Por Guillermo Bello Vicentini
El paso más importante de la nueva administración del país en materia de políticas públicas de viviendas debe ser el retorno a un sistema de propiedad y financiamiento sano, correcto y de crecimiento acorde con la nueva y próxima riqueza del país. La propiedad es un derecho ciudadano enunciado en nuestra Constitución actual, en la anterior, y en el concepto de vivienda de la ONU.
Un círculo financiero sano, correcto y creciente se cumple cuando existe propiedad del terreno, financiamiento de la construcción con sus intereses, y venta a un tercero con sus respectivas cuotas mensuales que formalizan el retorno del capital invertido —por lo general a través de un ente financiero que facilita el apalancamiento de fondos para nuevos desarrollos inmobiliarios—. Estas viviendas, con apoyo del gobierno, son operadas y promovidas por el sector privado, que se ocupa de seleccionar los desarrollos con mayor probabilidad de éxito, administrar los fondos y gestionar la venta y retroalimentación de recursos hacia el sistema financiero.
Este modelo genera puestos de empleo formales, formaliza la legalidad de la tierra, fomenta el ahorro familiar; los desarrolladores pagan permisos de construcción de urbanismo y viviendas, pagan derechos de incorporación, y luego el propietario paga agua, cloacas, electricidad, aseo, condominio e impuesto inmobiliario. Las viviendas suben de valor, crean patrimonio familiar, incentivan el mantenimiento y las ampliaciones, y ofrecen libertad a sus dueños para vender, alquilar, permutar, hipotecar o heredar sin requerir dinero del Estado. Son «viviendas vivas», financieramente hablando.
Socialmente, las «viviendas vivas» tienen un propietario que se obliga a respetar las leyes, decretos y normativas del país. Son terrenos legales, proyectos legalmente permisados, con documentos de parcelamiento, condominio y propiedad. Sus habitantes tienen múltiples razones para pagar condominio y contribuir con el bienestar de la comunidad, mejorar la calidad de vida urbana y ser autosuficientes. Crean arraigo, sentido de pertenencia y un nexo humano-vivienda que forma el hogar.
Las viviendas de interés social contribuyen a generar desarrollo y progreso, luchan contra la marginalidad urbana brindando servicios ciudadanos, mejoran el paisaje urbano, resguardan y dignifican a sus propietarios. Son viviendas formadoras de la Escalera Social y Económica de la nación.
El nuevo gobierno entrante debe promover una ley de emergencia nacional que permita generar el título de propiedad a las viviendas asignadas —»viviendas muertas»— y activar los mecanismos financieros requeridos para incentivar nuevos desarrollos inmobiliarios que cumplan con el correcto ciclo financiero y social, activando todo lo necesario para EL RETORNO A «VIVIENDAS VIVAS».
