Morfema Press

Es lo que es

Venezuela

La casa matriz de Facebook estima que más de dos millones de personas siguieron las páginas de la red boliviana y más de 600.000 las de la red cubana.

Meta, casa matriz de Facebook, informó el jueves (23.02.2023) que desmanteló redes de cuentas falsas en Cuba y Bolivia, que vinculó con los Gobiernos de esos países y que eran usadas para difundir mensajes oficialistas y desacreditar a personas opositoras.

Las redes operaban de forma independiente en cada país y sus contenidos llegaron a cientos de miles de personas antes de ser desbaratadas tras una investigación interna que concluyó en el cuarto trimestre de 2022.

«Se trató de esconder quién estaba detrás de esto, pero nuestra investigación encontró vínculos con el Gobierno cubano», explicó Ben Nimmo, líder global de Inteligencia sobre Amenazas de Meta, en una videoconferencia con la agencia AFP.

Ocurrió una situación similar en el caso de Bolivia, agregó Nimmo. La investigación llevó a nexos con el Gobierno de izquierda, con el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tras su regreso al poder en 2020 y un grupo autodenominado Guerreros Digitales, precisó. Bolivia puso en tela de juicio al informe.

«Habría que preguntarse cuáles son sus criterios por los que ha llegado a esas conclusiones y ese tipo de informes», dijo la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada. «Deberíamos exigir a plataformas virtuales como Facebook que exista mucha más transparencia a lo que pasa en este espacio virtual», afirmó en una rueda de prensa.

Meta ya eliminó en noviembre de 2021 una «granja de troles» operada en Nicaragua.

En el caso de Cuba, que por décadas fue uno de los países menos conectados del mundo, Meta desactivó 363 cuentas de Facebook, además de 270 páginas y 229 grupos, así como 72 de Instagram. La operación abarcó otras redes sociales como YouTube, TikTok y Twitter.

En Bolivia se desactivaron unas 1.041 cuentas de Facebook, 450 páginas, 14 grupos y 130 cuentas de Instagram que funcionaban en búnkeres en La Paz y Santa Cruz. «Coordinaron sus esfuerzos para usar cuentas falsas, publicar apoyo al Gobierno boliviano y criticar y acosar a la oposición», señaló David Agranovich, director de Disrupción de Amenazas, también en la conferencia.

Meta argumentó que no presentó estos datos a los Gobiernos de Cuba o Bolivia porque halló que estaban «vinculados» a estas actividades.

En la operación en Cuba, Meta identificó dos brazos. El primero fue denominado porristas falsas por Nimmo: «cuentas básicas falsas para compartir y dar ‘Me gusta’ al contenido del Gobierno». El segundo, «más elaborado», pasaba por la creación de identidades irreales «para publicar críticas a opositores al Gobierno» en la isla y en el extranjero. «Algunas de estas cuentas utilizan fotos de perfil que probablemente se generaron utilizando inteligencia artificial, es decir, fotos de personas que no existen», declaró.

Agranovich precisó que unas 650.000 personas siguieron a una o más de las páginas en la red cubana y unas 510.000 se unieron a los grupos. El caso boliviano involucró a poco más de dos millones de cuentas que seguían a las páginas.

AFP, Meta

Henry Alviarez, coordinador de Organización Nacional de Vente Venezuela, alertó este miércoles que la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) del régimen, ahuyentaría a millones de venezolanos de participar en las primarias opositoras convocadas para el 22 de octubre.

Nota de prensa Vente Venezuela

«El hecho de que participe el CNE ahuyenta, al menos, a un millón de empleados públicos por miedo a otra lista Tascón. Pero también a muchísimas personas que dependen de las bolsas Clap, y con las que el régimen después puede tener represalias. Millones de venezolanos están buscando un proceso ciudadano donde no intervenga el régimen», precisó.

Durante una entrevista en RCR, el dirigente liberal señaló que «estamos luchando contra un sistema que tiene secuestrado todos los poderes públicos, y no es precisamente el ente electoral el que ha demostrado mayor transparencia y confiabilidad».

Alviarez dijo que «no es perturbador» para los resultados de la primaria que el CNE preste los centros de votación, «que además son escuelas públicas». Pero sentenció que «sí trastorna el proceso» que el cuestionado ente comicial participe de manera técnica con sus máquinas y en el escrutinio del proceso.

Consideró como un elemento fundamental en la exigencia de que el evento del 22 de octubre sea sin el CNE, que este organismo facilitaría al régimen de Nicolás Maduro toda la información sobre los participantes, y las fortalezas y debilidades de la oposición para las venideras elecciones del 2024. «Por eso no entendemos cómo actores dentro de la propia oposición están aupando la participación sin condiciones del CNE», sumó.

Voto de la diáspora

Henry Alviarez aseveró que el voto de los venezolanos en el exterior es un derecho ciudadano que no se les puede negar.

«¿Los votos en el exterior también los va a tutelar el CNE? ¿Cómo van a hacer para que el CNE permita la participación de los 3.5 millones de venezolanos que están afuera? Entonces los promotores del CNE vienen y te dicen que afuera van a hacer el proceso sin el CNE, entonces por qué aquí adentro sí plantean su participación ¿Por qué le temen al ciudadano?», expresó el dirigente.

El Coordinador de Organización de Vente Venezuela indicó que «si queremos hablar de democracia, también debemos hablar de justicia». Y resaltó que la lucha va más allá de lo electoral. «Esto no es una lucha de piticos y banderas; esto es una lucha que trata de una organicidad ciudadana suficiente para ejercer la presión aquí adentro para que afuera sean veedores de que Venezuela retome el sendero democrático».

Finalmente, Alviarez consideró que hoy, el mayor riesgo en Venezuela, es que las cosas sigan como están. Por lo que visualiza las primarias como el epicentro de una gran concertación nacional donde el ciudadano elija a un liderazgo que no se doblegue y avance en función de los intereses de la mayoría, «y no de las cúpulas que se han enriquecido siendo oposición».

Vía EFE

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, anunció este miércoles que el Gobierno de Venezuela condonó la deuda de 70 millones de dólares que mantenía el pequeño territorio caribeño con PetroCaribe.

Gonsalves, en declaraciones a medios locales tras regresar de Venezuela, donde recibió tratamiento médico durante varios días, dijo que el Ejecutivo de Caracas condonó la totalidad de la deuda con dicha alianza en materia petrolera entre algunos países del Caribe con Venezuela, según la cual este país facilita petróleo a precios bajos y con financiación.

Además, el Gobierno de venezolano se comprometió a reducir a la mitad la deuda de otros países miembros de la Organización del Caribe Oriental (OECS).

Gonsalves destacó que frutos de esta condonación es posible que la deuda nacional disminuya en un nueve por ciento.

El mandatario caribeño indicó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acordó reiniciar los acuerdos con los países de PetroCaribe con un descuento del 35 por ciento en el precio de venta de combustible.

Gonsalves dijo que se había reunido el lunes con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien también prometió viviendas para las personas afectadas por la erupción del volcán La Soufreire del año pasado, así como fertilizantes para los agricultores.

Vía Finanzas Digital

El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus pronósticos de crecimiento en su reciente informe de «Perspectivas Mundiales de abril de 2022» en el que señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela se contrajo -1,5% en 2021.

Esto significaría que es el octavo año consecutivo donde se registra una reducción de la actividad, con lo cual la economía venezolana se habría contraído 87% en el lapso 2013-2021. No obstante, el FMI anticipa un rebote de 1,5% del país en 2022.

Ante ello, el economista y profesor de la Universidad Metropolitana (Unimet), Hermes Pérez, indicó que el PIB del país sería US$47.000 millones en 2021 y US$49.000 en 2022, ubicándose en el puesto 13 de la región.

Cabe recordar que Venezuela llegó a ser la cuarta economía más grande de Latinoamérica, solo detrás de Brasil, México y Argentina.

Destacó que al cierre de 2021, Venezuela es la mitad de Ecuador, un cuarto de la economía de Perú y un poco más que una décima de Colombia o Chile. Dominicana o Guatemala son el doble de Venezuela.

A nivel del PIB por persona, las cifras «no son alentadoras», dado que después de ser el país más rico de la región por muchos años, Venezuela «se desplomó al último lugar en 2021, incluso por debajo del Haití». En 2022, se anticipa un rebote pero estaremos muy lejos de la media de la región.

Otro dato que revisó el especialista fue las inversiones como porcentaje del PIB: «Venezuela por lo general registró cifras que se ubicaban en torno al promedio de la región,más o menos 20% del PIB. Sin embargo, el año previo al default (2016) este valor se desplomó casi a cero».

En 2017, la nación caribeña registró una cifra negativa de -3,7%, asociado al brutal proceso de desinversión debido a «un marco legal que no protege la propiedad privada, medidas contrarias al mercado, expropiaciones a granel, y el incumplimiento de sus compromisos soberanos».

Venezuela en materia fiscal –

Pérez comentó que en materia fiscal, el país registró déficits enormes a pesar de los precios elevados de petróleo entre 2012 y 2017.

Los valores oscilaron entre -10% y -23% del PIB, pero de forma paradójica, el contexto de baja de ingresos externos y la situación geopolítica propició un fuerte ajuste.

«Lo descrito, impulsó una reducción el déficit hasta 5% del PIB en 2020 y 4,5% en 2021. En contraste, la relación deuda/PIB se ubicó en valores elevados y se mantiene en 307% al cierre de 2021. El desplome del PIB y el impago soberano justifican dicho ascenso», explicó.

Dato del IPC –

El también profesor universitario manifestó que el FMI actualizó el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2021 y estima una inflación de 500% en 2022, «lo que luce elevada».

«¿Qué pudiera explicar dicho valor? El FMI prevé un posible rebrote inflacionario en ausencia de medidas de fondo que resuelvan tal problema», agregó..

Puntualizó que el argumento que pudiera justificar este valor es que el FMI estima que la desaceleración observada en los precios de Venezuela «no obedece a un plan coherente de ajustes para reducir los precios, sino resulta de medidas aisladas que no atacan el corazón del problema».

«Se necesitarán años para resolver el desastre económico que se gestó a partir de 2012 y que generó una crisis humanitaria y un éxodo sin precedentes», enfatizó en su cuenta en la red social Twitter.

A su juicio, hasta ahora, no se notan medidas que busquen la solución definitiva de los problemas económicos que presenta el país.

Por Antonio María Delgado en El Nuevo Herald

Divisiones dentro de la administración Biden sobre la conveniencia de seguir adelante con las negociaciones directas con el régimen de Nicolas Maduro se han ampliado desde que una delegación estadounidense se reunió el mes pasado con el gobernante en Caracas, dijeron fuentes estadounidenses y de la oposición venezolana a McClatchy y a el Miami Herald.

El encuentro entre funcionarios estadounidenses y Maduro sostenida en Caracas el 5 de marzo condujo a la liberación de dos ciudadanos estadounidenses que se encontraban en cautiverio en Venezuela y planteó la posibilidad de que Washington relajara las sanciones impuestas al sector petrolero venezolano en medio de la escasez mundial de crudo y de gasolina.

Los funcionarios de la administración insisten en que las negociaciones sobre la libertad de dos estadounidenses fueron realizadas aparte de las conversaciones iniciales sobre la posibilidad de liberar las exportaciones del petróleo venezolano.

En ese momento, la Casa Blanca dijo que tenía la intención de seguir conversando con el régimen. Pero fuertes protestas provenientes tanto del bando demócrata como republicano dentro del Congreso en relación a los intentos por alcanzar un entendimiento con Maduro obligó a la Casa Blanca a aplicar los frenos a la iniciativa.

La oposición democrática venezolana, debilitada en la medida que Maduro consolida el poder político en Venezuela, criticó los esfuerzos de Washington por conversar directamente con Maduro, calificando la iniciativa como ilusa. Estados Unidos, junto a casi otros 60 países, reconoce al movimiento liderado por el opositor Juan Guaidó como el gobierno legítimo de Venezuela.

Sin embargo, un debate sobre la conveniencia de continuar con las negociaciones con Maduro, y cómo hacerlo de una manera que evite la controversia, ha persistido silenciosamente dentro de la administración, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar en público.

“Creemos, no que hayan dejado de avanzar, sino que encontraron tanta resistencia que la han puesto en standby y ahora buscan la manera de reformular el tema”, agregó un alto miembro del equipo de Guaidó.

“Entendemos que en la administración todavía hay interés en realizar algún tipo de encuentro con Maduro”, dijo el portavoz opositor. “Ha habido mucho roce entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca sobre este tema”.

Una pequeña oficina que trabaja para liberar a los estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero, con sede en el Departamento de Estado, comenzó a relacionarse con Maduro en el otoño, verificando el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos allí y explorando lo que sería necesario para que el régimen venezolano los liberara.

La invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero abrió una ventana de oportunidad. Por primera vez, un alto funcionario de la Casa Blanca visitó en persona al aliado cercano de Rusia en América Latina y comenzó un diálogo. Ese gesto fue la base para la liberación de Gustavo Cárdenas, un ejecutivo estadounidense de Citgo Petroleum Corp., y Jorge Fernández, un turista cubanoamericano, quienes se encontraban en las cárceles venezolanas.

Pero la administración dijo en ese momento que había mucho por discutir para mejorar las espinosas relaciones con el régimen, incluyendo el tema petrolero. “Hubo una variedad de temas discutidos en este viaje”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, el 9 de marzo. “Hay una variedad de temas para discutir en el futuro”.

Juan González, director senior para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, encabezó la delegación estadounidense, junto con dos altos funcionarios del Departamento de Estado: Roger Carstens, enviado especial de Estados Unidos para asuntos de rehenes, y James Story, embajador para la Unidad de Asuntos Venezolanos.

Pero Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, no se enteró de la reunión con anticipación, dijo el miembro de alto rango de la oposición. “Nichols no fue tomado en cuenta, fue mantenido fuera de ese tema por el Consejo de Seguridad Nacional, por su sección de Asuntos Hemisféricos. Y siguen sin involucrarse en el tema”, dijo el opositor.

Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado negaron la acusación de que se había mantenido en la oscuridad a uno de sus diplomáticos más importantes. No negaron las divisiones internas sobre si continuar las conversaciones. “La visita de los funcionarios a Caracas estuvo totalmente coordinada con el Departamento de Estado, que envió funcionarios al viaje”, dijo un portavoz del Departamento de Estado.

A pesar de que por el momento las conversaciones parecen estar en suspenso, las empresas y los bancos operan como si el alivio de las sanciones fuera un hecho consumado.

La empresa estatal Petróleos de Venezuela está en conversaciones para comprar y arrendar buques tanqueros adicionales previendo un aumento en las exportaciones, informó la agencia de noticias Reuters a finales de marzo.

Entre tanto, el banco de inversión global Credit Suisse estimó la semana pasada que la economía de Venezuela podría crecer en un 20% este año debido a la renovada demanda mundial de su crudo.

Reanudar las exportaciones de petróleo venezolano no es el único tema que impulsa al equipo de Biden a buscar un arreglo con el régimen de Caracas. Una afluencia sin precedentes de migrantes de Venezuela a la frontera sur de los Estados Unidos. plantea un nuevo desafío para la administración, justo cuando comienzan a levantarse las restricciones de la era de la pandemia para procesar las llegadas a Estados Unidos.

“Uno de los desafíos clave que enfrentamos hoy es que estamos viendo un gran número de ciudadanos cubanos, ciudadanos nicaragüenses y, nuevamente, aumentos de ciudadanos venezolanos en la frontera”, dijo a los periodistas un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional el mes pasado.

“Esas nacionalidades son particularmente desafiantes en términos de procesamiento en la frontera debido a la falta real de relaciones que nuestro gobierno de Estados Unidos tiene con esas naciones, pero también problemáticas no solo para nosotros, sino también para algunos de nuestros socios en el hemisferio, en términos de ser capaz de devolver a las personas a esos países incluso si se determina que no tienen una solicitud de asilo”, dijo el funcionario.

“Así que creo que, en las últimas semanas y meses, esos son los países que realmente están impulsando algunos de estos aumentos en la frontera, y son particularmente difíciles de procesar para nosotros”.

Por Insight Crime

Grupos guerrilleros colombianos han incursionado en territorio indígena del estado venezolano de Amazonas, no mediante la violencia, sino por la cooptación, la corrupción y el engaño de la comunidad. Su presencia ha desintegrado las comunidades, atizado una fiebre de oro ilegal que violenta el medio ambiente y ahora amenaza la supervivencia de culturas ancestrales que por generaciones han actuado como custodios de uno de los ecosistemas más preciados del planeta: la selva amazónica.

Fue en 2019 cuando la guerrilla colombiana ingresó por primera vez a la cuenca del río Cataniapo, conocida como Ähuiyäru De’iyu Ręję por el pueblo indígena Huottöja que habita la región. Los Huottöja esperaban su llegada, pues habían estado observando con preocupación cómo la guerrilla se extendía por tierras indígenas del estado Amazonas, Venezuela.

La primera comandante llegó en un vehículo de lujo, flanqueada por guerrilleros fuertemente armados. Lanzó un discurso en el que dijo que habían estado trabajando con el gobierno venezolano y que habían llegado para defender el territorio de las fuerzas imperialistas y traer inversión y desarrollo a la región.

Los indígenas rechazaron su oferta y les pidieron a los guerrilleros que salieran de su territorio, solicitud que ella aceptó diciendo que tenían su palabra de que no regresarían. Pero aquello fue una mentira. Poco tiempo después, los guerrilleros ya habían establecido una base en una granja cercana. Los Huottöja estaban asustados y a la vez disgustados. Llegaron hasta la granja armados con lanzas, arcos y flechas, y les dieron a los guerrilleros 18 días para que empacaran y se fueran.

A la siguiente ocasión apareció un comandante diferente con una estrategia diferente. Trató de seducir a los jóvenes de la comunidad para que se vincularan a las redes de milicias de la guerrilla, prometiéndoles alimento y dinero en efectivo a cambio. Algunos se vieron tentados, y los Huottöja comenzaron a discutir entre ellos. Los líderes comunitarios intervinieron y les dijeron a los guerrilleros que, si querían dialogar, debían regresar desarmados, para reunirse con representantes de todas las comunidades.

Cuando el comandante regresó, le tenían una pregunta: “¿Está dispuesto a trabajar con nosotros, someterse a nuestras reglas y costumbres, y comer animales salvajes, arañas y gusanos como lo hacemos nosotros?”.

El comandante respondió afirmativamente, pero se negó a firmar un documento que ellos le presentaron, en el que ratificaba su promesa, y se marchó vociferando, diciendo que estaban tratando de engañarlo. Entonces todos los representantes reunidos firmaron su propio documento, en el que declaraban su intención de mantener a los guerrilleros alejados de Ähuiyäru De’iyu Ręję.

Los guerrilleros no han regresado hasta la fecha, pero han continuado su avance. Están presentes en todos los siete municipios de Amazonas, y Ähuiyäru De’iyu Ręję está prácticamente rodeado.

La guerrilla ha ocupado territorios que durante miles de años han sido hogar de los 19 pueblos indígenas de Amazonas. Pero no lo han hecho con armas, sino aprovechándose de la desesperación de las comunidades vulnerables, con promesas vacías y utilizando el poder corruptor del dinero sucio.

“Se les ha permitido invadir todo este territorio porque vienen con sus bonitas palabras y dicen que van a trabajar con las comunidades”, dijo un líder de la asociación Pueblo Unido Huottöja de la Cuenca del Cataniapo (OPUHC), quien pidió el anonimato por temor a represalias. “Y nos dan dinero, pero es su dinero, y una vez lo aceptamos hay que trabajar para ellos; es para esclavizarnos”.

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En los últimos cinco años, la condición de los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana ha pasado de precaria a desesperada.

Primero fue la crisis económica de Venezuela. El poco apoyo estatal que habían recibido se agotó. Las clínicas se quedaron sin existencias, las escuelas se quedaron sin maestros y las comunidades han quedado cada vez más aisladas por la escasez de gasolina. Cuando van a la ciudad a vender sus productos, la policía y el ejército, ahora totalmente dependientes de la corrupción para poder hacerse a un salario digno, les roban sus bienes o los extorsionan.

Luego sobrevino la pandemia de COVID-19, y las comunidades quedaron completamente aisladas del resto del país, tanto geográfica como económicamente, ya que el gobierno impuso confinamientos y medidas de bioseguridad.

Para los grupos guerrilleros colombianos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la desesperación de las comunidades significó una oportunidad. Ambos grupos han operado durante años en el Amazonas con la bendición del gobierno venezolano, que los ha tratado como un aliado estratégico y socio de negocios en las economías criminales.

“La necesidad de asistencia social, los insuficientes ingresos, la carencia de ropa y alimentos, todo esto les ha permitido a estos grupos aprovecharse de las necesidades de los pueblos indígenas”, dijo un líder de la comunidad Jiwi, quien pidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad.

Como ocurrió con los Huottöja en Cataniapo, los guerrilleros se han acercado a las comunidades no con amenazas sino con promesas.

“Vinieron ofreciendo sus servicios”, dijo un promotor cultural del pueblo Huottöja, cuya comunidad fue abordada por primera vez por el ELN en 2017. “[Dijeron] que iban a apoyarnos y a darnos seguridad”.

Los guerrilleros incluso prometieron comprar toda su cosecha de piña, pero la comunidad rechazó su oferta. Sin embargo, una semana después, el ELN ya estaba instalando un campamento en su territorio después de que los líderes de la comunidad —conocidos con los títulos de capitán y cacique— fueron tras ellos para aceptarles la oferta.

“El capitán y el cacique decidieron dejarlos entrar porque los guerrilleros le ofrecieron a cada uno de ellos una motocicleta y cualquier otra cosa que necesitaran. En comparación con todo ese dinero, la comunidad no tenía ningún valor”, expresó el promotor cultural.

Esta escena se ha repetido en las comunidades indígenas de toda la región y está desgarrando a las comunidades desde su interior, como dice un trabajador de derechos humanos de la zona, quien pidió el anonimato por razones de seguridad.

“Los guerrilleros siguen la máxima de divide y vencerás: si pueden convencer a la mitad de la población, incluso si los demás no están de acuerdo, los tienen de su lado, especialmente si pueden convencer al capitán”, dijo el trabajador.

“Vienen no tanto con palabras políticas sino con dinero”, agrega. “Hay algunos que se resisten, que dicen que no quieren la violencia que la guerrilla ha impuesto en Colombia en los últimos 60 años, pero son muy pocos los que piensan así. La verdad es que el dinero los seduce; corrompe incluso a los líderes más íntegros”.

Quienes se mantienen firmes viven con temor. Aunque hasta ahora la guerrilla ha tratado de evitar la violencia con las comunidades indígenas, los líderes comunitarios son muy conscientes de que la situación podría cambiar repentinamente. Y todos son muy conscientes de que no tendrán a dónde acudir en busca de protección si ello ocurre; la guerrilla se jacta de sus alianzas con el gobierno venezolano, y su colusión con el ejército es un secreto a voces.

“El gobierno sabe que los grupos irregulares están aquí, los apoya porque le aportan beneficios al mismo gobierno”, afirma el líder de la comunidad Jiwi. “No puedo denunciar nada de esto porque, si acudo a cualquier organismo estatal, allá habrá informantes de la guerrilla y al día siguiente me atacarán”.

Una vez que las comunidades aceptan a las guerrillas en sus territorios —o se ven obligadas a recibirlas—, las promesas de lo que pueden hacer por los indígenas se transforman en lo que los indígenas pueden hacer por ellos. Y lo más valioso que pueden ofrecer a la guerrilla, aparte de sus tierras, es su juventud.

“Vienen a las comunidades y les ofrecen dinero a los jóvenes para que se unan a sus filas”, dijo un defensor de derechos humanos de la comunidad del pueblo Baré, quien pidió el anonimato por razones de seguridad. “Han logrado ocupar nuestros territorios con nuestros propios pueblos indígenas”.

Mientras que a algunos se los llevan para engrosar sus filas, otros permanecen en sus comunidades, pero pasan a formar parte de las redes de apoyo a la guerrilla. Dado su conocimiento de la zona, los utilizan como guías, o bien para ofrecer inteligencia y permitir que los guerrilleros accedan a recursos comunitarios como combustible subsidiado o alimentos.

Y las niñas y mujeres jóvenes de las comunidades representan para las guerrillas una utilidad mucho más desechable: la explotación sexual. En un testimonio con el que coinciden varias otras fuentes indígenas, el líder cultural del pueblo Huottöja cuenta que los grupos de guerrilleros ingresaban a su comunidad, ofreciéndoles dinero o alimentos a las muchachas para que los acompañaran hasta los campamentos guerrilleros.

“Las niñas que se fueron con ellos ya tienen sus bebés”, cuenta el líder cultural.

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Detrás de la retórica antiimperialista y las promesas de ayudar a las comunidades, la principal motivación que impulsa el avance guerrillero en Amazonas es el dinero.

El control de los territorios indígenas de Amazonas significa el control de las rutas de contrabando y los escondites de la selva, que son perfectos para la construcción de pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para enviar cargamentos de cocaína a Centroamérica o Brasil. Pero, sobre todo, significa el control de la mercancía más preciada de Amazonas —y la más maldita—: el oro.

En los últimos cinco años, la minería ilegal de oro se ha expandido por toda la región, y la guerrilla, principalmente las ex-FARC —aunque cada vez más también el ELN— han sido los principales impulsores de dicha expansión.

La guerrilla y sus patrocinadores financieros no solo dirigen las operaciones mineras, sino que además controlan los sitios mineros, algunos de los cuales se han convertido en pequeños pueblos, con hoteles, restaurantes, bares y burdeles. Allí le cobran sus “impuestos” —que se pagan en oro— a todo mundo, desde los dueños de los equipos mineros hasta las trabajadoras sexuales. Las ganancias que obtienen son enormes, según refieren las fuentes que han estado o trabajado en las minas.

El impacto sobre el delicado y megadiverso medioambiente que los pueblos indígenas de Venezuela han cuidado y habitado durante generaciones ha sido devastador. Decenas de miles de hectáreas han sido deforestadas, y los suelos y ríos han sido contaminados con mercurio y otros productos químicos, lo que ha dejado como resultado un páramo tóxico donde alguna vez hubo una prístina selva tropical.

“Amazonas está sangrando; esto es un ecocidio”, expresa el trabajador de derechos humanos del pueblo Baré.

Pero las minas están consumiendo mucho más que la selva virgen. La violencia y la muerte son comunes en las minas y en sus alrededores, pero las noticias sobre esta situación rara vez salen de la selva.

“Un amigo indígena me dijo una vez: ‘para que una mina escupa oro, tiene que tragarse a los muertos’”, le contó a InSight Crime un comerciante de la zona, que ha trabajado en numerosos sitios mineros de la región y habló bajo condición de anonimato.

Pero las minas no solo están consumiendo vidas individuales, sino que además están arrasando con culturas antiguas. Vivir en tal pobreza en medio de tales riquezas ha demostrado ser una tentación demasiado grande para muchos pueblos indígenas.

Muchos se han ido a trabajar a las minas, en algunos casos dejando a sus hijos solos para que se valgan por sí mismos, o en otros casos llevándoselos para los sitios mineros, donde quedan expuestos a enfermedades, productos químicos tóxicos, trabajo infantil, y a las guerrillas.

“Los que trabajan en las minas están totalmente perdidos, sus mentes están contaminadas porque están trabajando para la guerrilla”, afirma el promotor cultural del pueblo Huottöja.

Otros han encontrado otras formas de reclamar su parte del saqueo de sus tierras ancestrales.

A la mayoría de las minas solo se puede acceder por río, y muchos grupos de indígenas han establecido sus propias barricadas, conocidas como “alcabalas”, a lo largo de las rutas que han sido tomadas. A menudo armados con arcos y flechas, amarran los barcos y exigen una parte de lo que transportan, o piden dinero para permitirles seguir su camino.

“Son muy agresivos”, cuenta el comerciante. “Dicen: ‘vas a trabajar en la mina, entonces ¿dónde está nuestro trabajo? Aquí estamos pasando hambre’”.

Los únicos que pueden pasar libremente por las alcabalas son los guerrilleros, agrega el comerciante.

Si bien la mayoría ha estado escarbando en la parte inferior de la cadena de suministro, en búsqueda de cualquier migaja de oro que caiga de los tesoros de la guerrilla, algunos indígenas ahora están buscando fortuna estableciendo sus propias operaciones mineras.

Esta participación en el saqueo está aumentando las tensiones entre aquellos decididos a resistir los estragos del comercio de oro y aquellos que lo ven como la única salida.

“Los pueblos indígenas también están participando en esto y se están enfrentando entre ellos como no te imaginas”, afirma Liborio Guarulla, exgobernador indígena del estado de Amazonas. “Esta es una fiebre para la que no hay cura”.

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Los guerrilleros no se han visto con mucha frecuencia por Ähuiyäru De’iyu Ręję desde que los Huottöja los expulsaron. Pero las comunidades se están preparando para su regreso. Han conformado una guardia indígena entre todos, compuesta por diez personas de cada comunidad, encargadas de coordinar la seguridad y monitorear sus territorios.

Si bien el líder de OPUHC insiste en que su lucha es pacífica, también deja claro que está dispuesto a morir por la causa.

“Creemos en lo que estamos haciendo, nos mantenemos firmes por nuestra gente”, afirma.

Pero el trabajo de dicha guardia se ha visto maniatado por la falta de recursos y apoyo, lo que no solo hace que su tarea sea casi imposible, sino que además obstaculiza sus esfuerzos por construir un futuro alternativo para su pueblo.

“No tenemos dinero para organizarnos y defender a nuestras comunidades, por lo que hay algunas personas débiles que quieren trabajar con ellos, esa es la realidad que estamos viviendo”, dijo el líder del pueblo Huottöja.

Otros líderes indígenas están tratando de restablecer sus comunidades invirtiendo lo poco que tienen en educación, promoviendo la cultura tradicional o llevando su mensaje a Caracas para tratar de causar vergüenza en el gobierno nacional, con el fin de que haga algo.

Todos enfrentan los mismos retos: escasez de recursos y un gobierno que, en el mejor de los casos, es indiferente y, en el peor, abiertamente hostil.

Hay quienes temen que algunos miembros de los pueblos indígenas de Amazonas busquen una salida más agresiva frente a su sombrío futuro. “Como ven que la guerrilla viola, asesina y pica a la gente, generando este nivel extremo de violencia, entonces responderán de la misma manera”, afirma Guarulla, el exgobernador de Amazonad.

A pesar de estas muestras de esperanza y resistencia, existe un temor creciente de que, a menos que algo cambie pronto, lo único que les quedará a los pueblos indígenas de Amazonas es la sobrevivencia. Y la única forma de sobrevivir será abandonar sus tierras ancestrales o elegir un diablo con el cual hacer un pacto: el oro o las guerrillas.

Por morfema.press

Bucaramanga fue la sede del tercer Foro Colombia y Venezuela, Juntos por la Integración, un proyecto desarrollado para el fortalecimiento de las ideas y valores democráticos de la comunidad migrante venezolana, que lleva adelante la Fundación Juntos Se Puede en las principales ciudades colombianas.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Hampton el pasado 5 de abril a las 9:00 am.

El foro contó con la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil, miembros de la academia y de la Iglesia Católica. La conversación giró en torno a las dinámicas sociales de integración de los venezolanos y colombianos retornados, en la sociedad bumanguesa y cómo éstos pueden contribuir significativamente al territorio local y con ello, mitigar el impacto de la xenofobia en la capital del departamento de Santander.

El panel del Foro estuvo representado por las organizaciones de base comunitaria, Entre dos Tierras, representada por su directora la activista por los DDHH, Alba Pereira; Regalando sonrisas liderada por su cofundadora Clairet Mata; Génesis Lizarazo que representó a la Fundación Pueblos hermanos. Por la Iglesia Católica, estuvo Guillermo Guerra, miembro del equipo de Regionalización de la Compañía de Jesús en Santander.

Por su parte, la academia contó con la participación de las destacadas profesoras e investigadoras en temas migratorios, Mairene Tobón, Consultora Nacional de Conectando Caminos para los Derechos y, Diana Pinzón, fundadora e investigadora de la Clínica Jurídica de Interés Público y DDHH de la Universidad Autónoma de Bucaramanga

Contra la xenofobia

La voz de alerta la enarboló Alba Pereira, quien como lideresa de la ciudad alertó contra el fomento de la xenofobia, afirmando que quienes cometen delitos deben irrestrictamente ser judicializados. Sin embargo, puntualizó: “Los crímenes no deben tener nacionalidad, los venezolanos en Bucaramanga trabajamos para aportar al desarrollo de la ciudad”.

Asimismo, Guillermo Guerra, ahondó en el trabajo comunitario de la Compañía de Jesús para aquellos venezolanos que en extrema vulnerabilidad, llegan caminando a la ciudad, bien sea para quedarse o para seguir rumbo a otros destinos. “Hemos trabajado junto a la iglesia para ayudar a esos venezolanos que llegan caminando a esta ciudad y lograr integrarlos” afirmó Guerra, quien viene trabajando en un proceso articulado con instancias educativas. Adicionalmente agregó el trabajo en pro de las mujeres cabeza de hogar, en procesos de capacitación y reforzamiento de cuidados a sus hijos.

La directora de la Fundación Regalando Sonrisas, Clairet Mata, habló como ejemplo de superación y de integración efectiva en la ciudad: “Llegué a esta ciudad caminando, porque mi hijo en Venezuela sufrió una mala praxis. Hoy estoy en una organización para ayudar a mis hermanos venezolanos”.

La consultora Mairene Tobón destacó que el trabajo con población migrante, población retornada y población de acogida siempre deberá estar orientada por el enfoque de DDHH, por ello insistió que “La migración es un derecho, en mi caso soy una colombiana retornada que se siente migrante en este, mi país”. Por ello insistió en que los DDHH y la integración, deberán siempre estar encaminados en un propósito que no es a corto plazo. Para ello, aseguró que las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar articuladas con otros sectores con la finalidad de promover con mayor efectividad.

Estatuto Temporal de Protección

Con respecto a la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, Alba Pereira de la fundación Entre dos Tierras, destacó, “Apuesto al ETPV. Hace falta más socialización para que pueda integrar a los venezolanos, pero este documento será un gran apoyo para nuestros connacionales” pero además hizo énfasis en que las autoridades públicas deben revisar sus declaraciones porque en ocasiones fomentan la xenofobia de los ciudadanos y si lo que se desea es la integración, ese no sería el camino apropiado.

Diana Pinzón, de la clínica jurídica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, aseguró que los procesos de implementación del ETPV han tenido aciertos y desaciertos en tanto que se dificulta la unidad de criterios en los entes públicos y privados, para aceptarlo a los portadores, dificultando así la integración económica de los venezolanos en la ciudad.

La coincidencia de todos los panelistas radicó en el trabajo articulado con todos los sectores de la sociedad en un gran proceso socializador de conocimiento sobre el ETPV que, a un año de su anuncio, sigue siendo una gran incógnita entre las instituciones públicas y privadas de Colombia.

Estos espacios de conversación se están abordando desde la Fundación Juntos Se Puede con la intención de promover en todas las fuerzas vivas de la sociedad colombiana, una discusión en torno a la integración de los venezolanos en Colombia. La próxima cita de estos ambiciosos espacios se llevará a cabo en la ciudad de Medellín y en Bogotá.

Por Gustavo Ocando Alex en VOA

Si un ciudadano en Venezuela paga un plátano con un dólar en efectivo en un supermercado, está obligado a pagar un 3% adicional de impuesto. La nueva normativa no es “inteligente”, según el economista Manuel Sutherland

Un nuevo impuesto a quien pague con divisas o criptomonedas en Venezuela ha generado dudas y “caos” entre los comerciantes y ciudadanos comunes desde su aplicación, que comenzó la semana pasada.

La Voz de América aborda en detalle lo que significa este nuevo tributo a las grandes transacciones financieras, que según expertos va a “pechar” a quien no debe, solo por pagar con dólares u otras divisas la compra más básica, como un plátano en un supermercado.

1. Viejo impuesto reformado

No se trata en realidad de un nuevo impuesto, sino de una reforma que amplía un tributo ya existente en Venezuela. El oficialismo parlamentario modificó el decreto presidencial sobre el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, que impulsó y aprobó el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2015, bajo el amparo de una ley habilitante. Se le conoce en Venezuela como el IGTF.

La Gaceta Oficial Extraordinaria del 25 de febrero pasado precisa que se incluyen “nuevos contribuyentes” a ese impuesto. La norma la aprobó el chavismo en la Asamblea Nacional, donde tiene más de 250 diputados, de 277, y contó con la venia del gobierno de Nicolás Maduro.

Si bien se había debatido previamente que el impuesto podría elevarse hasta un 20% del monto total a pagar por bienes, productos y servicios, la normativa aprobada hace semanas establece dos: uno del 2% y otro del 3%.

Diputados del chavismo han asegurado que el impuesto puede ascender a entre 8% para cuentas corrientes en divisas, y 20% para quienes no están registrados en el sistema bancario venezolano. Este último porcentaje, el más alto, se calcula porque esta persona o negocio deja de cobrar el Impuesto al Valor Agregado (16%), más el IGTF (3%), y no paga la patente de actividad económica, según explicó el diputado Orlando Camacho al diario Últimas Noticias.

2. ¿Quiénes lo pagan?

La ley de 2015, en esencia, obliga a pagar el IGTF en Venezuela a quienes califiquen como “contribuyentes especiales” del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) o a aquellos que estén vinculados jurídicamente con ellos o realicen pagos mediante sus cuentas.

En Venezuela se categoriza como contribuyente especial a la persona natural que supere las 7.500 unidades tributarias de ingresos brutos anuales en su última declaración anual (150 bolívares o 34 dólares). También incluye a todo aquel negocio que haya registrado ingresos brutos mayores a 30.000 unidades tributarias (600 bolívares o 139 dólares) en el último año fiscal.

Originalmente, la alícuota de IGTF de estas figuras era de 0,75%, pero una reforma en 2018 lo fijó en 1%. Luego de la modificación de febrero pasado, la normativa establece que estas figuras “especiales” pagarán 2% de IGTF.

Ahora la reforma que entró en vigencia añade dos artículos para establecer que pagarán el 3% todas las “personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica” que realicen pagos en “moneda distinta a la de curso legal”, es decir, cualquiera que no sea el bolívar venezolano, o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por el gobierno.

También lo pagarán todos aquellos que realicen pagos “a personas calificadas como sujeto pasivo especial” en divisas, criptomonedas o criptoactivos.

Manuel Sutherland, economista, explica a la Voz de América que el IGTF dejó de ser un tributo a grandes transacciones para transfigurarse en un impuesto que aplicará a prácticamente cualquier venezolano que pague con divisas.

“Cualquier persona que compre un kilo de plátano, y le cueste un dólar, va a pagar 0,03 dólares de impuesto si lo paga con un billete de un dólar en un supermercado. Si lo compra en la calle o en un camión, no le cobran”, precisa.

3. ¿Quiénes no lo pagan?

La reforma al decreto ley del IGTF incluye nuevas exenciones. No estarán obligados a pagarlo quienes realicen “débitos de compra, venta y transferencia de la custodia en títulos valores emitidos o avalados” por el Estado.

Tampoco aplica para operaciones cambiarias oficiales, ni a pagos en bolívares con tarjetas de débito o crédito nacionales e internacionales desde cuentas en divisas “a través de puntos de pago debidamente autorizados”, salvo los realizados por contribuyentes especiales, según especifica la reforma.

El IGTF, asimismo, no aplica para pagos en divisas o criptoactivos realizados “a personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica que no están clasificados como sujetos pasivos especiales”.

También están exentas las remesas enviadas desde el exterior mediante “instituciones autorizadas” para ello.

La ley original establecía exenciones para operaciones como “el primer endoso en cheques, valores, depósitos en custodia pagados en efectivo” o “los débitos o retiros realizados en cuentas de la Cámara de Compensación Bancaria”.

4. El objetivo del gobierno

La principal razón del chavismo para pechar este nuevo impuesto a personas naturales que paguen con divisas o criptoactivos es que esas transacciones “aporten al gasto fiscal”, según explicó el diputado Orlando Camacho.

Según firmas privadas, cerca de 70% de las transacciones comerciales en las principales ciudades de Venezuela se realizan con divisas, generalmente con dólares en efectivo o transferencias con aplicaciones tipo Zelle o PayPal.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dice que el gobierno busca “recuperar la economía” del país y seguir abonando al “crecimiento”.

Otros legisladores aseguran que la recaudación de este impuesto a más contribuyentes ayudará a mejorar los servicios públicos del país, pagar pensiones y cumplir con los salarios de los trabajadores del Estado.

Otro de los objetivos es estimular el uso del bolívar, como lo anunció en diciembre pasado la vicepresidenta del gobierno, Delcy Rodríguez.

5. ¿Impuesto de ricos o para todos?

El chavismo ha defendido la aplicación del IGTF a quienes pagan con divisas como un tributo cobrado a “los ricos y grandes comerciantes” de Venezuela, según palabras del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Su cobro a nuevos contribuyentes ocurre justo cuando el país suramericano acaba de salir de un ciclo hiperinflacionario de más de cuatro años al hilo y en medio de una comprometida situación económica que, según la oposición política a Maduro, generó una “emergencia humanitaria compleja”.

El impuesto “rompe la inmunidad tributaria” del ciudadano común, como los millones de pensionados que pudieran tener contados recursos en divisas, advierte el economista Manuel Sutherland. A su juicio, es un error pensar que toda persona que posea divisas en Venezuela tiene recursos para pagar impuestos adicionales en la compra de sus bienes y productos más básicos.

6. El “caos” comercial

La primera semana de aplicación del IGTF fue un “caos total”, dijo este lunes el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Leonardo Palacios.

El vocero gremial criticó la “improvisación” y la falta de mecanismos para consultar a la ciudadanía sobre ese nuevo impuesto. Según cálculos de la organización nacional de comerciantes de Venezuela, Consecomercio, solo 25% de los negocios pudo cobrar el IGTF en sus primeros días de vigencia.

Los comerciantes advierten que la adecuación de sus máquinas fiscales puede costarles hasta 1.000 dólares y toma mayor tiempo del que se les ha dado.

Su activación también ha sido “confusa” para el ciudadano y le frustra en sus compras regulares, según el economista Sutherland. El Estado venezolano también se enfrenta a la dificultad de verificación de su cobro, dice.

“Se hace demasiado complicado al Seniat verificar si las personas pagaron en divisas o no. Sería una fiscalización muy difícil de llevar a cabo y creo que bastante costosa. No creo que haya sido una propuesta inteligente”, apunta.

Según el experto, una forma “más elegante” de aumentar el uso del bolívar por parte del ciudadano hubiese sido otorgar créditos en moneda nacional o garantizar su disponibilidad en todos los cajeros automáticos y bancos.

Por Transparencia Venezuela

Transparencia Venezuela y La Coalición Anticorrupción diseñaron un instrumento que permitió recabar datos sobre los daños que generan las irregularidades y actos ilícitos a las empresas, y presentan un conjunto de prácticas para una gestión empresarial transparente

De acuerdo con el reciente informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2021), publicado por Transparencia Internacional, Venezuela se encuentra entre los países más corruptos del mundo. 

El patrón de Gran Corrupción, instaurado en el país durante las dos últimas décadas, ha empujado a cerca de 7 millones de connacionales a buscar mejores condiciones de vida fuera de nuestras fronteras, y se ha convertido en el principal obstáculo para el crecimiento económico, político y social de la nación.

Los efectos perniciosos de este fenómeno se sienten de forma particular en el sector privado.

Para ayudar a comprender la dimensión del entramado de actos ilícitos, los actores que participan y su alcance en las actividades económicas, Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción, a través de se Grupo Sectorial de Producción y Abastecimiento, preparó el documento Impacto de la corrupción en las empresas privadas.

El informe permite conocer la posible corrupción y sus secuelas en sectores esenciales de la economía nacional, que se traducen en mayores penurias para los ciudadanos como consumidores y usuarios de los productos, obras y servicios que generan las empresas.

Además, las actividades productivas y comerciales no están exentas de ser afectadas por prácticas corruptas, que exponen a las organizaciones a riesgos de reputación y eventuales daños a su valor en el mercado.

Transparencia como antídoto

Ante esta realidad, instancias internacionales y organizaciones civiles han advertido sobre la necesidad de promover la transparencia y la lucha anticorrupción en las empresas, y de actualizar el marco legal que regula los principales ilícitos que ocurren en el ámbito privado.

En el caso de Venezuela, el examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, realizado en junio de 2021, dictaminó que la legislación sobre el soborno y la extorsión en el país se encuentra retrasada.

A su vez, instaron al Estado, a las empresas y a la sociedad civil a desarrollar iniciativas para prevenir y erradicar las irregularidades e ilícitos en que pudieran incurrir los distintos actores que forman parte de este sector: personal, directivos, socios o agentes que operan en su nombre.

Por ello, en concordancia con los preceptos del artículo 12 de dicha Convención, el Grupo Sectorial de Producción y Abastecimiento de la Coalición Anticorrupción, también elaboró una propuesta de 25 Buenas Prácticaspara una gestión empresarial transparente, a ser implementada por el sector, tanto productivo como el de comercio y servicios, con el objeto de promover la transparencia y el correcto ejercicio de sus actividades comerciales.

El Grupo Sectorial de Producción y Abastecimiento es una iniciativa estratégica de la Coalición Anticorrupción, movimiento ciudadano promovido por Transparencia Venezuela, que suma 923 organizaciones de distintos sectores de la sociedad civil venezolana.

Su objetivo es hacer seguimiento al impacto de la corrupción en el área de su competencia, así como impulsar el desarrollo de acciones para erradicar este flagelo y visibilizar su impacto en la sociedad.

Conoce y comparte 

Impacto de la corrupción en las empresas privadas y 25 Buenas Prácticas para una gestión empresarial transparente.

Por Florantonia Singer en El País

Chávez firmó el decreto principios de octubre de 2010, casi a la medianoche, mientras hacía uno de sus habituales contactos telefónicos en los programas del primetime de la televisora estatal VTV. “Este es el decreto número 7.700. Me gusta ese número”, comentaba mientras leía la resolución por teléfono. “Se acabó el tiempo de Agroisleña. Ahora será de propiedad popular”.

El comandante de la revolución bolivariana entonces alegaba luchar contra un supuesto oligopolio para garantizar la seguridad alimentaria. La decisión tomada regresa ahora como búmeran, con una deuda más que debe pagar el Estado venezolano.

El fallo del Ciadi a favor de Agroisleña

Esta semana, el tribunal de arbitrajes internacionales del CIADI —Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, instancia del Banco Mundial— falló a favor de la compañía fundada en 1958 por Enrique Fraga Alonso, un canario que como muchos españoles emigró a Venezuela a finales de los años cuarenta del siglo pasado.

Ahora Venezuela debe pagar al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos más de 1.400 millones de euros como compensación por el incumplimiento del Acuerdo España-Venezuela que protege las inversiones españolas en el país sudamericano, al que se aferró la empresa para reclamar por sus bienes con una demanda que introdujo en 2016.

A este monto se suman los gastos administrativos de este procedimiento tanto para el el a como para la empresa, informó la compañía en un comunicado.

Lo que era Agroisleña en Venezuela

Al momento de su expropiación, Agroisleña tenía 52 años de fundada en el país, más de 60 tiendas, silos, centros de distribución, cerca de 3.000 empleados y un conglomerado de empresas asociadas al negocio agrícola como Insecticidas Internacionales, Proyefa y Venezolana de Riego.

Así proveía y daban asesoría técnica a más 18.000 pequeños y medianos productores, que representaban 70% del sector. Para el agro venezolanos hay un antes y después de Agroisleña.

Tras la ocupación por el Gobierno de todas las instalaciones de Agroisleña vino el cambio de nombre. Agropatria asumió el control de la importación de todos los insumos del sector sacando provecho de los dólares preferenciales de los años del control de cambio que rigió por 15 años en Venezuela y se convirtió en una centrifugadora de corrupción.

El naufragio de Agropatria

Chávez prometió la venta de semillas y fertilizantes a precios más bajos y ocurrió lo que pasó con todas las empresas tomadas por el chavismo.

Los productos empezaron a escasear, la producción del campo se fue en picada hasta que Venezuela terminó en 2020 en la lista de las Naciones Unidas de los países del mundo que enfrentan crisis alimentarias junto con Yemen, Siria y Haití.

Luego de que Agropatria naufragara, Nicolás Maduro dio luz verde en 2013 para que una empresa de la Fuerza Armada Nacional, Agrofanb, entrara en el terreno. Con el monopolio militar de ambas estatales la situación no mejoró.

Datos de Fedeagro, la patronal de los agricultores, revelan la caída de la producción en una década. En 2009, un año antes de la expropiación de Agroisleña, se producían 17 millones de toneladas métricas de los principales rubros: maíz, arroz, sorgo, caña de azúcar, café, papa, cebolla, tomate, girasol y pimentón.

Para 2020 se producía casi seis veces menos, tan solo 3 millones de toneladas métricas.

La opacidad del régimen de Maduro

La decisión del CIADI ocurre días después de que se conociera que el centro comercial Sambil Candelaria, una enorme edificación en el centro de Caracas, propiedad de empresarios de origen judío y expropiada en 2006, regresó a sus dueños. Maduro ha puesto la reversa a la política de tomas y ocupaciones de la propiedad privada que marcaron el llamado socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez.

Desde hace un par de años, el Gobierno ha comenzado a privatizar algunas de las más de 500 empresas que posee como parte del viraje obligado por la debacle económica del país petrolero. El caso del Sambil sería atípico, porque es el primero que regresa a sus dueños, aunque no han trascendido los detalles de esa negociación.

Muchas otras empresas han pasado a otras manos, en muchos casos de capitales vinculados al chavismo, bajo la sombra de la ley antibloqueo aprobada en 2021 que pone un velo de confidencialidad a todas estas transacciones.

Hasta el año pasado el Gobierno venezolano había hecho más de 5.500 confiscaciones directas y expropiaciones y adeudaba más 30.000 millones de dólares (27.400 millones de euros) solo en litigios y arbitrajes, según el Observatorio de Gasto Público de Cedice, un centro de investigación económica local, sin incluir los compromisos con bonos de PDVSA.

Entre los más costosos están los de las mineras canadienses Gold Reserve y Crystallex.

Con Agroisleña también hubo intentos de negociación, pero el pleito finalmente ha desembocado en el CIADI y abulta una monstruosa deuda para el futuro de un país quebrado.

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