Especial El Tiempo
Defensores en derechos humanos elevaron su preocupación por la nueva normativa
En Venezuela está cursando un proyecto de ley que busca castigar las expresiones “fascistas, neofascista o de similar naturaleza” en el país. La normativa establece penas de hasta 12 años de prisión y multas para quienes difundan mensajes que “promuevan la violencia o denigren de la democracia”, según la ley que consta de cuatro capítulos y 30 artículos.
Sin embargo, el documento, que de momento fue aprobado este martes en su primera discusión en la Asamblea Nacional, provoca gran preocupación en las organizaciones defensoras de derechos humanos y en la oposición.
La ONG Provea, por ejemplo, sostuvo que la aprobación de este proyecto significaría un “avance en la construcción de un modelo de Gobierno totalitario en el país”. La razón detrás es que el término “fascismo” suele ser utilizado por los funcionarios gubernamentales para referirse y perseguir a los opositores venezolanos.
Esta ley le permitiría entonces al oficialismo monitorear la información que sectores contrarios al chavismo emiten sobre el gobierno y que se difunden a través de medios de comunicación e, incluso, en redes sociales.
Aquí le dejamos los puntos clave de este proyecto de ley que, en palabras de defensores, implica “más represión” en Venezuela.
¿Qué dice específicamente la ley contra el “fascismo”?
La ley tiene como objeto “establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública” así como «proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascista, neofascistas o de similar naturaleza”.
Mientras que se impondrán multas a «medios electrónicos o impresos» de entre 50.000 y 100.000 «veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central», equivalentes hasta a 100.000 dólares.
En sus disposiciones, prohíbe la difusión de mensajes que promuevan la violencia como método de acción política o denigren de la democracia y la constitución de organizaciones que hagan apología o se fundamenten en el fascismo. Además, la ley prohíbe las reuniones o manifestaciones, así como la creación de organizaciones políticas que hagan apología al fascismo.
¿Cómo surgió esta ley y qué dice el chavismo de ella?
El proyecto fue propuesto el pasado 24 de marzo por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y finalmente, fue presentado este martes ante el Parlamento por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
En su discurso, Rodríguez afirmó que “detener el fascismo en el mundo es una tarea impostergable por el bien de la humanidad, porque no solo se manifiesta en expresiones de odio, violencia y muerte, sino también en formas de fascismo económico, como el bloqueo criminal impuesto contra Venezuela”.
Rodríguez destacó que esta legislación busca complementar la Ley de Partidos Políticos y la Ley del Odio, aprobada en 2017 y criticada por la oposición al considerarla una herramienta para castigar la disidencia política.
Subraya que el proyecto contempla también “las graves consecuencias para la economía del país, la soberanía y la integridad territorial comprometidos por factores extremistas que tomaron el parlamento venezolano en el año 2015 para despojar a Venezuela de sus recursos y crear desestabilización interna”. según explicó Rodríguez.
“Nos llama mucho la atención que hoy organizaciones que nunca han participado en una elección en Venezuela, que han desconocido abiertamente la institucionalidad democrática, hoy pretendan nuevamente asaltar el poder político esta vez presentándose en forma de farsa. Son los mismos que pidieron invasión para Venezuela, son los mismos que piden sanciones, son los mismos que han atentado contra la vida de Nicolás Maduro, y hoy se presentan como ovejas a ser lo que nunca han sido, nunca han sido demócratas”, añadió.
¿Cuáles son las penas y castigos que contempla el proyecto?
El proyecto contempla la creación de una comisión contra el fascismo y de una red internacional de agrupaciones, movimientos e instituciones comprometidas en la lucha contra esta doctrina e incluye “sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley”, que no fueron detalladas.
En su artículo 22 el documento señala que «toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de ocho a doce años e inhabilitación política por el tiempo de la condena«.
Mientras que la «divulgación de mensajes prohibidos» en radio o televisión será castigada con la revocatoria de la concesión, mientras que se impondrán multas a «medios electrónicos o impresos» de entre 50.000 y 100.000 «veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central», equivalentes hasta a 100.000 dólares.
¿Qué dice específicamente la ley sobre el uso de redes sociales?
El artículo once dice: “Los prestadores de servicios de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, así como las redes sociales, deben garantizar espacios libres de todo mensaje de índoles fascistas”.
Sobre el uso de redes, Rodríguez insistió que este proyecto contempla un capítulo especial que busca regular las redes sociales debido al aumento de los mensajes de odio e intolerancia que se propagan a través de estos medios. “Se viralizan más los mensajes de odio, de intolerancia, de destrucción, es lo que favorecen estos algoritmos”, dijo.
En otras palabras, las redes sociales también serán objeto de monitoreo por parte de las autoridades para aplicarle este “marco legal” de nuevas penas.
¿Qué dicen las organizaciones defensoras de derechos humanos?
La ONG venezolana Provea pidió este jueves a la comunidad internacional que realice gestiones diplomáticas para evitar la aprobación del ‘proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares’, por considerarlo un avance en la «construcción de un modelo de Gobierno totalitario».
La comunidad internacional, especialmente los organismos con mandato en protección a los derechos humanos deben realizar todas las gestiones diplomáticas necesarias para evitar la promulgación definitiva de la propuesta
«La comunidad internacional, especialmente los organismos con mandato en protección a los derechos humanos deben realizar todas las gestiones diplomáticas necesarias para evitar la promulgación definitiva de la propuesta», exhortó la ONG en una nota de prensa.
Provea sostuvo que la aprobación de este proyecto de ley significaría un «avance en la construcción de un modelo de Gobierno totalitario en el país, agravando aún más las garantías para el disfrute de los derechos humanos de la población».
Por su parte, Marino Alvarado, defensor de derechos humanos, dijo en su red social X que la ley “atenta contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas”.
La oposición, en tanto, denuncia que esta ley, que prohíbe la conformación de partidos políticos y organizaciones sociales señaladas de «promover el odio y la intolerancia» castiga la disidencia política.
Los antecedentes a esta norma
Ya en 2017, Maduro, cercado por protestas que dejaron más de 120 fallecidos y 1.958 heridos, propuso la «Ley contra el Odio, la convivencia pacífica y la tolerancia», que castiga con hasta 20 años de prisión a quienes sean señalados de «promover o incitar al odio».
Esta sería una ampliación de esta normativa.
¿Qué falta para que la norma entre en vigor?
La ley será sometida a una segunda discusión antes de su sanción definitiva.