Desde gigantes energéticos hasta aerolíneas y minoristas, más de medio centenar de compañías de EE.UU. han cerrado operaciones en Venezuela por inseguridad jurídica, expropiaciones e hiperinflación.
En un éxodo silencioso pero contundente, decenas de empresas estadounidenses se han retirado de Venezuela desde la llegada del chavismo al poder en 1999. Las causas se acumulan: expropiaciones, impago de deudas, controles de precios y cambios regulatorios arbitrarios; pero también hiperinflación, colapso de la infraestructura, inseguridad física y jurídica, y desde 2017, un complejo régimen de sanciones internacionales.
Dos de los casos más emblemáticos fueron las expropiaciones de ExxonMobil y ConocoPhillips en 2007, que marcaron el inicio de una política sistemática de “soberanía energética” que derivó en una ola de nacionalizaciones forzadas. Pero muchas otras empresas optaron por retirarse o cesar operaciones, al margen de procesos judiciales o negociaciones.
Cronología de salidas
El siguiente es un resumen cronológico de algunas de las principales empresas estadounidenses que cesaron sus operaciones en Venezuela bajo el chavismo:
Sector energético
- 2007: ExxonMobil y ConocoPhillips son expropiadas por el gobierno de Hugo Chávez. Sus activos fueron absorbidos por PDVSA, aunque algunas participaciones se reasignaron a empresas estatales rusas y chinas.
- 2014–2020: Empresas de servicios petroleros como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford suspenden gradualmente operaciones ante la acumulación de deudas impagas y restricciones de repatriación de capitales.
Aerolíneas
- 2014: American Airlines y Delta Air Lines suspenden vuelos indefinidamente tras la congelación de $3.8 mil millones en ingresos bloqueados por el control de cambio.
- 2016–2017: United Airlines y otras aerolíneas del hemisferio norte abandonan completamente el país por razones de viabilidad comercial y seguridad operativa.
Consumo, retail y alimentos
- 2014: Clorox abandona súbitamente sus plantas y oficinas en Venezuela, alegando que la regulación de precios y la inseguridad hacían imposible operar.
- 2015: Procter & Gamble, Colgate-Palmolive y Kimberly-Clark reducen drásticamente producción y cesan actividades comerciales directas.
- 2016–2019: Cadenas como General Mills, Bridgestone, PepsiCo (algunas divisiones) y Ford Motor Company anuncian cierre de operaciones o venta de activos locales.
- 2020: DirecTV Venezuela, propiedad de AT&T, cesa transmisiones por orden de su casa matriz ante la imposibilidad de cumplir simultáneamente regulaciones de EE.UU. y de Conatel.
Finanzas y tecnología
- 2018–2021: Empresas financieras y tecnológicas como Western Union, Visa, Mastercard, PayPal y Citibank restringen o cierran operaciones en el país debido a las sanciones y al deterioro institucional.
Un país sin marcas
Aunque algunas marcas siguen presentes a través de distribuidores independientes o licenciatarios locales, la gran mayoría de las operaciones con inversión directa, empleos y transferencia tecnológica ha desaparecido. En muchos casos, las instalaciones fueron tomadas por el Estado, abandonadas o deterioradas. En otros, la marca fue suplantada por copias sin licencia o productos falsificados.
Chevron: una excepción con paradojas
La única gran empresa energética estadounidense que mantiene presencia operativa en Venezuela es Chevron, que ha operado bajo licencias especiales del Departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2019. Sin embargo, la compañía desconsolidó contablemente sus operaciones venezolanas desde 2020, y en su informe más reciente ante la SEC las calificó como “no significativas” dentro de su portafolio global, al tiempo que dejó de reportar ganancias, empleados o pagos al Estado venezolano.
En este contexto, resulta irónico que Chevron impulse actualmente una campaña en Washington para asegurar su permanencia en Venezuela, invocando la supuesta defensa de intereses estratégicos de EE.UU. mientras el entorno regulatorio que provocó el éxodo de más de medio centenar de empresas estadounidenses permanece inalterado. Más aún, Chevron actúa como un actor singularmente privilegiado en un entorno donde otras compañías —incluso del mismo sector— no gozan de garantías mínimas, ni acceso ni protección jurídica.
Este despliegue de diplomacia corporativa contrasta con la realidad vivida por marcas como Clorox, American Airlines, General Motors, Halliburton o Procter & Gamble, que fueron hostigadas, expropiadas, perseguidas o forzadas a abandonar el país. La política económica venezolana bajo el chavismo no ha cambiado sustancialmente: sigue siendo profundamente hostil a la inversión privada, arbitraria en su aplicación legal, y selectiva en sus alianzas con empresas extranjeras, a menudo en función de su utilidad política o geoestratégica.
El retiro masivo de empresas estadounidenses no ha sido solo consecuencia de las sanciones internacionales, sino sobre todo de dos décadas de políticas que socavaron las condiciones mínimas para la inversión privada, el respeto al derecho de propiedad y la estabilidad jurídica. Venezuela, que alguna vez fue un mercado atractivo para empresas multinacionales, hoy aparece como un territorio de alto riesgo, dominado por controles, opacidad y corrupción.
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