La activista Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, regresó en la noche del pasado martes a Venezuela para reencontrarse con su familia y ponerle fin a la persecución judicial en su contra.
La noticia se conoció a través de un comunicado difundido en redes sociales por José Manuel San Miguel, hermano mayor de la activista con nacionalidad española y venezolana.
“Esta decisión responde a su deseo de reencontrarse con su familia y acompañar personalmente el desarrollo y cierre de esta etapa, con la expectativa de que la situación jurídica pueda resolverse conforme a derecho y de manera definitiva”, mencionó el comunicado.
El texto recordó que Rocío San Miguel “continúa sujeta a restricciones y medidas cautelares vigentes, entre ellas, la prohibición de dar declaraciones a medios de comunicación”.
Rocío San Miguel fue detenida arbitrariamente el 9 de febrero de 2024 y sometida a desaparición forzada durante die días, hasta que las autoridades chavistas revelaron que se encontraba recluida en El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Fue excarcelada y enviada a España en enero de 2026 tras la caída de Nicolás Maduro y, desde entonces, ha mantenido completo silencio a causa de draconianas medidas cautelares impuestas por un tribunal venezolano.
Durante su injusta prisión política, fue víctima de presuntas torturas y el aplazamiento de la atención médica oportuna.
