Vicente brito

Por Vicente Brito

Para alcanzar elevados niveles de inversión — y con ello sostener un crecimiento económico capaz de aumentar el producto interno bruto, generar empleo y mejorar la calidad de vida — es indispensable fortalecer tres factores clave: la seguridad jurídica, la propiedad privada y el diálogo tripartito.

En conjunto, estos elementos crean las condiciones que permiten a los países atraer los mayores flujos de capital, tanto de inversores internacionales como locales.

La seguridad jurídica es fundamental para proporcionar un marco legal estable y confiable. Garantiza a los inversionistas que sus capitales no estarán expuestos a decisiones arbitrarias de las instituciones públicas que puedan poner en riesgo sus proyectos. Las economías con mayor crecimiento y desarrollo social suelen caracterizarse por ofrecer un sólido sistema de garantías legales que protege las inversiones realizadas.

La propiedad privada constituye otro pilar esencial. Los inmuebles que integran el patrimonio empresarial sirven como garantías para acceder a préstamos destinados a financiar programas de inversión. Además, representan respaldo patrimonial al momento de emitir bonos u otros instrumentos de deuda en los mercados de capitales. Este patrimonio – que incluye infraestructura industrial, comercial o agropecuaria, así como la tierra – es determinante para sostener y ampliar la actividad productiva.

El diálogo tripartito entre sindicatos, gremios empresariales y el Ministerio de Trabajo es crucial para alcanzar acuerdos equilibrados. Este mecanismo permite definir niveles salariales y prestaciones sociales que sean satisfactorios para los trabajadores, sin comprometer la rentabilidad necesaria para que las empresas continúen invirtiendo y creciendo.

En suma, la seguridad jurídica, la protección de la propiedad privada y el diálogo tripartito conforman la base necesaria para atraer altos volúmenes de inversión y promover un desarrollo económico y social sostenible.

Vicente Brito

Presidente

Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.

Por Vicente Brito

Desde que empezó el proceso de expropiación de tierras y empresas privadas hace aproximadamente 20 años, los números demuestran cómo a pesar de los grandes recursos invertidos y los utilizados para cubrir sus pérdidas, durante el tiempo que han funcionado como empresas públicas solo se observa una constante disminución en los montos producidos en esas tierras y empresas afectadas, al compararlas de cuando estaban en manos privadas. Se estima en unos 100 mil millones de dólares los montos utilizados para sostener sus inversiones y pérdidas desde que pasaron a manos públicas.

Son cientos las empresas afectadas y millones de hectáreas las tomadas pertenecientes a más de 3 mil haciendas, hatos y fincas que fueron total o parcialmente ocupadas, las cuales producían alrededor del 70% de los alimentos que consumimos, igualmente sucedió con la producción industrial y agroindustrial de las empresas expropiadas las cuales cubrían el consumo nacional y algunas también exportaban.

Se dedicaron grandes recursos para aumentar la producción de alimentos a través de la misión Agro Venezuela en las tierras afectadas, no habiéndose logrado el aumento previsto sino una baja en la capacidad productiva de esas; haciendas, hatos y fincas tomadas. Así lo demuestran las toneladas producidas de: maíz, azúcar, café, leche, carne, arroz, pollos, cacao etc. Al compararlas de cuando eran privadas.

En la producción industrial se observan los mismos resultados con una menor capacidad de producción, destacándose entre otros: acero, aluminio, cemento, electricidad, etc.

Las pérdidas patrimoniales causadas a los privados que no les cancelaron sus propiedades tomadas, se estiman en más de 150 mil millones de dólares. Las pertenecientes a empresas o propietarios extranjeros han utilizado a los tribunales de arbitrajes internacionales para reclamar el pago, estimándose que estos reclamos se acercan a los 50 mil millones de dólares. Los nacionales afectados muy pocos han recibido algún pago por sus empresas o tierras tomadas estimándose en más de 100 mil millones de dólares los montos de esas propiedades afectadas, dejando a mucho de sus propietarios sin recursos.

Esto nos demuestra cómo la política de expropiación de empresas y tierras privadas, solo nos causó: caída en la producción nacional, pérdidas patrimoniales a los afectados y reclamos convertidos en deuda externa de las empresas extranjeras ocupadas sin pago. Seguir sosteniendo este conglomerado empresarial público es muy costoso para la nación Venezolana. ¿Soluciones?

Vicente Brito

Presidente

Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución

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