Por Zair Mundarain en La Gran Aldea

El Cartel de Sinaloa enviaba a sus pistoleros a exterminar a quienes les disputaban el territorio del narcotráfico, algunos eran capturados vivos y llevados a centro de tortura para luego matarlos; otros quedaban en el sitio bajo las balas de sicarios bien armados y entrenados. Cualquiera que fuera la modalidad, después de estas matanzas, aparecía Santiago Meza López, un albañil que, a temprana edad, descubrió una siniestra habilidad con la que empezó a ganarse la vida: limpiar las escenas de crimen del cartel y desaparecer los cuerpos para asegurarles la impunidad. 

De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República, Meza habría desaparecido al menos a 300 personas. Luego de su captura en 2009, explicó su “técnica”, que consistía en abrir fosas en fincas bajo el control de la organización criminal y llenarlas con ácidos capaces de disolver el tejido de los cuerpos. Cuando la capacidad se agotaba, cerraba cuidadosamente el pozo y ya tenía otro dispuesto para nuevas víctimas. Esta modalidad criminal le valió el mote de “El Pozolero”, con el que es conocido dentro de las páginas de la historiografía criminal mexicana.

En Venezuela la metodología es más sofisticada, el poder cuenta con diversos mecanismos para intentar darle un barniz de legalidad a los crímenes de Estado que comete a diario y que se han venido intensificando en los últimos días. La analogía no es inocente, el estamento político revolucionario actúa, se organiza, divide sus operaciones y se expresa de forma similar a las grandes corporaciones criminales. No todos los miembros de una organización criminal comprenden o conocen la totalidad del plan u objetivos trazados. Esto queda en manos de un grupo reducido de personas, el resto coadyuva a la realización del objeto común de acuerdo con la función concreta que se le ha atribuido en la planeación. Esto es así, pues el control de la información es fundamental para la supervivencia del crimen organizado, la caída de alguno no puede significar el fin de las operaciones o la extinción de la banda.

El régimen venezolano sube la apuesta en materia de violación de derechos humanos y destrucción del espacio público con la desaparición forzada de la activista de Derechos Humanos Rocío San Miguel. Se trata de una profesional que se caracteriza por su serenidad, credibilidad y profesionalismo a la hora de enfrentar los temas sobre los que intenta generar reflexión en la sociedad. Los informes y opiniones que produce son públicos, son el producto de investigación sustentada en fuentes fidedignas y metodológicamente elaborados, de modo que intentar vincularla con un plan oscuro, subrepticio o ilegal carece de toda credibilidad. Por el contrario, los enfrentamientos que ha sostenido con el régimen han sido en espacios institucionales y de acuerdo con reglas claras, como el litigio que sostuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la “Lista Tascón” y la violación de los derechos políticos de los venezolanos. 

Rocío permaneció desaparecida por tres días junto a cinco familiares. La corroboración del crimen de desaparición forzada lo hace el mismo fiscal, cuando en su confuso comunicado, luego de varios días en que se presumía la detención, reconoce que ella se encuentra en manos de alguno de los pavorosos organismos de seguridad del Estado. Sin embargo, no dice desde cuándo, a la orden de cuál tribunal, quiénes son los fiscales comisionados, dónde se encuentra físicamente, y si ha tenido derecho a conocer los hechos imputados o designar defensa técnica que vele por sus derechos. En fin, el comunicado de Tarek es la confesión de un crimen de Estado, pero no se le puede pedir más. Él, siguiendo los pasos de “El Pozolero”, y limitado a ser un mandadero de quienes realmente detentan el poder, sale presuroso a recoger las evidencias del delito e intentar por todos los medios darle un rostro de legalidad que permita impunidad y que sigan delinquiendo.

El día sábado, cuando San Miguel ya tenía varias horas desaparecida, en el Ministerio Público nadie sabía nada de esa detención, a pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal dice expresamente que dentro de las doce horas siguientes a la aprehensión, ya la fiscalía debe conocer de la misma y girar las instrucciones pertinentes para la protección de los derechos del imputado, pero también para la preservación y evaluación de cualquier evidencia. Esta obligación legal ya no se cumple en el país. La DGCIM, el SEBIN y otros brazos de la persecución y el crimen, saben que notifiquen o no dentro del lapso legal, cuentan con un incondicional aliado capaz de torcer el derecho hasta desdibujarlo por completo, con tal de seguir las instrucciones de Miraflores. La tardanza del poeta es inventar una conspiración o incluir al desdichado o desdichada en este caso, en cualquiera de las conspiraciones o guiones fantásticos anteriores es, como diría Hector Lavoe en la canción Timbalero, “entren que caben 100”.

La desaparición forzada es un crimen de Lesa Humanidad conforme al Estatuto de Roma. En nuestra legislación tiene una pena de entre 15 a 25 años de prisión, no prescribe y todos los partícipes, incluso aquellos que actúen por omisión, pueden ser responsables. “El Pozolero”, perdón Tarek, anunció al país que contra San Miguel  pesaba una orden de aprehensión desde enero, lo cual no es cierto, ya que no consta en ningún tribunal que se haya librado tal orden, y Rocío San Miguel hacía su vida con normalidad sin que fuera detenida, perseguida o notificada de alguna acción legal en su contra, lo que queda demostrado con su presencia en el aeropuerto de Maiquetía donde confluyen todos los organismos policiales. Pero como se ha hecho costumbre, y como lo ha reflejado en uno de sus informes la misión independiente para la verificación de hechos de la ONU, desaparecer a los perseguidos por razones políticas ya es una constante en Venezuela, a tal punto que ya casi es parte del manual de actuación del Ministerio Público, que no solo contribuye con la desaparición, sino que en el interín promueve ilegales interrogatorios, algunos confesados por el mismo “fiscal”, sin percatarse nuevamente que está describiendo una brutal violación del debido proceso, de cuya autoría se jacta.

Antes de las 48 horas, una persona detenida debe estar ante un juez de control de garantías acompañado de su abogado de confianza. Desde el viernes a hasta la tarde del lunes, ese lapso constitucional feneció, y ni sus abogados, familiares, amigos, ni nadie en el país, salvo Tarek y a quienes encubre para tratar de disimular el crimen, sabían dónde estaba Rocío San Miguel, quien incluso tiene a su favor medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que comprometen al Estado venezolano en la protección de su integridad,  libertad y dignidad. 

La dictadura no deja norma vigente con esta detención, a pesar de que Tarek, dice que toda esta actuación está apegada a la Constitución y la ley, afirmación que no aguanta el menor análisis. Esta desaparición se erige como una monstruosidad que envía un mensaje importante a las organizaciones civiles a quienes pretende exterminar por una “ley” incivil y contraria al derecho de asociación, pero también envía un mensaje al mundo militar del que Rocío San Miguel se había convertido en una caja de resonancia en torno a lo que ahí viene ocurriendo.    

“El Pozolero” encubrió por años al Cartel de Sinaloa, el fiscal hace lo propio con Maduro y su organización. Nadie cree los guiones novelescos del Ministerio Público, no hay prueba alguna de conspiraciones, basta de inventos. Estamos obligados a reaccionar, de ello depende el curso de los acontecimientos políticos de 2024, mientras el régimen libera a los colectivos aprehendidos en flagrancia, detiene a Rocío San Miguel, el hampa manda, mientras tanto.