Editorial Encuentro Humanista
La elección primaria destinada a definir la candidatura presidencial de la oposición venezolana, y la ilegal inhabilitación de María Corina Machado han capturado la atención de la comunidad democrática mundial convirtiéndose en uno de los temas noticiosos más importantes ocurridos en el mundo político en lo que va de año.
Generalmente, en los sistemas democráticos este tipo de eventos tiene una relevancia limitada al país en donde se realizan. Es la manera de escoger libremente a los candidatos de partidos o de plataformas independientes que luchan legítimamente por el poder, y es también el método más adecuado para garantizar la democracia interna y el juego de tendencias de esas agrupaciones.
Pero en el caso venezolano la selección de la candidata o el candidato para las presidenciales del 2024 tiene un efecto que trasciende nuestras fronteras, porque de lo que resulte en esa votación va a depender el avance o la superación de una profunda crisis económica y social, considerada por Naciones Unidas como “emergencia humanitaria compleja” que se caracteriza por desplazamientos masivos de la población hacia países en donde los migrantes buscan mejores condiciones de existencia.
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A siete años de haberse iniciado este proceso migratorio más de la cuarta parte de nuestra población se ha ido del país. En un principio cientos de miles se dirigieron hacia los vecinos más cercanos, Colombia, Brasil, Trinidad y Tobago, Aruba y Curazao; y poco tiempo después al sur del continente, luego a los Estados Unidos, a Canadá y al continente europeo.
De acuerdo con las cifras de ACNUR, siete millones de venezolanos han solicitado asilo y cientos de miles se encuentran en condición de refugiados. Todo esto ha ocurrido sin que hayamos sido víctimas de una catástrofe natural de grandes dimensiones, de una guerra civil, de un conflicto bélico con otro país, o de factores económicos adversos que sirvan para explicar la realidad que estamos padeciendo. En cambio, el verdadero origen de nuestra crisis está en la imposición del modelo político bautizado como “socialismo del siglo XXI” que trastocó el rumbo transitado durante 41 años de existencia de nuestro sistema democrático.
Este desastre ha ocurrido precisamente en la etapa de mayor bonanza petrolera de nuestra historia, y en las manos de un régimen que logró monopolizar de manera absoluta las instituciones y manejar sin controles los recursos de esa bonanza hoy extinguida. Así pasamos a ser uno de los países más pobres del mundo, luego de ser uno de los económicamente más ricos y dispendiosos del continente durante la administración de Hugo Chávez. Esta grave crisis que sufrimos los venezolanos no se ha dado en el mundo.
Sobre el origen de ese deterioro ocurrido en el país en estos veinticuatro años de socialismo del siglo XXI, es necesario destacar algunas denuncias que en el seno del chavismo se han formulado en torno a graves hechos de corrupción cometidos por altos funcionarios del régimen. Una de estas acusaciones fue expuesta públicamente por Héctor Navarro y Jorge Giordani en septiembre de 2016. Ambos personajes fueron figuras claves durante el gobierno de Hugo Chávez. Navarro fue ministro de energía eléctrica y ministro de educación, y Giordani se desempeñó como ministro de planificación.
En aquellas declaraciones reconocían que durante diez años se malversaron 300.000 millones de dólares a través del sistema cambiario. Sostenían que al menos un tercio del billón de dólares obtenidos por la renta petrolera se desvió a través de importaciones ficticias y sobreprecios. Afirmaban que la derrota del gobierno en las parlamentarias del seis de diciembre de 2015 había sido una advertencia de las bases chavistas, y que si no se establecían correctivos el gobierno iba a un despeñadero. Y el veintinueve de abril de este año, Navarro decía que “la patria se está desmoronando”, que la corrupción en nuestro país es una pandemia y que detrás de las purgas del régimen hay una lucha por el poder.
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En agosto de 2022 Rafael Ramírez fue acusado ante el ministerio público por el entonces ministro de petróleo Tareck el Aissami de haberse apropiado de un crédito otorgado a PDVSA por la cantidad de 4.850 millones de dólares, y en relación con esa denuncia la Asamblea Nacional opositora destacó que según sus investigaciones el desfalco perpetrado por quien fuera durante diez años presidente de la petrolera estatal es de 11 mil millones de dólares.
Tan sólo un año después El Aissami se ve obligado a renunciar y a desaparecer misteriosamente de la escena, dando paso a la investigación destinada a perseguir y castigar a su entorno político-empresarial. Ahora el nuevo affaire petrolero según la fuente oficial alcanza la cifra de 4 mil millones de dólares; aunque un diputado oficialista aseguró a los medios de comunicación que esta vez el robo a la república asciende a 20 mil millones de dólares.
En todo caso, lo cierto es que en medio de esta perversa dinámica de nefastos acontecimientos fracasaron los últimos intentos de hacer creer que “Venezuela se arregló”. Estallan las burbujas de una prefabricada opulencia, se deshace el mito de la falsa recuperación económica, y el reclamo social de los trabajadores no cesa de manifestarse exigiendo dignas condiciones de vida y un cambio profundo del sistema de gobierno.
Por estas razones la comunidad democrática internacional, prevenida de las consecuencias que tendría la prolongación indefinida de tan grave crisis, ha expresado su solidaridad con la elección primaria destinada a definir la candidatura de la oposición, y con María Corina Machado, a quien pretenden castigar con una ilegal inhabilitación, por el sólo hecho de ser una opción válida en la elección del próximo año.
La votación presidencial libre, con plenas garantías democráticas, tal y como la consagra nuestra Constitución es un derecho irrenunciable no sujeto a ilegítimas condiciones.