Por Carmen Rengel en Huffingtonpost

Las elecciones «se celebrarán cuando tengan que celebrarse». Con esa críptica frase, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, trata de echar balones fuera ante una de las preguntas que más se le hacen hoy al Gobierno de Venezuela. Va a hacer cinco meses que el presidente Nicolás Maduro fue depuesto por una operación militar de Estados Unidos y que su hasta entonces segunda, Delcy Rodríguez, ocupó su lugar como «encargada». Se enjugó lágrimas que nadie vio, siguió en el poder -con la mayor parte el equipo chavista- y empezó a hacer negocios con Washington y a ceder. 

Su administración interina ha implementado reformas de calado en sectores como el petrolero y minero y ha aprobado una amnistía incompleta, pero aún no ha fijado un calendario para la celebración de nuevos comicios. Las elecciones no lo son todo en democracia, pero sí son imprescindibles. Su gabinete ha dicho que tiene intención de convocarlas en menos de 15 meses, lo que nos pone posiblemente en 2027. Es la misma fecha que ha barajado en público la Casa Blanca. 

Aunque ir a las urnas sea un deseo lógico, tras décadas de oscurantismo y falta de garantías -la oposición insiste, por ejemplo, en que ganó las elecciones en julio de 2024 y el presidente legítimo debería ser Edmundo González Urrutia-, no queda por delante un proceso fácil. Hoy el país caribeño no está inmerso en una transición democrática, como esperaba la disidencia, sino sino que avanza hacia una normalización económica sin condiciones políticas profundas. Rodríguez ha calado muy bien la situación y su supervivencia es el mejor ejemplo. 

Así están las cosas

El analista político venezolano Benigno Alarcón Deza expone a las claras que «el mayor riesgo» para su país «no es la ausencia de una transición política, sino la simulación de la misma». Es, dice, la estrategia de la presidenta que, por ahora, le renta. El exdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas habla en Americas Quarterly (AQ) de un «plan coherente» por parte del oficialismo restante: hacer cambios, sin cambiar lo sustancial. 

Cita alguno de los pasos que ha dado Rodríguez, esos que han ahondado en lo que ella llama «cooperación» con quien se llevó a su predecesor a la fuerza y que le han granjeado los aplausos del presidente de EEUU, Donald Trump, que dice de ella que es «una persona estupenda» con la que se trabaja «muy bien». Por ejemplo, destaca un nuevo acuerdo con la petrolera norteamericana Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, pero acompañado de medidas para «consolidar el poder bajo nuevas condiciones» como el nombramiento de sus aliados Larry Devoe como fiscal general y Eglée González Lobato como defensora del pueblo. No es sólo gobernar, dice. 

El Grupo Insikt, perteneciente a Recorded Future, una división de investigación de amenazas, ha publicado un informe titulado Comprender y anticipar las acciones del Gobierno venezolano, que va exactamente por el mismo camino: ve probable que la presidenta interina esté priorizando la gobernabilidad a corto plazo, la cohesión interna del su propio Partido Socialista Unido y la estabilización económica, por encima de cualquier reforma significativa que pudiera poner en peligro la cohesión de la élite o el control político.

Frente a los pasos que sí se han dado, Rodríguez ha encontrado cierta resistencia por parte de los opositores, pero no ha habido ni levantamientos en el interior ni ferocidad desde el exterior. Lógico, teniendo en cuenta la volatilidad del momento. María Corina Machado, líder de la disidencia venezolana, sigue fuera tras su salida clandestina para recibir el Nobel de la Paz. Sus visitas a diversos países europeos y americanos demuestran que «aún conserva un importante apoyo internacional». También en EEUU, pese al rechazo inicial de Trump a tenerla en cuenta en los nuevos tiempos. 

«El mayor riesgo para Venezuela no es la ausencia de una transición política, sino la simulación de la misma»

Benigno Alarcón Deza, analista venezolano

La recepción que Michael Kozak, subsecretario interino de Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, ofreció el 22 de abril en Washington a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional venezolana, «demuestra que la Administración Trump sigue recibiendo a figuras de la oposición a pesar de su relación positiva con Rodríguez». Figuera fue una figura legislativa clave que ayudó al presidente interino Juan Guaidó a intentar derrocar a Maduro, recuerda el experto. 

«Pero ninguno de estos esfuerzos altera la variable central: si la normalización económica estará ligada a condiciones políticas significativas. Hasta ahora, no lo ha estado», recuerda. Los líderes europeos siguen hablando de una «transición democrática pacífica»- Se ha pedido esta misma semana, de nuevo, en el Europarlamento. Kozak también se refirió a una «transición estable, ordenada y consolidada». Sin embargo, estas fórmulas «no son más que mera retórica diplomática, no criterios vinculantes». «El levantamiento de las sanciones y la apertura económica no se han vinculado claramente a logros electorales verificables, reformas institucionales ni a la liberación de los presos políticos que aún permanecen en el poder», expone Alarcón Deza. Y «esa ambigüedad podría estar jugando a favor de Rodríguez». 

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, habló en su momento de tres fases para «recuperar» Venezuela: «estabilización», «recuperación» y «transición». Con ellas se ha comprometido el nuevo encargado de negocios de EEUU en el país, John Barrett, hoy por hoy máxima representación norteamericana, mientras se reactivan unas plenas relaciones diplomáticas. Sustituye a Laura Dogu, que lideró la reapertura de la sede diplomática estadounidense tras un cierre de siete años. Fue temporal. Ahora llega quien tiene que pilotar todo. «El problema es que la tercera fase sigue sin estar definida», asume el analista caraqueño.

Washington reconoce que los opositores «deben poder regresar a Venezuela», que las elecciones son la culminación de todo y que celebrarlas con seguridad requeriría al menos nueve o diez meses, una vez que se inicie un esfuerzo «coordinado». En el mejor de los casos, esto situaría las elecciones a mediados del año que viene, después de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses de noviembre, en las que se espera que el Partido Republicano pierda la mayoría que tiene hoy en alguna de las dos cámaras, la de Representantes o el Senado. ¿Y si cambian las tornas? ¿Y si Trump pierde su rodillo? ¿Seguirá estando Venezuela entre sus planes? ¿Y con qué calendario? No es la primera vez que el magnate se mete en harina para luego olvidar la materia pero posiblemente no sea este el caso porque, como le gusta decir, «allá tienen mucho petróleo». 

«Esta es la variable que la oposición tiende a subestimar: el tiempo favorece al Gobierno. Cada semana que avanza la normalización económica sin condiciones políticas, Rodríguez se fortalece y la influencia de Washington disminuye», sostiene el profesor. Mientras, la presidenta se pertrecha, colocando aliados donde le conviene. «Si se produce un cambio, instituciones como la fiscalía general y el defensor del pueblo determinarán quién es investigado, qué bienes se recuperan y cómo se exige rendición de cuentas», avisa. O mueve ficha, pero no del todo, como con la Ley de Amnistía, declaró terminada el 23 de abril, a pesar de que la ley no contiene ninguna cláusula de vencimiento. Se han logrado 8.616 liberaciones en este tiempo, pero la ONG Foro Penal afirma que solo 186 eran verdaderos presos políticos. «La represión selectiva sigue estando disponible». 

Busca su propio futuro porque, por mucho que su llegada al poder se vendiera como temporal, ya se ha registrado como candidata presidencial, lo que «formaliza ante Estados Unidos lo que ya se infería: no se trata de una gestión temporal, sino de una plataforma electoral que busca el reconocimiento estadounidense».

Teme Alarcón que esta tendencia acabe en «unas elecciones no competitivas en 2027, con Rodríguez ya normalizado internacionalmente, la fiscalía y el defensor del pueblo alineados con el Gobierno, el calendario electoral impuesto unilateralmente y con la presión internacional agotada por las concesiones económicas anteriores». No se podría hablar, entonces, de transición como tal, aunque nadie sabe si convendría a EEUU y la daría por buena, para desesperación de los críticos. 

«Para evitar este escenario, es necesario vincular las concesiones económicas a objetivos políticos medibles», reclama. Y cita tres medidas urgentes en esa dirección: condicionar el levantamiento de futuras sanciones al nombramiento de una autoridad electoral independiente y a la liberación total de los presos políticos; aprovechar la llegada de Barrett a Caracas para establecer condiciones públicas claras para un mayor diálogo; y cuestionar formalmente el cierre unilateral de la Ley de Amnistía antes de que se pierda esta oportunidad de ejercer presión.

Tela por cortar

Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en Chatham House, ha dedicado un policy paper precisamente a desgranar todo lo que hace falta para celebrar elecciones en Venezuela. Comparte con su colega caribeño el marco, pero va más allá, bajo la premisa de que los comicios «no se producirán de la noche a la mañana», como anhelan los opositores. 

Afirma una verdad evidente, pese al caos reinante, y es que el fin de Maduro abre «la mejor oportunidad en más de una década» para que Venezuela recupere la democracia, los derechos humanos y la estabilidad económica. Sin embargo, el autor advierte que esa ventana histórica puede cerrarse rápidamente si no se adoptan decisiones políticas claras y coordinadas. De nuevo, el enfoque de que lo económico y comercial no basta.  Cualquier expectativa de cambios inmediatos ignora la profundidad del deterioro institucional acumulado tras más de 20 años de autoritarismo.

Sabatini subraya que el impulso inicial generado por la salida de Maduro ya muestra signos de desgaste, debido a que tanto el Gobierno interino local como la Administración Trump han evitado comprometerse con un calendario electoral concreto. La muletilla de Cabello es el mejor ejemplo. Esa ambigüedad amenaza con perpetuar estructuras represivas aún vigentes y con frustrar las expectativas de una población exhausta.

Uno de los ejes del documento es la tensión entre la demanda social de elecciones rápidas y la necesidad de prepararlas adecuadamente. El que fuera director del tanque de pensamiento Global Americans rechaza dos enfoques extremos: posponer indefinidamente los comicios hasta que la economía esté completamente estabilizada o celebrar elecciones precipitadas, sin garantías mínimas. «Si las elecciones se celebran con demasiada rapidez, existe el riesgo de que un ejercicio potencialmente democrático se convierta en algo meramente simbólico», expone. 

«Si las elecciones se celebran con demasiada rapidez, existe el riesgo de que un ejercicio potencialmente democrático se convierta en algo meramente simbólico»

Christopher Sabatini, investigador en Chatham House

Sin reformas institucionales, una elección podría producir un cambio formal de liderazgo, pero dejar intactos los mecanismos de control del poder, generando inestabilidad o el colapso temprano de un eventual gobierno electo.

Los datos de opinión pública refuerzan el sentido de urgencia. Según una encuesta de Gold Glove Consulting (difundida en febrero de este año), el 68 % de los venezolanos quiere elecciones en 2026. Apenas el 14 % prefiere esperar hasta 2030, fecha en que concluiría el mandato formal del chavismo. Una mayoría expresa satisfacción por la salida de Maduro del poder, además. Estos datos revelan una ciudadanía claramente inclinada hacia una transición democrática rápida, pero no necesariamente consciente de los condicionantes técnicos e institucionales que implica organizar elecciones creíbles. 

La legitimidad democrática, expone el documento del think tank londinense, no depende solo del acto electoral, sino de un conjunto de condiciones previas, que van desde la inclusión política plena, sin inhabilitaciones arbitrarias, a la restauración de libertades fundamentales, como las de expresión, reunión y organización. Añade como esencial la claridad institucional sobre las competencias electorales y judiciales, las garantías legales y de seguridad para candidatos, partidos y sociedad civil, y la integridad técnica del sistema electoral.

El texto recuerda que, bajo el chavismo, el Estado venezolano se convirtió en un instrumento partidista, denunciado reiteradamente por Naciones Unidas u organizaciones en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Drante las presidencias de Hugo Chávez y Maduro se produjo «un deterioro constante de la independencia del sector judicial y de seguridad», con el uso sistemático del aparato judicial y coercitivo para reprimir la disidencia. Y esos restos siguen ahí. 

Uno de los obstáculos más graves para una transición electoral es, insiste, el control político del aparato de seguridad y justicia. Dibuja un escenario en el que sigue presente la politización de las Fuerzas Armadas (históricamente muy leales al régimen), la influencia del poderoso Diosdado Cabello y su control de milicias irregulares (los llamados colectivos), y hasta la presencia del ELN colombiano, una guerrilla que ejerce control territorial y actividades ilícitas con tolerancia estatal. Mientras, el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional siguen dominados por el PSUV, como si Maduro siguiera en el Palacio de Miraflores. 

En este contexto, Sabatini advierte que una victoria opositora sin reformas previas podría dejar al nuevo gabinete atrapado por un «Estado profundo» hostil.

¿Qué se puede hacer, entonces, para ir abordando esta necesidad sin prisa pero sin pausa y, sobre todo, con garantías? El analista lo tiene claro: derogar leyes represivas que criminalizan la disidencia y limitan a la sociedad civil; pactar un acuerdo político electoral que incluya reglas, árbitros y garantías; reformar profundamente el Consejo Nacional Electoral (ese que no mostró las actas de las últimas elecciones, favorables a la oposición según sus datos); establecer mecanismos creíbles de resolución de disputas; actualizar el registro electoral, incluyendo a millones de venezolanos en el exterior (cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor, dice el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados); garantizar observación electoral internacional y nacional exhaustiva; publicar los resultados desagregados por mesa para asegurar transparencia y, al fin, revisar el rol de las Fuerzas Armadas.

El desafío consiste en encontrar «el umbral mínimo para un acuerdo político sobre las reformas institucionales y legales necesarias para garantizar elecciones creíbles, seguras y exigibles sin incitar a la inestabilidad». Porque, si se les deja actuar por su cuenta, Delcy y Jorge Rodríguez, su hermano y presidente de la Asamblea, no celebrarán elecciones ni un día antes de lo necesario.

El papel esencial de EEUU…

En todo esto, es clave lo que haga EEUU para evitar todos estos problemas. Aunque Rodríguez trata de desmarcarse de la imagen seguidista, esta vez las apariencias no engañan. De ahí que en estos meses hayan surgido comentarios sobre el colaboracionismo supuesto de la presidenta y de pesos pesados de su entorno a la hora de diseñar el arresto de Maduro y el control del país posterior. 

La Casa Blanca tiene capacidad económica, diplomática y coercitiva para hacer lo que desee, pero también hay que tener cuidado ante una imposición externa sin consensos internos, que podría derivar en caos o violencia, como ya anticipaban ejercicios de simulación del propio Gobierno estadounidense, esos informes de la CIA que se han ido filtrando a la prensa norteamericana. 

Henry Ziemer, investigador para las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), sostiene que «probablemente el factor más decisivo que explica por qué Venezuela parece estar ralentizando las reformas electorales es la falta de presión de EEUU». Con el Gobierno estadounidense dividido entre el conflicto en curso en Oriente Medio, y enredado también por las negociaciones con Cuba, parece que Trump ha priorizado mantener a Caracas relativamente estable, sin desestabilizar demasiado el panorama impulsando cambios políticos agresivos. 

Sin embargo, la falta de progreso externo «no significa necesariamente» que haya abandonado la causa de una transición democrática en Venezuela, afina el analista. «En cambio, podría ser que algunos de los cambios en el gabinete de Delcy Rodríguez, especialmente el reemplazo del Ministro de Defensa Vladimir Padrino López, estén sirviendo para eliminar elementos de las fuerzas militares y de seguridad que se resistirían a una futura transición política», dice con cierto optimismo, aunque reconoce que hay «falta de compromisos públicos para celebrar elecciones», en concreto. Teme que la dependencia de lo que haga Rodríguez sea excesiva y, a la postre, insuficiente, y que eso ralentice los planes de EEUU. 

«Si bien los continuos temores a una acción militar y la gestión estadounidense de las ventas de petróleo venezolano significan que la influencia de Washington sobre Caracas está en su punto álgido hoy, los acontecimientos políticos internos o la escalada de crisis en otras regiones podrían dar al círculo íntimo chavista restante mayor margen de maniobra en uno o dos años», indica Ziemer en un análisis para su laboratorio de ideas, con sede en Washington.

María Puerta Riera, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Colorado (EEUU), es tajante con lo que ve en el Despacho Oval. «Las elecciones no son una prioridad para la Administración Trump», constata. La Casa Blanca ha enfatizado que su enfoque es la estabilización económica y eso explicaría la celeridad en la aprobación de reformas petroleras y mineras para acelerar las negociaciones en curso y lograr rentables inversiones en el país. «Las elecciones no son una prioridad para Trump»

«Más que una reforma electoral, el gobierno interino debería cumplir con la constitución y, después de 90 días de ausencia de Maduro, finalmente convocar elecciones. Esto desencadenaría la tan necesaria reforma del Consejo Nacional Electoral con nuevas autoridades que tendrían que ser elegidas siguiendo la ley bajo un proceso más transparente que el que hemos visto hasta ahora en el gobierno actual», recuerda. Pero «Delcy Rodríguez ha sido muy eficaz», ha seguido las indicaciones de la Administración Trump y lo ha convencido de su valía y sus planes, dice en The Dialogue: Leadership for the Americas (o Diálogo Interamericano), otro tanque de pensamiento de la capital de EEUU. 

Por más que Washington sea indispensable, los autores enfatizan que también América Latina, Europa, Canadá y los organismos multilaterales deben actuar ante esta crisis como garantes y facilitadores, ofreciendo incentivos concretos a Caracas, como el levantamiento gradual de las sanciones internacionales, el acceso a financiamiento internacional y el desbloqueo de activos venezolanos en el exterior. La idea es que todos remen en la dirección de una transición justa, pronta y limpia. 

… y el limbo de Machado

En todo este debate, casi parece estar en un plano secundario la oposición, aquellas formaciones que quieren acabar con el chavismo, que llevan años peleándolo, que hasta se han unido bajo siglas cuyo único programa político era ese. En las elecciones de 2024, Maduro y su maquinaria les tumbaron dos candidatas: María Corina Machado y Corina Yoris-Villasana. Quedó el tercero, González Urrutia, vencedor según los suyos y reconocido como legítimo mandatario por buena parte de los países occidentales. 

Quien lleva la voz cantante es Machado, que trata de mantener el tipo, después de que Trump optase por dar el golpe contra Maduro, el 3 de enero pasado, sin coordinarlo con ella y sin darle espacio para el retorno y la asunción del poder. Todo han sido largas y reuniones de bajo perfil en la Casa Blanca. Machado va por los países recopilando premios y aplausos y planeando un regreso que nadie sabe cuándo llegará. 

Vanessa Neumann, exembajadora venezolana en el Reino Unido por orden de Guaidó, habla de un «momento extraño» para la disidencia. Se reflejó, dice, durante la visita de Machado a Madrid, hace dos semanas. «En el histórico mitin de la Puerta del Sol, su capacidad para movilizar el apoyo popular quedó patente: Machado es adorada por los venezolanos», reconoce. Sin embargo, un desayuno con líderes empresariales «dejó entrever problemas para la transición venezolana». Al preguntarle si los acuerdos alcanzados con Delcy serían respetados por una futura presidenta Machado, la respuesta fue, «en esencia, ‘no'». 

Esto no gusta en Washington, porque Trump considera que esa postura obstaculiza su éxito al impulsar el «desarrollo» de Venezuela y establecer cadenas de suministro seguras y cercanas para la energía (petróleo, gas y uranio) y los minerales críticos que Venezuela posee en abundancia. «Su extracción en beneficio de la economía estadounidense requiere certeza para los inversionistas», asume la ahora CEO de Asymmetrica, una firma de tecnología financiera digital.

«Mientras Machado habla de certeza después de las elecciones, los inversionistas y Trump la exigen desde ahora hasta las elecciones. Esto explica por qué, incluso a pesar de las reformas a las leyes de hidrocarburos y minería, la inversión extranjera no llega tan rápido como desearían ni el pueblo venezolano ni Trump», estima para The Dialogue. 

Esta brecha con la Casa Blanca representa una vulnerabilidad para la líder opositora. «Desafortunadamente, sabemos por experiencia que el apoyo europeo no será suficiente para la democracia venezolana. Para que se celebren nuevas elecciones, necesitamos una comisión electoral completamente nueva, nuevas máquinas de votación, una prensa libre, el fin de la represión y un fuerte impulso de Washington. Nada de esto se está gestando», concluye.

Nicolás Maduro, convocó oficialmente a la población a participar en las elecciones municipales y de concejos legislativos que se celebrarán el próximo domingo 27 de julio. Sin embargo, la oposición mayoritaria ratificó su llamado a la abstención en protesta por el presunto fraude ocurrido en los comicios presidenciales del 28 de julio del año pasado.

Durante un acto transmitido por el canal estatal VTV, Maduro invitó a los ciudadanos a votar libremente en estos comicios, enfatizando la importancia del proceso. “Quiero recordar a toda Venezuela, a todos los vecinos y vecinas, que Venezuela tiene el próximo domingo, 27 de julio, (…) la elección para alcaldías, concejos municipales, que es el poder local. Usted vote libremente, pero vote”, expresó el mandatario.

El líder chavista destacó que estas elecciones incluyen la votación sobre proyectos comunitarios para la juventud, que serán financiados por el Estado, e hizo un llamado a “salir a votar, a apoyar a los jóvenes en la comunidad”.

Por su parte, el partido opositor Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, reiteró su convocatoria a no participar en los comicios, replicando la postura que mantuvo en las elecciones regionales y parlamentarias recientes. “Los dejamos solos el 25 de mayo, este 27 de julio volvemos a dejarlos solos”, afirmaron en un mensaje público.

Mientras tanto, candidatos chavistas realizaron el cierre de sus campañas en varios estados, entre ellos Monagas, Barinas, La Guaira, Bolívar y Zulia, esta última con su capital Maracaibo, uno de los pocos municipios bajo control opositor.

La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), sostiene que el ganador legítimo de las elecciones presidenciales fue Edmundo González Urrutia, quien actualmente reside en España, y denuncian que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo, proclamó como ganador a Nicolás Maduro.

Este lunes, la PUD volvió a insistir en la “necesidad urgente” de alcanzar un acuerdo para “restablecer el orden constitucional, el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad electoral”, postura que mantiene frente a las elecciones municipales en las que no participarán como bloque.

Vía El Debate

El régimen organiza hoy, tras la ola de detenciones, otro simulacro electoral para elegir medio centenar largo de cargos entre diputados, gobernadores y legisladores regionales

Venezuela vuelve a la farsa de unas elecciones. El régimen bolivariano consuma hoy otro fraude electoral con la ayuda de decenas de políticos que buscan un escaño en la Asamblea nacional (el Congreso), un sillón de gobernador o alguna butaca de legislador regional que les permita llenarse los bolsillos y de paso, tener una coartada con la dictadura para no terminar entre rejas como el medio centenar de detenidos en los últimos días.

Juan Pablo Guanipa, ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y número dos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que lidera María Corina Machado, es la última víctima de esa ola de redadas que ha ejecutado la dictadura venezolana. Abrir las urnas para elegir a 569 cargos, incluidos 285 diputados, 24 gobernadores y 260 legisladores regionales, supone otro intento de normalizar una situación anormal tras el fraude del 28 de julio de 2024 que desembocó en el exilio del ganador de las elecciones, Edmundo González-Urrutia en Madrid. Por no hablar de la huida forzosa y permanente de María Corina Machado para no ser atrapada por el SEBIN o por cualquiera de los organismos o fuerzas de seguridad que responden al gobierno bolivariano.

13 años con Maduro

La mediocre retórica de Nicolás Maduro no le ha impedido en estos 13 años mantenerse ilegítimamente en el poder. El elegido e imitador de Hugo Chávez ha logrado sobrevivir a las envestidas de la comunidad internacional que le exige tirar la toalla del ordeno, mando, torturo y asesino para lavar la cara del gobierno y transformar Venezuela en una democracia potable.

Hasta sus viejos socios en el Foro de Sao Paulo, Unasur o el Grupo de Pueblo, le han pedido que reflexione y ponga un punto final a su régimen de terror. Veteranos de su cuerda como Luiz Inacio Lula Da Silva y Gustavo Petro, le pidieron, también sin éxito, que asumiera los resultados del 28 de julio. Con más fuerza lo hizo el presidente de Chile, Gabriel Boric, poco sospechoso de ser un infiltrado de los «estertores del fascismo» o padrino de los «mercenarios» que «ingresan a poner bombas» o «hacer ataques violentos» como denuncia para reventar este simulacro de elecciones. Nadie doblega a Maduro.

Maduro tiene su propio manual de resistencia y le funciona

El dictador tiene su propio manual de resistencia y le funciona. Los movimientos de la oposición, desde el fracaso de Juan Guaidó hasta la victoria no reconocida de Edmundo González Urrutia, no han podido traducirse en una transición. La vía de las manifestaciones y protestas termina siempre con centenares de detenidos, muertos o secuestrados como el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma o Leopoldo López, ambos refugiados también en España.

Tampoco Estados Unidos parece dispuesto a ahogar, definitivamente, al régimen. El gobierno de Donald Trump oscila entre el interés propio y los principios. Marco Rubio, el secretario de Estado de origen cubano, salió esta semana a corregir/desmentir a Richard Grenell, negociador de la Casa Blanca con Maduro, que anunció que la petrolera estadounidense Chevron podrá seguir operando con la dictadura bolivariana. En la Casa Blanca parece que no todos miran hacía el mismo lado.

Rubio hace difíciles equilibrios, pero intenta abrazar al exilio y condenar el régimen en cuanto ocasión tiene. El pasado vienes recibió a los cinco opositores venezolanos que permanecieron refugiados más de un año en la Embajada de Argentina en Caracas. «El secretario elogió a estos líderes por su valentía frente a la implacable represión y tiranía de Maduro», dijo la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

Maduro ha cerrado los aeropuertos a los vuelos procedentes de Colombia y desplegado 412.000 efectivos

Maduro ha cerrado los aeropuertos a los vuelos procedentes de Colombia y desplegado 412.000 efectivos en el territorio ante la denuncia de amenazas de atentados para reventar esas urnas que presenta como virginales cuando están viciadas de origen. El ministro del Interior y protagonista del programa «Con el mazo dando», Diosdado Cabello ha alertado a una población, hastiada y desencantada con la oposición, de la posibilidad de atentados al sistema de energía, a embajadas, hospitales e instituciones. El mensaje es: hay una resistencia violenta. La realidad: hay resignación, depresión y ganas de sumarse al éxodo de más de siete millones y medio, según ACNUR, que han abandonado Venezuela.

Las decisiones organizativas de las autoridades electorales de Venezuela, desde la dotación de personal para los colegios electorales hasta el diseño de las papeletas, se han tomado con la intención de confundir a los votantes y crear obstáculos para una elección presidencial libre el 28 de julio, dicen figuras de la oposición y analistas.

El presidente Nicolás Maduro busca un tercer mandato, pero las encuestas de opinión lo muestran con una desventaja de 20 puntos frente al candidato opositor Edmundo González , un ex embajador.

Maduro, cuya reelección de 2018 es considerada fraudulenta por Estados Unidos y otros países, ha dicho que el sistema electoral venezolano es el más transparente del mundo y ha acusado a la oposición de planear denunciar fraude y sembrar «caos y violencia».Pero la oposición y los grupos de defensa de los votantes dicen que las decisiones logísticas del Consejo Nacional Electoral (CNE) podrían obstaculizar el libre acceso al voto de los 21,3 millones de votantes registrados del país.

«La intención es muy clara y debe ser rechazada rotundamente: quieren manipular y torcer el deseo de cambio de las grandes mayorías», dijo el mes pasado en X Andrés Caleca, ex funcionario del CNE y candidato a las primarias de la oposición.

De los 15.797 centros de votación en todo el país, al menos 8.000 tendrán solo una urna, frente a los 6.800 lugares de la contienda presidencial de 2018, según cifras oficiales.

Según la ONG regional Transparencia Electoral, dado que en cada urna se emiten más votos, se considera que esos lugares son más difíciles de controlar para detectar posibles fraudes.

El uso de urnas individuales también puede ralentizar el proceso de votación y provocar colas más largas, afirma la oposición.

Aproximadamente 3,9 millones de electores se disponen a emitir su voto en urnas únicas.

En las redes sociales, algunos votantes han dicho que su lugar de votación ha sido cambiado a uno en otro estado, en algunos casos lejos de su hogar.

«La ingeniería electoral está diseñada de esta manera… reuniendo a los votantes en un lugar de votación con una urna», dijo John Magdaleno, director de la consultora Polity, con sede en Venezuela. «Todas las autocracias tratan de alterar los términos en los que se desarrolla una competencia electoral, introduciendo más incertidumbre».

«Más incertidumbre sirve al régimen autoritario», añadió.

El Ministerio de Información y el CNE no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las cuestiones planteadas en este artículo. Maduro ha negado reiteradamente las acusaciones de que es autoritario.

El diseño de la papeleta, que presenta una foto de cada candidato sobre el logo del partido al que se presenta, también fue objeto de críticas cuando se publicó en abril.

Las fotos de Maduro, que aparece por 13 partidos , ocupan toda la primera línea y parte de la segunda, mientras que las de los otros 10 candidatos están dispersas por la papeleta. González aparecerá como candidato por tres partidos.

La oposición también ha criticado un cambio de normativa del CNE que sólo permite a los testigos electorales ejercer sus funciones en el mismo colegio electoral donde votan, y dice que la distribución de credenciales para testigos y personal de colegios electorales ha sido lenta.

En mayo, Venezuela revocó una invitación a la Unión Europea para enviar observadores electorales, citando las continuas sanciones contra el gobierno que calificó de «coercitivas».

La UE dijo que lamentaba la decisión y pidió elecciones libres y justas, pero no se pronunció específicamente sobre decisiones individuales del CNE.

Un diplomático europeo, hablando bajo condición de anonimato, dijo que estaba consciente de las limitaciones del proceso electoral, pero que esperaría el resultado de las elecciones.

Otros, entre ellos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un panel de la ONU y el Centro Carter, todavía tienen previsto participar como observadores.

Mientras tanto, la diáspora venezolana de 7,7 millones de personas (muchas de las cuales han huido de la crisis económica de los años de Maduro y pueden no sentirse bien dispuestas hacia él) enfrenta sus propios obstáculos para votar.

De los 4 millones de inmigrantes habilitados para votar, sólo 69.200 están registrados, según cifras oficiales.

El gobierno ha dicho que la falta de relaciones diplomáticas con países como Estados Unidos y Canadá significa que las embajadas allí están cerradas.

En Colombia y Perú, países donde viven millones de venezolanos, la oposición dice que a muchas personas se les pidió documentos innecesarios para registrarse o se cerraron los consulados.

El registro de González como candidato fue en sí mismo complicado: fue añadido a la boleta en el último minuto después de que a la ganadora de las primarias, María Corina Machado, se le prohibiera ejercer un cargo público y su sucesor original no pudo registrarse.

Reuters