Maduro espera que el TSJ confirme lo dicho por el CNE y convenza al mundo de que ganó el 28 de julio. Veamos qué tan independiente es el Tribunal Supremo de Justicia
En un intento por acallar cualquier oposición a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y calmar a aliados internacionales como Brasil y México, Nicolás Maduro solicitó a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que revise y certifique los resultados oficiales que lo declararon ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El gobierno está tratando de vender al TSJ como la institución independiente ideal para dirimir la controversia. Sin embargo, durante décadas, el poder judicial de Venezuela se ha convertido en una rama del ejecutivo y del partido gobernante PSUV.
1999-2004: Toma de posesión del máximo tribunal
El chavismo comenzó a apoderarse del sistema judicial desde que llegó al poder. En agosto de 1999, la recién creada Asamblea Constituyente creó la Comisión de Emergencia Judicial para investigar el desempeño de los jueces de la Corte Suprema, del Consejo de la Judicatura y de unos 1.200 jueces nacionales. Cecilia Sosa, la entonces presidenta de la Corte Suprema, consideró que la Comisión era inconstitucional: la Asamblea Constituyente, dijo, sólo había sido elegida para redactar una nueva Constitución. Pero, cuando los jueces votaron para decidir si el decreto de emergencia de la Comisión era constitucional, no pudo conseguir una mayoría. Sosa renunció poco después y declaró que la Corte se autodisolvió. “La Corte Suprema de Justicia se ha suicidado para evitar que la asesinen”, dijo.
De hecho, siguiendo las reglas establecidas para el “régimen transitorio”, la nueva legislatura –ahora llamada Asamblea Nacional– procedió a nombrar a las autoridades del poder judicial sin seguir las formalidades exigidas por la nueva Constitución. En noviembre, la Asamblea Nacional (AN) aprobó una ley especial para designar a los magistrados titulares del nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que le permite elegir a los nuevos jueces con solo una mayoría absoluta. Más importante aún, mientras que la Constitución exigía una Comisión de Postulaciones integrada por miembros de diferentes sectores de la sociedad civil para elegir a los nuevos jueces, la Asamblea utilizó su ley especial para crear una integrada por solo 15 legisladores. El resultado fue una corte suprema –y otras instituciones– repleta en su mayoría de simpatizantes del chavismo.
2004: control total
Pero el control total no se logró hasta 2004. Tras los acontecimientos de abril de 2002, que vieron a Hugo Chávez brevemente derrocado del poder, el presidente venezolano intentó castigar judicialmente a todos los oficiales militares y civiles que supuestamente participaron en el golpe en su contra. Sin embargo, los cuatro oficiales de alto rango que pretendía ver encarcelados para siempre fueron despedidos por el TSJ, cuyos jueces votaron 11 a 9 para desestimar los procesos en su contra . De hecho, después de que su mano derecha Luis Miquelena se volviera contra Chávez después de la masacre del 11 de abril, muchos de los jueces, que eran leales a Miquelena, rompieron filas.
A ojos de Chávez, esto significaba una guerra. En mayo de 2004, la AN, controlada por los chavistas, forzó la destitución y el nombramiento de jueces mediante una ley . En diciembre, la AN amplió ilegalmente el TSJ de 20 a 32 jueces, designando a 17 nuevos jueces para funciones activas y nombrando suplentes para los 32 jueces. El control total estaba ahora en vigor.
2005-2017: proteger al gobierno en lugar de a la sociedad
Desde entonces, el chavismo ha utilizado el TSJ —el tribunal supremo de Venezuela— para beneficiar al partido gobernante y reprimir la disidencia.
Un amplio estudio realizado por los académicos Antonio Canova, Luis Herrera, Rosa Rodríguez y Giuseppe Graterol en 2014 mostró el sesgo del TSJ hacia el chavismo. De 2005 a 2013, su Sala Constitucional (encargada de hacer cumplir la Constitución y, en consecuencia, limitar la extralimitación del gobierno) decidió 20.798 casos. De ellos, solo el 9% estaban relacionados con el control de los poderes públicos. De ese 9%, solo el 7% de las demandas fueron consideradas “con mérito” o “algo de mérito” a favor del demandante. Sin embargo, ni una sola de las 20.798 decisiones limitó efectivamente los poderes del gobierno. Ni una sola vez se encontró que Chávez violara la Constitución de manera alguna, ni un solo acto gubernamental fue anulado o demorado, ni uno solo de los controvertidos Decretos-Ley (legislación dictada directamente por el Presidente) fue anulado.
“La Corte Suprema de Justicia se ha suicidado para no ser asesinada”.Cecilia Sosa Gómez
Entre 2005 y 2013, la Sala Electoral (en la que ahora se apoya Maduro para certificar su triunfo) decidió 1.863 casos. De las 301 decisiones definitivas, solo 50 estaban relacionadas con asuntos electorales. De esos 50 casos electorales, solo uno terminó en contra del gobierno, y ni siquiera afectó al PSUV sino a Podemos –entonces un partido aliado– por una controversia sobre la elección de un diputado al Consejo Legislativo del estado Yaracuy.
2017: patrocinando la dictadura
En este contexto, lo único que necesitaba la oposición para corregir el sesgo extremo del tribunal era conseguir una mayoría en la AN. Lo hicieron en diciembre de 2015. Sin embargo, poco después, el TSJ admitió una demanda relacionada con “ irregularidades ” en la elección de tres legisladores de la oposición en el estado de Amazonas, lo que efectivamente desbarató la supermayoría de la oposición. Cuando la oposición ignoró la orden de excluir a esos tres diputados y comenzó un nuevo período parlamentario con su supermayoría en enero de 2016, el TSJ declaró a la AN en “desacato” y la despojó de sus poderes.
Hasta enero de 2021, el TSJ había dictado 145 sentencias contra la Asamblea Nacional elegida por la mayoría de los venezolanos. De hecho, en abril de 2017, el TSJ despojó inconstitucionalmente a la Asamblea de sus competencias y se arrogó las suyas. La oposición condenó la medida y la calificó de “golpe de Estado” y el TSJ dio marcha atrás y anuló la sentencia. Sin embargo, la decisión dio paso a las protestas de 2017, que fueron ferozmente reprimidas por el gobierno.
Luego, en julio, el gobierno creó su propia legislatura paralela, la Asamblea Nacional Constituyente, utilizándola para aprobar leyes sin oposición.
Ocho años después, la Cámara Electoral aún no se pronuncia sobre la disputa en Amazonas. Mientras tanto, el TSJ fue clave para que el régimen cruzara el umbral de la dictadura.
2024: Un militante del PSUV como árbitro
El hecho de que nunca se haya decidido el caso no debería sorprender a nadie, teniendo en cuenta que ya no importa para los objetivos políticos del PSUV, que el TSJ sólo contribuye a promover.
De hecho, en 2022, el TSJ redujo su número de magistrados de 32 a 20 como parte de una “reforma”, pero 12 de los 20 magistrados ya habían sido elegidos como jueces en el pasado y entre ellos se encontraban Tania D’Amelio, exrectora del CNE, y Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ hasta 2017. Su expresidente Maikel Moreno permaneció en una de las salas.
Pero si el sesgo del Tribunal a favor del PSUV no era ya evidente por sus jueces y sus acciones, el gobierno venezolano nombró recientemente a Caryslia Beatriz Rodríguez como presidenta del Tribunal y de la Cámara Electoral. Rodríguez es una simpatizante del gobierno muy franca que se postuló y ocupó cargos públicos bajo la fórmula del PSUV en Caracas. Chavista acérrima, Rodríguez ha declarado en repetidas ocasiones su lealtad a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Esta es la persona que dirige la “investigación” sobre los resultados electorales.
Muy independiente en verdad.