Por Guillermo Bello Vicentini
Pocas cosas reflejan mejor la esclavitud moderna en Venezuela que las viviendas asignadas sin propiedad. Millones de familias obtuvieron un techo gracias a la Gran Misión Vivienda, pero no consiguieron libertad: no pueden vender, hipotecar, mejorar, heredar ni alquilar. Las viviendas siguen siendo del Estado, utilizadas como herramientas de chantaje político.
El socialismo transformó el hogar en una atadura: la permanencia está supeditada a la lealtad al partido y al carnet de la patria. Esa manipulación ha mantenido votos cautivos y generado miedo durante más de dos décadas. El nuevo gobierno democrático tiene la oportunidad de convertir ese sistema de control en un motor de libertad, y podría hacerlo en las primeras 100 horas.
La ruta es clara: un Decreto Presidencial de Emergencia Habitacional que transforme todas las cartas de asignación en títulos de propiedad plena; una Oficina Nacional de Propiedad Habitacional con unidades móviles en cada estado; una plataforma digital para generar títulos con inteligencia artificial; un acto público de entrega masiva transmitido para su difusion, y un registro público en línea que muestre cada vivienda liberada y el valor inyectado al país.
El impacto sería inmediato: liberar el 10% de estas viviendas equivale a 32.500 millones de dólares en activos que pasarían de estar «muertos» a «vivos». La economía se dinamiza, las familias recuperan seguridad y arraigo, y la política cambia: el chantaje desaparece, y el voto, la expresión y la conducta vuelven a ser libres.
Esto va más allá de simples títulos de propiedad; es el comienzo de un nuevo contrato social. En tan solo 100 horas, Venezuela se libera de la esclavitud impuesta por la carta de asignación. La transformación de vivienda en propiedad es un atajo político democrático que fortalece la proyección futura tanto del nuevo gobierno como de las familias venezolanas. LAS PRIMERAS 100 HORAS EN VIVIENDA.