La policía de Berlín insta a los ciudadanos a denunciarse entre sí por sospechas de «discurso de odio» en Internet, como parte de una ofensiva nacional que, según los críticos, se asemeja al estado de vigilancia de Alemania del Este.
La represión se produce en medio de un creciente apoyo público al partido antisistema Alternativa para Alemania (AfD), particularmente en el este del país, donde el partido ha logrado importantes avances electorales.
La última escalada se produjo el miércoles 25 de junio, cuando la policía llevó a cabo redadas coordinadas en todo el país, registrando casas y confiscando dispositivos electrónicos de 170 personas por comentarios en las redes sociales que caen en la categoría general de «discurso de odio» o simplemente insultan a los políticos en ejercicio.
Como parte de la operación, la policía de Berlín está pidiendo a los ciudadanos que se denuncien entre sí tomando capturas de pantalla de publicaciones en línea que se perciban como evidencia de «discurso de odio».
El pedido de la policía generó una dura reacción entre los usuarios de las redes sociales, algunos de los cuales señalaron que esto recuerda a los capítulos más oscuros del pasado de Alemania, en particular las prácticas de vigilancia de la Stasi en Alemania del Este.
Un usuario comentó que resulta irónico que las redadas ocurrieran el mismo día del cumpleaños de George Orwell. Otro dijo que la policía debería centrarse en atrapar a verdaderos criminales. Un tercero cuestionó si la policía perseguiría con la misma vehemencia a activistas de izquierda que incitaban al odio.
Muchos usuarios lamentaron que en Alemania el Estado de derecho haya llegado a su fin.
Mientras tanto, en Turingia, el mismo estado donde la AfD logró su primer gran avance político, el programa Kampf gegen Rechts (Lucha contra la derecha) del gobierno regional ha sido duramente criticado por el Tribunal de Cuentas del propio estado.
La institución publicó un duro informe acusando al gobierno —liderado por la centroderecha CDU, los socialdemócratas, el izquierdista BSW y apoyado por el partido de extrema izquierda Die Linke— de administrar mal los fondos de los contribuyentes en relación con sus llamados proyectos antiextremismo.
Desde 2011, Turingia ha financiado iniciativas, en su mayoría dirigidas por grupos de izquierda, destinadas a combatir el presunto extremismo de derecha y las llamadas “ideologías antidemocráticas”.
Según el informe, Turingia es el único estado federal de Alemania que financia dos instituciones de investigación independientes centradas en la lucha contra el extremismo de derecha, ambas con funciones superpuestas.
El programa se implementa a través del Centro Estatal para la Democracia (LDZ), que asigna fondos de los contribuyentes a diversas iniciativas de izquierda, organiza capacitaciones y coordina la publicidad y la investigación.
El Tribunal de Cuentas detectó importantes ineficiencias, incluidos pagos fijos por formación y costes administrativos que excedían los gastos reales.
Se descubrió que el estado cofinanciaba las iniciativas federales contra el extremismo a niveles desproporcionadamente altos. Mientras que el gobierno federal solo exigía una contribución del 10 al 20 % a los estados, Turingia cubrió voluntariamente casi el 50 %.
En lugar de fortalecer los valores democráticos, los críticos sostienen que estas campañas se están utilizando como herramientas de imposición ideológica, diseñadas para marginar a los disidentes (especialmente a los votantes de AfD) y consolidar el control político.
