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Las tres décadas de ascenso, poder y caída de Cristina Fernández de Kirchner

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Por Andrés Cañizález en DDC

Difícilmente la condena de la Corte Suprema de Justicia en Argentina sacará a la expresidenta del tablero político, pero sin duda simboliza el ocaso de su trayectoria

En 1995, Cristina Fernández de Kirchner dio el salto a la política nacional de Argentina al ser electa senadora por Santa Cruz, donde junto a su esposo, Néstor Kirchner (fallecido en 2010), había establecido un feudo político y riqueza personal. Tenía 42 años. En las tres décadas siguientes ascendió hasta ser una figura determinante en su país, una trayectoria que parece cerrarse ahora.

Fue mandataria en dos períodos consecutivos entre 2007 y 2015, y recibió la banda presidencial de su esposo, quien fue jefe de Estado entre 2004 y 2007. Luego fue vicepresidenta por decisión propia haciendo binomio con Alberto Fernández, presidente entre 2019 y 2023. Ella misma confesó lo nombró como candidato y se reservó la segunda posición, con lo cual presidió el Senado de Argentina.

Antes de llegar a las máximas instancias del poder, Cristina Fernández de Kirchner fue diputada provincial cuando su esposo era gobernador en Santa Cruz, a inicios de los 90, y senadora y diputada nacional en distintos momentos.

Este resumen apretado de cargos no refleja del todo el poder del que gozó CFK, como la identifican los argentinos. Su influencia en el sistema de Justicia, con la designación de jueces, y el control que alcanzó con ella la corriente del kirchnerismo sobre el histórico Peronismo argentino, tal vez ejemplifiquen mejor el ejercicio del poder de esta mujer que, a los 72 años, ha sido condenada y terminará sin libertad.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó este 10 de junio la condena contra la expresidenta en la causa conocida como «Vialidad», por administración fraudulenta en la adjudicación de 51 obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015, a favor del empresario Lázaro Báez.

La sentencia, ratificada por unanimidad, impone seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de 84.000 millones de pesos (unos 70 millones de dólares) por el perjuicio al Estado. Este fallo, que implica que CFK no podrá ser candidata en futuras elecciones, marca un hito en la lucha contra la corrupción en este país sudamericano.

Hace una década, el expresidente peronista Carlos Saúl Menem (1989-1999) fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de peculado, relacionado con el pago de sobresueldos a funcionarios durante su Gobierno. La condena fue confirmada por la Corte Suprema, pero Menem no cumplió prisión efectiva debido a su fallecimiento en 2021, antes de que se resolviera completamente su recurso de apelación.

En la causa «Vialidad», iniciada por la justicia en 2016, al año siguiente de que CFK dejara la Presidencia, la decisión de este 10 de junio es ya un fallo definitivo, con lo cual Fernández de Kirchner será la primera exjefe de Estado con privación de libertad por corrupción en la historia del país.

El fallo del máximo tribunal terminó echando por tierra lo que se proyectaba como una estrategia de CFK para ganar inmunidad. Sorpresivamente, una semana antes, el 3 de junio, dijo que se postularía como candidata a legisladora provincial, al ser entrevistada en una canal de televisión afín.

Esa idea de candidatura de CFK para un cargo provincial, que en términos institucionales era bastante menor al de sus roles anteriores como presidenta, vicepresidenta y senadora, fue presentada por el diario partidario Página 12 como una «decisión estratégica» para revitalizar al peronismo en la provincia de Buenos Aires, que constituye el corazón electoral de este movimiento, entre cuyas corrientes figura el kirchnerismo.

A propósito de esta decisión de la expresidenta, el analista Marcos Novaro, consejero académico de la fundación CADAL, aseguró a DIARIO DE CUBA que CFK «no confía en nadie más» para conducir el peronismo, lo que explicaba su negativa a dar un paso al costado. Tras el fallo de la Corte Suprema, y estando inhabilitada, CFK deberá necesariamente delegar y compartir la conducción de un peronismo que ya dio muestras de reanimarse en torno a su figura apenas se conoció la decisión judicial.

Sin embargo, para la mayoría de los argentinos, según una encuesta de la firma DC Consultores, parece estar extendida la percepción de que «la gente se cansó» del kirchnerismo.

La irrupción de La Libertad Avanza, de Milei, ha puesto al peronismo contra las cuerdas, según la lectura de diversos analistas, y esto se pondrá a prueba tanto en las elecciones de la provincia de Buenos Aires de septiembre como en las de carácter nacional de medio término para octubre. También está por verse si una narrativa de victimización en torno a CFK moviliza al peronismo de base.

Para otros observadores políticos, en cambio, lo que ha estado en el fondo para Fernández de Kirchner, más que la proyección política, es la evasión de responsabilidades judiciales. Desde fines de 2024 hace frente a una seguidilla de decisiones en el sistema de Justicia.

El 5 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia decidió que CFK fuera a juicio oral para establecer si con la firma de un acuerdo de cooperación judicial con Irán en 2013, impulsado supuestamente para esclarecer el atentado contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994, en realidad pretendía liberar de culpas a Teherán, como sostiene la Justicia argentina.

Antes, a mediados de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal que revisa todas las causas de la justicia penal federal en Argentina, había ratificado la condena contra la expresidenta en la causa «Vialidad», al considerarla autora penalmente responsable del delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».

Adicionalmente, el 6 de diciembre de 2024 un tribunal federal decidió que Cristina Fernández de Kirchner y 74 imputados comenzarán a ser juzgados el 6 de noviembre de 2025 por la causa conocida como los «cuadernos de las coimas», donde decenas de empresarios admitieron haber pagado sobornos para mantener sus contratos de obras públicas, y otros funcionarios aceptaron que los habían pagado.

Esta suerte de tormenta perfecta de la Justicia argentina sobre la mujer más poderosa del país en los últimos 40 años de democracia, parece que será el signo que caracterizará el fin de su carrera política.

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