Los tres escenarios que venimos evaluando en los Análisis de Entorno se actualizan, en continuidad y consistencia con los trabajos previos:
- El Escenario A es una transición negociada con desarme progresivo del aguijón, con una probabilidad de ocurrencia del 35%, y sigue siendo el escenario más deseable
- El Escenario B es un reciclaje autoritario con mejora económica relativa, con la probabilidad más alta, en torno al 45%
- El Escenario C es una ruptura de control con estallido híbrido, con una probabilidad del 20%, y justamente por “baja” no debería ser desechado
La asignación de estas probabilidades se apoya en un conjunto de criterios y premisas políticos, económicos y externos, y no en modelos estrictamente matemáticos cerrados; aunque el seguimiento de los factores que se exponen a continuación responde a una lógica de monitoreo sistemático similar a la que usan los algoritmos de IA.
En el plano político interno, el primer criterio es la capacidad de reversa del poder. Se evalúa si el núcleo duro del chavismo mantiene el control efectivo sobre fuerzas de seguridad, justicia, parlamento de facto y aparato territorial. Cuanto más intacto esté ese “aguijón”, mayor es la probabilidad de reciclaje autoritario (Escenario B) y menor la de una transición negociada (Escenario A).
El segundo criterio es el grado de pérdida de miedo social: cuánta gente vuelve a protestar, a hablar y a organizarse, y cómo responde el Estado, si con tolerancia, control blando o represión abierta. Una sociedad que pierde miedo y recibe menos castigo coherente aumenta la probabilidad de transición (A) o de desborde (C), según exista o no conducción política clara capaz de canalizar esa energía.
El tercer criterio político es la coherencia y fuerza de la oposición democrática: si dispone de liderazgo nítido, narrativa entendible y capacidad de convertir malestar en presión ordenada. Una oposición fuerte y articulada sube la probabilidad del Escenario A; una oposición marginada o dividida alimenta el Escenario B y, en el peor caso, deja el terreno abierto para el Escenario C.
En el terreno económico y social, el primer factor es la fragilidad económica y humanitaria. La combinación de alta informalidad, pobreza extendida y servicios colapsados configura un entorno que, sin mejoras visibles en un horizonte de 6 a 12 meses, incrementa la probabilidad de un estallido híbrido (Escenario C).
Ahora, si aparecen mejoras parciales pero concentradas —rebote de algunos sectores, más importaciones, algo de alivio en ciudades—, la tendencia es a reforzar el Escenario B, donde la economía se estabiliza a un nivel mediocre mientras el núcleo de poder se recicla.
El segundo factor es el ritmo y la calidad del rebote económico: no es lo mismo crecer por un repunte petrolero y remesas que por una reactivación más amplia que genere empleo, servicios y mejores ingresos para la mayoría. Un rebote concentrado en enclaves, sin electricidad ni servicios reparados, favorece la simulación rentable del Escenario B; mientras un rebote acompañado de reparaciones visibles en la plataforma (luz, agua, transporte) favorece el Escenario A.
El tercer factor económico es la electricidad y los servicios básicos: disponibilidad de energía, frecuencia de cortes, capacidad de generación y transmisión y su impacto sobre agua, transporte y telecomunicaciones. Mejoras concretas y sostenidas en un plazo de 90 a 120 días son condición para mover probabilidades hacia la transición negociada; estancamiento o deterioro empujan hacia el estallido híbrido.
En el contexto externo, el primer criterio es la posición de Estados Unidos. Importa el nivel de prioridad política de Venezuela en la agenda de Washington, la disposición a invertir capital político y económico y la forma de usar la condicionalidad. Un Estados Unidos activo, que vincule petróleo a democracia, alivio de sanciones a reformas reales y apoyo financiero a hitos verificables, tiende a aumentar la probabilidad del Escenario A y a reducir la del Escenario B. En cambio, un enfoque que priorice solo estabilidad y energía, con tolerancia a una “democracia limitada” funcional, tiende a consolidar el Escenario B.
El segundo criterio externo es el vínculo con el FMI y el Banco Mundial. La reanudación de relaciones y la eventual firma de programas son señales de transición potencial, pero dependen de la cooperación del gobierno y de reformas mínimas. Si se avanza en datos, programa y reestructuración de deuda en un marco serio, gana peso el Escenario A; si esos vínculos se usan solo para oxígeno financiero sin cambios de fondo, se consolida el Escenario B.
El tercer criterio externo es el clima con acreedores y mercados financieros: la reacción de los precios de bonos, los análisis de riesgo y el apetito por una “historia de recuperación” indican hasta qué punto los actores financieros creen en una transición o en un mero maquillaje. Un optimismo financiero no acompañado por cambios políticos serios alimenta el Escenario B; el optimismo atado a condicionalidad dura y reformas verificables favorece el Escenario A.
Cada escenario tiene además sus propias premisas. En el Escenario A, la transición negociada con desarme del aguijón se apoya en la idea de que el poder acepta compartir parcialmente el control a cambio de garantías personales, reestructuración de deuda y acceso a financiamiento e inversiones; que Estados Unidos y sus socios atan petróleo, alivio de sanciones y apoyo multilateral a amnistía real, libertades básicas y un cronograma institucional.
Y que la sociedad mantiene presión dentro de cauces relativamente ordenados, evitando que el malestar se convierta en estallido caótico. Lo limita, por ahora, la persistencia de una estructura de poder centralizada y disciplinada, con alto control territorial, y el riesgo de que los actores internos prefieran usar la mejora económica para recomponer su autoridad antes que cederla.
En el Escenario B, el reciclaje autoritario con mejora económica relativa parte de premisas distintas: el núcleo chavista conserva mando sobre fuerza, justicia, medios clave y aparato territorial; el rebote petrolero y la reanudación con FMI y Banco Mundial se usan principalmente para estabilizar la macro y mejorar algunos servicios sin democratizar el poder real; y la comunidad internacional, agotada de la crisis venezolana, termina aceptando una “democracia limitada” si a cambio obtiene menos migración, más energía y algo de apertura económica.
Este escenario B se sostiene alto porque ya hay señales de optimismo en foros financieros respecto a Venezuela, aun cuando la situación sigue siendo frágil, y porque el gobierno interino ha demostrado capacidad para negociar simultáneamente con Estados Unidos, acreedores y multilaterales sin soltar el nudo central del poder.
En el Escenario C, la ruptura de control con estallido híbrido se apoya en la fragilidad económica y humanitaria que, sin mejoras visibles, puede derivar en protestas desordenadas y conflictos locales; en el desgaste de la oposición formal y la ausencia de canales institucionales eficaces para procesar el malestar, lo que empuja a expresiones extra‑sistema; y en el posible choque entre expectativas infladas por anuncios de “reconstrucción” y la lentitud real de los cambios.
Lo contiene bajo (en 20%) la capacidad todavía importante del Estado para reprimir selectivamente y disuadir escaladas, y el interés de actores externos en evitar un desborde que comprometa inversiones, energía y estabilidad regional.
En todos los escenarios se asume que la economía seguirá siendo frágil al menos hasta 2027, incluso si hay crecimiento positivo; que el petróleo será la principal fuente de caja y de negociación, pero no bastará por sí solo para solucionar deuda, servicios y pobreza; y que la reconstrucción de electricidad, reputación y cadena de pagos es condición necesaria para cualquier salida sostenible. Si esos elementos no se tocan, cualquier probabilidad de transición tenderá a bajar con el tiempo.
En síntesis, las probabilidades no salen de una fórmula, sino de ponderar cuánto pesan hoy la capacidad de reversa interna, la fragilidad económica, la fuerza de la presión social, el tipo de involucramiento de Estados Unidos y los multilaterales; así como la rapidez con que se repare —o no— la plataforma mínima de funcionamiento del país.
Estos parámetros no son solo termómetro; también pueden ser palanca. Los articuladores —políticos, empresariales, sociales e internacionales— tienen margen para transformar el escenario más deseable, hoy con menor probabilidad relativa, en el más probable entre los posibles.
Eso exige acortar la distancia entre promesa y resultado, colocar la electricidad en el centro, recomponer la cadena de pagos, formalizar un pacto operativo con empresarios y convertir la condicionalidad externa en una herramienta a favor de reglas, no de personas.
En la medida en que cada avance económico se traduzca en una ganancia institucional irreversible —y no en un gesto reversible a voluntad—, la transición dejará de ser el escenario optimista y pasará a ser el escenario lógico. Esa es la tarea: que el futuro menos probable entre los buenos deje de ser un deseo y se convierta en la trayectoria dominante del país.
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Lo que no fue noticia (y debería serlo)
- Que dos aeronaves militares estadounidenses aterrizaron en pleno valle de Caracas, usando el estacionamiento de la embajada como pista improvisada, y repitieron la maniobra varias veces como si se tratara de un aeropuerto propio. No fue un error de navegación ni un simple ejercicio técnico; fue un mensaje visual de quién puede entrar y salir del espacio aéreo caraqueño sin pedir permiso, y de que la presencia militar de Estados Unidos ya no es abstracta ni lejana, sino física y rutinaria. Que ese movimiento se haya presentado como simulacro de evacuación encaja con la fase de “estabilización” del plan de Rubio: mostrar capacidad de proteger a su personal y a ciertos aliados, y recordar que el monopolio de la fuerza en el valle ya no es exclusivo del poder local
- O que, al mismo tiempo que los aviones en Caracas, helicópteros estadounidenses hicieron ejercicios a baja altura en la franja costera, sobrevolando playas que hasta hace poco eran territorio simbólico del despliegue militar interno y de las maniobras de propaganda del chavismo. Más allá del espectáculo, el gesto marca un cambio de patrón: la proyección de fuerza ya no se limita al Caribe exterior ni a bases flotantes, sino que se deja ver en rutas y puntos sensibles del territorio, en clave de “seguridad compartida” hemisférica. En términos del plan de Rubio, estas maniobras se inscriben en la primera fase de estabilización: garantizar corredores seguros, practicar evacuaciones, reconocer el terreno y enviar la señal de que cualquier escalada descontrolada tendrá un actor externo con capacidad de respuesta rápida
- Ni que el verdadero significado político de estos vuelos no está en el ruido de los motores, sino en lo que normalizan. Después de la captura de Maduro y del restablecimiento formal de relaciones, la bandera estadounidense ondeando sobre una embajada que recibe aviones y helicópteros militares sin oposición visible indica que el viejo relato de “soberanía absoluta” se ha convertido en otra cosa: una cohabitación tutelada progresiva. Washington demuestra que puede operar dentro del país sin disparar un tiro y, al mismo tiempo, refuerza su mensaje de que el plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— no es un PowerPoint, sino un marco operativo en curso. A efectos prácticos, estos movimientos amplían la capacidad de presión sobre las autoridades interinas: quien domina el aire y los corredores críticos tiene más palancas a la hora de exigir cumplimiento de acuerdos
- Tampoco que, en el marco del plan de Rubio, los aviones en Valle Arriba y los helicópteros en la playa son piezas funcionales de la fase uno y la fase dos. En la fase de estabilización, sirven para asegurar la embajada, practicar evacuaciones, disuadir aventuras internas y mostrar que Estados Unidos puede instalar y retirar capacidades militares a voluntad. En la fase de recuperación, abren la puerta a una logística más fluida para empresas, misiones técnicas y actores humanitarios, bajo el paraguas de “seguridad compartida”. Y hacia la fase de transición, refuerzan la idea de que la nueva arquitectura política venezolana nacerá bajo un cielo donde la presencia norteamericana es un dato, y no una hipótesis. Lo que no fue noticia, entonces, es que cada aterrizaje y cada sobrevuelo forman parte de una pedagogía silenciosa: el país está siendo estabilizado con un manual que no escribió Caracas, y los márgenes de maniobra de las élites locales se redefinen con cada vuelo que entra y sale sin ser cuestionado
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