A través de un comunicado en sus redes sociales, la oenegé exigió la aplicación inmediata de las garantías constitucionales y una investigación independiente sobre las muertes ocurridas bajo custodia estatal.
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) presentó este 14 de mayo su balance actualizado, en el que documenta un total de 663 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. A través de un comunicado en sus redes sociales, la oenegé exigió la aplicación inmediata de las garantías constitucionales y una investigación independiente sobre las muertes ocurridas bajo custodia estatal.
El reporte destaca que, pese a contar con el marco legal necesario para restituir libertades, persiste una “ausencia de voluntad política” que mantiene al sistema judicial en un espacio de impunidad. La organización enfatizó que la justicia no puede ser discrecional y urgió la ejecución de medidas cautelares sustitutivas para los perfiles de alta vulnerabilidad.
De acuerdo a la organización, el universo de los 663 presos políticos se distribuye de la siguiente manera:
● Género: 86 mujeres y 577 hombres.
Perfiles identificados:
● Sociedad civil: 360 personas (el grupo más numeroso)
● Funcionarios de seguridad del Estado activos: 201 funcionarios
● Exfuncionarios de seguridad del Estado: 39 personas
● Organizaciones políticas: 31 dirigentes
● Extranjeros: 27 personas
● Sindicalistas: 3 ciudadanos
● Periodistas: 1 (bajo arresto domiciliario)
● Defensores: 1 persona
Situación de vulnerabilidad y desapariciones
La oenegé alertó que dentro del total de 663 detenidos, existen 20 personas de las que no se tiene información oficial sobre su paradero, lo que configura situaciones de desaparición forzada. Asimismo el registro contabiliza a 29 venezolanos con doble nacionalidad entre los privados de libertad.
Este balance se publica en un contexto de luto para los familiares de presos políticos, quienes realizaron recientemente un homenaje frente a El Helicoide en memoria de Víctor Hugo Quero Navas. La organización reiteró que la falta de atención médica y el ocultamiento de información sobre el estado de salud de los internos son factores críticos que comprometen la responsabilidad internacional del Estado.
