A 100 días de la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina de Venezuela, el país vive una paradoja: mientras el discurso oficial insiste en una transición hacia la estabilización económica y política, el pulso de la calle revela una realidad distinta, marcada por el deterioro sostenido de la calidad de vida, la fragilidad institucional y una economía que no logra reactivarse.
Diversos análisis coinciden en que el país vive una adaptación del modelo político más que una transformación real, con reformas económicas orientadas al exterior, pero sin impacto inmediato en la población.
Más de tres meses después de la captura de Nicolás Maduro, el balance ciudadano coincide en un diagnóstico: no hay mejoras estructurales visibles y, en muchos casos, la situación ha empeorado.
Una economía que no despega
Una de las críticas más recurrentes de los venezolanos en todas las regiones es el deterioro del poder adquisitivo. La inflación, la devaluación del bolívar y la falta de ingresos suficientes han reducido el consumo a niveles mínimos.
En estados como Zulia, Carabobo o Apure, las ventas han disminuido drásticamente. Esta realidad también se repite en Monagas, donde comerciantes califican la situación como “catastrófica”, con precios que aumentan incluso en dólares y ventas prácticamente paralizadas. Esta situación se repite en Barinas, donde los negocios reportan caídas drásticas en la demanda, especialmente en rubros no esenciales.
El fenómeno de la inflación en divisas ha llevado los precios a niveles internacionales, mientras los salarios siguen congelados. El ingreso mínimo, sin ajustes estructurales, continúa siendo insuficiente para cubrir necesidades básicas, pese a anuncios recientes de futuros aumentos.
En este contexto, la economía venezolana se sostiene más por la supervivencia que por el crecimiento. En regiones fronterizas como Táchira, el comercio depende incluso de dinámicas irregulares como el contrabando, mientras la coexistencia de múltiples monedas añade incertidumbre a cualquier planificación.
La tragedia cotidiana
Si hay un punto de coincidencia a nivel nacional es el deterioro de los servicios públicos. Electricidad, agua potable, infraestructura vial y saneamiento presentan fallas constantes en prácticamente todas las regiones.
En estados como Aragua, Lara y Zulia, los apagones pueden extenderse por varias horas diarias, afectando tanto la vida doméstica como la actividad económica. En Falcón, incluso se reportan cortes eléctricos de hasta 24 horas, mientras el suministro de agua puede tardar semanas en llegar.
La precariedad también se refleja en el sistema de salud. Aunque los hospitales continúan operando, los pacientes deben costear todos los insumos, desde materiales básicos hasta estudios médicos, lo que convierte una emergencia en un gasto inalcanzable para la mayoría.
Este deterioro estructural responde a años de desinversión, pero también evidencia la falta de respuestas inmediatas durante el actual período de gobierno interino.
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