La esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se enfrenta a una nueva acusación judicial que agrava aún más su situación legal. El juez Juan Carlos Peinado, quien lleva el caso, ha decidido ampliar la investigación contra Begoña Gómez por presunta malversación de fondos públicos, elevando a cinco el número de delitos investigados.
Por: Javier Villamor – The European Conservative
La investigación gira en torno a la presunta utilización por parte de Gómez de su asesor en el Palacio de la Moncloa, residencia oficial del Presidente del Gobierno , para asuntos relacionados con sus actividades empresariales privadas y la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Correos electrónicos firmados por su asistente y testimonios de empresarios involucrados en el desarrollo de un proyecto de software académico —posteriormente registrado a nombre de Gómez— llevaron al juez a concluir que pudo haber existido un desvío de recursos públicos para beneficio privado.
La esposa de Sánchez tiene previsto declarar el 11 de septiembre, un día después de la comparecencia de su secretaria personal ante el tribunal. Hasta el momento, Gómez solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha mantenido una línea de defensa basada en la negación de cualquier irregularidad. Al mismo tiempo, su equipo legal ha intentado sin éxito que se desestime el caso o se destituya al juez.
Con este nuevo avance, Gómez se enfrenta ahora a cinco procesos judiciales. Está siendo investigada por tráfico de influencias, debido a las cartas de recomendación que emitió a favor de un conocido cercano en licitaciones públicas. Tras reunirse con importantes empresas como la aerolínea española Air Europa, también se le acusa de haber participado en el rescate público de 475 millones de euros de la aerolínea. Además, se enfrenta a cargos de apropiación indebida por registrar a su nombre un software desarrollado por la Universidad Complutense. Otro cargo es el de intrusismo profesional, por utilizar su cargo como esposa del primer ministro en actividades privadas que parecían contar con respaldo institucional. Y ahora, malversación de fondos públicos, por utilizar a su asesor oficial de la Moncloa para fines personales.
La compleja investigación sobre los negocios de Begoña Gómez comenzó en abril de 2024 tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias y se ha ampliado con nuevas pruebas. Asociaciones como Hazte Oír y el partido Vox se han sumado a la acusación popular.
Uno de los elementos centrales del escrutinio ha sido que Gómez utilizó una cuenta de correo electrónico oficial del gobierno durante sus interacciones, pese a no ocupar ningún cargo público, lo que refuerza las sospechas de que se apoyó en estructuras estatales para avanzar su red de contactos y proyectos.
Lo que inicialmente el gobierno descartó como una campaña de desinformación se ha convertido en un proceso judicial que avanza con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid. A medida que se acerca la nueva vista, la investigación sugiere que tanto la explotación del software universitario como el uso de los recursos de la Moncloa son los puntos más sensibles y podrían, en última instancia, determinar si la esposa del primer ministro es procesada formalmente.
