Durante el gobierno de Nicolás Maduro, por cada 2 dólares generados por la venta de crudo en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), uno era desviado hacia redes privadas vinculadas al poder, según documentos internos y entrevistas con funcionarios petroleros venezolanos obtenidos por el diario The New York Times.
El esquema, sustentado en empresas fantasma y acuerdos opacos, permitió que miles de millones de dólares salieran de las arcas del Estado sin registro ni supervisión. Solo entre 2021 y 2022, compañías asociadas a estas redes exportaron petróleo por más de 11.000 millones de dólares sin pagar a la estatal, cifra equivalente a la mitad de los ingresos petroleros en ese período.
¿Cómo funcionaba la trama de corrupción en Pdvsa?
La investigación identifica a Carlos Malpica Flores, sobrino de la esposa de Maduro, Cilia Flores, como una figura central en la estructura financiera que facilitó estas operaciones. Desde posiciones clave dentro del aparato estatal y posteriormente como operador externo, Malpica habría gestionado contratos y transacciones que consolidaron el control del círculo cercano de Maduro sobre la riqueza petrolera.
Durante más de una década, Pdvsa pasó de ser el principal motor económico del país a convertirse, según la investigación, en un instrumento de distribución de beneficios para una élite política y empresarial, lo que garantizó lealtades dentro del gobierno en medio de sanciones internacionales y la crisis económica.
Uno de los casos más representativos señalados por el reportaje es el de la compañía Hangzhou Energy, registrada en China, que obtuvo contratos altamente favorables para comercializar crudo venezolano. A cambio de compromisos imprecisos de supuesta ayuda humanitaria, esta firma accedió a volúmenes significativos de petróleo bajo condiciones consideradas atípicas.
Estos acuerdos de petróleo por alimentos —similares al obtenido por Hangzhou y supuestamente establecidos como respuesta a las sanciones estadounidenses— se convirtieron en una importante fuente de corrupción durante los últimos años del mandato de Maduro, desviando miles de millones de dólares de las arcas del Estado en un contexto de crisis humanitaria; así lo sostienen tanto el gobierno de Estados Unidos como las investigaciones realizadas por el medio de comunicación venezolano Armando.info.
Los documentos también revelan mecanismos de pago poco convencionales, como transacciones en moneda local, fuertemente devaluada, en lugar de divisas. Este tipo de acuerdos permitió a los intermediarios obtener ganancias extraordinarias mediante arbitraje cambiario, en contradicción con los principios básicos de la exportación petrolera.
Persiste la opacidad en los negocios petroleros
Tras la salida de Maduro, la nueva administración encabezada por Delcy Rodríguez ha prometido una transformación en la gestión de la industria.
Sin embargo, persisten señales de continuidad en los privilegios otorgados a ciertos actores económicos cercanos a Maduro bajo la gestión de Rodríguez, de acuerdo con entrevistas con funcionarios petroleros venezolanos y con personas cercanas al sector realizadas por el medio en condición de anonimato.
Malpica, que logró entablar una amistad con Rodríguez a lo largo de los años, según varias personas que conocen bien a ambos, parece haberse librado hasta ahora de la “limpieza” de la nueva presidenta, la cual ha derivado en el despido o el ostracismo de decenas de familiares de Maduro.
En paralelo, el gobierno de Donald Trump ha planteado un esquema de supervisión directa sobre las exportaciones venezolanas, incluyendo la presentación de presupuestos mensuales y la contratación de firmas auditoras.
Los avances concretos siguen siendo limitados. Aunque se lanzó una plataforma digital denominada Soberanía Transparente, diseñada para permitir a los ciudadanos rastrear el destino de cada dólar generado por la industria petrolera, este portal oficial solo registra una transacción sin detalles relevantes, mientras que los informes de auditoría aún no se han hecho públicos.
