tren de aragua

Vía Semana

SEMANA reveló en exclusiva una carta enviada al Gobierno colombiano por Larry Changa, fundador de la organización criminal, solicitando su inclusión en el programa de paz total.

El Tren de Aragua, considerada por Estados Unidos como una de las organizaciones criminales más violentas y de mayor expansión global, ha solicitado formalmente al Gobierno del presidente Gustavo Petro su incorporación a la política de “paz total”.
La petición fue formulada a través de una carta firmada por Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, uno de los fundadores y principales cabecillas del grupo, actualmente recluido en la cárcel La Picota a la espera de su extradición a Chile.

El documento, dirigido al presidente Petro, al ministro de Justicia Eduardo Montealegre y al alto comisionado para la Paz Otty Patiño, plantea como asunto: “Propuesta de colaboración en iniciativas de prevención, reinserción y desarticulación de dinámicas criminales transnacionales”.
En la misiva, Changa afirma que actúa como “vocero autorizado” del Tren de Aragua y manifiesta “la voluntad de la organización de colaborar con el Estado colombiano en iniciativas sociales, preventivas y de reinserción”.

Según fuentes judiciales, la solicitud podría interpretarse como una maniobra para frenar su extradición, aunque el propio Changa asegura que su intención no es obtener impunidad, sino contribuir con “verdad, no repetición y programas de prevención comunitaria”.

El documento llega en un momento en que la política de paz total de Petro enfrenta fuertes cuestionamientos por la liberación de delincuentes y los escasos resultados en materia de desarme. Aun así, la ley de orden público vigente desde 1997 faculta al Ejecutivo para abrir negociaciones o procesos de sometimiento con estructuras armadas y criminales.

En su carta, Larry Changa retoma palabras pronunciadas por Petro ante la ONU, cuando el mandatario afirmó que el Tren de Aragua “no es una organización terrorista”, sino “delincuentes comunes agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela”.
Esa afirmación contrasta con la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en el mismo foro calificó al Tren de Aragua como una organización terrorista aliada al Cartel de los Soles, red de narcotráfico dirigida, según Washington, por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

El abogado penalista Gustavo Moreno, defensor de Changa, sostiene que la carta no busca evadir la justicia:

“No debe entenderse como una exigencia de impunidad, sino como una manifestación de voluntad de diálogo y reintegración. Colombia no puede perder la oportunidad de transformar la violencia organizada en aprendizaje institucional”, declaró Moreno a SEMANA.

El senador Ariel Ávila, experto en procesos de sometimiento, señaló que, si bien el Gobierno puede abrir una mesa con el Tren de Aragua, no existe actualmente un marco jurídico claro para conceder beneficios colectivos. “Hoy no hay marco para el sometimiento, pero sí intención. Podría usarse un modelo semicolectivo, como el aplicado al Erpac”, explicó.

El caso de Larry Changa ha despertado alarma en los cuerpos de inteligencia de la región. Considerado uno de los tres fundadores del Tren de Aragua junto a Niño Guerrero y Johan Petrica, controla finanzas criminales y redes transnacionales que operan en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Europa. Su captura fue descrita por la Policía Nacional como “el golpe más importante” contra esa estructura.

El desenlace de esta solicitud dependerá del presidente Gustavo Petro, cuya firma puede definir tanto la extradición de Larry Changa como la posibilidad de abrir una polémica mesa de diálogo con una organización señalada por Washington de ser un brazo operativo del crimen venezolano en el continente.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió concepto favorable para extraditar a Chile al venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez, alias ‘Larry Changa’, uno de los principales cabecillas y cofundadores de la banda criminal Tren de Aragua, informó este jueves el alto tribunal.

‘Larry Changa’ es solicitado por la justicia chilena por delitos como terrorismo, financiación al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada y secuestro, detalló en su decisión la Sala Penal de la Corte Suprema.

El venezolano está preso en la cárcel La Picota de Bogotá desde hace un año, luego de que fuera capturado en el departamento colombiano del Quindío (oeste) en un operativo entre la Policía de Colombia, Chile y Venezuela.

«Buscado por Venezuela y Chile con orden de captura en 196 países por la Interpol. Así cayó Larry Changa, uno de los tres fundadores del Tren de Aragua en Colombia, capturado por la Policía Nacional», dijo en esa ocasión el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de X.

El Ministerio de Defensa de Colombia explicó que el detenido llegó a Colombia con documentos falsos y «se encargaba de la estrategia criminal para la expansión territorial del Tren de Aragua en territorio colombiano».

El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Policía colombiana ofrecen un total de 12 millones de dólares por la captura de tres líderes de la organización criminal.

Esos cabecillas son Giovanny San Vicente; Yohan José Romero, alias ‘Johan Petrica’; y Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, por quienes se ofrecen recompensas de tres, cuatro y cinco millones de dólares, respectivamente.

A los tres se les acusa de delitos de conspiración para cometer crímenes, tráfico de narcóticos y de personas, y lavado de dinero.

EFE

Según la policía, los detenidos «estaban próximos a cometer diversos crímenes» y «se incautaron armas de fuego».

La Policía Nacional de Perú (PNP) detuvo este domingo (20.04.2025) a 39 personas presuntamente vinculadas con la organización de crimen trasnacional Tren de Aragua que se encontraban en un bar clandestino en Lima.

«Agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional de Perú intervinieron un búnker y detuvieron a 39 personas, quienes se presume estaban próximos a cometer diversos crímenes. Se incautaron armas de fuego», señaló el Ministerio del Interior en la red social X.

La PNP agregó que se intervinieron a 120 venezolanos, «a quienes se les vienen identificando plenamente» y se detuvo en flagrancia delictiva a alias «Robert» por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública.

«Este es el resultado del trabajo tenaz que venimos realizando para combatir el sicariato y la extorsión», declaró el coronel Javier Suárez, jefe de la Brigada Especial de la PNP, a la agencia estatal Andina.

El operativo se realizó en un bar clandestino conocido como Osiris, ubicado en el cruce de las avenidas Canta Callao y Dominicos, en el distrito de San Martín de Porres, ubicado noroeste de la capital.

Suárez detalló que entre los intervenidos se encuentran 18 hombres (16 peruanos y 2 venezolanos) y 21 mujeres (8 peruanas y 13 venezolanas), además de una menor de edad que inicialmente dijo tener 19 años, pero luego confesó tener 15.

DW

Vía Insight Crime

A principios de abril, agentes de la policía de Oruro, al este de Bolivia, recibieron un aviso de que un grupo de hombres recogería armas y municiones en una vivienda de la ciudad.

Detuvieron a cuatro venezolanos, uno de ellos menor de edad, armados con pistolas y granadas. El grupo amenazó a los agentes, advirtiéndoles que eran miembros del Tren de Aragua –un conocido grupo criminal venezolano que se ha extendido por toda Sudamérica. Los hombres fueron finalmente detenidos, y los tres adultos exhibidos ante la prensa.

Fue una señal de alarma para Bolivia –la aparición más mediática de presuntos miembros del grupo venezolano hasta la fecha en el país. La policía busca a otras personas vinculadas a esas detenciones. Además, el fiscal del Estado dijo que no descarta que el Tren de Aragua esté también relacionado con el asesinato de un venezolano cuyo cadáver fue descubierto dentro de una maleta en Oruro el 9 de enero, según el medio boliviano Opinión.

Pero no todos los funcionarios estuvieron de acuerdo. El viceministro de Interior y Policía negó que el Tren de Aragua estuviera operando en Bolivia, en entrevista con la emisora nacional de noticias Unitel, citada por Brújula Digital. Eduardo Del Castillo, el ministro de Gobierno que anunció las detenciones, también pareció retractarse durante una rueda de prensa de la que informó el medio boliviano El Deber la semana siguiente, negándose a comentar la presencia de un «grupo criminal transnacional» en el país.

Las posturas contradictorias de las autoridades bolivianas son reflejo de las posiciones de funcionarios en toda América. Algunos gobiernos, como los de Estados Unidos, Chile y Perú, consideran a la pandilla una grave amenaza para la seguridad. Otros países se muestran más escépticos. En Venezuela, el ministro de Asuntos Exteriores afirmó recientemente que el Tren de Aragua era una creación de los medios de comunicación, antes de rectificarse.

A continuación, InSight Crime analiza por qué los gobiernos de las Américas tienden a discrepar sobre la amenaza que representa el Tren de Aragua.

La «marca criminal» del Tren de Aragua complica su identificación

El Tren de Aragua saltó a la fama como una pandilla cuya dirección operaba desde la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua.

Posteriormente, el grupo se expandió más allá de las fronteras de Venezuela, aprovechando el éxodo de migrantes que huían de las crisis económica y de seguridad del país a partir de mediados de la década de 2010. Las economías criminales del Tren de Aragua incluyen ahora el tráfico de personas, la extorsión y el tráfico de drogas a pequeña escala.

Aunque el grupo tiene una presencia significativa en Chile, Perú y Colombia, muchas de sus células llevan nombres distintos sin referencia a la organización principal. Esto puede ayudar al Tren de Aragua a pasar desapercibido en los países que se están enfrentando a la pandilla.

En Perú y Chile, facciones del grupo operan bajo nombres como los Gallegos, los Hijos de Dios y Dinastía Alayón, lo que dificulta a las fuerzas de seguridad la correcta identificación de qué grupos están relacionados con el Tren de Aragua.

La confusión es evidente. Mientras que el jefe de la división de investigación de homicidios de la policía peruana, Ricardo Sabino Espinoza Cuentas, dijo a InSight Crime que Dinastía Alayón es un grupo criminal venezolano independiente, otras fuentes de la policía y de la fiscalía insistieron en que forma parte del Tren de Aragua.

La reputación del Tren de Aragua también desempeña un papel. Las campañas de miedo de la pandilla, caracterizadas por proyecciones deliberadas de violencia –incluida la colocación de cadáveres descuartizados en esquinas y vídeos de asesinatos– han dado al Tren de Aragua una «marca criminal» que los impostores han tratado de aprovechar. Los farsantes que afirman ser miembros del grupo para inspirar miedo y garantizar la obediencia de las víctimas han complicado aún más los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por identificar correctamente las auténticas células de Tren de Aragua en Perú, Chile y Colombia.

Además, las facciones del grupo en todo el continente parecen operar con un alto grado de autonomía, lo que significa que incluso el éxito de los esfuerzos por atajar una célula podrían no repercutir o conducir necesariamente al descubrimiento de otra.

Líneas políticas

En Venezuela, la falta de transparencia y cooperación por parte de las autoridades nacionales ha dificultado la identificación de los miembros del grupo por parte de las fuerzas de seguridad extranjeras. La postura oficial del gobierno venezolano sobre la pandilla sigue siendo inconsistente.

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, afirmó en una rueda de prensa, celebrada el 8 de abril, que el Tren de Aragua era una «ficción creada por los medios de comunicación internacionales», lo que provocó la condena de sus homólogos de Chile y Perú.

Gil rectificó su declaración cuatro días después, afirmando que las fuerzas policiales de su país habían «acabado con el Tren de Aragua en Venezuela», y prometió ayudar a Chile en la lucha contra el crimen organizado.

La declaración de Gil parece haber inspirado al ministro de Gobierno boliviano, Del Castillo, a retractarse de su propia postura sobre la presencia del Tren de Aragua en el país. Aludió al hecho de que las autoridades venezolanas insistieron en que habían desmantelado al grupo y dijo que no podía discutir más al respecto.

El gobierno boliviano mantiene una relación mucho más amistosa con su homólogo venezolano que con otros países vecinos de la región. Según Iván Paredes, periodista especializado en criminalidad transnacional, que lleva cubriendo el Tren de Aragua en Bolivia desde 2022, la postura del gobierno boliviano hacia la banda parece estar más motivada políticamente que basada en pruebas.

«Es la línea política que siguen los gobiernos de Bolivia y Venezuela», dijo a InSight Crime. «Pero tuve contacto con algunos policías hace un año y medio, cuando investigábamos a este grupo. Me dijeron que esta mafia sí existe».

Señaló que su presencia era más notoria cerca de Pisiga, ciudad situada en la frontera entre Chile y Bolivia.

La afirmación de Paredes coincide con los informes sobre la presencia del Tren de Aragua en el sur de Bolivia desde al menos junio de 2022, donde presuntamente opera una ruta de tráfico de migrantes y narcotráfico entre Perú y Chile.

Sobreestimando la fuerza del Tren de Aragua

Las relaciones internacionales y la política local también pueden haber influido en la respuesta de Estados Unidos al Tren de Aragua. En medio de una ola de represión política por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro y el inicio de la campaña presidencial estadounidense, las tensiones entre ambos países permanecen altas.

Algunos legisladores estadounidenses han pedido que se designe al Tren de Aragua como grupo criminal transnacional, a pesar de las escasas pruebas de su presencia significativa en Estados Unidos y de la baja probabilidad de que se expanda de forma significativa a ese país. Esta postura permite a algunos legisladores justificar un enfoque de mano dura contra la criminalidad escondida en la represión de la migración, ya que el número de venezolanos que entran en Estados Unidos se ha disparado en los últimos años.

Sin embargo, al exagerar la presencia de la pandilla se corre el riesgo de que las fuerzas del orden de toda la región etiqueten erróneamente a criminales venezolanos como miembros del Tren de Aragua, lo que podría obstaculizar cualquier investigación sobre el grupo.

Presentar al grupo como una amenaza transnacional mayor también podría inspirar a imitadores a aprovecharse de una marca criminal que ha ganado fuerza gracias a la atención de los medios de comunicación nacionales.

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