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Venezuela electricidad

En un nuevo capítulo de la ya crónica crisis de servicios públicos en Venezuela, la administración de Delcy Rodríguez ha optado por una táctica conocida: socializar las fallas y privatizar las soluciones. Durante la inauguración del XII Congreso Nacional de Avicultura, la funcionaria instó al sector privado a aumentar su capacidad de autogeneración, una solicitud que, bajo el velo de la «cooperación», esconde la incapacidad del Estado para garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

A continuación, los puntos clave que desnudan la fragilidad del discurso oficial:

  1. El «éxito» de una demanda insatisfecha

Rodríguez justificó la presión sobre el sistema afirmando que el consumo alcanzó su pico más alto en nueve años. Sin embargo, lo que el Ejecutivo presenta como un síntoma de «recuperación económica», los especialistas lo traducen como un sistema que trabaja al límite de su obsolescencia. Atribuir la crisis exclusivamente al crecimiento y al cambio climático es ignorar casi dos décadas de falta de inversión, desprofesionalización y opacidad en el mantenimiento de las plantas termoeléctricas e hidroeléctricas.

  1. Autogeneración: ¿Impulso o imposición?

El llamado a que las empresas «pongan a disposición» su propia energía no es una invitación al progreso, sino una transferencia de costos operativos a un sector privado ya golpeado por la voracidad fiscal y las deficiencias logísticas.

El costo: Mantener plantas eléctricas propias eleva drásticamente los costos de producción.

La ironía: Se le pide al empresario que genere su propia energía mientras el Estado mantiene el monopolio de la distribución y el control de los combustibles necesarios para alimentar dichos generadores.

  1. El eterno «Plan de Recuperación»

Por enésima vez, el Gobierno anuncia un Plan de Recuperación del Sistema Eléctrico que será presentado ante el Consejo Nacional de Economía. Tras años de promesas incumplidas y estados de «emergencia eléctrica» decretados sin resultados tangibles, el anuncio genera más escepticismo que esperanza. La frase «llegó la hora» suena más a un reconocimiento de urgencia ante el desborde de la situación que a una planificación estratégica real.

Análisis de la Redacción:

Mientras el Ejecutivo pide «uso racional» a una ciudadanía que ya vive sometida a planes de racionamiento no oficializados (los mal llamados «bajones» y cortes prolongados), la realidad es que el SEN no parece estar listo para el «impulso económico» que el propio Gobierno promociona.

La pregunta que queda en el aire para las cámaras empresariales es clara: ¿Se está invitando al sector privado a ser socio del desarrollo o a ser el financista de una infraestructura estatal en ruinas? La respuesta, al ritmo de los constantes apagones, parece ser la segunda.

Por @elsultanbitcoin

En cambio, necesitamos $1,5 billones ($1,5T en inglés) en inversión extranjera para llevar nuestra capacidad de generación a 100 GW y convertirnos en la segunda capital mundial de la inteligencia artificial, la minería de Bitcoin y el cómputo industrial, después de EE.UU.

Hay algunos ingenieros venezolanos haciendo mención al potencial de atraer datacenters de IA al país. Pero hay consideraciones importantes que no todos están tomando en cuenta. Aquí están los números que casi nadie está viendo.

Hoy tenemos 36 GW de capacidad instalada, pero despachamos solo 14 GW. La demanda máxima nacional está en torno a los 13 GW y la histórica pico fue de 17 GW. En corto, con lo que ya tenemos podríamos tener un excedente eléctrico en vez de vivir en la penumbra.

El potencial renovable del país es equivalente a 9.000.000 de barriles diarios de petróleo, según el Ing. Nelson Hernández. Por ende, Venezuela tiene capacidad para generar hasta 100 GW. Eso es 7 veces el máximo consumo histórico del país sumando todo: petróleo, gas y electricidad.

¿Cuánto costaría llegar ahí?

El primer paso es rehabilitar lo que ya existe. Los 36 GW instalados necesitan entre $15.000 y $40.000 millones según el diagnóstico de Siemens y GE.

Pero según estimaciones del Ing. Gran Mariscal de Ayacucho @josedeviana , reactivar cada MW en Tocoma podría costar $500.000/MW. Si aplicamos esa misma cifra a los MW de generación instalada que desaprovechamos, hablamos más bien de $11.000 millones.

Para evitar que el dinero provenga del Estado, el Ing. De Viana sugiere que lo inviertan consorcios privados mediante contratos BOT (Build-Operate-Transfer). Estos le permiten a actores privados rehabilitar las plantas, operarlas por 15 a 30 años y luego transferirle el activo al país.

Debemos crear una nueva Ley Eléctrica para acabar con el monopolio del Estado sobre el SEN y permitir que el capital extranjero ayude a su reconstrucción, no la deuda soberana ni la emisión de nueva moneda.

El segundo paso es construir los 64 GW adicionales a los 36 actuales, para llegar a los 100 GW de capacidad instalada que Venezuela podría tener.

Para lograrlo, el Ing. David Morán Bohórquez @morandavid propone financiar los siguientes proyectos:

  1. Plantas solar-térmicas en Falcón y el Zulia, donde la irradiación solar compite con el desierto de Atacama.
  2. Capturar el gas asociado en el Orinoco y el Oriente con turbinas modulares, para aprovechar el equivalente a más de 300.000 barriles diarios que hoy se queman en el aire.
  3. Instalaciones micro hidráulicas en los Andes.
  4. Energía eólica en Paraguaná.

A un costo promedio de $1 millón por MW, esos 64.000 MW adicionales requieren una inversión de unos $64.000 millones en nueva infraestructura de generación, y al menos $6.000 millones en transmisión y distribución.

Entonces, necesitamos unos $80.000 millones en infraestructura. Todo capital privado internacional bajo contratos bancables con PPAs en dólares.

Ahora ¿cuánto capital privado atraería Venezuela si tuviera 100 GW disponibles? es otra buena pregunta.

Con una demanda nacional recuperada de 25 GW y un margen de reserva del 20%, quedan disponibles aproximadamente 70 GW para monetizar como cómputo industrial.

Bajo ese escenario podríamos vender electricidad a Google, Amazon, Meta, Nvidia, Nscale y cualquier operador que necesite energía masiva, barata y limpia para alimentar sus clusters de inteligencia artificial.

Un centro de datos de IA de última generación cuesta entre $30 millones y $40 millones por megavatio de CAPEX solo en servidores, GPUs y networking, sin contar la obra civil.

Esa cifra viene de algunos ejecutivos del sector de datacenters que @luxor sigue de cerca. Entonces hagamos la matemática:

  • 28 GW para hyperscalers de IA (Google, Amazon, Meta, Nvidia) a $40 millones por MW: $1.120.000 millones en inversión privada.
  • 21 GW para operadores de nube de mediana escala (Nscale, $IREN, $NBIS, $CIFR y similares) a $20 millones por MW: $420.000 millones.
  • 21 GW para minería de Bitcoin a $1 millón por MW: $21.000 millones.

El capital privado atraído en cómputo y minería podría totalizar casi $1,5 billones de dólares. Ese monto es igual a la cantidad de ingresos que manejó PDVSA durante la presidencia de Rafael Ramirez. Hoy, dispersos por el mundo.

Como país, no solo tenemos la tarea de repatriar gran parte de dicho patrimonio, sino atraer aún más, para crear nuevas industrias y recapitalizar a Venezuela.

Por cada dólar que se invierta en Venezuela en infraestructura eléctrica, podemos atraer entre $12 y $15 en capital privado de operadores de cómputo.

Para que esto ocurra, hay que reconocer a la reactivación del Sistema Eléctrico Nacional como una emergencia nacional, crear una nueva Ley Eléctrica y permitir que el precio de la electricidad lo dicte el mercado. Un ISO independiente publicando precios nodales cada cinco minutos.

Los principales compradores de energía de la próxima década serán las grandes compañías de tecnología por la demanda que están generando las nuevas aplicaciones de IA.

Y si Venezuela está entre los países con las mayores reservas energéticas del mundo, nuestro futuro es abastecer parte de la demanda global por electricidad, proveniente de la IA y atraer más de $1,5 en el proceso.

Que dios bendiga a Venezuela y a todos los venezolanos.

Las fallas en los servicios de electricidad y agua se incrementaron notablemente en el mes de septiembre de 2023, reportó el más reciente informe de Monitoreo de Servicios del Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad.

El informe, coordinado por el economista Raúl Córdoba, es el resultado de 12 monitores distribuidos en todo el país, encuestas a 2.300 ciudadanos y la revisión de información en 25 medios de comunicación digitales y tres redes sociales en simultáneo.

El 66% de los encuestados informó que durante septiembre empeoró la calidad de servicio eléctrico debido al aumento en la cantidad de fallas o apagones, en tanto que 53% destacó su aceptación al plan “borrón y cuenta nueva” que está llevando a cabo Corpoelec.

No obstante, consideran que esta acción no ataca el problema de fondo, el cual implica rediseñar las tarifas y mejorar el servicio.

En relación con los daños que los apagones generan en los equipos eléctricos, el 48% de los entrevistados resaltó la necesidad de diseñar un programa de compensación de daños por averías, debido a que al menos dos o más de sus electrodomésticos o equipos sufrió algún deterioro producto de bajones o del corte abrupto de luz.

apenas 0,8% de los encuestados registró que pudo establecer un canal efectivo de comunicación con la empresa prestadora del servicio, pudiendo canalizar la denuncia y recibiendo una respuesta a su requerimiento.

Los 5 principales puntos graves en el servicio eléctrico son:

1.- Ocho de cada 10 venezolanos destaca que el servicio eléctrico es inestable.

2.- Al menos cinco veces por día se registra una falla o bajón en la intensidad eléctrica.

3.- El insuficiente mantenimiento que se ejecuta se enfoca en soluciones coyunturales, no estructurales.

4.- Hay poca sensación de certidumbre y confianza en la actual administración que gerencia el sector eléctrico del país.

5.- No existen medios de pago, las tarifas son relativamente bajas y el servicio es muy deficiente.

Servicio de agua

Una de las preocupaciones del venezolano es lo relativo a la calidad del agua que se distribuye en el país. De acuerdo con el estudio del OGP de Cedice Libertad, 72% de los encuestados estima que el agua llegó en septiembre más sucia, fétida y tardía.

También enfatizaron en la necesidad de mejorar los esquemas de tratamiento. Y tres de cada 10 entrevistados utiliza algún embalse no oficial (manantial, laguna menor, etc.) para recolectar agua y la emplea en el uso doméstico y en algunos casos en comercios como pequeños restaurantes, cantinas o buhoneros, debido a que el agua a través de los grifos llega cada 20 o 25 días en muchas localidades.

En el estudio, 16% de los venezolanos señaló que en septiembre pagó entre 20 y 50 dólares mensuales a los cargadores de agua para surtir viviendas y así usar el líquido de uso doméstico.

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