El régimen de Nicolás Maduro intensificó la persecución contra dirigentes sindicales, a pocos días del Día Internacional del Trabajador.
La noche del sábado 26 de abril, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ejecutaron una serie de acciones de amedrentamiento contra Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional, así como otros líderes sindicales del país.
Según denunció Salazar, patrullas del Sebin se apostaron frente a su residencia y la de otros dirigentes sindicales, utilizando sirenas y cocteleras de luz para hostigarlos durante la noche.
“Con este video tomado en tiempo real denunciamos una nueva incursión del Sebin en el estacionamiento de la vivienda del líder José Patines”, declaró el coordinador sindical en un comunicado difundido el pasado 26 de abril.
El líder sindical señaló que estas medidas no solo afectan directamente a los dirigentes, sino también a sus familias, incluidos niños pequeños que presenciaron los actos de intimidación.
“Estas acciones represivas de terror buscan sembrar miedo y paralizar la protesta legítima de los trabajadores venezolanos”, advirtió Salazar.
Amenazas buscan frenar movilizaciones del 1 de Mayo
Ante el clima de represión, la Coalición Sindical Nacional hizo un llamado a los trabajadores, jubilados y movimiento obrero en general, a no salir a las calles este 1 de mayo.
La decisión surge por las amenazas de Maduro, de movilizar hombres armados durante las celebraciones del Día del Trabajador.
Durante un acto frente al Palacio de Miraflores, el líder del chavismo activó los llamados “cuerpos de combatientes”, distribuyendo armamento a empleados públicos y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Las imágenes del evento mostraron la entrega de fusiles de asalto MPi-KMS-72 y rifles Mosin Nagant 91/30, generando una fuerte alarma entre sindicatos y organizaciones de derechos humanos.
“La vida y la integridad de los trabajadores no puede ser expuesta ante un régimen que recurre a la intimidación y a las armas para reprimir la protesta social”, expresó un dirigente sindical que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
Casos emblemáticos como los de Gabriel Blanco, Emilio Negrín y Guillermo Zárraga —dirigentes sindicales apresados por exigir mejores condiciones de trabajo— evidencian el patrón sistemático de criminalización de la disidencia obrera en Venezuela.
Frente a esta grave situación, la Coalición Sindical y otras organizaciones laborales insisten en denunciar ante la comunidad internacional el creciente acoso estatal contra los trabajadores organizados y exigen la liberación inmediata de todos los sindicalistas detenidos por motivos políticos.
“Esta vez, el silencio será nuestra forma de protesta. No nos expondremos a un régimen que responde con armas y represión”, concluyó el comunicado de la Coalición.
