Han pasado más de dos meses desde la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía, iniciativa legal surgida desde el chavismo tras el ataque militar de Estados Unidos el 3 de enero para demostrar su “voluntad” de entrar en un nuevo momento político. Sin embargo, esta ley se ha visto limitada por la discrecionalidad desde los tribunales.
Por: Héctor Antolinez – El Nacional
Una muestra de esto es lo vivido por Carlos Julio Rojas, periodista, activista por los derechos humanos y ex preso político.
“Salí de la cárcel el 14 de enero, estoy acusado de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración y tentativa de magnicidio. El 16 de enero fue mi primera presentación. Desde entonces estoy yendo con mis abogados todos los meses para preguntar por la Ley de Amnistía”, declaró Rojas.
En su caso, confirmó haber solicitado el beneficio de la ley la semana siguiente al 19 de febrero, fecha de la entrada en vigencia de la norma. Sin embargo, no ha recibido una respuesta institucional clara a su solicitud.
“Durante todo este proceso he ido al menos una vez a la semana y siempre que pregunto me responden lo mismo: que están esperando órdenes de arriba para ver cómo se resuelve mi caso”, comentó.
Rojas, al igual que otros perseguidos por motivos políticos, destaca la arbitrariedad al momento de aplicar la ley a las personas que, en teoría, deberían verse beneficiadas por esta. “Es una selectividad perversa, así lo defino. Se la aprueban a Biaggio Pilieri o a Freddy Superlano, pero se la niegan, por ejemplo, a Henry Alviarez. Se la aprueban a Roland Carreño, pero se la niegan a Rory Branker. ¿Cuál es el patrón para aprobar o negar? Nadie lo sabe”.
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