Por Omar Lugo en The Objective

Solamente China llegó a prestar 62.000 millones de dólares por todos esos años a cambio de ventas futuras de petróleo

Justo por estos días, dos problemas extremos de Venezuela se cruzan: recrudecen los apagones en todo el país y el Gobierno anuncia que emprende «un proceso integral» para reestructurar una enorme deuda externa que podría estar entre 160.000 y 180.000 millones de dólares, sumando los compromisos de la República y los de la menguada petrolera estatal PDVSA. Estos problemas son como dos serpientes que se muerden la cola, y ambas tienen la piel del chavismo, el régimen autoritario e ineficiente que ha gobernado este país con mano dura desde hace 27 años, cuando llegó al poder el militar nacionalista Hugo Chávez, fallecido en la paz del socialismo el 5 de marzo de 2013.

A finales de 2017, su heredero político designado a dedo, Nicolás Maduro, declaró que dejaba de pagar la deuda externa, en lo que supuso uno de los mayores defaults (impagos) de este tipo en este lado del mundo. Como destacan varios renombrados economistas, la deuda externa venezolana había pasado de 28.000 millones de dólares a la llegada de Chávez al poder en 1999, hasta casi 180.000 millones en este turbulento 2026. Ni el mismo Gobierno conoce la cifra exacta, mucho menos los venezolanos comunes.

El chavismo, borracho de populismo, disfrutó y dilapidó la mayor bonanza de la centenaria historia petrolera de Venezuela, que llegó a un billón de dólares (millón de millones) durante esos años. Pero, en un ejercicio de Rey Midas al revés, convirtió esa riqueza en pobreza y miseria, al paso que elevaba el endeudamiento nacional con emisiones de bonos de deuda puestos a circular en los mercados financieros internacionales, con préstamos de organismos multilaterales, empresas y con créditos bilaterales.

Años de censura, opacidad y oscuros acuerdos bilaterales con gobiernos amigos del chavismo, como el de China o la Rusia de Putin, determinaron que la sociedad venezolana y sus instituciones quedaran al margen de este proceso y nadie sepa hoy cuánto se debe, a quién y en qué se gastó exactamente ese dinero, o cuánto se robaron. Solamente China llegó a prestar 62.000 millones de dólares por todos esos años a cambio de ventas futuras de petróleo, en un fondo supuestamente destinado a financiar obras de infraestructura y grandes proyectos productivos. Hoy simplemente no se sabe cuánto se ha pagado de esos préstamos chinos y cuánto se debe todavía. Los proyectos nunca fueron construidos o, si fueron iniciados, fueron abandonados a mitad de camino.

Ya en el lejano año 2012, el Gobierno chino mostraba su preocupación porque sus técnicos percibían que no estaba garantizada en Venezuela la inversión sostenible de los fondos prestados. Chávez, y más tarde Maduro, rodeados de sus acólitos ortodoxos, endeudaban al país sin siquiera cumplir los trámites legales, como autorizaciones de la Asamblea Nacional o supervisión de la Contraloría, mucho menos el conocimiento de la opinión pública.

Según datos de plataformas de información financiera, en la primera semana de enero había en el mercado secundario 73.000 millones de dólares en bonos venezolanos, todos en mora. Solamente en lo que resta de 2026 habrán de vencer 12.000 millones, según el cronograma de esas emisiones de papeles que, antes de la captura de Maduro, eran poco menos que basura en los mercados, pues algunos cotizaban hasta por debajo del 10% de su valor facial.

Tras la espectacular operación militar para capturar a Maduro y dejar a Delcy en su lugar, los papeles vivieron un rally de alzas en su demanda y precios. Más tarde, tras los anuncios de una reestructuración, algunos bonos estuvieron esta semana cercanos a 40 y 55 centavos de dólar. Pero la deuda venezolana incluye también unos 20.000 millones de dólares en sentencias que ha perdido el Gobierno ante el Ciadi, el tribunal internacional de arbitrajes del Banco Mundial.

Hay, además, un monto desconocido de deudas y facturas comerciales de PDVSA y otras empresas públicas con proveedores y prestadores de servicios, incluyendo petroleras como ENI y Repsol, que hoy se están cobrando con cargamentos de petróleo que ellas mismas extraen de campos que operan en el país. Hay deudas con el Club de París, con acreedores nacionales europeos, con empresas privadas, con Irán, Turquía y Rusia. Poner orden en este desastre de cifras habrá de ser el primer desafío para quien se proponga renegociar, reestructurar y refinanciar la enorme deuda externa venezolana, acaso la más grande del mundo en litigio para nación alguna.

Hoy, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, que lleva en su origen la ilegitimidad tras el fraude electoral de julio de 2024 y, en los hechos, la bendición de Donald Trump, acaba de contratar al banco de inversiones Centerview Partners, de EEUU, para iniciar este engorroso proceso de reestructuración de la deuda. También se desconoce cómo fue el mecanismo para escoger a esta empresa, después de que una licencia del Departamento del Tesoro autorizara al tutelado Gobierno de Delcy a contratar servicios profesionales con miras a lidiar con la deuda externa.

Futuros acuerdos con acreedores habrán de comprometer a generaciones de venezolanos. Al haber reconocido al gobierno de Delcy, Trump ha terminado legitimando al propio Gobierno de Maduro, que tanto aborrecía. De este modo, son los mismos chavistas que endeudaron al país impunemente los que ahora ofrecen resolver la enorme losa de esa deuda a través de una reestructuración y reclaman una enorme reducción de las facturas para pensar en pagarlas.

En un ejercicio de tecnócratas que ahora parecen ocupar más espacio en el Gobierno de Delcy, la Vicepresidencia de Economía acaba de emitir un manifiesto en donde afirma que la reestructuración de la deuda se basa en cuatro principios esenciales. El primero es la sostenibilidad, para reflejar las necesidades reales de Venezuela y llevar un alivio significativo de la deuda. Esto significa que esperan lograr una «quita» o descuento; perdón, una reducción importante, pues, de los montos que debe el país.

El segundo principio, llamado de «exhaustividad», afirma que será un proceso unificado que incluirá todas las deudas de la República y de PDVSA. También afirman que actuarán con «buena fe y transparencia» y que Venezuela asume un compromiso abierto, continuo y proactivo con todos los grupos de acreedores y «respaldado por un proceso formal de intercambio de datos». «Venezuela procederá con urgencia para alcanzar una resolución rápida, consensuada e integral, en el mejor interés del pueblo venezolano», remata. Pero, en estas cosas, no hay soluciones rápidas. Solo para hacer un arqueo y contabilizar el monto de esa deuda, se necesitan largos meses. Después, si vamos a hablar de honestidad y ética, habrá que evaluar cuánto de esa deuda es ilegal o no.

También habrá que negociar con los multilaterales e incluir al FMI en cualquier negociación para que la cosa sea seria y creíble y tenga el respaldo del sistema financiero internacional. Después alguien habrá de decidir a quién se le paga primero y cuánto, y de qué forma: si se refinancian saldos, se emiten nuevos bonos, a qué tasa y quién los adquiere. Además, probablemente habrán de salir fondos buitres, acreedores que se niegan a aceptar condiciones y querrán reclamar el pago total de los bonos que hayan comprado a precios de gallina flaca.

Lo más importante de todo es qué Gobierno representa a Venezuela en este proceso… Algunos calculan que, para endosar esa reestructuración y refinanciamiento, primero será necesario elegir un Gobierno por voto directo, popular y legítimo, y no que el proceso esté a cargo de un Gobierno interino designado por Washington.

Mientras eso se soluciona, las personas comunes en Venezuela siguen sufriendo apagones en medio de un deterioro general de los servicios públicos. Para resolver la crisis energética, la económica y la social, harán falta miles de millones de dólares. Dinero que no tiene el Gobierno chavista y que difícilmente llegará al país en los montos necesarios, a menos que se comience a pagar lo que se debe.

Por Víctor Salmerón en El Observador

Al cierre de 2023 la deuda total de Venezuela era de 161 mil millones de dólares. El atraso en el pago mantiene al país sin acceso al crédito internacional y lo expone a un aislamiento comercial y financiero.

Tras la virulenta crisis que redujo el tamaño de la economía a la cuarta parte, Venezuela tocó fondo y comenzó una recuperación en cámara lenta que para ganar vitalidad necesita financiamiento. Pero hay un problema: la gigantesca deuda, que no paga desde 2017 y que no ha podido reestructurar, le impide el acceso al crédito internacional.

El informe «Saldar la deuda, salvar Venezuela», elaborado por un grupo de profesionales venezolanos de distintas disciplinas, explica que al tomar en cuenta fuentes oficiales, reportes de organismos multilaterales, demandas por incumplimiento y centros de arbitraje, al cierre de 2023 la deuda total era de 161 mil millones de dólares.

Con esta montaña de dinero, dice el informe, hubiese alcanzado para construir 125 estadios como el Santiago Bernabéu o 30 ampliaciones del Canal de Panamá. El peso de la deuda es tal que equivale a 166% del tamaño de la economía y es diez veces superior al monto de las exportaciones anuales.

Gustavo García, quien se desempeñó como jefe del área fiscal en el Banco Interamericano de Desarrollo y es uno de los autores del trabajo, indicó en un evento del Observatorio Venezolano de Finanzas que “Venezuela no va a recuperarse si no resuelve el tema de la deuda, esto es una condición sine qua non”.

La traba del fraude de Maduro para reestructurar la deuda

Cuando los países no están en capacidad de pagar la deuda inician un proceso de negociación con los acreedores, que tiene como meta una reestructuración de largo alcance que suele incluir una rebaja en el monto adeudado, plazos más largos, nuevo financiamiento, un período de gracia en el que no hay que realizar amortizaciones y tasas de interés más favorables.

Como un paso previo a la reestructuración, los acreedores suelen exigir que el país diseñe un programa de recuperación, estabilización y reformas con apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el resto de los organismos multilaterales.

De cumplir con estos pasos Venezuela obtendría créditos para solventar las fallas de electricidad y combustible que frenan la recuperación de la economía, para aumentar las reservas del Banco Central a fin de estabilizar la moneda y para mejorar áreas en estado crítico como la red de hospitales públicos.

La política juega un rol clave. La Unión Europea, países latinoamericanos y Estados Unidos no reconocen como legitimo el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024, al igual que sucedió con su primera reelección en 2018.

Esto apunta a que el Fondo Monetario Internacional continuará sin reconocer como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro. Además, Estados Unidos aplicó sanciones que prohíben a los inversores estadounidenses comprar deuda venezolana recién emitida, algo que entorpece cualquier intento de reestructuración.

“Venezuela necesita un gobierno con legitimidad y apoyo de los multilaterales, de lo contrario va a tener un crecimiento bajo y se va a quedar como un país pobre. Actualmente el PIB per cápita es similar al de Honduras, que es el cuarto país más pobre de la región” dijo Gustavo García, quien formó parte del grupo de expertos que diseñó el programa de gobierno que habría adoptado la líder de la oposición María Corina Machado.

Riesgo de embargos de activos para Venezuela

La deuda en bonos, emitidos en su gran mayoría por Pdvsa, la empresa petrolera del Estado y el gobierno, suma al cierre del pasado 16 de diciembre 99 mil 594 millones de dólares y la consultora Síntesis Financiera indica que el monto en atraso, por capital e intereses, es de 67 mil millones de dólares.

Grupos de inversionistas que no reciben pago por los bonos venezolanos desde 2017 han acudido a tribunales en Nueva York y estarían en condiciones de intentar embargar activos de la nación.

“El sector público venezolano se expone a un aislamiento comercial y financiero producto de las demandas. Acreedores ya tienen órdenes de embargo y van a actuar sobre activos como el oro que tiene el país en el Banco de Inglaterra, buques de Pdvsa o buques comerciales con petróleo, aviones de Conviasa (la línea aérea del Estado) y cualquier pago que el país coloque en el sistema financiero internacional”, dijo Gustavo García.

Además de la deuda en bonos, el país tiene deuda con empresas que fueron expropiadas sin pago alguno durante el gobierno de Hugo Chávez. Una lista de empresas como la minera canadiense Crystallex y ConocoPhillips obtuvieron decisiones favorables en cortes de arbitraje y han avanzado de manera decidida en el intento de cobrar a través de una subasta de acciones de Citgo ordenada por la Corte de Delaware, en Estados Unidos.

Citgo, la empresa venezolana filial de Pdvsa posee 4 mil 200 bombas de gasolina en Estados Unidos, plantas en Luisiana, Illinois y Texas. Se estima que tiene un valor que ronda los 13 mil millones de dólares.

El juez Leonard Stark, de la Corte de Delaware, decidió que tanto la administración de Maduro en Venezuela, como la del gobierno interino de Juan Guaidó, realizaron un manejo de Pdvsa que borró la línea divisoria entre el gobierno y la empresa; por lo tanto, los acreedores del gobierno pueden cobrar embargando activos de Pdvsa, como Citgo.

El rol clave de China en la reestructuración de la deuda venezolana

Según la Base de Datos de Financiación China-América Latina del Diálogo Interamericano y la Universidad de Boston, Venezuela ha recibido por parte de China 62 mil millones de dólares en financiamiento y la deuda vigente se estima en torno a 15 mil millones de dólares.

El financiamiento se dilapidó. Faraónicos proyectos ferroviarios hoy son ruinas. Venezuela paga la deuda con envíos de petróleo y por ahora no ha habido anuncios de nuevos créditos.

Un detalle a tomar en cuenta es que en la renegociación de la deuda de países como Zambia, inicialmente China buscó una negociación bilateral, no en el marco de un acuerdo conjunto con el resto de los acreedores. La postura de la China de Xi Jinping hacia Venezuela en caso de una reestructuración puede resultar clave.

La aceleración de la deuda pública durante el ciclo chavista

En 1998, el año previo a que el chavismo llegara al poder, la deuda era bastante baja, solo equivalía a 31% del PIB y cada venezolano, si la deuda pudiese distribuirse en partes iguales entre la población, debía 1.211 dólares. Hoy la carga en términos per cápita es de 5.596 dólares.

Paradójicamente durante la gestión de Hugo Chávez y durante los años en que el país recibió una fortuna colosal por los altos precios del petróleo, el gobierno se endeudó a un ritmo frenético y el dinero obtenido no cumplió con el objetivo de mejorar la infraestructura, aumentar la producción de petróleo o diversificar las exportaciones.

El chorro de petrodólares, proveniente de la deuda y la venta de crudo, desapareció en mantener una economía ineficiente, subsidios, la expansión continental del socialismo del siglo XXI y la corrupción rampante.

La deuda de Pdvsa es ilustrativa en cuanto a la inutilidad de la carga. En 1999 la empresa producía tres millones de barriles diarios y tenía una deuda insignificante. Durante la gestión de Hugo Chávez la deuda de la empresa, solo por concepto de bonos, se multiplicó por ocho, pero la producción no aumentó en un solo barril.

“Toda esta descomunal deuda se contrajo antes de 2017, es decir antes de la primera sanción internacional”, resalta el informe Saldar la deuda, salvar Venezuela.