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Es lo que es

Tareck El Aissami

Vía LaPatilla

El exministro chavista Tareck El Aissami realizó este viernes 8 de mayo su primera declaración en el juicio por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, durante una audiencia celebrada en el Tribunal 3° de Primera Instancia con competencia en casos asociados al terrorismo del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Según detalles difundidos por el abogado penalista Zair Mundaray, El Aissami aseguró ante el tribunal haber sido víctima de torturas durante su reclusión y mencionó directamente al exfiscal general del chavismo, Tarek William Saab.

El exfuncionario también afirmó que actualmente permanece en silla de ruedas debido a una hernia “mal operada”, además de presentar problemas en uno de sus brazos por presuntos maltratos sufridos en el recinto donde se encuentra detenido.

La audiencia estuvo encabezada por la jueza Alejandra V. Romero C., quien convocó una nueva sesión para el próximo lunes 11 de mayo.

El exfiscal aseguró que lo ocurrido durante la jornada no tiene precedentes en la historia judicial venezolana.

“La historia judicial venezolana no había vivido algo como lo ocurrido ayer en el caso PDVSA-CRIPTO”, escribió Mundaray.

Según el abogado, El Aissami denunció que fiscales del caso, junto a un psiquiatra del Ministerio Público, “lo drogaron y desnudaron durante un interrogatorio”.

Mundaray afirmó que el exministro señaló directamente al fiscal Eddy Rodríguez, quien estaba presente en la audiencia y “se limitó a mirar hacia el suelo” sin negar los señalamientos.

Asimismo, sostuvo que El Aissami responsabilizó a Tarek William Saab por lo ocurrido durante esos presuntos interrogatorios.

El juicio por la trama Pdvsa-Cripto inició formalmente en abril de 2026 y mantiene a 64 personas acusadas por presuntos delitos de corrupción y desfalco contra el Estado venezolano. 

Vía LaPatilla

Tres años. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que estalló el escándalo “Pdvsa Cripto” hasta que se inició el juicio contra los presuntos implicados en la trama que desfalcó miles de millones de dólares de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de otras empresas públicas.

De manera sorpresiva, el pasado lunes 20 de abril, en horas de la noche, el exvicepresidente y exministro de Petróleo, Tareck El Aissami; el exministro de Finanzas, Simón Zerpa; el exdiputado Hugbel Roa y los demás implicados en esta red — 64 en total, según se ha informado—fueron llevados ante el Tribunal 3° de Juicio de Caracas, a cargo de la jueza Alejandra Romero Castillo, con competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, para enfrentar los cargos por traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, evasión de procesos, controles o restricciones en licitaciones, concierto para la celebración de contrato, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Hasta ahora, el proceso se ha desarrollado en un marco de opacidad. Ni el Ministerio Público ni el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han aportado información, lo que va en contra del principio de publicidad previsto en el artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Esto, a pesar de que el asunto no afecta el pudor, no abarca a niños o adolescentes ni atenta contra la seguridad del Estado o las buenas costumbres, excepciones que la misma norma prevé para que los juicios se celebren a puertas cerradas.

Sin embargo, han trascendido algunos asuntos que se presentan a continuación:

La cifra oficial

Durante la primera sesión del juicio, el fiscal 50 nacional, Eddy Alberto Rodríguez Bencomo, afirmó que los acusados integraban “una red de corrupción (…), que, valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas, a través de la asignación de cargas de crudo (buques) por parte de Pdvsa a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares, sin ningún tipo de control” ().

Según la Fiscalía, las divisas producidas por las ventas del crudo se desviaron a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles.

En la acusación presentada por el Ministerio Público, que tiene más de 1.700 páginas, figura que las autoridades venezolanas estiman que el daño provocado por la trama al erario es de USD 5.550.544.290,74, mucho menos de los USD 23.000 millones mencionados por algunos funcionarios, como el diputado oficialista Hermann Escarrá.

Estimaciones propias señalan que el daño patrimonial superó los USD 16.900 millones.

Sobre los implicados

Otra duda que queda en el ambiente es cuántas personas en realidad están siendo sometidas a este proceso. Se ha dicho que de las 81 órdenes de aprehensión se han ejecutado 64 hasta 2024.

El pasado 21 de marzo, medios venezolanos reportaron que estaba previsto que comenzara el juicio contra el exgobernador de Trujillo y exgerente general de Cartones de Venezuela, Hugo Cabezas. Este proceso originalmente estaba ligado al expediente de “Pdvsa Cripto”, pero habría sido separado en otra causa, aunque ni el Ministerio Público ni el TSJ han confirmado esto.

Tampoco se conoce la suerte de todas las personas que fueron aprehendidas en las semanas posteriores por presuntas irregularidades cometidas en otros organismos públicos. Un ejemplo es el caso del expresidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornielles. Hay versiones que aseguran que fue excarcelado hace meses.

La jueza Alejandra Romero Castillo habría autorizado que 40 abogados privados representen a los defendidos. No obstante, se desconoce a quiénes representan esos profesionales del derecho y si todos los acusados tienen un abogado de confianza. Fuentes judiciales han confirmado a Transparencia Venezuela la información de que la exdirectora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, representa al exvicepresidente Tareck El Aissami.

El manto de opacidad que rodea a este proceso ha servido para que circulen versiones que aseguran que el estado de salud de El Aissami es delicado. “Causó muchísima impresión de que llegó al tribunal en silla de ruedas. Está muy deteriorado”, aseguró el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.

Esta versión fue respaldada por la solicitud de la abogada Berthé, quien habría solicitado al tribunal que le permita a su defendido proseguir el proceso en libertad debido a su situación de salud. Berthé explicó, según el diario Últimas Noticias, que El Aissami habría sido sometido recientemente a una operación debido al presunto estrangulamiento de una hernia y que la malla para cerrar la herida se rodó, lo cual supuestamente le causa inmovilización en algunos órganos.

Las denuncias

Hasta ahora, la estrategia de la defensa parece estar enfocada en las violaciones al debido proceso ocurridas durante la investigación más que en refutar las acusaciones de los fiscales, según las versiones de prensa.

La abogada Katy Marín, quien representa al coronel Manuel Parra, expresidente de Pdvsa-Marina, por ejemplo, habría planteado ante el tribunal que el juicio debería anularse debido a irregularidades como la negativa a garantizarles a los acusados el derecho a ser asistidos por un profesional del derecho de su confianza, ya que a todos los acusados les habían designado un defensor público al principio del proceso.

El exdiputado Hugbel Roa denunció ser víctima de una “retaliación” orquestada por el exfiscal general de la República, Tarek William Saab. ¿El motivo? “Siendo vicepresidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional recibí denuncias de unos petroleros del estado Anzoátegui contra Douglas Saab (hermano del entonces fiscal general), quien supuestamente los extorsionaba. Nosotros abrimos una investigación”, dijo en el juicio, aseguraron fuentes judiciales a Transparencia Venezuela.

Pero esta no fue la única acusación que el exparlamentario lanzó contra el otrora jefe del Ministerio Público. “Decidió declarar y se refirió en menor medida a los hechos que se le atribuyen. En lo que sí se extendió fue en denunciar las torturas físicas y psicológicas de las que supuestamente fue víctima por conducto de Tarek William Saab, a quien responsabiliza de amenazas, maltratos, montajes, forjamiento de pruebas y abusos de todo tipo”, apuntó el exfiscal Zair Mundaray en su cuenta de la red social X.

Roa incluso acusó al fiscal del caso, Eddy Alberto Rodríguez Bencomo, de participar en esas torturas. “Cuando le correspondió el turno de interrogar al fiscal (Rodríguez Bencomo), optó por no hacer preguntas, lo que sorprendió a los presentes”, agregó.

Vía InSight Crime

Tareck El Aissami fue ministro de Petróleo y vicepresidente sectorial de economía de Venezuela hasta el 20 de marzo de 2023, cuando renunció luego de que una operación contra la corrupción detuviera a múltiples altos oficiales de su círculo.

Anteriormente, había ocupado importantes puestos en los gabinetes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, incluyendo la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, pese a sus supuestos nexos con el crimen organizado.

En febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó de narcotráfico y le impuso sanciones. Su visa fue retirada y se confiscaron sus bienes en Estados Unidos, además de prohibir a todas las instituciones estadounidenses mantener relaciones financieras o comerciales con él.

También se le acusa de ayudar a miembros del grupo terrorista libanés Hezbolá a entrar en Venezuela, según investigaciones del servicio de inteligencia venezolano reveladas por el New York Times.

Historia

Tareck El Aissami estudió Derecho y Criminología en la Universidad de Los Andes (ULA), donde estuvo involucrado en movimientos políticos de izquierda.

Tras graduarse, incursionó en la administración pública como el primer jefe de la Misión Identidad, un programa de la antigua Oficina Nacional de Identificación y Extranjería creado en el 2003 bajo el gobierno de Hugo Chávez, que buscaba entregar documentos de identidad a personas en zonas apartadas.

En 2005, participó en los comicios parlamentarios y obtuvo una curul en el estado Mérida. Dos años más tarde, en enero de 2007, dejó su cargo para ocupar el viceministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana.

El Aissami se convirtió en ministro de Interior y Justicia en septiembre de 2008, donde se mantuvo hasta octubre de 2012. Las modificaciones que se realizaron al sistema penitenciario durante su gestión propiciaron la aparición de una nueva figura de poder en las cárceles venezolanas: el “pran”.

Según información recolectada por el Observatorio Venezolano de Prisiones, Tareck El Aissami flexibilizó las reglas de visita a las cárceles, lo que permitió que se ingresaran más bienes y servicios a estas instituciones y fomentó el establecimiento de economías ilegales dentro de las prisiones.

Los pranes, presos con mayor poder y hombres subordinados, comenzaron a cobrar un impuesto por todo lo que ingresaba a la cárcel. Los negocios de comida, barberías, locales comerciales también comenzaron a pagar un impuesto al pran, que sumó cada vez más poder, hasta que trascendió a las paredes de la cárcel. Tanto hijos y esposas, como trabajadoras sexuales, drogas y alcohol, comenzaron a ingresar con mayor libertad a los recintos, y las bandas criminales establecidas en la cárcel replicaron su organización fuera de los penales.

Como ministro, El Aissami también creó en 2009 la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que restó poder a los organismos de seguridad de alcaldías y gobernaciones, especialmente de oposición. Desde entonces, la criminalidad incrementó en Caracas y en otras ciudades.

El 16 de diciembre de 2012, El Aissami dejó el ministerio para tomar la silla de gobernador del estado Aragua. Durante su administración, la violencia en el estado se agudizó, convirtiéndolo en uno de los más inseguros del país.

Evidencias de sus vínculos con el crimen organizado comenzaron a conocerse en 2010, cuando el narcotraficante venezolano Walid Makled afirmó que un hermano de El Aissami facilitaba sus negocios ilegales, y que el entonces ministro no solo estaba enterado de esta situación, sino también cumplía peticiones de Makled.

A pesar de los señalamientos en su contra, su ascenso en el gobierno continuó. El 4 enero de 2017, Nicolás Maduro lo ascendió a vicepresidente ejecutivo y le delegó 14 de sus funciones, entre ellas el control de presupuestos y la creación de entidades gubernamentales.

El 13 de febrero de ese mismo año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a El Aissami de narcotráfico, y lo sancionó con la anulación de su visa, la confiscación de sus propiedades en Estados Unidos, y la prohibición para realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses. Como respuesta, Maduro lo defendió y lo mantuvo en su cargo hasta junio de 2018, cuando lo nombró ministro del recién creado Ministerio de Industrias y Producción Nacional y le entregó la vicepresidencia sectorial de economía.

Dos años después, en marzo de 2019, el gobierno estadounidense volvió a señalar a El Aissami y a su testaferro Samark López, esta vez por evadir las sanciones impuestas en 2017, al trasladarse desde Rusia a Venezuela usando aviones privados provistos por empresas establecidas en Estados Unidos.

En abril de 2020, Tareck El Aissami dejó su puesto en el ministerio de Industrias para asumir el de Petróleo, cargo en el que estuvo hasta el 10 de marzo de 2023. 

Su salida del poder ocurrió en medio de una gran operación anticorrupción por parte de la facción de Maduro contra altos funcionarios que, según la prensa venezolana, eran cercanos a El Aissami. Así, su renuncia facilitaría las investigaciones, indicó Maduro. Hasta finales de 2023 no se han formulado cargos en su contra. 

Actividades criminales

Los vínculos criminales de Tareck El Aissami datan de años, y su supuesta relación con el crimen organizado y el incremento de la violencia manchan también sus decisiones en cargos políticos.

El Aissami ha sido señalado múltiples veces como una de las figuras principales del Cartel de los Soles, una red células narcotraficantes arraigada en las fuerzas de seguridad venezolanas.

El comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) afirma que el exvicepresidente “facilitó, coordinó y protegió” al narcotráfico en Venezuela. Específicamente, dice la OFAC, brindó protección a los narcotraficantes Daniel “El Loco” Barrera Barrera y Hermágoras González Polanco, alias “Gordito González”. Además, asegura que hizo negocios directamente con Walid Makled y coordinó envíos de drogas para el grupo criminal mexicano Los Zetas. Según la OFAC, El Aissami supervisó o transportó parcialmente más de 1 tonelada de narcóticos hacia México y Estados Unidos.

No obstante, el político no ha sido investigado solo por el gobierno estadounidense. El New York Times aseguró en mayo de 2019 que la propia agencia de inteligencia venezolana había indagado en los negocios ilegales del ministro, corroborando sus nexos con Hezbolá, Makled y el narcotráfico. Diversos reportes e investigaciones también han vinculado a El Aissami con Hezbolá, entre ellos la revista brasilera Veja, el New York Times y el ex jefe de inteligencia militar, Hugo Carvajal. Sin embargo, la evidencia disponible no permite afirmar dicha relación con certeza. El Aissami también fue acusado de colaborar con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque se desconoce si en la actualidad mantiene vínculos con sus sucesores, las ex-FARC mafia.

Sumado a esto, su periodo como gobernador de Aragua coincidió con el fortalecimiento del Tren de Aragua, algo que, según fuentes consultadas por InSight Crime, no fue coincidencia. Como gobernador presuntamente obstruyó esfuerzos de la policía local para desmantelar el grupo. El Aissami permitió el cierre de la estación policial del barrio San Vicente, lo que facilitó la toma de la zona por parte de la megabanda y la instalación de un centro de operaciones en el barrio. Un reporte de Transparencia Venezuela alega que El Aissami también estuvo involucrado en el traslado de prisioneros desde la cárcel de Tocorón al estado Sucre en 2018 para que el Tren disputara el control de la ruta de droga con las bandas locales.

Tareck El Aissami utilizó su puesto como ministro de Industrias para beneficiar a sus aliados. La operación Manos de Metal, que supervisó personalmente, sirvió para atacar ciertos grupos dedicados a la minería ilegal del estado Bolívar que no estaban alineados con los intereses del gobierno, y dejar impunes a los grupos que consideraban favorables.

Geografía

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el funcionario facilitó el envío de narcóticos desde Venezuela hasta México y Estados Unidos, con el control de aviones que partieron de una base aérea venezolana, y el control de rutas de drogas a través de los puertos en su país de origen.

Aliados y enemigos

En su paso por el gobierno, así como en sus actividades criminales, Tareck El Aissami presuntamente ha forjado relaciones con distintos grupos criminales, a quienes habría ayudado a facilitar sus operaciones. De acuerdo con el gobierno estadounidense, entre los narcotraficantes que El Aissami ha protegido está Hermágoras González Polanco, líder del Cartel de la Guajira.

Perspectivas

El Aissami se consagró en uno de los puestos más altos dentro del gobierno venezolano y parece que tejió una red de vínculos en el inframundo criminal que no muchos en posiciones similares han logrado. Sin embargo, su repentina salida del poder y de la vida pública, en lo que analistas consideraron una purga de su facción ante posibles problemas internos con Maduro, le restaron gran parte del poder que mantenía.

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