Cuando Diosdado Cabello salió este lunes a explicar que Alex Saab era un colombiano con cédula falsa que el Estado venezolano nunca reconoció, dijo sin querer la única verdad que importa: que durante quince años, él fue el ministro del Interior de un país que no sabía quién lo gobernaba. O que sí lo sabía. Y esa segunda opción es infinitamente peor.
Saab no apareció en Venezuela en 2024. Apareció en 2011, cuando firmó su primer contrato con el gobierno de Hugo Chávez para proveer casas prefabricadas a la Misión Vivienda. Recibió por ese contrato $159 millones. Entregó materiales por valor de $3 millones. La diferencia no se evaporó, se movió, meticulosamente, a través de una red de empresas fantasma en Panamá, Hong Kong, México, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. No había concurso. No había licitación transparente. Había un empresario de Barranquilla con acceso directo al Palacio de Miraflores.
Lo que vino después fue a escala mayor. Saab se convirtió en el proveedor principal de los CLAP, las cajas de alimentos que el chavismo distribuía en los barrios pobres como emblema de su compromiso con el pueblo. Ese empresario colombiano facturó más de $200 millones en ese programa. Los alimentos llegaban con un sobreprecio del 112% sobre su valor real. El Departamento de Justicia de EE.UU. documentó que Saab lavó $350 millones a través del esquema CLAP. Colombia lo investigó. Italia lo condenó. Todo esto ocurrió mientras Cabello era ministro del Interior, responsable constitucional de la seguridad, la identificación y el control migratorio del país.
El SAIME, que hoy dice no tener ningún expediente de Saab, le emitió dos pasaportes venezolanos: uno en 2015 y otro en 2017, uno de ellos diplomático. Firmados. Sellados. Entregados. Por la institución que Cabello dirige. A un hombre que Cabello dice hoy que nunca existió en sus archivos. No hay forma de sostener las dos afirmaciones al mismo tiempo. O el SAIME emitió esos pasaportes y entonces Cabello miente hoy, o no los emitió y entonces alguien falsificó documentos de Estado bajo sus narices sin que el ministro del Interior se enterara. En cualquiera de los dos casos, hay una pregunta que responder. Una sola. Concreta. Sin Constitución que la esquive: ¿quién firmó esos pasaportes?
Y aquí está el remate que Cabello no calculó. El artículo 271 de esa misma Constitución que sostuvo en cámara este lunes establece, en letras que no admiten interpretación, que Venezuela no puede negarse a entregar a los extranjeros acusados de narcotráfico, deslegitimación de capitales y crimen organizado internacional. Lo citó él. Lo invocó como fundamento legal para deportar a Saab. Lo que olvidó mencionar, o prefirió no pensar mientras hablaba, es que Diosdado Cabello tiene acusación federal por narcotráfico y crimen organizado en cortes de los Estados Unidos. Que hay una recompensa de $25 millones sobre su cabeza puesta por el gobierno americano. Que si alguien en Venezuela decide aplicar ese artículo 271 con la misma diligencia con que lo aplicó a Saab, el próximo en subir al avión a Miami es él. Cabello citó el artículo que lo entrega. Lo hizo frente a las cámaras. Con la Constitución en la mano. Sin parpadear. Y sin entender, o fingiendo no entender, que estaba firmando su propia orden de deportación.
