Por Juanita León en La Silla Vacía

Después de que el Centro Carter oficializó lo que todo el mundo sabía –que el régimen de Maduro se robó las elecciones en Venezuela– el llamado desde el vecino país es para que los países de la región aboguen por el fin de la represión del gobierno chavista contra los venezolanos que se oponen a la dictadura.  

La Silla Vacía recogió los testimonios de tres defensores de derechos humanos que cuentan sus testimonios de primera mano.

“Uno aprende a vivir con esos pedacitos que faltan”

Lexys Rendón, codirectora del Laboratorio de Paz, activista

He trabajado en la defensa de los derechos humanos desde hace 20 años, siempre en Venezuela.  Estoy en el Laboratorio de Paz desde hace 10 años, antes pertenecía a organizaciones de derechos humanos. 

Tengo casi a toda mi familia viviendo por fuera. Decidí no tener hijos, pero mis hermanos, mis tías, mi abuela, mi papá, mis sobrinos y mi pareja tuvieron que emigrar. Solo me quedan dos familiares que no quiero mencionar por no ponerlos en riesgo. 

La apuesta de mi familia me ha parecido una opción lógica, hay que tener la humildad para decir ‘mereces estar fuera, vivir tranquila’, mi amor me hace entenderlo.  Pero yo tengo mi vida aquí, mi esperanza está aquí, mi compromiso está aquí. Mi esperanza nunca ha sido irme a otro sitio sino recibirlos aquí en su casa, donde tienen sus raíces. Mi familia todo el tiempo quiere estar aquí y eso es lo que le pasa a la mayoría de las familias. 

Uno nunca está del todo completo. Uno aprende a vivir con esos pedacitos que faltan, a llenar esos vacíos con el recuerdo, con las llamadas de teléfono. Te empiezas a sentir más comprometida con la posibilidad de que esta crisis tenga una solución y empiezas a tener emociones que nunca habías imaginado: la añoranza del que no tienes a la mano.  Pero uno se va acostumbrando, no se si por autoengaño o por sobrevivencia, hay cosas que uno cree que puede rescatar. 

Sería quizás diferente si tuviera otra profesión, si fuera arquitecta, por ejemplo, tendría otros referentes para hacer mi vida afuera. Pero para una persona involucrada en derechos humanos no hay otro sitio que no sea aquí. 

Ahora como defensora de derechos humanos estamos tratando de monitorear lo que está pasando en el país y sistematizar lo mejor posible las detenciones arbitrarias, los casos de personas asesinadas, las acciones de los colectivos armados. También le estamos haciendo seguimiento al discurso de criminalización que está usando Nicolás Maduro para justificar esta ola represiva y estamos acompañando a las familias. 

Ayer, según las ong de derechos humanos, había 1.230 personas detenidas arbitrariamente en centros de reclusión. El fiscal general habla de 1.062, cifras que nos preocupan porque puede ser que estemos en presencia de personas que no se sabe en donde están. Pero

más nos preocupan las declaraciones de Nicolás Maduro de que hay 2.400 personas detenidas, 1.300 más de las que afirma el fiscal general pues se puede estar tomando como una orden de detenciones masivas. 

Estamos teniendo denuncias de personas que son paradas y les revisan el teléfono y si tienen fotos de alguna manifestación de la oposición o los resultados electorales o memes que circulan por redes están siendo víctimas de detención. 

Tenemos un caso emblemático de un joven sordo que ni se había enterado que había una protesta, pero se había reunido con unos amigos cerca y lo detuvieron. La familia ha presentado los exámenes médicos demostrando su incapacidad, e igual lo mandaron a reclusión. Hay 105 adolescentes imputados por cargos de terrorismo. Hay 16 discapacitados. Hay 160 mujeres detenidas. 

La mayoría son presentados en audiencias masivas, telemáticas, en un juzgado de terrorismo que solo existe en Caracas, con unos jueces y fiscales que acusan y no tienen cómo revisar las condiciones fisicas y emocionales de las personas. Los procesan a todos y no de manera individualizada para ver quiénes estaban en las manifestaciones. Y las manifestaciones están siendo criminalizadas, limitando su derecho a la manifestación pacífica, su derecho a pedir que haya transparencia.

Todos queremos ser parte de la reconstrucción democrática de Venezuela, sin revancha, con respeto.  Mi  apuesta está aquí. Eso no quiere decir que si las circunstancias me obligan a salir lo haga, pero aquí hay gente que ha sufrido más que yo lo que hace que yo me quede.

“Ha habido un refinamiento en la represión”

Rafael Uzcátegui, ex director de Provea

Yo arranqué en Provea, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas de Venezuela, como periodista, y comencé a escalar hasta que en 2015 me hice coordinador general en un momento particularmente difícil. Tenía la ilusión de que iba a ser testigo de la transición a la democracia. 

Durante mi tiempo como coordinador general de Provea, desde 2016 hasta finales del año pasado, nuestra organización sufrió 198 ataques de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. Dijeron que éramos parte de la ultraderecha, de una conspiración internacional, de un complot imperialista; sacaban nuestras fotografías en los medios de comunicación: ‘Estos son los conspiradores que viven como ricos a costa del sufrimiento de la gente’, decían. Mostraban fotos nuestras en el aeropuerto y decían: ‘están llegando a Venezuela con una maleta repleta de dinero’. Hay campañas de criminalización permanente en contra nuestra. También nos hicieron un juicio de difamación.

En 2016, calificamos a Nicolás Maduro como un presidente no democrático y en las protestas de 2017, Provea tuvo una actuación muy visible; no solamente acompañamos casos sino que íbamos a las movilizaciones y hacíamos reportes. Lo mismo en el inicio de la investigación de la Corte Penal Internacional. En ese momento, yo sabía que el gobierno tenía varias facturas por cobrar sobre mi persona. 

Yo termino mis funciones en Provea en diciembre del año pasado porque se cumplían los tres períodos consecutivos, y el 27 de febrero, me informan que mi pasaporte había sido anulado. Ahora hay una anulación masiva de pasaportes, pero en ese momento era muy selectivo contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos. Usualmente, la anulación de pasaportes era el inicio de otras retaliaciones. 

Un equipo de análisis de riesgo de defensores me asesoró que lo más prudente era salir de Venezuela porque era posible que me detuvieran. Pensábamos que era parte de lo que iba a negociar Maduro en una mesa de diálogo: tengo tantos presos políticos y qué me das.  Yo no quería ser una moneda de cambio.

Tomé la decisión de salir el 11 de abril. Ya inicié mi solicitud de refugio en México y ahora tengo más libertad para hablar. He tenido mucha suerte porque puedo seguir trabajando. Pero he conocido muchos migrantes venezolanos que tienen historias terribles.

El lunes siguiente a las elecciones hemos tenido el episodio de protesta más importante desde hace muchos años, 217 protestas en todo el país. En 2017, tuvimos 87.  Esta vez, además, fueron protagonizadas por los sectores populares. La indignación de la gente fue contra los símbolos del poder, los avisos de Maduro fueron vandalizadas, se derribaron seis estatuas de Hugo Chávez. Mi interpretación es que es la evidencia de la ruptura no solo política sino emocional de los sectores populares con el chavismo. Es la rebelión del pueblo que ha roto con su pasado inmediato.

Sospechamos que la reacción de Maduro iba a ser feroz y así fue. Pero el régimen sabe que no puede mantener una represión sostenida porque no tiene los recursos para hacerlo.  Trataron de contener la represión durante tres días, martes, miércoles y jueves, pero ahora están manteniendo una campaña de terror masivo por los medios. Quieren que la gente deje de hablar lo que pasó, deje de compartir por redes privadas cualquier mensaje alusivo al fraude. Ha habido un refinamiento en la represión. 

Hay muchos patrones nuevos en la represión por su masividad. A todas las personas detenidas les piden dinero para liberarlos, mil dólares para arriba, hay una extorsión masiva. Tenemos dos casos de gente que pagó y no fueron liberados.  Si saben que eres de clase media, la tarifa aumenta.

El gobierno se preparó durante muchos años para evitar un ‘Caracazo’ de los sectores populares. Maduro sabía que venía una crisis económica, y en Venezuela ocurrió algo que no había hecho Hugo Chávez, que fueron esas intervenciones militares en sectores populares. Se llamaron ‘operativos de liberación del pueblo’ inaugurados por Maduro. Creó un discurso para justificar que los barrios habían sido colonizado por grupos paramilitares colombianos. Militares y policías entraban a un barrio y detenían a los adultos mayores, y allanaban viviendas sin orden judicial. Se robaban los alimentos. Era un botín de guerra. 

Después nos dimos cuenta de que era un mecanismo para neutralizar a los sectores populares, y destruir el tejido social para que no protestaran. Se preparó para esta emergencia de los sectores populares para la protesta. Eso se va a mantener. Me preocupa mucho esta delación instigada por el gobierno, que se vayan a dar situaciones de venganza entre vecinos cuando se vaya la policía. 

Tenemos la fe –religiosa–, el deseo de que la gestión de Brasil y Colombia surta efecto para resolver la crisis. El Centro Carter ya dijo que el ganador de las elecciones fue Edmundo González, es decir, hay suficiente certeza del resultado. Si el gobierno decide seguir imponiéndose militarmente, vamos  a tener una situación de mucha conflictividad. 

Soy sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, hermana de la Universidad Nacional de Colombia. Tuve una formación política de ultraizquierda. Desde que entré a Provea intenté alertar sobre los riesgos autoritarios de Nicolas Maduro y de Hugo Chávez y fui víctima de la estigmatización en mi contra. Cuando planificaba una reunión de una hora con colegas de otros países, la primera media hora era para convencerlos de que no era de la ultraderecha y luego darles la información que yo llevaba. Tuvimos casos de colegas que me decían que tenía una agenda oculta. Fue muy duro, sentimentalmente fue muy duro sentir esa soledad. 

Fue a partir de 2017, con los caminantes que hubo oídos abiertos. Escribí un libro ‘La rebeldía más allá de la izquierda’ para entender por qué nuestros pares nos habían dado la espalda. Creo que todavía sigue ese prejuicio ideológico. 

“Estoy un tiempo lúcida y otro tiempo llorando”

Mamá de detenido

Soy mamá de un muchacho joven que estaba caminando cerca a la concentración de María Corina cuando la guardia lo rodeó a él y a sus amigos y los montaron en una moto.  Una persona vio cuando los montaron y me avisó. 

Eso mismo le ocurrió a casi todos los jóvenes detenidos el martes en Caracas en la concentración convocada por Maria Corina.  Cuando se estaban yendo a sus casas, llegó la Guardia Nacional y detuvo a todos los que caminaban. 

También hubo personas que fueron sacadas de sus casas, bien sea porque estuvieron manifestando y fueron grabados o porque hubo delación. Los fueron a buscar. En el aeropuerto, en la Guaira, en Maiquetía, el que tuviera fotos de la oposición se lo llevaban.  Son detenciones masivas, con condena anticipada y una agresividad altísima. A varios no solo se los llevaron detenidos sino que también los hirieron. 

Mi hijo no contestaba el teléfono y la última vez que lo vieron fue cuando la Guardia se lo llevó.

Tuve que ir a buscarlo a lugares de la guardia. En la tarde lo ubiqué saliendo en un bus de la Policía y fue llevado a la Zona 7, en Boleíta, de la Policía Nacional Bolivariana. 

Estuve cuatro días en la calle, a la intemperie con otros familiares de detenidos esperando a que saliera en cualquier momento un funcionario para preguntar cómo estaban. En Boleíta te permiten llevarles comida, algo de ropa y ponerles una nota.  

Durante los cuatro días y hasta el día de hoy no he tenido contacto del exterior con él. El tribunal se instala de manera telemática y no hay forma de individualización de casos sino que les imputan a todos los mismos delitos: obstrucción de vía pública, terrorismo, incitación al odio. Son penas de 15 a 20 años.

El miércoles salió un grupo de 75 detenidos y llegó a la Cárcel de Yare en Miranda, de detención temporal.  Maduro usó un video para mostrar a qué los estaba sometiendo. Estaban vestidos con un uniforme azul (el naranja es para los condenados), los raparon y los tratan de adoctrinar bajo una posición militar. Los obligan en el video a gritar consignas a favor de la revolución bolivariana. Maduro los califica en televisión de enemigos, está adelantando un juicio contra ellos y condenandolos antes del juicio.

El último traslado, donde estaba mi hijo, eran unos 140. Están en Yare y tienen 15 días de aislamiento, lo llaman de ‘adaptación’. Luego sí pueden recibir visitas. Después, vienen 45 días de investigación y audiencias preliminares que se pueden postergar si es que llegan a juicio.  Estos muchachos van a permanecer más tiempo porque esto está asociado al conflicto político. 

Es un dolor profundo. La mayoría de los que están detenidos no son militantes de ningún partido, no tienen relación con la razón última por la que los están deteniendo. Siento una absoluta devastación porque no sabes lo que va a pasar. Es una sensación de impotencia. 

Una represión tan dura como la que uno ve en este momento es inédita. Estoy un tiempo lúcida y otro tiempo llorando. Hay mamás con menores detenidos, personas mayores discapacitadas.  Son miles de madres las que estamos viviendo esto.

Se ha pedido mucho por las actas de votación. Creo que es hora de pedir constancia de las vidas de los detenidos y que puedan tener un abogado y darles la libertad.