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El largo camino de un dinero que nunca volverá a Venezuela

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Por Valentina Lares y Gustavo Coronel en Armando.info

La petrolera estatal se comprometió al pago, sin demora ni protesta, de cientos de millones de dólares a una compañía fraudulenta de mera fachada que, aunque nunca prestó el servicio acordado, tenía las cláusulas del contrato a su favor. Tras perder un arbitraje internacional, al menos 325 millones de dólares en alquiler de equipos destartalados a ese acreedor de Pdvsa siguieron en disputa en un tribunal del Reino Unido. Pero, de recuperarse, es más probable que su destino final esté en Estados Unidos o Malasia, que en Venezuela, de donde salieron.

Pdvsa pagó cándidamente, primero. Obligada, después. ¿El monto? Al menos 325 millones de dólares cuyo destino un tribunal de Londres está por decidir. En medio de esa expectativa por la decisión final de la corte, algo que de antemano se sabe es que, a pesar de que el dinero salió de Pdvsa, no hay ni la más mínima oportunidad de que el Estado venezolano vaya a recibirlo de vuelta. Entre los beneficiarios potenciales están la empresa Petrosaudi Oil Services, el Departamento de Justicia de Estados Unidos o la justicia de Malasia.

El botín en disputa, y la disputa misma, son productos de uno de los contratos más lesivos para los intereses del país firmados durante la autodenominada Revolución Bolivariana. Se trató del contrato suscrito en 2009 entre Pdvsa y Petrosaudi Oil Services, esta última, creada por dos artífices de los negocios al estilo del fake it ‘till you make it, el británico Patrick Mahoney y el suizo Tarik Obaid, quienes con la ayuda de Turki bin Abdullah, uno de los hijos de Abdalá bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita en ese momento, armaron lo que terminó siendo una empresa de maletín con agallas y conexiones.

Hablando de conexiones: fue gracias a la intermediación de dos venezolanos muy bien posicionados frente la alta directiva de la estatal petrolera venezolana, que Petrosaudi ganó un jugoso contrato por los servicios de dos buques taladros destartalados para operar en la extracción de gas en las aguas del bloque Gran Mariscal Sucre, al oriente de Venezuela.

El contrato establecía el arrendamiento de estos buques -el Saturn y el Discoverer- por un canon de casi un millón de dólares diarios (cerca de medio millón al día por cada uno) durante siete años; un total de 1.300 millones de dólares. La astronómica cifra, que apenas hizo pestañear a la directiva de Pdvsa encabezada por Rafael Ramírez en aquella época de vacas gordas, no solo movía al escándalo por su monto, sino también porque se comprometía con una empresa de utilería dotada con equipos viejos. Para colmo, en condiciones casi de usura: entre otras cláusulas del contrato, la petrolera venezolana aceptaba pagar las facturas siempre, sin chistar, aunque tuviera dudas sobre estas, bajo la premisa contractual de pay now, argue later. Solo podía ejercer cualquier reclamo ante un tribunal internacional de arbitraje.

A la postre, tan pobre fue el desempeño de los buques, y tan obscenas las facturas acumuladas, que no tardó mucho para que Pdvsa dejara de pagarle a Petrosaudi so pena de que reventara el escándalo del sobreprecio, cosa que de cualquier manera se reveló en 2012. Pero esa sería la menor de las pesadillas para la estatal petrolera venezolana, pues Petrosaudí echó mano de todas las herramientas legales para cobrar las facturas que Pdvsa dejó de pagar y que el contrato contemplaba

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