil, a pesar de lo que diga la administración Trump.

Esperamos las próximas semanas para determinar si avanzamos hacia la “cancelación de licencias” o se mantiene el “statu quo”, lo cual daría como resultado, condiciones diametralmente opuestas para el financiamiento del régimen.