Vía VOA

Un grupo de panelistas se refirió a la situación en Venezuela y subrayó la necesidad de lograr una salida a la crisis ante el “deterioro” de las condiciones de vida, de DDHH y el incremento de actividades “ilegales” que, sostienen, son una amenaza para la región.

Venezuela continúa enfrentando un proceso de “deterioro” en un contexto de “represión” contra la disidencia y se ha convertido en “epicentro” de diversas actividades ilegales, entre ellas la minería ilegal y “lavado de dinero”, expusieron panelistas que participaron el viernes en un foro del Wilson Center.

El expresidente de Colombia, Iván Duque, alertó que Venezuela se ha convertido en una “amenaza” para la democracia y la seguridad de la región que, afirmó, ha generado una “expansión” de imitadores del sistema, en referencia puntual a Nicaragua.

“También tenemos que resaltar que el régimen de Maduro continúa patrocinando y brindando refugio seguro a organizaciones terroristas. Ellos son el ejemplo de los más peligrosos encubrimientos a grupos terroristas, ELN, disidencias de las FARC, son algunos de los nombres que puedo mencionar. El lavado de dinero es otra cosa que está pasando en Venezuela de manera peligrosa mediante criptoactivos”, dijo.

Además, expresó preocupación por lo que calificó de “diplomacia de blanqueo” por parte de gobiernos latinoamericanos que “legitimizan” a Maduro.

Duque se refirió a la necesidad de exigir que los diálogos entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en México no mantenga el “mismo discurso en el que Maduro gana de tratar tiempo” de cara a las próximas elecciones presidenciales.

“La única manera de que pueda haber elecciones libres en Venezuela es sin Maduro en la boleta, garantizado que sean libres y que cuenten con observación internacionales”, aseguró.

Al respecto, la congresista estadounidense, Debbie Wasserman Schultz, manifestó que existe la preocupación de que, con el paso del tiempo y el peso de la crisis, “se empiece a generar inercia” e insistió en la necesidad de que la política estadounidense también se concentre en el hemisferio occidental.

También afirmó que el “aparente” avance en las negociaciones en México se ha convertido en un “obstáculo” adicional.

“No se ha podido convertir esta idea en realidad, mientras que los venezolanos que enfrentan la pobreza y persecución cuestionan si el gobierno interino y la comunidad internacional pueden lograr resultados. Está claro que todas las partes involucradas están esperando una señal de EEUU sobre la viabilidad de este fondo”, manifestó durante su intervención.

Sin embargo, precisó que deben haber “garantías” para salvaguardar los fondos y que no se permita que quienes “financiaron la dictadura” resulten beneficiados.

El oficialismo y la Plataforma Unitaria firmaron en noviembre un acuerdo para crear un Fondo de 3 mil millones de dólares para la Atención Social con recursos congelados en el exterior, que será administrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), para atender las necesidades más urgentes en Venezuela.

El Acuerdo Parcial precisa que los fondos serán liberados “progresivamente” y no establece límite de tiempo, pero el gobierno venezolano considera que la oposición está incumpliendo y se niega a volver a la mesa de diálogo para tratar asuntos como garantías y condiciones electorales.

En el evento “Crisis en Venezuela: implicaciones para la Democracia, los DDHH y el ambiente”, como parte de una serie sobre “Hemisferio de Prosperidad y Libertad” del Wilson Center, los panelistas hicieron un recuento sobre cómo, desde su punto de vista, las políticas implementadas por el gobierno venezolano en los últimos años han causado una “destrucción” que ha ocasionado la migración de más de 7 millones de personas, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

DDHH

Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) expuso ante el panel, tal y como hizo esta semana en una actualización oral ante el Consejo de DDHH de la ONU, que en Venezuela “continúan produciéndose graves violaciones” a los derechos fundamentales.

Valiñas resaltó que en el último año han evidenciado un intento por “reprimir” a la disidencia y subrayó que han “recrudecido” los ataques contra los medios de comunicación, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas humanitarios y sindicalistas, lo que se traduce en un intento de restringir el espacio cívico.

Los informes de la FFM han sido descalificados por el gobierno venezolano que los considera un “ataque” contra el país y una vía para construir una narrativa de supuestas violaciones sistemáticas “con oscuros fines políticos”.

Ecocidio

Cristina Burelli, directora ejecutiva del grupo de investigación SOS Orinoco, explicó cómo se ha evidenciado un incremento en la deforestación en los estados Bolívar y Amazonas al sur del país, específicamente en el Arco Minero, consecuencia de la minería ilegal.

“Es una política minera porque se han dado cuenta de que, con la destrucción de la industria petrolera, podrían simplemente iniciar una política minera en el sur y poner en marcha un plan muy eficiente del cual se están beneficiando en cada etapa del suministro, minas de oro, diamante y coltán”, destacó.

Burelli afirmó que la minería permite al gobierno “evadir” las sanciones internacionales porque “es la manera en la que están sacando oro desde esta región a otros países”.

En su tercer informe presentado el año pasado, la FFM destacó los abusos y violaciones a los derechos fundamentales cometidos por parte de actores estatales y no estatales contra la población local en el Arco Minero del Orinoco, donde habitan territorios tradicionales de 16 pueblos indígenas y existen “grandes áreas protegidas y es rico en minerales estratégicos”.

El informe precisa que, para reducir la minería informal y reforzar su control sobre las zonas mineras, el gobierno ha lanzado operaciones y ha militarizado el territorio “cada vez más”, provocando “niveles de violencia sin precedentes”.

En 2015, el Arco Minero del Orinoco fue establecido como “Zona de Desarrollo Económico Nacional”.