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Nicaragua: Ortega recurre a las expropiaciones masivas para afianzar su régimen de terror

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Vía Gaceta de la Iberoesfera

El atraco de propiedades acecha nuevamente a Nicaragua. El retorno de las expropiaciones a manos del sandinismo, vuelve a crear zozobra en el país. La oficialización de las dos últimas confiscaciones, el edificio del diario La Prensa, y las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Managua, no dejan espacio a dudas sobre la amenaza a la que se enfrentan nuevamente los nicaragüenses con el retorno del robo de propiedades, una práctica instaurada por el sandinismo durante su primera dictadura (1979-1990).

El costo de lo robado a La Prensa es de aproximadamente 6 millones de dólares. Eso incluye una impresora rotativa cuyo valor supera los 2 millones de dólares, y una empresa comercial con un valor de 3,89 millones. No se toma en cuenta el valor del edifico y los equipos de la redacción, entre otros bienes.

Tras las protestas de abril de 2018, Daniel Ortega, ha ido despojando de sus bienes a oenegés tras cancelarles sus personerías jurídicas a través de la Asamblea Nacional, muchas de ellas vinculadas al sandinismo disidente que gobernó con el dictador durante el primer régimen. Con ello Ortega busca eliminar la red de apoyo y recursos que reciben sus exaliados a través de dichas organizaciones.  

El 31 de marzo la Asamblea Nacional aprobó una nueva herramienta represiva con la busca crear un marco jurídico para “legalizar” el robo de bienes a través de la Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro. Por ahora no existen datos precisos sobre a cuánto ascienden los bienes confiscados por Ortega.

En la década de 1980, miles de propiedades fueron confiscadas. El robo que fue legalizado tras la pérdida del poder del sandinismo en febrero de 1990, a través de las leyes de La Piñata: un acto de rapiña que fue firmado por el entonces presidente en funciones, Sergio Ramírez Mercado, hoy opuesto a Ortega, pero que en aquel entonces gobernó con él y participó de dichas confiscaciones.

Durante el periodo de transición de gobierno, propiedades y bienes pasaron a manos de exguerrilleros que llegaron al poder con los bolsillos vacíos.

Una publicación del diario La Prensa, revela que tras la pérdida del poder la Dirección Nacional del FSLN y el vicepresidente Sergio Ramírez, el equipo de abogados de la presidencia, y la Asamblea Nacional, elaboraron las propuestas de leyes 85, 86 y 88, aprobadas en a pocos días de la derrota en las elecciones para “legalizar” todas las propiedades que habían sido “adquiridas” a través de los decretos confiscatorios.

“Una gran mayoría de las propiedades, que según la Ley pertenecían al Estado: casas, terrenos urbanos, tierras agrícolas, dineros congelados en los bancos, fábricas enteras, otros bienes y valores, etcétera, pasaron de la noche a la mañana a manos particulares de los cuadros sandinistas y sus allegados, violentando la Constitución y el Código Penal de la República que penaba actos como este en el capítulo titulado Malversación de caudales públicos”, publicó en su  Biblioteca el expresidente Enrique Bolaños (2002-2007), quien falleció en junio de 2021.

También robaron casas lujosas en exclusivos residenciales como “Las Colinas y Los Robles, empresas comerciales, restaurantes, haciendas ganaderas y cafetaleras, ingenios de azúcar, fincas bananeras, empresas radiales, empresas comercializadoras de carne y de banano y empresas financieras”, revela la revista Magazine.

Para “encubrir” ese robo, unas 20 mil viviendas fueron entregadas a familias, pero el grueso de las propiedades de gran plusvalía, empresas y otros bienes quedaron en manos de la cúpula del sandinismo y cargos medios.

Esto fue promulgado por “Sergio Ramírez Mercado, presidente de la República por la Ley. Publicado en la Gaceta No. 53 del 15 de marzo de 1990)”, 20 días después de la pérdida del poder, revela el Diario La Gaceta Oficial.

Ramírez, en abril de 2010, le dijo al diario La Prensa en que él era “la cabeza del Gobierno. Yo manejaba el poder Ejecutivo y todo el trámite de las leyes”, tras ser consultado sobre su cuota de responsabilidad en el proceso conocido como La Piñata: “Yo manejaba el Poder Ejecutivo y todo el trámite de las leyes, tuve que ver con todo el trámite”.

El desprecio de Ortega por la Ley

La Constitución de Nicaragua prohíbe las confiscaciones. De acuerdo con el artículo 44 de la Carta Magna, el Estado garantiza la propiedad privada. “Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”, dice la disposición constitucional.

Las expropiaciones del Estado solo pueden darse cuando los dueños son indemnizados.

Pero Ortega ignora la Constitución y se promulgó una ley de menor rango, a su medida, para confiscar. Se trata de la Ley General de Regulación y Control de los Organismos Sin Fines de Lucro que aprobó el pasado 31 de marzo, que legaliza las expropiaciones a las oenegés que han sido despojadas de su personería jurídica.

Ortega también ha “expropiado” a sus antiguos aliados, que ocupaban valiosas propiedades confiscadas durante el primer régimen sandinista. Un robo que los contribuyentes han terminado pagando en concepto de indemnización a los propietarios originales, de acuerdo a una disposición del Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. 

Los nicaragüenses han pagado más de 1,300 millones de dólares en concepto de indemnización por las propiedades robadas a través de «La Piñata», un proceso que, 30 años después de iniciado en 1993, aún no concluye pues decenas de propietarios continúan en espera de su indemnización.

Además de la zozobra que esta creando las confiscaciones del régimen, con seguridad los nicaragüenses terminarán pagando nuevamente millonarias indemnizaciones por los abusos del sandinismo con el robo de propiedades. Una historia que se repite.

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